La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, contradice la intención del gobierno mexicano de asignar las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional. Según los familiares de las víctimas, que han padecido casi una década de hostigamiento de autoridades y a quienes se les ha negado justicia en tribunales, la resolución del tribunal regional debe hacer que el presidente López Obrador frene la militarización, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Inician audiencias públicas sobre Guardia Nacional
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera con la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) retoma pronunciamientos para que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.
Dichos antecedentes provienen de oficinas y tratados de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otras resoluciones del mismo tribunal regional contra el Estado mexicano.
El pasado 20 de diciembre la CoIDH notificó que el Estado mexicano tiene “responsabilidad internacional por la desaparición forzada” de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, “así como la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos” ocurridos el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Esta sentencia es la primera que analiza las violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto de la militarización de la seguridad pública, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado, bautizada como “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.
Los jueces del tribunal regional recuerdan que desde 2010 hay una manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con México “por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público, y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de autoridades civiles”.
Mientras los legisladores mexicanos buscar reformar la Constitución para militarizar la seguridad con la Guardia Nacional, la CoIDH considera que, “como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos civiles”, y recuerda que “el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
La corte establece que, si las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad, deben hacerlo de forma extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. Además, su actuación debe ser regulada con protocolos sobre uso de la fuerza “bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia”, además de estar debidamente fiscalizada por órganos civiles independientes.
En la sentencia se dice que organismos y mecanismos nacionales e internacionales “han dado cuenta de alegadas graves violaciones a derechos humanos asociadas a la actuación de elementos castrenses” en la estrategia del combate al crimen organizado, “entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad crónica, como patrones estructurales comunes”.
“La herida sigue abierta”
La desaparición de los primos Alvarado se encuadra en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada hace 12 años.
La sentencia del tribunal interamericano identificó que el Estado mexicano violentó diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, relacionados con los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, así como al acceso a la justicia.
La CoDH también encontró responsabilidad del Estado mexicano por la violación a la integridad personal y a los derechos de circulación y residencia en agravio de los familiares de las víctimas, que durante los nueve años de búsqueda de sus seres queridos han sido amenazados y hostigados, al grado de tener que desplazarse forzadamente dentro del país y, en al menos 11 casos, solicitar asilo político en Estados Unidos.
No obstante, para María de Jesús Alvarado Espinoza la lucha por localizar a sus familiares empieza a dar frutos:
“Va a marcar un precedente en la historia de México, porque va a dar voz a los más de 37 mil desaparecidos y a sus familiares”, dice en entrevista telefónica desde donde se oculta en México, ya que al asistir como testigo a la audiencia de la CoIDH en Costa Rica, el 26 y el 27 de abril de 2018, perdió el derecho de continuar su trámite de asilo en Estados Unidos, donde se había refugiado con su familia después de ser amenazada, criminalizada y hostigada por militares destacamentados en Chihuahua.
“No pude evitar llorar al terminar de leer la sentencia. La herida sigue abierta, no cicatriza, pero puedo decir que como familia nos dio gusto que la corte haya descartado la teoría del Estado mexicano de responsabilizar al crimen organizado por la desaparición de nuestros familiares, argumentando, sin pruebas, que habían sido delincuentes disfrazados de soldados los que se los llevaron.
“Que una sentencia diga que fue el Ejército el responsable de desaparecer a mis familiares, los obliga a decirnos dónde están, qué fue de ellos”, comenta María de Jesús.
Sin embargo, el resultado del litigio no tranquiliza a la hermana de Nitza Paola. En una reciente revisión del expediente militar que se integró por la desaparición de sus familiares, María de Jesús encontró un memorándum de 2010 en el que el general Felipe de Jesús Espitia –en ese momento responsable del Operativo Conjunto Chihuahua– ordenó difamarla para contrarrestar el activismo de la familia, que identificó al teniente coronel Élfego Luján como responsable de la detención arbitraria de los jóvenes.
