Ecatepec, la peor ciudad para vivir y Mérida, la mejor: encuesta
Si el PRI va por corruptos… se acaba el PRI: Crespo; Duarte es “chivo expiatorio”: politólogos
El PAN, el partido que apoyó la guerra de Calderón, pide ahora a Peña Nieto “cambio de estrategia”
Pastor evangélico viola a niña y “paga” delito con dos cartones de cerveza
Josefina Vázquez Mota recibió subsidio federal por 900 mdp
PGR detiene de nuevo a exauditor del panista Guillermo Padrés
Rector de la BUAP y Red Retoño condenan feminicidios en Puebla
Mancera quiere respaldo de PRD, PT y MC para 2018
Empleados de TV UNAM denunciarán a Nicolás Alvarado ante la SFP
Impulsa Coparmex cambios a la Ley de Impuesto Sobre la Renta
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La encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estrategia (GCE) reveló el resultado de su encuesta, en donde Mérida y Saltillo se posicionaron como las mejores urbes para habitar y Ecatepec y Chilpancingo como las peores.
Mérida y Saltillo son las mejores ciudades para vivir, mientras que Ecatepec y Chilpancingo son las peores, reveló hoy una encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).
El sondeo, realizado en los 60 municipios del país con mayor población y las 16 delegaciones de la Ciudad de México, tomó en cuenta 20 variables distribuidas en tres índices: calidad de vida, satisfacción con los servicios municipales y desempeño de las autoridades locales.
En el índice de calidad vida, Mérida y Saltillo, capitales de los estados de Yucatán y Coahuila, encabezaron el listado, con 77.6 y 77 puntos, respectivamente.
En el extremo opuesto se ubicaron Ecatepec de Morelos, en el central Estados de México, y Chilpancingo, capital de Guerrero, con 48.8 y 49.8 puntos, en ese orden.
En la Ciudad de México, la delegación Venustiano Carranza fue considerada la de mejor calidad de vida (59.2), seguida de Coyoacán (58.2) y Miguel Hidalgo (57.9).
El índice de calidad de vida incluyó variables como oferta de vivienda, escuelas, centros de esparcimiento, museos y espacios históricos, bellezas naturales, seguridad en las calles y oferta de empleo.
Respecto a la satisfacción de los servicios que reciben los habitantes de las ciudades, Nuevo Laredo ocupó el primer lugar con 83.4 puntos, mientras Saltillo se ubicó en el último, con 48.8 unidades.
En cuanto a la calificación de sus alcaldes, el mejor evaluado fue el de Nuevo Laredo, con 83,2 puntos, en tanto que el peor fue el de Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas, con 30.1 puntos.
La combinación de los tres índices arroja un listado en el que Mérida, Saltillo, Aguascalientes y Colima ocuparon las primeras posiciones, mientras que en las últimas se situaron Naucalpan y Ecatepec, ambas en Estado de México, y Chilpancingo.
El estudio incluyó 30 mil 400 entrevistas telefónicas realizadas a mayores de edad residentes en 60 municipios del país y 16 delegaciones de Ciudad de México entre el 30 de junio y el 19 de julio del 2016, detalló GCE.
Javier Duarte de Ochoa, quien está a unas semanas de dejar el cargo de Gobernador en Veracruz, no es más que un “chivo expiatorio”, un político ahora de desecho, con el que el PRI simula combatir la corrupción, plantearon los politólogos José Antonio Crespo, Ivonne Acuña y Salvador Mora. Si el tricolor realmente tuviera la voluntad política de combatir ese delito tendría que ir por todos: gobernadores y ex gobernadores corruptos, funcionarios públicos e incluso legisladores, como Emilio Gamboa Patrón, dijeron. Si el Revolucionario Institucional realmente hiciera eso, coincidieron los especialistas, se quedaría sin cuadros… perdería hasta el registro.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– La persecución del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y unos cuantos colaboradores de su administración, es una jugada del viejo priismo que busca acallar “el mal humor social” , con un “chivo expiatorio” para simular un combate a la corrupción, dijeron expertos en entrevista con SinEmbargo.
Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción tendría que ir contra los hermanos Moreira [Humberto y Rubén], contra el hoy ex Gobernador César Duarte Jáquez, contra el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, contra el ex Gobernador Roberto Borge Angulo, contra el Senador Emilio Gamboa Patrón, sólo por mencionar a algunos; es decir, se quedaría sin partido, perderían hasta el registro, expuso José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Con Crespo Mendoza coincide Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el PRI usa a Duarte de Ochoa, un político ya de desecho, para calmar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto llama “el mal humor social”. Pero si realmente se tratara de combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el uso ilegal de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de sus políticos, “se quedaría sin cuadros dentro del partido”.
También Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que aunque el PRI trate de limpiar su imagen, los escándalos en torno a sus principales exponentes continúan evidenciando situaciones viejas e irregulares que no ha podido desterrar.
Cita como ejemplo el caso de Emilio Gamboa Patrón, Senador de la República, quien se encuentra envuelto en una polémica tras aterrizar en una zona natural protegida –el Arrecife Alacranes– en la costa de Yucatán. El Senador priista viajó en un helicóptero propiedad de Emilio Díaz Castellanos, un contratista del Gobierno federal, para luego abordar un yate del propio Díaz Castellanos.
“Cuando el Presidente de la República dice que nadie está exento, que todos somos corruptos, está enviando un mensaje desproporcionado y en favor de la impunidad”, opinó Mora Velázquez.
El politólogo consideró que expulsar del partido a los gobernadores acusados por corrupción, no es un castigo: “Si el PRI quiere enviar un mensaje creíble de combate a los políticos corruptos, debe buscar sanciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluir a todos”.
Incluso en el caso de Gamboa Patrón, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debe investigar al priista y debe hacerlo a fondo, añadió.
“Una disculpa pública no es suficiente. Hay que ver qué sanciones puede ejecutar la Profepa, porque no es un error: son cuestiones que deben ser sancionadas de manera rigurosa y dar ejemplos a la ciudadanía, si no se hace todo queda en una simulación”, dijo.
EL PRI CONTRA DUARTE: ¿Y LOS OTROS?
El pasado 26 de septiembre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI presidida por Fernando Elías Calles, retiró los derechos que como militante tenía Duarte de Ochoa e hizo lo mismo con cuatro ex colaboradores del Gobernador de Veracruz y dos notarios vinculados con el polémico mandatario.
La decisión, que respondió a acusaciones de corrupción, los inhabilitó para buscar puestos de elección popular e incluso para participar en procesos electorales al interior del partido.
