Ya deslizándose abiertamente hacia el humor negro, Felipe Calderón ha hecho saber en uno de los vértices de la norteña violencia extrema, Durango, que difícilmente la siguiente administración federal habrá de tratar a esa entidad federativa tan bien como él presume que lo ha hecho a partir de índices de inversión pública de por sí discutibles.
El responsable histórico del sangriento y sombrío sexenio por terminar pretende mostrar buena cara al mal tiempo. Derrotado en su afán de hacerse del control panista antes de dejar Los Pinos, y catastrófico en la inmensa mayoría de los rubros del gobierno que ejerció desde la ilegitimidad, Calderón desea mostrarse de muy buen humor, con talante de triunfador, todo un político satisfecho de haber cumplido con creces el encargo recibido.
El tragicómico optimismo impostado del fúnebre personaje que aún habita en Los Pinos contrasta con el cinismo confeso de Vicente Fox, que al final de su gestión elogiaba la sublimación de la tontera al decir que él ya podía declarar ante los medios en los términos que le diera la gana, al cabo que ya iba de salida. Pero, en el caso de Calderón, no deja de ser un abuso cruel, una pesadísima broma de mal gusto histórico, pretender que trató bien a los mexicanos y que en el futuro ese récord de benevolencia no podrá ser superado.
Joaquín y Ernesto Vargas, por ejemplo, tienen fundadas razones para declararse muy maltratados y esperar reivindicaciones en un nuevo contexto de poder. El hecho incontrovertible es que la administración calderonista les impidió desarrollar un negocio lícito y legítimo, consistente en la prestación del servicio de banda ancha, a partir de la aplicación de facultades discrecionales que obstruyeron sistemáticamente el arranque de esa empresa en la que concurrían inversionistas extranjeros. También es incontrovertible que ese mismo gobierno federal decidió adelantar el rescate (una especie de expropiación) de las concesiones de las frecuencias sobre las que se montaría ese negocio.
Las primeras impresiones negativas que generó ese arranque autoritario del calderonismo de fin de sexenio fueron precisadas y confirmadas ayer por dos miembros de la familia Vargas –Joaquín y Ernesto–, quienes ofrecieron una amplia conferencia de prensa para dar su versión del conflicto. Apoyado solamente en la validez de su palabra, sin prueba alguna mostrada en el acto, Joaquín Vargas hizo saber que la actual administración federal amenazó a MVS, la firma de televisión por cable y radiofonía que tiene como programa estelar el noticiero matutino conducido por Carmen Aristegui, con no aprobar el negocio de la banda ancha móvil si no había una disculpa pública de la periodista luego de haber abordado al aire los señalamientos hechos en un amplio contexto político (en la propia Cámara de Diputados, para dar un ejemplo) de que el ocupante de Los Pinos fuese alcohólico. No solamente eso: también dijo Vargas que el gobierno federal les chantajeó para que no se criticara la fusión de Televisa y Iusacell.
Las palabras de Vargas fueron refutadas y replanteadas por las de Javier Lozano, el ahora senador electo que fue beligerante secretario del Trabajo y que, en tal condición, asegura haber sostenido diálogos con el presidente de MVS en los que éste decía usar a la periodista Aristegui como ariete profesional contra Televisa y, por otra parte, como moneda de cambio en busca de la autorización del negocio de la banda ancha.
Dado que ninguna de las partes presentó medios de prueba de sus dichos, el asunto ha comenzado a moverse en el delicado ámbito subjetivo de la credibilidad, tanto la personal como la institucional. Vargas no es un hombre de conflictos y, en general, ha hecho fluir los intereses de su empresa mediante el entendimiento pleno con los poderes en turno, tanto priístas como panistas. Una primera reacción ante la ira en Los Pinos contra Aristegui por las acusaciones de alcoholismo llevó al directivo de MVS a acusar a la periodista de violar el código de ética de la empresa y a tratar de calmar los supremos enojos felipistas arrojando a Carmen a la piedra de los sacrificios. Luego enmendó el camino y, en una decisión evidentemente muy difícil, restituyó a la prestigiada comunicadora en su espacio de trabajo.
Lozano ha sido drástico ejecutante de órdenes y deseos de Calderón; orgullosamente se creó una fama muy negativa entre segmentos sindicales (el Mexicano de Electricistas, el de trabajadores mineros y los relacionados con Mexicana de Aviación, entre otros) y ha llevado como estigma las acusaciones que en su momento hizo un mexicano de origen chino, partícipe de historias no confirmadas que mezclaban temas electorales calderonistas con lavado de dinero y financiamiento de campañas en 2006, y que en su momento aseguró haber sido amenazado con una frase que ya forma parte del catálogo central de la picaresca política mexicana: coopelas o cuello.
Más que cooperadores, los integrantes de La Izquierda que sí Ganó se reunieron ayer en Acapulco para pavimentar la declaratoria de presidente electo a favor de Peña Nieto, que el tribunal tiene lista para soltar en el momento más propicio. Con la denotativa ausencia de Andrés Manuel López Obrador y con el neoizquierdista Ángel Aguirre como anfitrión y Marcelo Ebrard como apresurado aspirante a nuevo jefe máximo, se reunieron los gobernadores electos y en funciones, ediles, diputados federales y senadores electos, así como dirigentes del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) para formar un frente de izquierda que les ayude a transitar negociadamente el extraoficialmente asumido sexenio peñanietista. De Acapulco a Atlacomulco, tal es la ruta del festivo encuentro cumbre de las izquierdas sin López Obrador ni Morena. Y, mientras ha sido asesinado Antonio Haces, quien era secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional de Puebla y, al mismo tiempo, director regional de banca Ixe, perteneciente a Banorte, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada
