sábado, 9 de abril de 2011

Masacres planeadas

El desarrollo del escenario de guerra al narco en nuestro país que concluye la semana con el descubrimiento de otros 13 cadáveres, el viernes 7 de abril, y que se suman a los 59 encontrados desde la noche del lunes 4 de abril en el mismo parque del Ejido La Joya, en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, con lo cual suman en total 72 hasta el cierre de estas líneas, genera sospechas y suspicacias dignas de analizarse conjuntamente por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el Congreso de la Unión, en primerísima instancia, así como por las procuradurías estatales, en un trabajo nacional coordinado, transparente y abierto a la opinión pública del país.

Las investigaciones señalan que los mexicanos, principalmente originarios del Estado de Guanajuato, y quienes pensaban internarse en los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida que se les niegan en su país, se trasladaban en al menos dos autobuses de líneas de transporte mexicanas, Ómnibus de México una de ellas, y se sospecha que puede haber un tercer autobús secuestrado.


Uno de los testigos, migrante guanajuaense, cuya identidad se reservó un importante medio de comunicación, señala que el pasado 24 de marzo a las 22:30 horas, en compañía de otros seis compañeros salió de la Ciudad de Celaya en un autobús de esa línea con destino a Matamoros, Tamaulipas.

En dicho autobús viajaban al menos 22 migrantes guanajuatenses. Al llegar al municipio de San Fernando, el día 25 de marzo un retén establecido por personas armadas, sicarios de algún cártel del narcotráfico o simplemente y a secas mercenarios, detuvo la marcha del autobús. Los sicarios o mercenarios les pidieron las credenciales de elector para identificarlos.


Bajaron a cinco y los subieron a otro autobús. Ya no se volvió a saber de ellos hasta el lunes del 4 de abril por la noche, unas horas antes de que iniciará en Cancún, Quintana Roo, el día 5 de abril, la XXVIII Conferencia Internacional contra las drogas en donde EU impuso a representantes de 120 países la llamada “Declaración” México, que le da sustento a sus acciones de hegemonía militar, vulgo invasiones, en todo el mundo con el pretexto de la “guerra internacional contra el narcotráfico”, que le ha servido no sólo para afianzar su dominio mundial, sino para dinamizar su economía, la más endeudada del orbe.

Esa farsa, es decir esa conferencia, se desarrolló precisamente cuando se manifestó, el 6 de Abril, de norte a sur y de este a oeste, el repudio a la administración de Felipe Calderón en ciudades de al menos 21 entidades de la República Mexicana, promovidas por el poeta, Javier Sicilia, que en medio de su dolor sacó fuerzas de flaqueza para enfrentarse a un régimen policiaco represivo con tan sólo la fuerza de su autoridad moral como padre agraviado por la ejecución de su hijo, uno más de las decenas de miles que han caído y que siendo inocentes no sólo los matan, los masacran, sino también los calumnian y los criminalizan.


Los gritos de “no más violencia”, “no más sangre”, “no más impunidad”, que resonaron en prácticamente todo el país, encontraron en Calderón oídos sordos, quien con gran necedad advirtió que la guerra seguirá, pues ya no tiene ningún espacio de maniobra y sigue siendo empujado hacia el abismo.

El hallazgo de los últimos 13 cadáveres, se da exactamente el viernes 7 de abril, día en que el Departamento de Estado de Estados Unidos -a cargo de Hillary Clinton, esposa del ex presidente Bill Clinton y una seria aspirante demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, no en esta elección sino en la siguiente- presenta en Washington el Informe Anual sobre Derechos Humanos, un documento requerido por el Congreso estadounidense desde hace 34 años, que cubre más de 100 países y ayuda a orientar políticas públicas. Este documento le dedica 40 páginas a México, en las que aseguran que existen reportes de que las fuerzas de seguridad de México, en particular los militares, la institución pública en la que más confiaban los mexicanos antes del inicio del actual sexenio y ahora desgastados y desacreditados en la guerra emprendida por Calderón, incurrieron en graves abusos a derechos humanos como desapariciones y asesinatos en su campaña anticrimen durante 2010, en un diagnóstico idéntico al emitido en 2009.