“El hecho de que el PRI esté utilizando a su ya casi ex Gobernador, no es más que demostrar, con un solo caso, que está haciendo algo y que está dispuesto a realizar un combate contra la corrupción. Pero si realmente la intención fuera profunda y seria, el PRI se quedaría sin cuadros. Ahí están Humberto Moreira [Valdés] en Coahuila; César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo. Entonces, Javier Duarte es un chivo expiatorio. Es una tradición del PRI clásico hacer esto con los políticos que ya no le sirven para calmar lo que ahora el Presidente [Enrique Peña Nieto] llama ‘mal humor social’”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
La experta consideró que habrá que esperar y observar si el PRI va más allá con los casos de los ex gobernadores y gobernadores corruptos pues, para quedar satisfechos, los mexicanos y, en este caso, los veracruzanos requieren algo más que quitarle los derechos políticos a Duarte de Ochoa y unos cuantos allegados.
“Se deben dar un procedimiento e investigaciones legales para llegar a un castigo. Lo que le preocupa a la sociedad es que regrese lo que se llevó y pague por los supuestos delitos que cometió haciendo uso ilegal de las atribuciones que le dio el cargo público”, dijo la politóloga.
El caso de persecución contra Javier Duarte se da también en medio del polémico finiquito millonario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Enrique Ochoa Reza, quien presidente nacional del tricolor, lo que para Ivonne Acuña resulta “escandaloso”.
“Ochoa Reza podrá decir que es un golpe político y sí, es posible, pero sustentado en un dinero que, aunque sea legal, no deja de ser escandaloso y nos habla de una política pública poco sensible, en un país con la mitad de sus habitantes en pobreza”, planteó.
SI VAN POR TODOS, EL PRI SE QUEDA SIN REGISTRO
José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que el PRI intenta lanzar un mensaje de que sí le importa combatir la corrupción, luego de los deplorables resultados electorales que consiguió este año.
“Se supone que podrían ser otros gobernadores los que estarían en la misma situación [de Javier Duarte de Ochoa] como el de Chihuahua, el de Quintana Roo, el de Nuevo León, de eso se habla. En realidad, la lista tendría que agrandarse muchísimo y se quedarían ya sin nada. No pueden irse contra todos los corruptos porque se quedan sin partido, perderían hasta el registro”, dijo Crespo Mendoza.
El politólogo explicó que para que la estrategia pudiera ser creíble, tendrían que ir por más gobernadores e incluso ex gobernadores, además de legisladores y funcionarios públicos de todos niveles. El primero de la lista, afirmó, de debe ser Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y también ex presidente nacional de partido tricolor.
“El primero debe ser Moreira, pero lo han dejado de lado, lo han protegido y no creo que lo vayan a tocar. Algún acuerdo tiene que lo protegen; no creo que esté en la lista, ni siquiera lo han mencionado”, dijo.
El dejar fuera a Moreira, expuso, lleva la lucha contra la corrupción del PRI al terreno de la simulación, pues la medida debería ser sistemática e indiscriminada, agregó.
“Pero sabemos que en la política real eso no existe ni siquiera en otros países, no se aplica como se debería aplicar la Ley. La cosa es que se aplique más que antes: si vemos a un PRI que castiga a algunos de los gobernadores corruptos, aunque no sea todos, la gente dice: ‘bueno, ya se está haciendo algo al respecto’ y genera una presión para que el PAN [Partido Acción Nacional] haga lo mismo, para que el PRD [Partido de la Revolución Democrática] y Morena [Movimiento Regeneración Nacional] también lo hagan. Porque si el corrupto hace eso, si el PRI lo está haciendo –que es el partido corrupto por definición– surge el: ‘ustedes tendrían que hacer lo mismo’, se genera una presión para todos”, detalló Crespo.
SIMULACIÓN DE ORIGEN
En el caso de Veracruz, el PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del Gobernador, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos.
El diario Reforma publicó que la propia Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió mantener como miembros del partido a cinco diputados federales y dos diputados locales que estarían involucrados en las irregularidades que se atribuyen a Duarte de Ochoa y a funcionarios y políticos de su entorno más cercano.
Todos estarían siendo investigados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con el otorgamiento, por parte del Gobierno de Veracruz, de contratos millonarios a varias empresas fantasmas en la entidad.
Reforma menciona entre los funcionarios del Gobierno veracruzano en la mira del SAT a los siguientes:
–Édgar Spinoso, ex Oficial M,ayor y ex Subsecretario de Finanzas del Estado.
–Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social, vinculado con la contratación de empresas fantasmas.
–Antonio Tarek Abdala, Diputado federal y ex Tesorero de Duarte, quien habría sido acusado en otras ocasiones de desvío de recursos. Diputados opositores han pedido se le retire el fuero para que sea juzgado.
–Adolfo Mota, ex Secretario de Educación y actualmente Diputado federal, a quien la auditoría investigaría por desvío de recursos.
–Jorge Carvallo Delfín, quien fuera Secretario de Desarrollo Social del Estado, también investigado por contratos con compañías inexistentes.
Por otro lado, también quedaron sin sanción los priistas Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, quienes se convertirán en diputados del Congreso de Veracruz a partir del 5 de noviembre.
Frente a la situación de violencia que se ha generalizado en el país, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado ha salido a exigir al Gobierno que cambie su estrategia de seguridad. El repunte en los delitos de alto impacto se encuentra detrás de este llamado, apuntaron los legisladores del partido del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico en diciembre del 2006. En los primeros ocho meses del año las cifras oficiales dieron cuenta de mil 219 homicidios más que los perpetrados el año pasado. Tras el llamado del grupo parlamentario blanquiazul queda una duda en el aire: ¿Reconocen el fracaso de la guerra contra el narcotráfico?
Centros de análisis apuntaron desde el inicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto que la estrategia de seguridad repetía un guión que caracterizó a la administración de su antecesor: el choque frontal a las organizaciones criminales. Hoy, el mismo partido que sacó al Ejército a las calles reconoce el desquebrajamiento de la seguridad en el país. Pero no por errores de estrategia, sino de implementación, insisten legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
Las tasas de violencia no han cooperado mucho con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
En los primeros ocho meses del año, las cifras oficiales de averiguaciones previas por homicidio sumaron 23 mil 138; un saldo de mil 219 más que las reportadas en el mismo periodo del 2015.
Pero la estrategia a la que se refiere el PAN es la misma que implementó su partido durante el sexenio pasado, o al menos así lo refirió en el 2013 un ensayo del Instituto Baker, hecho por Nathan Jones. Lo mismo creen organizaciones nacionales como México Evalúa.
Con el llamado del domingo, ¿reconoció el partido blanquiazul el fracaso de Calderón? El coordinador de la bancada Fernando Herrera Ávila dijo a SinEmbargo que no.
“La realidad es que ellos [los del PRI] decían que harían las cosas de manera distinta. En muchos de operativos han estado tratando de copiar o de seguir algunos de los procedimientos que se realizaban [con Calderón]. La realidad es que son una mala copia. Terriblemente ineficientes”, dijo el jefe de la bancada.
El PAN es enfático en decir que los errores que han puesto en aprietos al Gobierno derivan de la decisión de haber pasado la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, a la eliminación de la Plataforma México y a que el gobierno actual basó su estrategia en el combate al crimen organizado, descuidando los delitos comunes.
