jueves, 14 de febrero de 2013

Turismo de privilegio. Querencia de Mita. Iberostar: ¿sin IVA?. Desmayo en Chiapas

Enrique Peña Nieto eligió para anunciar el plan turístico de su sexenio un lugar de su particular querencia, la Riviera Nayarit (que incluye Punta de Mita, seleccionada para pasar el puente del día de la Constitución al tiempo que en el país era declarado un duelo de tres días por el estallido de un edificio de Pemex en la capital del país).

Los discursos de ocasión fueron pronunciados por el ocupante de Los Pinos; su secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu (sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari); el gobernador del estado, Roberto Sandoval, y el presidente del Grupo Iberostar, el español Miguel Fluxá Rosselló, quien dijo que no sabía cuándo se terminaría la supercarretera de Guadalajara a Punta de Mita, lo que llevó a Peña Nieto a dar una promesa de respuesta, pues dijo que tampoco tenía un dato cierto pero pronto lo aportaría al poderoso empresario turístico.

La presencia de Fluxá es significativa porque no es una autoridad sino una parte interesada. Un mes antes de las elecciones presidenciales del año pasado el grupo Iberostar anunció que con 100 millones de dólares y con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo del gobierno mexicano retomaría el proyecto de un desarrollo en Litibú, un sitio en Punta de Mita (http://bit.ly/WJPDQy). El grupo Iberostar tiene su sede en Palma de Mallorca, España, y posee más de 100 hoteles en el mundo. En suelo americano hace negocios en Brasil, República Dominicana y Jamaica, y específicamente en México tiene hoteles en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y la Riviera Maya (http://bit.ly/VVrdQ8).

La presencia de un empresario de ese nivel, y la deferencia de darle la palabra en un acto inaugural de una política sexenal y de responderle inmediatamente alguno de sus planteamientos, significa cuando menos un desequilibrio respecto de otros empresarios y un signo de calidez política que en un país como México puede abrir puertas a privilegios y ganancias incluso fuera de los cauces legales e institucionales.

Sería explicable esa relación de afabilidad si el empresario Fluxá estuviese colocando una primera piedra o inaugurando un hotel importante e invitara a ese acto a quien hoy ocupa la silla presidencial. Pero su presencia, discurso, peso e influencia se manifestó en una ceremonia formal de anuncio de las políticas públicas de turismo (generales y no particulares, ha de subrayarse, aunque no debería haber necesidad de hacerlo) de una administración federal cuya sombría conformación debería mover a su máximo mando a cuidar las formas e impedir que se genere una percepción de favoritismo, cuando no de conflicto de intereses.

Por lo pronto, Fluxá Rosselló ha avanzado en la búsqueda de un trato especial en cuanto a pago de impuestos, como suelen hacerlo otros empresarios, pero casi siempre en privado: Yo entiendo que una industria que crea tantos trabajos y que tiene una función importantísima, que da imagen al exterior, que consigue divisas para financiar otros temas, hay que apoyarla, y yo le pediría a usted que considerara que el IVA es un punto importantísimo y lo que vamos a conseguir de trabajo, de inversión, y de seguridad en el empleo será muy superior a lo que dejen de recaudar en este aspecto (http://bit.ly/Y9tB5f, aunque en la página de Los Pinos no había sido colocado el discurso del empresario a la hora de cerrar esta columna, pero sí el de EPN http://bit.ly/X50IKj).

El tema de los desarrollos turísticos incentivados con fondos federales que luego acaban significando ganancias y propiedades para funcionarios de esos mismos gobiernos amables ha estado presente en la mayoría de los sexenios mexicanos, así que el marcado interés por la Riviera Nayarit y por Punta de Mita debe ser materia de vigilancia ciudadana.

Sin embargo, las posibilidades de defensa colectiva ante abusos de poder han sido restringidas con las reformas a la Ley de Amparo, que no afectarán solamente a las grandes empresas (suponiendo que hubiera ese interés pinolero en afectarlas) sino a ciudadanos en general que defiendan tierras o propiedades ante abusos de poder que, en materia de minas y desarrollos turísticos, por ejemplo, suelen ir de la mano de funcionarios corruptos.

Centrando la atención en el intento de realinear a las televisoras como soldados del PRI y no como generales, se descuida el hecho de que el peñismo ha instaurado una reforma legal regresiva, en la que el cesarismo de tres colores reasume controles y cancela recursos de defensa no solamente en contra de los poderes fácticos desbordados y retadores (los que negociarán nuevas formas de ganancia, expandiendo su abanico de intereses y encontrando nichos diversos) sino de pobladores en general que ahora quedarán sin la posibilidad de obtener la suspensión de hechos reclamados, condenados a asumir la orden del poderoso en turno como condena casi irreparable. Lindas playas de injusticia en el nuevo sol de tres colores.

Astillas

No debe preocuparse demasiado el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por desmayos como el que recientemente le sucedió en Teopisca (http://bit.ly/12AK4CE), pues ya tiene quién se encargue de llevar los asuntos del estado desde la sombra. Juan Carlos Gómez Aranda ha sido nombrado todopoderoso secretario de Planeación, Gestión Pública y Programas del gobierno que encabeza el novio de Anahí, futuro esposo televiso con pretensiones presidenciales. Así como Miguel Ángel Mancera le ha cedido a Marcelo Ebrard buena parte del control redituable del DF mediante la creación de un city manager (traslación colonizada de una denominación innecesaria, en todo caso sería un gestor urbano), Velasco Coello está creando un state manager con Gómez Aranda (http://bit.ly/12hzDbR cuyos jefes políticos reales han sido los hermanos Salinas de Gortari, Carlos y Raúl. ¡Chiapas, tierra de grandes negocios (obviamente privados) por venir!... Y, mientras se extiende la creación de policías comunitarias como respuesta al fracaso institucional frente a la delincuencia, incluso en el estado de México, ¡hasta mañana!




Fuente: La Jornada |Julio Hernández López