Ese documento del Departamento de Estado de EU acusa que “Fuerzas de seguridad actuando tanto dentro como fuera de la línea de mando, asesinaron a varias personas, incluyendo menores, durante el año”. En el más extenso recuento en la materia de los últimos años, señalan los casos de asesinatos cometidos por militares, como el del 19 de marzo de 2010, cuando soldados asesinaron a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo; también la acusación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que militares mataron el 9 de abril de 2010 a los niños Martín y Brayan en el camino entre Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; otro caso más es el ocurrido el 22 de agosto, cuando soldados ultimaron en una carretera a Guerrero a Joseph Proctor, un ciudadano estadounidense, por presuntamente no respetar un retén.

El reporte de la Clinton externa su preocupación por el hostigamiento de los activistas de los derechos humanos en México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado emprendida por Calderón después de que fue obligado por el presidente George W. Bush a firmar la “Iniciativa Mérida”, y que lo llevo a desplegar unos 50 mil soldados en la “guerra contra el narcotráfico”, prácticamente desde el arranque de su administración con el señuelo de que así obtendría legitimación ante el pueblo de México, que no alcanzó en las urnas en las pasadas elecciones presidenciales. Los términos y condiciones plasmadas en el texto del “Plan México”, rebautizado como “Iniciativa Mérida” por laa negra referencia al “Plan Colombia”, son desconocidos por el pueblo de México y el de Estados Unidos y es fundamental que salgan a la luz pública para comprender con precisión la actual situación a la que ha llegado nuestro país en esta guerra impuesta desde el exterior.

Ahora, el Departamento de Estado de EU “recomienda” que los militares mexicanos, desgastados y desacreditados cuatro años después de una estúpida guerra, deben volver a los cuarteles, pero a mediano o largo plazo, como consecuencia de que cometieron asesinatos ilegales -¿hay asesinatos legales?-, secuestros, abusos físicos, y al registrarse en las cárceles condiciones paupérrimas y de hacinamiento, así como arrestos y detenciones arbitrarias. También destaca la “corrupción, ineficacia y falta de transparencia, que engendró la impunidad, dentro del sistema judicial, confesiones forzadas mediante la tortura y violencia y amenazas contra periodistas, lo que conllevó a la autocensura”.

Sigue con el recuento de la violencia doméstica, los asesinatos de mujeres, tráfico de personas, trabajo infantil y discriminación social y económica contra miembros de poblaciones indígenas. El reporte remata que durante 2010 las autoridades mexicanas reportaron un total de 15 mil 273 homicidios relacionados con el narcotráfico. A lo que hay que sumar un número desconocido de personas desde el inicio de esta guerra. Tan sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registradas a cinco mil personas desaparecidas desde 2006, en medio de la violencia del narcotráfico, por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos exige ahora el enjuiciamiento de fuerzas militares en cortes civiles cuando se produzcan casos de violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, también el vienes 8 de abril, desde Ginebra, Suiza, el Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un dictamen en el que pidió a México prevenir e investigar los secuestros de migrantes. En ese documento demandó a la administración calderonista “prevenir los secuestros de trabajadores migratorios indocumentados y las otras violaciones graves de derechos humanos y abusos que enfrentan”, y que se “investiguen seria y diligentemente los actos y se sancione a los responsables de esos crímenes”. A los 14 expertos de ese comité que hicieron el dictamen, les inquieta “que prevalezca la impunidad” en casos como “el secuestro y asesinato de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos ocurrido en agosto de 2010 en Tamaulipas y el secuestro de 40 trabajadores migratorios ocurrido en el estado de Oaxaca en diciembre de 2010”.