Herrera acusó que el Partido Revolucionario Institucional fracasó en su intento de brindar seguridad, pese a que no encontraron resistencia en el Congreso para impulsar las iniciativas que demandaron para gobernar.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Semáforo Delictivo, han detallado que la violencia del mercado negro de las drogas es tal que seis de cada 10 asesinatos están relacionados a ella.
El 8 de diciembre del 2006 el ex Presidente Felipe Calderón sacó a las calles a 4 mil 260 elementos del Ejército.
El resultado no se hizo esperar. Su sexenio terminó, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 121 mil 613 homicidios.
El alza de la violencia se asentó con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. En los primeros tres años de su gestión hubo 63 mil 598 homicidios; estos superan por 20 mil 922 casos a la cifra registrada en el mismo periodo del Gobierno calderonista.
El despliegue del Ejército no debilitó al crimen organizado, ni la violencia que genera, han coincidido especialistas. Pero el regreso de los elementos castrenses a los cuarteles no ha sido apoyado por el PAN, que ganó en los pasados comicios del cinco de junio, siete de 12 gubernaturas.
Retirar al Ejército de las calles sería “arriesgado”, dijo el Senador Fernando Herrera. El partido no ve que las fuerzas de seguridad civiles del Estado puedan suplir a los militares en los operativos que realizan, debido a la falta de confianza de la población en las policías.
El Ejército no genera el respeto que las autoridades desearían. El viernes pasado cinco militares fueron asesinados en una emboscada del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa. Otros 10 resultaron heridos en la emboscada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado mil 240 agresiones en contra de elementos castrenses en lo que va de la actual administración. Entre el 2012 y el 2015 hubo 57 militares asesinados.
“Lo ideal es que el Ejército no estuviera encargado de estas cosas, pero ahorita sería imposible pensar que lo vamos a sacar [de las calles], para poder retirarlo el Gobierno debió fortalecer la Policía Federal”, opinó Héctor Larios Córdova, Senador de la comisión de Gobernación.
Este fortalecimiento tampoco existe en las policías estatales. El 10 por ciento de los 54 mil 537 elementos que han sido sometidos a las pruebas de control y confianza reprobaron entre enero y julio de este año.
Larios apuntó que el Gobierno de Peña Nieto centró sus esfuerzos en la creación de la Gendarmería, un cuerpo policial encargado de velar por las zonas económicas y turísticas del país que, en su opinión, no ha dado resultados.
DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS
Despenalizar las drogas tampoco será prioridad para el PAN. El Diputado federal Jorge López Martín refirió que la propuesta de regular las drogas no precisamente erradicaría la violencia que hay en el país.
“Si no existe la capacidad de combatir el crimen, mucho menos la hay para controlar una actividad tan delicada. Sería como querer aprobar la secundaria, sin tener la primaria”, dijo el legislador del blanquiazul.
La posición de los actuales dirigentes del PAN contrasta con la del propio ex Presidente Vicente Fox Quesada, quien ha dicho en diversas oportunidades que el Gobierno debería despenalizar y legalizar todas las drogas.
La libertad con la que Fox se expresa contrasta con el discurso que manejaba cuando estuvo a cargo del país.
Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto envió en abril una propuesta para aumentar la cantidad de marihuana en en gramos que una persona puede portar sin incurrir en un delito (de 5 a 28 gramos), pero la iniciativa en este momento se encuentra congelada.
“Para combatir el narcomenudeo se establecieron las cantidades de portación personal. Pero subir el gramaje de portación en realidad es legalizar el comercio”, dijo Larios. Una opinión generalizada dentro del partido más conservador del país.
¿PROPUESTAS?
Cuando se le pregunta al Senador Fernando Herrera cuál es el camino para reducir los indicadores de violencia en México, en sus respuestas aparecen planes que aún no han sido aterrizados. Se limita a mencionar la necesidad de una reforma en el futuro que fortalezca a las fuerzas de seguridad, a funcionarios judiciales y que se homologue el salario de los policías del país.
La iniciativa presidencial del Mando Único que llegó al Senado en enero del 2014 no cuenta a cabalidad con el respaldo del PAN, el segundo partido mayoritario en la Cámara Alta, durante este segundo periodo de sesiones.
“Ya dictaminamos la iniciativa, deben de existir tantas policías municipales como sea posible, y sólo tanta injerencia estatal o federal como sea necesario. Si esto queda definido, se puede avanzar”, dijo Herrera.
Mientras tanto la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población.
Los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública mostraron que entre marzo y abril, el 72.4 por ciento de la población confesó sentirse insegura.
Los niveles de percepción de inseguridad fueron similares a los reportados entre el 2013 y el 2015. Y el PAN sabe que pueden incidir en las próximas elecciones del 2017, en los comicios de Nayarit, Estado de México y Coahuila.
“La inseguridad es un factor, pero también la mala marcha económica del país, el dinero que desapareció del bolsillo del mexicano y por supuesto los grandes escándalos de corrupción”, dijo el Senador panista Luis Fernando Salazar, quien se mostró optimista por la alternancia de cara a las elecciones.
OAXACA, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares para la niña de ocho años presuntamente violada por el pastor evangélico Cirilo Jerónimo Cruz, a quien la autoridad municipal de Santiago Quetzalapa, perteneciente a Sochiapan, le impuso como multa el pago de dos cartones de cerveza y lo dejó en libertad.
La Defensoría consideró que la autoridad municipal actuó de manera negligente y omisa, por lo que solicitó a la Fiscalía General del estado que implemente las medidas cautelares para salvaguardar la integridad y derechos de la víctima, y que informe si existe una averiguación previa por el caso, así como los avances de la indagatoria.
Asimismo, pidió al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que brinde atención a la víctima por las secuelas físicas y psicológicas que sufre por el ataque, tras el cual tuvo que recibir atención médica en el hospital de Cuicatlán.
La menor narró que el pasado 12 de septiembre, cuando caminaba por un puente colgante rumbo a su casa, se encontró a Cirilo Jerónimo Cruz quien abusó de ella sexualmente.
El caso trascendió días después, cuando los padres notaron una conducta diferente en su hija y ella les confesó el hecho. De inmediato acudieron a las autoridades municipales, pero en lugar de ordenar la detención de Cirilo Jerónimo Cruz, el agente municipal le exigió que pagara dos cartones de cerveza al padre de la menor agraviada.
Santiago Quetzalapa se localiza en la región de la Cañada, a tres horas a pie desde el municipio de Sochiapan. Ahí las autoridades municipales imponen su ley, debido a que no hay Ministerio Público ni cuerpos de seguridad, razón por la cual en muchos casos nunca llega la justicia.
Juntos Podemos, organización de Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), ha recibido del gobierno de Enrique Peña Nieto 900 millones de pesos de recursos públicos.
