Ciudad de México. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas exhortó al gobierno de México a realizar una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
El llamado de los expertos se produce a un mes de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló en una investigación que existen elementos para considerar que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto habrían utilizado el spyware denominado "Pegasus" para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016. Información que fue difundida por medios internacionales y retomada por organizaciones civiles mexicanas.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron los expertos.
El posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad.
De acuerdo con los reportes difundidos, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
También se habría visto afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Entre los periodistas afectados están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como el hijo de la primera, que cuando se dio el espionaje era menor de edad. Al igual que miembros del PAN.
“Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, recalcaron los expertos de la ONU.
“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación. En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.
Los expertos llamaron a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
“Urgimos al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”.
Los relatores de la ONU consideraron que la resolución de este caso debe darse a través de una investigación independiente e imparcial, "lo que representaría un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
Fuente:La Jornada