También les preocupan las alegaciones contra el proyecto de la Ley Migratoria que México podría adoptar próximamente, susceptible de no dar “suficientes garantías” en cuanto al derecho a un “debido proceso en caso de deportación” y “de acceso a la información. Esos expertos sostiene que les consta la “corrupción cometida por los responsables de diversas instituciones”, vinculadas a la migración, así como la precariedad de las trabajadoras migratorias indocumentadas del servicio doméstico, que padecen una “situación de extrema vulnerabilidad”, viven en “condiciones laborales deficientes y a menudo están expuestas a sufrir malos tratos e incluso acoso o violación sexual por parte de sus empleadores”. Señala que aunque la Constitución de México establece que todos los nacidos en su territorio son mexicanos, “muchos oficiales del Registro Civil no aceptan la inscripción de nacimientos de hijos de trabajadores migratorios indocumentados”.

Y para cerrar este candado, la Human Rights Watch (HRW) remata, también el viernes 8 de abril, que la estrategia de seguridad del Presidente Felipe Calderón no respeta los derechos fundamentales. El director para las Américas de ese observatorio internacional sobre derechos humanos, José Miguel Vivanco, sostuvo que México no cumple los requisitos básicos que establece la “Iniciativa Mérida” para que el gobierno estadounidense aporte recursos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y sostiene que el informe presentado por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, demuestra que “la estrategia de Calderón no respeta derechos fundamentales”. Por lo que exigió a la administración calderonista que se hagan las reformas necesarias para que todos los delitos sin excepción cometidos por militares sean investigados y sancionados por las autoridades civiles.

LOS MUERTOS SON MEXICANOS: CANSECO

Ante la indignación, escándalo nacional e internacional y frente a las presiones de la opinión pública mexicana y del resto del orbe, todos los funcionarios de la administración calderonista volvieron a aplicar la técnica del avestruz y escondieron la cabeza ante el peligro. Nadie salió ni dijo nada. Al que embarcaron a dar la cara fue al secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Jaime Canseco Gómez, quien lo único que pudo decir es que los primeros indicios de las investigaciones en torno al hallazgo de 72 personas masacradas en fosas localizadas en Tamaulipas, apuntan a que eran mexicanos, víctimas del crimen organizado, otra vez el mismo argumento y cero resultados.

Únicamente el tecnócrata educado en la universidad estadounidense de Harvard, Alejandro Poire, que cobra como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, salió a reportar que 14 personas han sido detenidas, cuya identidad no reveló, por su probable relación con el hallazgo de 59 cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, es decir los ejecutados en agosto de 2010. Ese funcionario precisó que nueve de ellos fueron capturados el 1 de abril y cinco, el día 6 de abril. ¿Es casualidad, mera coincidencia, o por la urgencia agarraron a los primeros que encontraron? ¿O las fechas cuadran accidentalmente o son planeadas toda vez que el descubrimiento de los otros 72 cadáveres en la misma zona se dan a conocer hasta que aparezcan en los diarios el 5 de abril, al arrancar la XXVIII Conferencia Internacional contra las drogas. ¿Se trata, repito, de meras coincidencias? No lo creemos.

¿Son demasiados los secuestros y ejecuciones colectivas de migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos en unos cuantos meses? ¿A quién o a quiénes benefician todas estas masacres? ¿Qué intereses económicos y geopolíticos se están beneficiando de esta situación creada ex profeso, con precisión militar milimétrica, no sólo en el ámbito territorial mexicano e internacional, sino en el ámbito temporal por las necesidades de echar a andar la máquina de guerra de la economía estadounidense, que los tiempos de paz le son mortales y ponen en riesgo su hegemonía internacional, ante el avance de otras economías en otras latitudes.

¿Y Calderón? Sólo atinó a decir, en Acapulco, Guerrero, que vivimos una “situación difícil” y que el día que tengamos 32 cuerpos policíacos profesionales -que en estos momentos están acorralados por el poder balístico de los sicarios de los cárteles de la droga o por mercenarios extranjeros, o por ambos, y que han sido sumergidos totalmente en la corrupción y la amenaza de “cooperas o te mueres”-, el Ejército y la Marina regresarán a sus actividades tradicionales. Por cierto que al inquilino de Los Pinos lo persigue el repudio de la población, pues al despedir al Buque Escuela Cuauhtémoc fue recibido por los acapulqueños con mantas de protesta por la decisión de su administración de trasladar el Tianguis Turístico de Acapulco a otros sitios

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