El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó hoy ser extraditado a México para enfrentar los cargos que le han sido imputados por el gobierno federal.
Tras una diligencia judicial este martes en la Ciudad de Guatemala, Duarte regresa a la prisión de alta seguridad de Matamoros, donde permanecerá hasta en tanto se acuerda su traslado a México y este procedimiento podría tardar entre cinco y diez días.
El presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, señaló que la resolución se fundamenta en los tratados de extradición y en virtud del consentimiento de Duarte las autoridades guatemaltecas actúan en consecuencia.
El tribunal admite la aceptación voluntaria de Duarte y se ordena su entrega inmediata a las autoridades que lo demandan, dijo el magistrado.
Además, ordenó que el ex mandatario se ponga a disposición del Ministerio del Exterior de Guatemala para que coordine con las autoridades mexicanas su entrega.
"He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición con relación a los delitos federales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país", dijo el ex mandatario, en la audiencia.
En abril de este año la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo dos órdenes de aprehensión por un total de seis delitos en contra de Javier Duarte por tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, peculado y abuso de autoridad.
Por los cargos que le fincó la fiscalía veracruzana el ex gobernador de Veracruz ya aceptó su extradición.
La Fiscalía de Guatemala dijo que el ex gobernador de Veracruz podría recibir condena de hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada y 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita
José Galdámez, fiscal guatemalteco, señaló que los delitos federales de que se acusa a Javier Duarte son procedentes para conceder su extradición a México, ya que en ambas naciones existe coincidencia entre la sanción delictiva, y señaló que no se trata de acusaciones políticas.
Duarte declaró hoy ante magistrados guatemaltecos que en la solicitud de extradición en su contra no se señala que su nombre o alguno de sus familiares aparezcan mencionados como personas que hubieran pretendido ser ejidatarios en el Ejido Lerma, en el estado de Campeche, por la adquisición ilegal de 21 parcelas en esa zona.
La Procuraduría General de la República (PGR) incluyó en su solicitud de información y como parte de las pruebas en contra del ex mandatario, que la compra de esas parcelas fueron parte de las maquinaciones delictivas a través de las cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los ex socios de Duarte revelaron a la PGR la forma en que se desviaron recursos federales y estatales para la creación de empresas fachada y la adquisición ilegal de 21 parcelas en el Ejido Lerma.
Se trató de ocultar el origen del dinero para la adquisición de inmuebles y operaciones empresariales y luego de pretendió hacer pasar como ganancias legales los recursos que obtuvieron las empresas fachada con la sobrprecio de los predios adquiridos en Campeche.
El defensor de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones incluidas en la solicitud de extradición no logran demostrar en qué momento existe el vínculo del imputado con los señalamientos por los cuales se pidió su entrega a México.
"En ningún caso se logró probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial está liderada o que Javier Duarte tuvo alguna participación, simplemente son señalamientos que son una manera en que los encargados de la persecución penal, digan cuál es su participación en el hechos", dijo el abogado.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal Quinto de Sentencias Penales, donde tuvo lugar la primera diligencia en la que se le notificó al acusado la petición de extradición que formuló el gobierno de México.
Javier Duarte de Ochoa, quien fue gobernador del estado de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016, fue detenido el pasado mes de abril en Panajachel, Guatemala, luego de seis meses de haber sido declarado prófugo de la justicia mexicana, al haberse librado una orden de aprehensión por parte de un juez federal con sede en la Ciudad de México, en el que se le acusa de haber desviado recursos públicos a más de 40 empresas fachada y a cuentas personales, así como haber llevado a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuente: La Jornada
