La propuesta de elevar a rango constitucional el Derecho a la Energía, ya que los energéticos no pueden ser considerados una mercancía, pues el acceso a los mismos es una condición fundamental para poder gozar otros derechos, salud, educación, agua, etc., y por el establecimiento de una tarifa social justa, planteamiento a cargo del compañero Juan Carlos Escalante, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE).
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