Ciudad de México. Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación e indignación por el espionaje cometido a miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, partidos políticos de oposición y funcionarios de organismos internacionales que han criticado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, pidieron que se investigue de forma transparente y seria esos casos de espionaje, tomando en cuenta la exigencia de crear un panel independiente de expertos y expertas internacionales que, a diferencia de las autoridades nacionales, pueda llevar a cabo una investigación que derive en resultados serios y creíbles para las víctimas de este caso.
A través de una carta firmada por estas organizaciones internacionales, hicieron un llamado al gobierno para transparentar los contratos y documentos relacionados con la adquisición y uso del software de espionaje, llamado Pegasus, que únicamente se puede vender a gobiernos y que solo está permitido utilizar para investigar a presuntos delincuentes y terroristas.
Los firmantes denunciaron que la respuesta del gobierno mexicano a las alegaciones de espionaje desde que se destapó este escándalo, es insuficiente y parecería apostar al olvido, a pesar de que la Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) han anunciado que abrieron una investigación sobre la vigilancia y solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas y la Buró Federal de Investigación de Estados Unidos.
Sin embargo, la embajadora estadunidense en México, Roberta S. Jacobson, dijo que ese apoyo no ha sido solicitado oficialmente, ya que los términos en que esta cooperación se está solicitando no son transparentes ni claros.
Wola y otras 10 organizaciones internacionales acotaron que el espionaje se da en uno de los momentos más violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Agregaron que al menos siete periodistas y seis defensores han perdido la vida en lo que va del año y la impunidad para estos casos sigue siendo la regla general, y las acciones tomadas por el gobierno no han podido garantizar justicia ni sancionar a quienes atacan a las voces críticas del gobierno y de sus funcionarios.
El diario The New York Times publicó que las investigaciones hechas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC evidenciaron que se han dado múltiples casos de vigilancia y espionaje mediante Pegasus.
Entre las víctimas de espionaje y vigilancia se incluye a partidos políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas que han hecho pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante la actual administración y durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Otros de los afectados en este escándalo, fueron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que daban asistencia técnica al gobierno de México para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero.
De acuerdo con la información difundida, el malware Pegasus, se infiltra en teléfonos celulares a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser accedido, facilita la instalación secreta del software, lo cual permite el monitoreo de toda actividad del celular, incluso correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono.
Los firmantes son: Amnistía Internacional, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Fuente: La Jornada