La organización hace labor a favor de migrantes mexicanos en Estados Unidos. El gasto publico fue confirmado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
Esta información fue obtenida a partir del trabajo de la reportera Dulce Martínez y el periodista Salvador Camarena, para la iniciativa Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI) en el año 2015.
En la investigación también se encontró que otras organizaciones han contado con este tipo de apoyo, detrás de Juntos Podemos recibieron del gobierno federal 414 millones de pesos, y en lo que va de este año se han otorgado 486n millones de pesos.
Esta información ha sido negada públicamente por Vázquez Mota, sin embargo los acuerdos se formalizaron en una reunión en la residencia oficial de Los Pinos el 19 de febrero de 2015.
Según la investigación, el esquema de operación indica que los fondos gubernamentales son enviados a dos organismos: AEM-USA Foundation y Parents Aliance Inc. Detrás de estos está la Asociación de empresarios mexicanos (AEM), que opera en Estados Unidos desde hace décadas. Responsables del registro de la maraca Juntos Podemos.
Apenas el 23 de septiembre, en entrevista con La Jornada, la ex titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal, negó que la fundación de la ex rival de Peña Nieto recibiera dinero del erario público.
“Nunca he recibido un solo peso de recursos públicos, porque jurídicamente Juntos Podemos no tiene ninguna posibilidad de tener dinero alguno. No tengo nada que ver con el manejo administrativo ni tengo cuenta de cheques. Esta no es una fundación ni una organización de la sociedad civil. Lo que hace es tratar de unir, de tocar puertas en Estados Unidos y México”, afirmó Vázquez Mota en dicha entrevista.
Sin embargo, Jorge Santibáñez Romellón, director ejecutivo de Juntos Podemos y ex titular de Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas en la SEP en el periodo en que Vázquez Mota confirmó que habían recibido fondos gubernamentales por 26 millones 100 mil dólares.
Por otro lado, cuando se cuestionó a Emilio España, tesorero y socio fundador de la AEM, se confirmó el financiamiento del gobernador mexicano para la organización, Juntos Podemos, a ello agregó que los fondos llegan por medio de la SRE.
Además, se consultó por parte de los investigadores a la SRE, sobre los fondos gubernamentales para las funciones de Juntos Podemos, la SRE envió a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad una tarjeta informativa en la que se lee: “Es cierto que la Cancillería financia la Fundación de Josefina Vázquez Mota a través del IME (Instituto de los Mexicanos en el Exterior)”.
Pese a que se ha confirmado la información, no existen documentos públicos de consulta para los ciudadanos en la página de la SRE y de Juntos Podemos. Así como tampoco es publico el listado de las instituciones que reciben el apoyo de la organización, y tampoco los montos que se les otorgan.
Según se sabe, Vázquez Mota no cobra por presidir Juntos podemos pero si se costean sus viáticos cuando se presenta en Estados Unidos para promover su organización. MCCI tiene documentados al menos 6 viajes de sus viajes a Estados Unidos.
JVM no ha aceptado hablar con la prensa sobre su papel dentro de la organización por lo que el final del reportaje se describe “Las dudas sobre su funcionamiento continúan aun cuando se trata de un programa favorecido por el gobierno”.
Roberto Ávila Quiroga, exdirector de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria en el estado de Sonora durante la pasada administración estatal del panista Guillermo Padrés, fue detenido hoy por la PGR debido a su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión girada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Sonora, en las inmediaciones de la colonia 5 de Mayo de la ciudad de Hermosillo.
En un comunicado, la PGR señaló que Roberto Ávila Quiroga fue detenido el 4 de agosto en cumplimiento a un mandamiento de captura liberado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, aunque obtuvo más tarde la libertad bajo caución, luego de pagar una fianza de 20 mil pesos, beneficio que le fue otorgado por el juez tercero de distrito en esa entidad.
En esta ocasión, el detenido fue puesto a disposición del juez de la causa para los fines a que haya lugar.
Apenas el lunes pasado, por los mismos delitos, el juez tercero con sede en Hermosillo dictó auto de formal prisión contra Francisco Arnaldo Monge Araiza, “Pancho Platas”, quien fue coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública durante el gobierno de Padrés.
PUEBLA, Pue.- Al rendir su informe de labores, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, condenó el aumento de feminicidios registrados en esta entidad, que ha cobrado la vida de cuatro estudiantes de esa casa de estudios en los últimos dos años.
“Ya van cuatro estudiantes nuestras en los últimos dos años. ¡Ni una más!”, reclamó el rector, al señalar que el acoso y maltrato que sufren las mujeres es sistemático y se traduce en un incremento en el número de feminicidios.
Apenas este fin de semana se confirmó el asesinato de Tania Verónica Luna, estudiante de Sociología de la BUAP, quien fue encontrada maniatada y asfixiada.
Estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” demandaron públicamente a la Fiscalía General del Estado esclarecer este feminicidio, que ubican como el sexto en los últimos tres años donde la víctima es una estudiante de esa casa de estudios.
Se trata de las estudiantes Aracely Vázquez Barranco, María José Feliciano Romero, Nayeli Sosa Romero, Iraís Ortega Pérez, Isarve Cano Vargas y María José Feliciano Romero, que fueron asesinadas violentamente desde el 2014.
Durante el fin de semana el cuerpo de otra joven estudiante fue hallado en Tlaxcala, y una mujer más fue apuñalada y arrojada desde un puente de Azumiatla, junta auxiliar de la capital estatal.
En lo que va de este año, el número de feminicidios contabilizados por organismos no gubernamentales y por medios de comunicación asciende a 65 en Puebla, aunque la Fiscalía General del Estado asegura que van 42.
En tanto que organizaciones del país agrupadas en la Red Retoño exigieron que se active la alerta de género en la entidad y que los feminicidios cometidos no queden en la impunidad.
En un comunicado, la Red reclama que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) investigue las omisiones cometidas por la FGE en la investigación de los casos.
Asimismo pide evitar las declaraciones públicas que responsabilizan a las víctimas de los crímenes, basados en “estereotipos de género”.
“A tres años de la tipificación del feminicidio en Puebla, el problema se ha incrementado debido a la ausencia en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno del estado en prevenir, investigar, erradicar y sancionar la violencia de género, lo cual se refleja en las condiciones de riesgo en que viven todas las niñas y mujeres de esa entidad, y el mensaje de garantía de impunidad para los responsables”, reclama la Red Retoño.
En su intención por buscar la candidatura presidencial para las elecciones del 2018, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera adelantó que buscará el respaldo del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano.
En entrevista en Chihuahua, a donde acudió como invitado a la toma de protesta del gobernador Javier Corral, el mandatario capitalino dijo que para el proceso electoral presentará un “proyecto ciudadano” que una a las izquierdas y a un “pueblo progresista”, con diferentes líneas de acción.
“Yo creo que la izquierda tiene una gran oportunidad. Firmemente creo que Movimiento Ciudadano, PT y PRD tienen una importante tarea de convocatoria a un pueblo progresista, a un pueblo de convocatoria ciudadana en donde se puede trabajar de manera muy, muy productiva”, dijo.
