El día de la inauguración de ese espacio no acudieron ni Calderón ni el gobernador de Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua. Un pedazo del enorme terreno que hace pocos años fue un campo algodonero, actualmente convertido en zona comercial y hotelera, vecina de las oficinas consulares de Estados Unidos, es a partir de hoy el símbolo oficial de las “culpas” del Estado mexicano en los cientos de feminicidios cometidos en esta ciudad, o “simplemente un espacio para que los turistas vengan a tomarse la foto al lado de las muertas de Juárez”, como dijeron las madres de las víctimas durante la inauguración del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”, que, sin ninguna construcción ni nada, fue presentado en un frío y desairado acto oficial al que los tres niveles de gobierno enviaron representantes de segundo nivel.
El 6 y 7 de noviembre de 2001 –hace 10 años– fueron encontrados en este lugar ocho cuerpos de mujeres asesinadas con claras muestras de tortura sexual. Fue un caso muy sonado que sentó el precedente de una sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado mexicano por violar las garantías de las víctimas y exigió el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público.
Los nombres de las asesinadas, a quienes oficialmente se pidió “perdón” en nombre del gobierno federal, son: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y hay una más que aún no es identificada.
“¿Y todas las demás? ¿Dónde están, dónde las buscamos? ¿Para qué nos piden perdón y no nos entregan a nuestras hijas con vida?”, gritaban decenas de madres y padres de mujeres ultimadas o desaparecidas en las últimas dos décadas. A la inaugu- ración no acudió ninguno de los familiares de las víctimas encontradas en este lugar, pues –declararon en un comunicado– “se trata de un acto más de simulación del gobierno federal, donde se pretende reconocer la responsabilidad del Estado por las víctimas del caso llevado ante la Corte Interamericana y desconocer a los centenares más que han perecido como parte del feminicidio en esta ciudad”.
La simulación –señalaban las madres– “salta a la vista”, pues ni siquiera presentaron el monumento, sólo una maqueta del mismo, en un espacio revestido de flores a manera de cementerio, cuya inauguración no sólo fue desairada por el presidente Felipe Calderón y el gobernador César Duarte Jáquez. Bueno, ni siquiera el presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, se presentó en el lugar. La mitad del centenar de sillas colocadas para la ocasión quedaron vacías y el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro; la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, en representación del gobernador del estado, y el secretario del ayuntamiento local, Héctor Arcelús, tuvieron que enfrentar los abucheos, los gritos de protesta y las infinitas interrupciones a sus discursos. Este fue un acto en el que nadie quería estar: ni los funcionarios ni los familiares de las víctimas.
Los gritos intermitentes de “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” y “¡Ni una más!” resonaron en el espacio rosado, que tuvo una inversión de 16 millones de pesos, mientras José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una adolescente de 14 años desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la colonia Postal, gritaba: “la fiscalía no tiene siquiera servicio de Internet y a nosotros nos dicen que no pueden ir a hacer las investigaciones porque no tienen dinero para la gasolina.
“No queremos mausoleos ni que encuentren a nuestras hijas muertas, queremos que se hagan líneas de investigación, y a nuestras hijas las queremos con vida”, señaló Castillo, quien interrumpió de frente cada uno de los discursos oficiales.
Fuente: La Jornada
