Las tres resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han obedecido más a intereses de orden político provenientes del Poder Ejecutivo que a los contenidos esenciales de carácter jurídico de las normas y leyes que nos rigen.
Conceder el amparo liso y llano a Florence Cassez y ordenar su liberación inmediata, bajo el argumento de que hubo violaciones al debido proceso en relación con sus derechos humanos, mientras, la misma primera sala, al otorgar un amparo para efectos a cinco ciudadanos indígenas (Manuel López Gómez, Celestino Garay Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Santiz y Joel Mancilla Vázquez) bajo el mismo argumento de violación al debido proceso en relación con sus derechos humanos, pero con la salvedad de que estos cinco mexicanos no fueron liberados, producen indignación en la opinión pública, al considerar que hay discriminación y una ausencia de igualdad jurídica en la aplicación de la normatividad.
En el caso del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) la resolución de la segunda sala de la Corte es más aberrante aún, al negar el amparo interpuesto por miles de trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad fuera su patrón sustituto, al desvirtuar y considerar erróneo el acuerdo emanado de un tribunal colegiado de circuito que había dado la razón jurídica al SME, para que se restablecieran los derechos laborales y que en su momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a acatar.
Estas decisiones provocan escepticismo en la sociedad, una creciente pérdida de credibilidad en las instituciones y, en consecuencia, la indignación ha crecido en amplios sectores sociales que exigen. Nos sumamos a esas voces, para que se restituyan los derechos legítimos de los trabajadores electricistas y se libere a los cinco indígenas presos.
Profesores y estudiantes de la UNAM: Jesús Pacheco Martínez, Víctor Gamboa González, Rufino Perdomo Gallardo, César Naranjo, Marlene Martínez Hernández y Juana Martínez Viloria
Propuestas para salvar casa Mier y Pesado
Es deber del INBA exigir que el predio Mier y Pesado en Orizaba, Veracruz, se conserve totalmente como joya artística arquitectónica, sin alterar su imagen ni despojar a los veracruzanos y mexicanos de su legado cultural, irremplazable para la historia de la arquitectura nacional.
Permitir que se venda a Walmart, porque los dueños ya no pueden mantener el edificio económicamente, es un error que el INBA tiene que reparar, apoyando la venta de este tesoro arquitectónico con soluciones adecuadas como las siguientes:
Venderlo al gobierno de Veracruz para convertirlo en centro cultural, museo, sala de conciertos y biblioteca.
Venderlo a una universidad privada para campus, preservando el edificio histórico-artístico, o a una cadena hotelera como Camino Real, que maneja el ex convento de Santa Catalina en Oaxaca, Oaxaca, que conserva impecable como edificio histórico y hotel de alta categoría.
Walmart puede regresar el dinero y comprar otro terreno, para no atentar contra las joyas arquitectónicas del país. Así, no perderá clientela y creará 400 empleos, pero los orizabeños y mexicanos no perderemos nuestro patrimonio, de modo que haya justicia para todos, y no sólo para Walmart y sus empleados, en detrimento de la historia cultural de México.
Marina De Santiago, mediadora en resolución de conflictos e hija de Manuel De Santiago, miembro de Icomos-Unesco-ONU, restaurador del Palacio Legislativo del Congreso en la ciudad de México cuando se incendió
Fuente: La Jornada
