Con el objeto de desalentar el robo de energía eléctrica y evitar actos de corrupción, el senador del PRI, René Juárez Cisneros, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, que busca aumentar el castigo al robo de energía eléctrica, hasta en una mitad, cuando el responsable sea o haya sido trabajador de la industria eléctrica.
Lo anterior, argumentó, debido a que el robo de energía eléctrica es un problema de preocupante magnitud económica, pues ocasiona costos adicionales que pagan directamente los usuarios o indirectamente los contribuyentes, a través de mayores impuestos.
Al presentar su propuesta de reforma en la tribuna del Senado, Juárez Cisneros expuso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde anualmente por los llamados “diablitos” --conexiones ilegales-- tres veces más del monto que ingresa a sus arcas por concepto del pago de alumbrado público en todo el territorio nacional.
Subrayó que, mientras sus pérdidas por el robo de energía eléctrica se estiman en al menos 30 mil millones de pesos anuales, sus ingresos por alumbrado público son de nueve mil 597 millones de pesos.
“El robo de energía eléctrica en México causa importantes pérdidas económicas ya que existen millones de conexiones irregulares en viviendas y negocios. Esta situación genera inestabilidad financiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desalienta nuevas inversiones en el sector eléctrico”, refiere el documento de la iniciativa.
“Si queremos éxito en la implementación de la reforma energética en el sector eléctrico, tenemos que garantizar un marco legal para los nuevos inversionistas que les dé certeza en la generación y comercialización de electricidad”.
El documento puntualiza que al evitar costos adicionales para los usuarios y hacer más eficiente el proceso de generación, distribución y comercialización de electricidad, “la baja en tarifas eléctricas y precios del gas deben se reflejarán en los bolsillos de toda la población a precios competitivos”.
La iniciativa se remitió a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.
Fuente: Comunicación Social del Senado
