El corte a hogares por falta de pago viola legislación: especialista
La acelerada privatización del agua en México pone en riesgo el cumplimiento del derecho humano de este recurso. Durante los últimos años las empresas avanzaron en su participación en el manejo del líquido. Son compañías privadas las que construyen plantas de tratamiento y presas; en diversas ciudades se hacen cargo de las distintas fases de la operación del sistema de agua potable y controlan el mercado de agua embotellada.
Especialistas en el tema destacan que no es suficiente el incremento en la cobertura de la que hace alarde el gobierno federa –abarca a 90 por ciento de los mexicanos, según dice–, sino que la deficiente calidad del líquido, que lleva a no usarlo para consumo humano, va encadenada a la venta del agua embotellada.
Aunque el derecho humano está reconocido por el derecho internacional –con la aprobación en 2010 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas– y en México el Congreso de la Unión votó en favor de que se garantice en la Constitución –falta que sea aprobado en los congresos estatales–, en los hechos está en riesgo y lejos de alcanzarse.
Muchas legislaciones han planteado el corte del servicio doméstico por falta de pago, así que debe quedar asentado que eso es una violación al derecho humano de acceso al recurso, señala en entrevista Claudia Campero, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.
Refiere que hay estadísticas que dan cuenta de la cantidad de viviendas con agua entubada en sus viviendas, lo cual no implica que sea dentro del domicilio. Si a esto se suma la calidad, “prácticamente hay una grave violación del derecho humano al agua en su amplia concepción: no recibimos agua potable en nuestras casas”.
La norma regula 47 parámetros, pero su cumplimiento es una incógnita, pues no existe información y comúnmente se mide el cloro residual de la misma manera que las bacterias, pero no se incluyen compuestos como el arsénico, agrega.
La contaminación de ríos, lagos y presas hace que la población desconfíe de la seguridad del agua potable, lo que alimenta el negocio de la venta de agua embotellada, indica Cyndi McCulligh, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Fuente: La Jornada
