Expertos señalan que la deficiente calidad con la que administra el gobierno los servicios públicos, obliga a que la población desembolse el doble de dinero estos.
La clase media mexicana paga, en promedio, entre 9 y 10 por ciento de su salario por servicios que ofrece el gobierno, pero que por su mala calidad, prefieren asumir el costo.
Aunado a ello, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, el pago por servicios como seguridad creció 250 por ciento desde 2005 al cierre de la primera quincena de enero de 2014.
Otros gastos, como el de salud que es prioritario, han crecido 259 por ciento en el mismo periodo, mientras que el alumbrado en áreas públicas se disparó 183 por ciento, a la par que el pago extra por agua potable voló 133 por ciento en el mismo periodo citado.
Expertos y ciudadanos encuestados afirman que el pago doble por servicios públicos es “natural” y “necesario” ante la ineficacia con que los proporcionan los tres niveles de gobierno.
IMPACTO DIRECTO
El rostro de Francisco, pasante de la carrera de administración de empresas, palidece cuando se da cuenta de que paga 40 por ciento de su salario entre impuestos y erogaciones por servicios que se supondría, debe proporcionar el gobierno.
“Es que no hay de otra”, dice tras enlistar aquellos servicios en los que deja gran parte de los poco más de 50 mil pesos brutos que gana al mes.
En nuestra cultura, expertos señalan que es natural que se pague para sentirse seguro, para tomar agua potable y por una aparente mejor educación, aunque ya se haya destinado el reglamentario pago del IVA o del ISR del sueldo.
Los usuarios están dispuestos a pagar doblemente por servicios básicos ante la desconfianza o poca certidumbre de los servicios que brinda el gobierno, algunos de responsabilidad federal, y local.
De acuerdo con un sondeo realizado por El Financiero, los principales rubros en los que la clase media realiza un gasto doble es agua embotellada, educación privada –principalmente en niveles básicos–, servicios de limpia, seguridad y transporte.
También esa clase de gastos se concentra en servicios de salud, ante la insuficiente capacidad gubernamental de otorgar asistencia de calidad.
Este gasto se realiza en los déciles económicos más altos o bien, cuando el ingreso es superior a cinco salarios mínimos, alrededor de nueve mil pesos mensuales, por cada familia.
“Entre mayor es el ingreso de la familia es la medida en que la alimentación y los rubros básicos pasan a segundo plano y se hacen otro tipo de gastos”, indicó Luis Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
Es decir, que entre más dinero ganamos, más tenemos la opción de preferir pagar por servicios privados, explica el experto.
DESCONFIANZA EMBOTELLADA
Aunque el bolsillo se sienta seco, calmar la sed es un asunto en el que no se escatiman recursos y que es un oasis para el negocio de las embotelladoras.
Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) afirma que el gasto que una persona realiza por un litro de agua embotellada es 40 veces más alto que si bebiera agua del grifo.
Por ejemplo, en el Distrito Federal, el gasto promedio en la tarifa de agua es de 150 pesos, mientras que el desembolso en el mismo periodo en agua embotellada es de 229 pesos per cápita.
Para Rodrigo, quien es empleado del corporativo en un banco, el agua que sale del grifo no le brinda confianza para beber, “es por salud, ya que el agua de la llave muchas veces sale muy sucia y creo que hervirla no es suficiente”, señaló el empleado de una oficina en el sur de la ciudad.
El estudio de la UAM confirma que estas cifras son reflejo de la desconfianza de los servicios prestados por el sector público, mismos que llegan a impactar hasta 5.6 por ciento en el ingreso de los hogares con los menores recursos, que son quienes más lo resienten al tener que comprar agua embotellada.
AULAS MÁS CARAS
Otro de los rubros que se encarga a particulares, y por el cual los padres de familia están dispuestos a pagar más, es el ramo educativo, aunque cuenten con la opción de una escuela pública.
Según el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 21 por ciento del gasto en educación en el año 2013 fue particular, cuando en 1994 participaba con 5.2 por ciento.
“En las escuelas de paga no dejan de trabajar a cada rato como en la pública”, indicó Sofía, una madre encuestada que tiene a su hijo estudiando tercer grado de primaria en una institución privada.
Existe además la creencia colectiva de que las colegios privados preparan a los estudiantes de mejor modo en relación a una institución pública, lo que les permite obtener un mejor empleo.
“Nunca he conocido a alguien que le dieron buen trabajo porque estuvo en la primaria o secundaria más chic de la ciudad, pero sí por la escuela técnica o la carrera profesional; incluso conozco casos de personas que nunca tuvieron una educación formal y sin embargo son los mejores en su ramo”, indica Isela Muñoz, asesora financiera.
De acuerdo con el sondeo, por servicio de preescolar hasta educación básica, se hacen desembolsos que van de los mil 750 hasta los 5 mil pesos, mientras que las colegiaturas universitarias pueden rebasar los 35 mil pesos mensuales, sin contar materiales, aunque también existen algunas opciones desde mil 500 a tres mil pesos mensuales, en instituciones de menor renombre.
NO ARRIESGAN EN SALUD
Ante la ineficacia y saturación de la red de clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la de salud pública, las personas prefieren pagar más, incluso acudiendo con ‘médicos de farmacia’.
Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que los beneficiarios de seguros de gastos médicos mayores y de salud ha crecido 156 por ciento en los últimos 3 años.
“El seguro de gastos médicos está siendo demandado por la gran mayoría de las personas porque necesitan una cobertura complementaria y una mejor atención, independientemente de que cuenten con seguridad social”, indicó Dolores Armenta, directora de Seguros de Gastos Médicos y Salud de la AMIS.
Fuente: El Financiero| Darinka Rodríguez