Mancera Espinosa se mostró confiado en que estos tres partidos “estarán trabajando con cercanía con los proyectos ciudadanos, con convocatorias ciudadanas”.
La prensa local lo cuestionó sobre la posibilidad de ver al panista Javier Corral como contrincante hacia la Presidencia de la República, a lo que contestó con evasivas: “Yo creo que ahora hay que trabajar todos unidos y hay que estar trabajando por el bien del país, eso es lo importante”.
Por lo pronto, dijo que su administración buscará cercanía con el gobierno del exsenador para impulsar políticas públicas conjuntas.
Empleados de TV UNAM anunciaron que preparan una denuncia contra el exdirector Nicolás Alvarado por negarles audiencia, sustraer material de trabajo de la televisora y establecer jornadas laborales de las 19:00 a las 3:00 horas del día siguiente.
En conferencia de prensa, el Colectivo TV UNAM precisó que presentarán la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), sobre todo porque Alvarado “repartió dinero de la Universidad en productoras privadas, cuando TV UNAM tenía y siempre ha tenido productores, realizadores, conductores que fueron despedidos, acusados de no hacer nada por causa de que no se les asignaban proyectos”, destacó el productor Luis de la Hidalga.
Los empleados de la televisora también informaron que realizarán una marcha el próximo jueves 6 a la Torre de Rectoría, luego de lo cual expondrán a las autoridades universitarias los despidos injustificados, la sustracción de material de trabajo y el dispendio de recursos por la contratación de compañías privadas mientras Alvarado estuvo al frente de TV UNAM.
De igual manera, exigieron el nombramiento del nuevo director, cargo que –dijeron– debe ocupar “un universitario comprometido con la televisión universitaria y con su comunidad”.
Nicolás Alvarado se mantuvo como director de TV UNAM hasta el pasado 1 de septiembre, cuando presentó su renuncia al rector Enrique Graue después de la polémica que generó por hacer comentarios impropios tras la muerte del cantautor Juan Gabriel, a quien calificó de ‘torpe y chambón’.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó a la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en específico en materia de deducción plena de las prestaciones laborales para los trabajadores formales.
En un comunicado, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther precisó que el documento fue presentado a la Mesa Directiva de San Lázaro, así como a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Trabajo y Previsión Social.
La Coparmex adelantó que en los próximos días se reunirá con los representantes populares “para explicarles la necesidad de lograr la deducibilidad plena de las prestaciones correspondientes a los pagos exentos para los trabajadores y que se otorgan por mandato de ley, en conceptos tales como primas vacacionales, primas dominicales y horas extras, entre otras”.
Destacó que la reforma a la LISR, en vigor desde 2014, afectó esa y otras prestaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como la ayuda para vales de despensa, becas educacionales, útiles escolares, pagos de renta y de transporte, así como ayudas a los planes privados de pensiones.
“Esas disposiciones se han traducido en un incremento cercano al 8% en el costo de las nóminas de las empresas, lo que claramente pone en riesgo a los trabajadores y, lo más grave, obstaculiza la creación de nuevos puestos de trabajo en la economía formal, puestos que están demandados por millones de trabajadores. De hecho, 67% de los jóvenes menores a 29 años trabajan hoy en la informalidad”, alertó Gustavo de Hoyos.
E informó que esta semana también se reunirán con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de solicitar formalmente que sea el pleno de ese tribunal el que resuelva sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre la Renta en aquellos artículos que se modificaron a partir de 2014 en materia de deducibilidad plena de las prestaciones laborales.
Según la Coparmex, de lo que se trata es de preservar las fuentes de empleo formal y tener más y mejores puestos laborales, con mejores prestaciones para los mexicanos.
APATZINGÁN, Mich.- Luego de que este martes fueran localizados los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes con evidentes signos de violencia, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, el cura José Luis Segura Barragán sostuvo que las víctimas eran parte del grupo evangelizador Arcoíris.
A través de las redes sociales como Valor por Michoacán y Guerrilleras Michoacanas, entre otras, los cuatro ejecutados fueron identificados como los jóvenes que desaparecieron el sábado pasado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, municipio de Buenavista.
Las víctimas son Wilivaldo Hernández, Jesús Ayala Aguilar, Adán Valencia y Jesús López Urbina, quienes fueron vistos por última vez la noche del sábado 1 de octubre a las afueras de la parroquia de La Ruana.
Incluso, se destacó que uno de los cuatro jóvenes localizados sin vida y con huellas de tortura sobre la carretera Apatzingán-Buena Vista formó parte de las autodefensas comandadas por Hipólito Mora Chávez.
“Son los jóvenes desaparecidos desde la noche del pasado sábado, hecho que fue denunciado por el sacerdote José Luis Segura Barragán”, se difundió en las redes.
“A través de su cuenta personal de Facebook, el cura denunció la presunta desaparición de los jóvenes, quienes aseguró fueron vistos por última vez a las 22:30 horas del sábado frente al templo parroquial de La Ruana.
Los cuerpos sin vida de los religiosos, los cuales estaban semidesnudos y presentaban huellas de tortura e impactos de bala, fueron localizados este martes en un camino de terracería a 200 metros de la carretera Apatzingán-Buenavista, en las inmediaciones de la localidad San Juan de los Plátanos.
Al respecto, el fundador y exlíder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, responsabilizó a Luis Antonio Torres, El Americano y al grupo delincuencial que supuestamente dirige, denominado H-3, por el secuestro y asesinato de los jóvenes evangelizadores.
Detalló además que uno de ellos, Jesús Ayala Aguilar, se acababa de dar de baja de las autodefensas para seguir en su grupo religioso. Resaltó que el joven perdió a su padre, también autodefensa, en una balacera en diciembre de 2014 contra el grupo de El Americano, en la cual también murió un hijo de Hipólita Mora.
El “levantón” y asesinato de los cuatro evangelizadores religiosos causó conmoción en La Ruana, ya que se les identificaba como “calmados, tranquilos y sin vicios”.
Segura Barragán comentó a la cadena Univisión sobre los riesgos de vivir en esa zona y que constantemente él fue amenazado por integrantes del crimen organizado, quienes afuera de la parroquia cantaban narcocorridos para intimidarlo y por ello se la reubicó a a la capilla de Presa del Rosario, en la ciudad de Apatzingán.
En la sesión de esta mañana el Grupo de Coordinación Michoacán, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, revisó los actos delictivos registrados en los primeros días del presente mes y que están vinculados a la delincuencia organizada.
En ese tenor, los integrantes del grupo recalcaron que se mantendrá mano firme contra el crimen, pues queda claro que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es lo que permite cerrar el paso a quienes pretenden desestabilizar al estado.
En la reunión, que también fue encabezada por el mando especial para la seguridad del estado, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, además de revisar los recientes casos de violencia se presentaron estrategias para combatir a los grupos delictivos que se están disputando algunas regiones de la entidad.
