La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional.
Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.
En conversación con La Jornada, Valerio Mauro Amado Solano, presidente de la comisión de bienes comunales de Júba Wajiín, describe la espiral extractivista que comenzó a cernirse sobre esa y otras comunidades vecinas desde 2010:
Primero, puros rumores de que iban a poner minas, sin ninguna notificación del gobierno. Fuimos los últimos en saber lo que pretendían hacer en nuestras tierras. Se dijo que estaban concesionadas por la Secretaría de Economía (SE). El comisariado investigó y la SE tardó un año en dar respuesta, diciéndonos que sí, era cierto. En 2011 una acta de la asamblea rechazó la minería y la presentó a la autoridad agraria. Nos arrimamos a Tlachinollan (centro de derechos humanos con sede en la ciudad de Tlapa), y en 2013 se interpuso nuestro primer amparo.
Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, recuerda que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas.
En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno.
Como excepción, en el núcleo agrario me’phaa de Paraje Montero (Malinaltepec) la asamblea dio anuencia a la empresa Camsim. Totomixtlahuaca (Tlacoapa), Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua (Malinaltepec) y los bienes comunales de Iliatenco rechazaron los proyectos y anunciaron que harían lo posible para que la explotación fuera cancelada.
Maribel González Pedro, defensora de Tlachinollan, recuerda que en 2011 hubo sobrevuelos de exploración sobre esa área. La SE y el gobierno estatal propalaron que en Guerrero el potencial minero representaba
un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Goldcorp ocupó Carrizalillo (municipio Eduardo Neri) para una suculenta extracción de oro. Hoy, la zona de Carrizalillo padece una fuerte presencia de organizaciones criminales, uno de los efectos secundarios de la minería.
En el corazón de las tinieblas
El Observatorio de Instituciones Territoriales reportaba en 2013 que la filial en México de la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining recibió de la SE dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas, que abarcan más de 59 mil hectáreas en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa, en donde se presumía la existencia de yacimientos de plata y oro.
Corazón de Tinieblas sería la concesión más grande en la Montaña, con 43 mil 759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.
El número de concesiones empezó a crecer desde 2005, hasta involucrar una tercera parte de la Montaña, es decir, 19 municipios que abarcan 692 mil hectáreas. La mayoría de sus más de 361 mil habitantes pertenecen a los pueblos nahua, me’phaa y ñuu savi.
El Centro Tlachinollan documenta que la Montaña
ha sido concesionada por el gobierno federal sin el consentimiento de las comunidades. Para 2016, la SE tenía registro de 44 concesiones en la región Costa-Montaña. Ante las violaciones a sus derechos, diecisiete comunidades agrarias decidieron no dar su anuencia a la exploración y la explotación minera. Júba Wajiín adoptó la decisión en abril de 2011. En septiembre de 2012 obtuvo su registro ante el Registro Agrario Nacional.
Valerio Solano destaca que la comunidad ancestral de Júba Wajiín demandaba la titulación de sus tierras desde la década de 1940, y fue hasta 1994 que el Tribunal Unitario Agrario dictaminó en su favor y se emitió el decreto presidencial.
El trámite tomó seis décadas de lucha. En 2009 la comunidad se unió a la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Antes de la amenaza minera, sus conflictos solían ser de límites con comunidades vecinas, y de seguridad.
En 2012 el gobierno decreta una reserva de la biósfera de 157 mil hectáreas en la Montaña, recuerda Armando Campos, también de Tlachinollan. Desde 2004 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal implantaron una programa de la ONU que promovía zonas de reserva comunitaria. Las mismas dependencias y la Universidad Intercultural de Guerrero impulsaron la reserva, la cual
restringía actividades a las comunidades en sus propias tierras y la hacía perder la administración de ese territorio. La reserva afectaría 13 núcleos agrarios de cinco municipios. Como reacción, las comunidades se reúnen en octubre de 2012 y se topan con el problema de las mineras.
Santiago Lorenzo, del Consejo Regional, cuenta que los indígenas bloquearon la Universidad Intercultural y lograron la renuncia del rector por impulsar la reserva a espaldas de los pueblos. El gobierno cancela la reserva. Las comunidades organizadas se plantean entonces resistir a la minería. El consejo crece hasta abarcar 200 comunidades de 20 núcleos agrarios en ocho municipios de la Costa y la Montaña. Los pueblos me’phaa, nahuas, ñuu savi, amuzgos y afromexicanos protagonizan una resistencia que no ha sido derrotada. Tienen en común que no reaccionaron contra mineras en sus suelos, sino antes de su llegada.
Armando Campos, de Tlachinollan, apunta:
Son cinco años de logros jurídicos y declaratorias de territorios libres de minería. Se cierra la pinza legal para que ninguna minera tenga margen de entrada. Estos pueblos se habían negado antes al pago por servicios ambientales. En 2014 interponen su primer amparo, y lo ganan. La SE impugna la sentencia ante la SCJN en 2015. Las empresas titulares de Corazón de las Tinieblas se desisten. En noviembre de ese año la SE publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno.
Así, detuvieron un amparo que sentaría precedente para declarar inconstitucional la Ley Minera, explica Maribel González.
Se coordinan la SE y la Cámara Minera para echar abajo el amparo y evitar el análisis de la Ley Minera. En diciembre, las comunidades se amparan contra la declaratoria de liberación de terrenos, que abría la posibilidad de concesionarlas a otras mineras. “La SE argumenta que Júba Wajiín ‘no es comunidad indígena’ y por tanto no le asiste el derecho a consulta, lo cual ofende a los me’pha”. La juez en Chilpancingo recibe el amparo y ordena un peritaje antropológico que favorece a los indígenas. Aunque la Ley Minera no reconoce tal derecho, sí la Constitución y los tratados internacionales.
Logro inédito
Tlachinollan destaca que la sentencia dictada por la jueza en el amparo 429/2016,
es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de San Miguel el Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto. Por primera vez, un juzgado federal ordena que, si la SE pretendiera otorgar ahí nuevas concesiones mineras,
deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.
La Cámara Minera reaccionó presentando ante la SCJN el Amicus Curie
Estudio sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su problemática en torno a las concesiones mineras, donde solicita que
se niegue el amparo y protecciónsolicitado por Júba Wajiín, y cuestiona que la consulta previa sea necesaria en un otorgamiento de concesiones ya que
no hay susceptibilidad de afectación potencial o real de los derechos de los pueblos o comunidades indígenas.
Valerio Solano expresa con orgullo: “En nuestro territorio hemos controlado la violencia No entran el narco ni la minería”. Y concluyen los defensores de Tlachinollan:
El Consejo Regional y su lucha son referentes de lo que se consigue cuando se juntan los pueblos para defender el territorio común.
Fuente: La Jornada