“Leí en el expediente militar que Espitia daba órdenes de realizar acciones de contrapropaganda gris en perjuicio mío, con el fin de dar a conocer a la población y a la sociedad civil que tengo antecedentes penales y que en dos ocasiones he sido procesada. Tenemos miedo porque hay órdenes escritas para actuar en mi contra y apenas nos enteramos de que Élfego Luján (procesado por otros cargos) está libre y las autoridades no saben dónde está.”
Al llevar el caso a la CoIDH, la familia Alvarado buscó justicia para sus seres queridos, pero también incidir en las políticas públicas:
“Queremos que se cumpla la sentencia en su totalidad, que se nos diga qué pasó, porque tenemos derecho a la verdad. Pero además a Andrés Manuel López Obrador, que quiere crear la Guardia Nacional, le pedimos que reconsidere, que vea en nuestro caso, que la militarización no es la manera de controlar la violencia. Ya lo vivimos, sería volver a las graves violaciones a derechos humanos; eso atenta contra la población civil”, sostiene Alvarado Espinoza.
Militarización “incompatible con los derechos humanos”
Ruth Fierro y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), una de las organizaciones que litigó el caso en el Sistema Interamericano, coinciden con María de Jesús en que uno de los aportes de la sentencia de la CoIDH es establecer la incompatibilidad entre la militarización de la seguridad pública y el afán de garantizar los derechos humanos de la población.
A la directora del Cedehm, Ruth Fierro, le llama la atención que hasta el momento el gobierno federal no se haya pronunciado por el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso Alvarado, como sí lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 21 de diciembre, sobre la resolución del tribunal en el caso Atenco, relacionado con la tortura sexual contra 11 mujeres en mayo de 2006.
“Hasta ahora no se han puesto en contacto con nosotros, pero en una reunión que tuvimos las organizaciones de Chihuahua con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para hablar de medidas de protección dictadas por organismos locales e internacionales, algunos integrantes de la familia Alvarado se acercaron a él para advertirle que venía la sentencia de la corte y que al gobierno de López Obrador le tocaba atenderla”, narra la defensora.
Advierte que la sentencia del tribunal regional también hace aportaciones importantes al abordar los desplazamientos forzados de familiares de víctimas de desaparición forzada y la obligación que tiene el Estado de atenderlos y darles garantías para su retorno, además de dar pautas para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas a fin de que se adopten en México.
La directora del Cedehm reconoce que en la coyuntura actual, con la pretensión gubernamental de continuar con la estrategia de seguridad de los últimos 12 años mediante la Guardia Nacional, la sentencia sobre el caso Alvarado advierte “de las consecuencias y de los estándares que se tienen de seguir si se pretende involucrar en la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas, por lo que el llamado sería a que no se adopte una reforma constitucional que vaya en contra de esta sentencia”.
Para Gabino Gómez, “esta sentencia le viene a dar un empujón y a fortalecer las demandas que el conjunto de organizaciones y diversos colectivos hemos mantenido contra la militarización de la seguridad, y más en esta coyuntura por intención de López Obrador de crear la Guardia Nacional, que es completamente contraria a lo que la sentencia establece, con el análisis que hace de la política militarista”.
Mantener la estrategia militarista, dice, implica garantizar la impunidad que han gozado los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos. Recuerda que cuando el entonces titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Salomón Baltazar, solicitó una orden de aprehensión contra el teniente coronel Élfego Luján, “los militares estaban muy enojados, y cuando se negó la orden, el Ejército presionó para que renunciara”.
Gómez hace votos para que la sentencia sea considerada en todos sus aspectos y, en vista de que “ahora hay otras condiciones, esperemos que se abran los archivos y que se diga qué pasó realmente, que podamos encontrar a esas personas con o sin vida, y que en el plano nacional no se apruebe el plan de seguridad de López Obrador, porque es violatorio de las convenciones y de los derechos humanos”.
Fuente: Proceso y Milenio