“No podemos cerrar más las puertas a la ciudadanía, no podemos permitir otro Nochixtlán. Nochixtlán no es un hecho aislado. La ciudadanía está cansada de las ‘verdades históricas’, de las omisiones y de la indiferencia institucional. A la ciudadanía es a la que tenemos que rendir cuentas”, sostuvo el diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, presidente de la nueva comisión legislativa que dará seguimiento a ese caso de Oaxaca.
Este martes, integrantes de todos los partidos conformaron la comisión que estará a cargo de la Cámara de Diputados, y el PRD le dio el tono que tendrá: “Atender a las víctimas” del ataque perpetrado por policías de Oaxaca y federales la mañana del 19 de julio pasado, donde oficialmente fallecieron ocho ciudadanos de la localidad y, extraoficialmente, 11.
“Las indagaciones de la comisión que inició en el Senado muestran la crisis institucional de los órganos que deberían ser garantes de la seguridad y los derechos humanos, así como el vacío en el gobierno municipal de Nochixtlán”, abundó el PRD.
Durante la instalación realizada en el salón Protocolo de la Cámara de Diputados, pasadas las 4 de la tarde, el perredista Ortega Álvarez recordó que diversas organizaciones sociales y el comité de víctimas de Nochixtlán han señalado “los pocos o nulos avances de la investigación pero sobre todo la ausencia de rendición de cuentas. La única realidad que hoy tenemos es que estamos muy lejos de conocer lo sucedido y las víctimas de obtener justicia”.
También dijo que la comisión empezará por escuchar a las víctimas y pidió a todos los partidos políticos atender también a “los maestros, sin prejuicios y sin criminalización de facto. Hay que trabajar coordinada y organizadamente porque no podemos cerrar más las puertas a la ciudadanía”,
La presidencia de la comisión estará a cargo del PRD durante los siguientes ocho meses, en que Omar Ortega aseguró que “el trabajo no tiene interés partidista sino de atención a la ciudadanía y por buscar la verdad y la justicia”.
En su programa de trabajo, la presidencia de la Comisión Nochixtlán aseguró que las reuniones con las víctimas, testigos de los hechos y autoridades “serán audiencias públicas”, pero que también se trabajará con organizaciones de derechos humanos.
Entre las primeras reuniones estará una con el secretario de Gobernación, la titular de la Procuraduría General de la República y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por el PRI participa en la comisión Mariana Benítez Tiburcio, cercana a Jesús Murillo Karam; del PAN, Federico Döring; PVEM, Jorgina Gaxiola Lezama; Morena, Virgilio Caballero Pedraza; MC, José Clemente Castañeda; Panal, Angélica Reyes Ávila, y por el PES, Alejandro González Murillo.
VILLAHERMOSA, Tab.- Alrededor de 400 policías y exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron desde la mañana un plantón y movimiento de “brazos caídos” que continuaba esta tarde-noche, en demanda del pago de un bono de 400 pesos para alimentación que ofreció la dependencia tras otra protesta realizada el 15 de septiembre anterior.
Los uniformados, entre francos, activos y expolicías, se plantaron en la explanada de la SSP, retuvieron dentro de las instalaciones un par de horas a unos 200 cadetes y, en principio, exigieron la renuncia del titular de la SSP, Miguel Ángel Matamoros, por no cumplir acuerdos, aunque después desistieron de pedir su dimisión.
El representante del Movimiento Nacional por la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Raúl Jerónimo Amaya, informó que seguirán manifestándose de manera pacífica hasta que se haya un acuerdo escrito para terminar el conflicto.
Los policías exigen el pago de los 400 pesos acordado “verbalmente” durante la protesta del jueves 15 de septiembre, homologación salarial con agentes federales, mejores prestaciones laborales y terminar con el hostigamiento a los inconformes.
Alrededor del mediodía, el director de Gobierno, Roberto Mendoza Flores, se presentó para proponer la integración de una comisión para el diálogo, pero los uniformados se negaron y salió en medio de abucheos.
Los inconformes recordaron al funcionario que no era la primera vez que les daban puras largas, por lo que afloró el disgusto de los policías, razón por la que Mendoza Flores abandonó el lugar.
Uno de los uniformados se subió a la torre de comunicaciones de la SSP y tapó cámaras de C4.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, aseguró que la protesta se resolverá mediante el diálogo, dijo que los policías no están en una posición rijosa y que el pago de los 400 pesos está autorizado y se reflejará en 24 horas en la nómina de los agentes.
La SSP informó que para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PF) y Fiscalía General del Estado (FGE) realizan patrullajes y vigilancia en Villahermosa, así como en los otros municipios de la entidad.
Un juez federal absolvió de los delitos de hostigamiento y abuso sexual a Arturo Zárate Vite, vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante la gestión de Raúl Plascencia Villanueva.
De acuerdo con un comunicado, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Ricardo Garduño Pasten, determinó que Zárate Vite “no es penalmente responsable” de los delitos por los que fue incriminado por dos exempleadas de la CNDH, y detenido el 13 de diciembre de 2012.
La sentencia absolutoria fue emitida el pasado 13 de septiembre, luego de que el juez Garduño cumplió una resolución del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito para revisar la sentencia de la causa penal 103/2012.
En dicha sentencia, emitida en marzo de 2015, el entonces juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Eduardo Torres Carrillo, condenó al exfuncionario a nueve años y nueve meses de prisión y el pago de 15 días de multa.
Según el comunicado, Zárate Vite es beneficiario de una recomendación de la CNDH, la 27/2013, toda vez que siendo acusado por un delito considerado menor, fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde habría sido torturado por custodios adscritos a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Se indica que el abogado defensor, Héctor Rojas Cárdenas, presentó como pruebas de descargo “una docena de testigos, seis de ellos mujeres, que defendieron y avalaron la conducta de Zárate, y confirmaron que en ningún momento incurrió en faltas en su desempeño”.
Durante el proceso, el abogado presentó “más de 50 pruebas, entre videos, fotografías, peritajes y careos procesales que exhibieron las contradicciones de la parte acusadora”.
Zárate Vite fue acusado de hostigamiento y acoso sexual por dos exempleadas del organismo, quienes interpusieron su queja ante la Procuraduría General de la República (PGR) en abril de 2012 y estuvieron representadas por Emiliano Robles Gómez Mont, pariente del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta y de la exdiputada Teresa Gómez Mont Urueta, ambos de extracción panista.
El documento firmado por Zárate Vite y su abogado destaca que en los últimos cuatro años el exfuncionario y su familia “han sido víctimas de daño físico, moral y patrimonial”, por lo que el exvocero de la CNDH “ha solicitado se le indemnice, otorgue una disculpa pública y, a través de gestiones administrativas y legales, sea limpiado su nombre”, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
MONTERREY, NL.- Diputados locales consideraron que el primer año de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador de Nuevo León fue “perdido y mediocre”, pues incumplió con las promesas que lanzó en campaña, además de que se ha negado a establecer acuerdos con el Poder Legislativo.
