México Como en la Época de la Inquisición
*Con una Simple Acusación, son Detenidos para Acabar con la Resistencia
*Electricistas son Procesados, Mientras Quienes Roban a la Nación Están Libres
Jueces y magistrados se han coludidos con funcionarios para eliminar con el encarcelamiento, todo rastro de la resistencia sindical contra el desmantelamiento del país. Pasan por alto todos los trámites legales y utilizan denuncias de personas que desaparecen o no se presentan a ratificar sus declaraciónes o realizan de plano actos ilegales, para justificar la privación de la libertad de dirigentes sindicales que se oponen al desempleo y a la eliminación de los derechos laborales, para beneficiar a empresas privadas, nacionales o extranjeras, que se privilegian con la privatización de los recursos energéticos de México.
Ese es el caso de los 12 electricistas en resistencia que fueron detenidos durante una manifestación para exigir su reinserción laboral tras la extinción ilegal del organismo público Luz y Fuerza, desde abril del 2011, acusados de supuesto motín - que no es delito grave, por lo cual pudieron salir bajo fianza- pero les fabricaron una denuncia del presunto robo de una computadora, que nunca se ha comprobado, no hay pruebas, pero los mantienen presos.
En el caso de Miguel Marquez Ríos, preso desde octubre del 2010 por colocar una manta rojinegra en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, fue acusado por haber cometido supuestamente por delitos contra el consumo y la riqueza nacional, privación ilegal de la libertad, resistencia de particulares contra servidores públicos. Para lo cual se han fabricado pruebas y declaraciones de elementos policíacos, un abogado y un agente del Ministerio Público que actúan en asociación delictuosa, incluso operan fuera de su jurisdicción para declarar y fabricar pruebas ya sea en el Distrito Federal o en Puebla o donde se encuentren los electricistas presos.
La persona que se está encargado de todos los operativos en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas se llama Gerardo Mejía Granados, tiene un puesto de subdelegado de la zona oriente de la Procuraduría General de la República, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México e ilegalmente actúa en Puebla y en cualquier parte donde se encuentren electricistas. Manda a los Policías Federales del Distrito Federal a realizar esos operativos fuera de su jurisdicción, según lo que han podido comprobar los abogados defensores de los electricistas en resistencia (Leer Noticia Relacionada: "FABRICAN PRUEBAS FALSAS CONTRA ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA").
En el caso mío, estoy procesado por presunta tentativa de fraude, desde el año 2010 y tengo que firmar todos los lunes. Simplemente me acusaron y con eso fue suficiente. Mientras que a grandes bancos como HSBC acusado de lavar dinero, simplemente pidió una disculpa y no ocurrió nada. Eso demuestr que estamos viviendo en el país la aplicación selectiva de la justicia. Se persigue a los líderes sindicales molestos para el sistema por reclamar justicia laboral y se perdona a los delincuentes.
¿Por qué es la persecusión a los electricistas en resistencia? porque Luz y Fuerza es un organismo público descentralizado que fue creado para dar el servicio de distribución de energía eléctrica al centro del país, actividad exclusiva del Estado. Y para desaparecerlo el gobierno federal, que encabeza Felipe Calderón, emitió un decreto ilegal de extinción que no respetó el trámite oficial para realizar ese proceso.
Por el contrario violó todos los preceptos legales dispuestos para desaparecer una entidad paraestatal como es solicitar permiso al Congreso de la Unión, que fue la instancia que ordenó su creación. Y, lo más grave, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) notificó por escrito al Sindicato Mexicano de Electricistas que este organismo no emitió dictamen aprobatorio del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que publicó Felipe Calderón, por lo cual su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue ilegal y no puede surtir efecto ni entrar en vigor. (Leer Noticia Relacionada: "EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LYFC ES ILEGAL")
El jurista Samuel Duarte, en su ponencia durante el "Foro: Análisis Jurídico del Decreto de Extinción Luz y Fuerza del Centro que se realizó en el Senado del a República, el 30 de junio del 2010, sostuvo que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es la única institución -exclusiva- que tiene como facultad dictaminar los anteproyectos de decreto que son sometidos a la consideración y firma del Presidente de la República. Y como Felipe Calderón nunca sometió el decreto de extinción de Luz y Fuerza al escrutinio de la COFEMER, "no es obecible", porque no respetó las normas de procedimiento jurídico. (Leer Noticia Relacionada: "EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LYFC TIENE VICIOS DE LEGALIDAD").
Sin embargo, el gobierno federal procedió a cerrar a esta paraestatal el 11 de octubre del 2009, para lo cual utilizó a elementos del ejército mexicano vestidos de Policías Federales (con lo que cometieron traición a su uniforme) con ordenes de matar. Desempleó a 44 mil 100 trabajadores organizados en el Sindicato Mexicano de Electricistas e inició una campaña de persecusión policíaca contra sus dirigentes.
Transgrediendo los preceptos constitucionales y legales siguen entregando la industria eléctrica nacional a las transnacionales, principalmente a empresas propiedad de Juan Carlos, rey de España, como Repsol, Iberdrola e Unión Fenosa, mediante toda una red de corrupción entre funcionarios públicos y compañías privadas a las que ha entregado 720 permisos de generación eléctrica. (Leer Noticia Relacionada: "RED DE CORRUPCIÓN DESMANTELA AL SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL")
Felipe Calderón y su administración ha tratado de ocultar los documentos en los que basó su decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza, haciendo aún más opaca y sospechosa su decisión de desaparecer a esa paraestatal, que ha provocado daños al patrimonio de México, sin embargo, fueron recuperados algunos de ellos mediante la petición de información ante el Instituto Federal de Acceso a la Información en donde se destaca que la parte débil del decreto de extinción de Luz y Fuerza son los vicios de legalidad que tiene.
Precisamente eso era lo que querían ocultar, para que los trabajadores sindicalizados no pudieran defenderse.
Fuente: Frecuencia Laboral
