San Cristóbal de las Casas, Chis. Tres activistas de derechos humanos iniciaron este miércoles una huelga de hambre por tiempo indefinido en la fronteriza ciudad de Tapachula, para exigir a las autoridades migratorias que agilicen los trámites de centroamericanos y cubanos sin documentos y eviten el “burocratismo”, informó Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana.
Dijo que en el ayuno total que se realiza frente a oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), participan él y los también activistas Edgar Esquinca y Avilés y Cristóbal Sánchez Sánchez.
“Vamos a estar en huelga de hambre hasta tener una respuesta clara de las autoridades migratorias. Nuestra inconformidad es por el burocratismo y el trato inhumano a la población migrante”, dijo en entrevista.
Añadió que existe “una cultura del odio emanada de algunos sectores de los medios de comunicación que señalan y culpan a los migrantes de ser los causantes de la ola de inseguridad; se ha llegado al grado de que de dos semanas para acá ha habido ejecuciones sumarias donde un vengador anónimo ejecuta a centroamericanos”.
Por otro lado, abundó, “a muchos centroamericanos que buscan regularizarse los están rechazando las autoridades migratorias; tenemos a un salvadoreño que lleva un año tramitando su visa humanitaria. ¡Un año! Le dijeron que tiene una alerta migratoria, por antecedentes penales. Fue a El Salvador, donde está amenazado de muerte, arriesgando la vida y regresó con los documentos que comprueban que no tiene antecedentes penales. Ya entregamos los documentos y estamos a la espera de una respuesta de las autoridades migratorias”.
Expresó que muchos migrantes solicitan documentos para permanecer legalmente en el país, porque no tienen antecedentes penales y quieren estar regulares, pero “son los que más trabas encuentran”.
García Villagrán aseguró que muchos migrantes cubanos están desde hace casi cien días esperando un salvoconducto, sin que las autoridades migratorias les resuelvan.
“Todos los trámites son cada día más engorrosos; la ley establece 30 días para que haya una respuesta, pero como hay un vacío en la ley, todo queda a discreción de los funcionarios responsables. Parece que con esto sólo ayuda a la política del garrote” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Un cubano que no puede tener acceso a su trámite legal se arriesga con los coyotes, a quienes el INM solapa. Con la dilación se provoca que haya corrupción por omisión”.
El activista manifestó que México “es el patio trasera de Estados Unidos y ahora para los centroamericanos el muro empieza en el Suchiate; se ve el burocratismo en los cobros, en el ‘regrese mañana’, ‘venga en 15 días’; con eso se ayuda a una política inhumana y racista de Estados Unidos”.
Fuente: La Jornada