Para el panista Arturo Salinas, El Bronco no ha llenado las expectativas que generó, cuando el 4 de octubre del 2015 tomó posesión como primer mandatario sin partido en la historia política del estado.
Las encuestas publicadas recientemente por medios nacionales avalan la percepción ciudadana de un desencanto prematuro por el trabajo del mandatario, quien ha descuidado prácticamente todas las áreas de la función pública en la entidad, dijo el coordinador panista.
“Más allá de lo que me parezca a mí o a la bancada del PAN, lo más relevante es lo que perciban los ciudadanos y las encuestadoras y de medios comunicación serios, en el sondeo por el primer año, lo dan todos por reprobado”, dijo.
El legislador consideró que “es evidente que no está cumpliendo. ¿En qué? Pues en todo. Ha decepcionado en materia de transparencia, combate a la corrupción y, en prácticamente todos los asuntos relacionados con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Con un repunte reciente, la inseguridad se relaciona también con el deterioro del nivel de vida de los nuevoleoneses, pues hay una percepción creciente de alarma por los hechos que se viven a diario en la entidad, señaló Arturo Salinas, al cumplirse el primer aniversario de la llegada de El Bronco al poder.
De acuerdo con el panista, la ciudadanía esperaba que Rodrigo Medina, exmandatario estatal, fuera encarcelado al llegar el nuevo gobierno, por ello, hay un sentimiento de fracaso en el combate a la corrupción. La razón, dijo, es que no solamente no se ha podido poner tras las rejas al priista, sino que hay otros casos en los que el gobierno estatal ha fallado.
“El combate a la corrupción ha fallado en general y no sólo en el tema de Rodrigo Medina. A éste se le juntan otros casos como es el de la exalcaldesa Margarita Arellanes, con el de las cobijas, los aviadores y cobro de sobresueldos en el magisterio y los moches de la Secretaría de Salud”, detalló.
Año “modesto y mediocre”
El legislador de Movimiento Ciudadano Samuel García se dijo preocupado por el mediocre desempeño del mandatario Jaime Rodríguez Calderón, pues ha fallado en alcanzar las metas que se fijó desde su campaña y al iniciar la gestión.
“Ha sido un año modesto y mediocre. Ha sido mucho show, pero con muy poco resultado. Se levantó mucho la expectativa y las promesas no se han cumplido. Estamos muy lejos de lo que esperábamos de él como nuevoleoneses”, explicó.
El combate a la corrupción ha sido el principal lado “flaco” de su gobierno, aseguró el legislador. Consideró que a la Fiscalía Especializada le ha faltado armar mejores expedientes para presentarlos ante los jueces, ya que queda la sensación de que los investigadores carecen de elementos sólidos para procesar a los presuntos responsables.
“Los casos de Medina, KIA y el cobijagate dejaron mucho qué desear en el tema de contundencia a la corrupción. Otro tema es la inseguridad, pues muchos delitos se han disparado considerablemente y hay una mayor percepción de inseguridad e intranquilidad en el estado”, dijo.
Sin embargo, García consideró como puntos a favor que el gobierno haya obtenido beneficios con sus programas de austeridad, con la cancelación de los contratos millonarios con las televisoras, la reestructura de la deuda, además de la mayor transparencia que ha exhibido.
Sin diálogo con diputados
A su vez, el líder de la fracción del PRI, Marco González Valdez, consideró que El Bronco ya agotó sus primeros seis meses de confianza que le entregó la ciudadanía, por lo que ahora ya ha subido la presión popular para que cumpla con las promesas de campaña.
“Jaime llegó con una alta expectativa. Muchas promesas se hicieron y a la fecha poco se ha cumplido. Enamoró a todos hablándoles al oído, diciéndoles lo que querían escuchar y ya está despertando toda la gente que votó por él”, señaló.
El diputado priista consideró que la relación del gobernador con el Congreso local ha sido difícil, pues no ha querido aceptar el diálogo con las fuerzas políticas de la legislatura y ha desdeñado las ofertas de negociación que le han presentado en repetidas ocasiones.
“No hemos podido estrechar la mano de Jaime, porque todas las veces que se la hemos ofrecido, nos falla, nos incumple en los acuerdos. No hay relación sólida con él desde que arrancamos. Todo es altas y bajas. Propuse un acercamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, una gran alianza por Nuevo León, como el Pacto con México, pero no hubo respuesta”, dijo.
González Valdez consideró que en este segundo año, El Bronco debe cumplir con las promesas que hizo o la ciudadanía demandará su salida, ya sea para que busque la Presidencia de la República como quiere, o simplemente pidiéndole que deje el puesto porque no puede.
“La gente puede pedir que ya se vaya a su campaña, porque sus aspiraciones son más grandes y, eventualmente, pierda la Presidencia y pierda Nuevo León. No queremos que al estado le vaya mal. Por el contrario, queremos un gobernador fuerte, pero encontramos que este es un gobierno con el que no se puede dialogar”, apuntó.
Luego de que el presunto asesino de “Paola” fue puesto en libertad por el juez que llevó al caso, compañeros de la transexual ejecutada a balazos llevaron esta mañana el cadáver de la víctima al lugar donde ocurrió el crimen, para exigir justicia a las autoridades.
En el cruce de avenida de los Insurgentes Norte y Puente de Alvarado, en la colonia Buenavista de esta capital, las amigas de “Paola” pararon momentáneamente la carroza para demandar que el responsable del asesinato sea sancionado.
El pasado 30 de septiembre, el supuesto cliente detuvo su automóvil en la esquina de Puente de Alvarado y Juan Aldama y ofreció 200 pesos a “Paola” para que se fuera con él, pero casi inmediatamente después de que la sexoservidora abordó el Nissan March gris con placas MXB6583, se escucharon varios disparos.
De inmediato, compañeras de “Paola” corrieron hacia el vehículo y detuvieron al agresor, hasta que llegó la policía, mientras la víctima yacía en el asiento del copiloto.
El sospechoso fue detenido por los uniformados, quienes lo subieron a la patrulla DF301C1 del sector Buenavista para evitar que fuera linchado por las compañeras de “Paola”.
Momentos después el atacante rompió el cristal de la patrulla para intentar escapar, pero fue sometido por los policías y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien presentó al acusado ante un juez de control por el delito de homicidio.
No obstante, el pasado domingo 2 el juzgador dejó en libertad al presunto asesino, por considerar que no había suficientes pruebas para imputarle el delito de homicidio.
En la plataforma Change.org fue subida una petición dirigida al procurador general de Justicia de la Ciudad de México, así como al jefe de gobierno para que el caso se revise y no quede impune el crimen de “Paola”.
Los solicitantes acusan un “sesgo” discriminatorio durante el proceso, y exigen medidas cautelares a favor de las compañeras de la víctima que atestiguaron el crimen, pues aseguran que el responsable, de quien no se dio a conocer su nombre, es integrante de un cuerpo de seguridad privada.
México ocupa el segundo lugar en América Latina con el mayor número de asesinatos contra personas trans, sólo detrás de Brasil. Se estima que 77 personas mueren cada año producto de los crímenes de odio.
Autoridades de IPN denuncian ante PGR a estudiantes agresoresEl sospechoso fue detenido por los uniformados, quienes lo subieron a la patrulla DF301C1 del sector Buenavista para evitar que fuera linchado por las compañeras de “Paola”.
Momentos después el atacante rompió el cristal de la patrulla para intentar escapar, pero fue sometido por los policías y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien presentó al acusado ante un juez de control por el delito de homicidio.
No obstante, el pasado domingo 2 el juzgador dejó en libertad al presunto asesino, por considerar que no había suficientes pruebas para imputarle el delito de homicidio.
En la plataforma Change.org fue subida una petición dirigida al procurador general de Justicia de la Ciudad de México, así como al jefe de gobierno para que el caso se revise y no quede impune el crimen de “Paola”.
Los solicitantes acusan un “sesgo” discriminatorio durante el proceso, y exigen medidas cautelares a favor de las compañeras de la víctima que atestiguaron el crimen, pues aseguran que el responsable, de quien no se dio a conocer su nombre, es integrante de un cuerpo de seguridad privada.
México ocupa el segundo lugar en América Latina con el mayor número de asesinatos contra personas trans, sólo detrás de Brasil. Se estima que 77 personas mueren cada año producto de los crímenes de odio.
Autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para ampliar la denuncia por daño al patrimonio federal en contra de 30 alumnos que mantiene tomadas las instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt 5) Benito Juárez, que se encuentra en la Ciudadela.
Este martes un grupo de estudiantes con el rostro cubierto bloquearon con pupitres, escritorios y demás mobiliario, avenidas aledañas a la Vocacional 5, entre ellas Enrico Martínez, reabierta por policías capitalinos en el transcurso del día.
El lunes, de una comunidad estudiantil de 2 mil 817 estudiantes, poco más de cien alumnos, trabajadores y profesores votaron a mano alzada para suspender actividades. De acuerdo con entrevistados y fuentes de la institución, el cierre fue porque los directivos del plantel realizarían una auditoría ante la denuncia sobre irregularidades administrativas.
Los inconformes, entre los que se encuentran Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (Paas's), exigieron la destitución del director Ernesto Pineda León. Por su parte los jóvenes señalaron que se cubren la cara “por temor a represalias”.
El cierre del plantel dividió opiniones, algunos profesores entrevistados por separado están inconformes con la suspensión de actividades y reiteraron que este sector de alumnos no representa a toda la comunidad de la vocacional 5.
Las autoridades del IPN informaron que con motivo de la toma “violenta” del Cecyt 5 realizada por una treintena de jóvenes con el rostro cubierto, el pasado 1 de octubre la Oficina del Abogado General presentó una denuncia en el Ministerio Público Federal en contra de quien resulte responsable por los delitos de motín y despojo.
La asociación civil Aprender Primero solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de atracción para conocer del amparo que presentó contra los acuerdos firmados por la Secretaría de Gobernación y el gobernador de Oaxaca con la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en los cuales les otorgaron diversas prerrogativas.
Como la asociación civil no está legitimada para pedir el ejercicio de la facultad de atracción, alguno de los ministros tendría que hacer suya la solicitud.
El 16 de abril de 2015, Aprender Primero presentó amparo en contra de diversos acuerdos entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación; así como el gobierno de Oaxaca y la sección XXII del SNTE.
De acuerdo con el amparo 700/2015 del juzgado tercero de distrito en materia administrativa del primer circuito, con estos acuerdos le otorgaron diversas prerrogativas a la mencionada sección, entre las que destacan:
-El otorgamiento de plazas docentes; el derecho a no ser despedido en razón de un mal resultado en las evaluaciones docentes; la conservación de los derechos adquiridos durante la carrera magisterial;
Derecho a obtener incentivos de carácter económico, promociones y demás reconocimientos por buen desempeño; la no aplicación retroactiva de la ley, respecto a maestros que cuenten con derechos adquiridos con anterioridad al once de septiembre de dos mil trece; y El derecho a no ser removido o cambiado en las funciones que venían realizando al once de septiembre de dos mi trece.
El pasado 15 de julio de 2016, el juzgado estableció “que la firma de los compromisos mencionados, se traduce en una violación directa al derecho a la educación, el cual tiene fines claramente establecidos tanto en el artículo tercero constitucional como en diversas instancias internacionales que le imponen al Estado y a los particulares diversas obligaciones consistentes en dotar de los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, así como la idoneidad de los docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos".
A través de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, indicó la sentencia.
Por tales razones, el juzgado concedió el amparo y la protección a la parte quejosa, a efecto que las autoridades responsables dejen insubsistentes los acuerdos firmados el 28 de octubre de 1992, 5 de noviembre de 2013, 27 de mayo de 2014 y 10 de febrero de 2015, relativos a:
El otorgamiento de plazas docentes; el derecho a no ser despedido en razón de un mal resultado en las evaluaciones docentes; la conservación de los derechos adquiridos durante la carrera magisterial.
Así como el derecho a obtener incentivos de carácter económico, promociones y demás reconocimientos por buen desempeño; la no aplicación retroactiva de la ley, respecto a maestros que cuenten con derechos adquiridos con anterioridad al 11 de septiembre de 2013; y el derecho a no ser removido o cambiado en las funciones que venían realizando al 11 de septiembre de 2013.
"Sin que lo anterior implique el desconocimiento a los derechos laborales de los docentes relativos a la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación".
De no acordarse la atracción, sería un tribunal colegiado el encargado de resolver este amparo.
La Unión Comunitaria por el Pueblo de Tepepan y la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco denunciaron que desde hace más de cinco meses una empresa que edifica una obra en Tepepan y que no cuenta con registro de construcción ante la delegación Xochimilco ha talado árboles, por lo anterior, exigieron que las autoridades competentes: PAOT, INVEA, delegación Xochimilco, y Sedema inicien las acciones correspondientes a fin de que se imputen a los responsables, las cuales podrían ir desde medidas administrativas hasta un procedimiento de carácter penal.
Señalaron que la obra se ubica en Avenida 16 de Septiembre, número 2612, en el pueblo de Santa María Tepepan Xochimilco, “y se construye de forma totalmente ilegal una plaza comercial. De nada han servido los sellos de clausura impuestos por la delegación ni la denuncia ante las autoridades, ya que la empresa con toda impunidad ha continuado con sus labores”.
Indicaron que en el exterior de la obra se muestra “una manifestación de construcción con un número de folio del cual no existe registro en la delegación Xochimilco, por lo que la empresa además de no contar con ningún tipo de permiso, presenta documentación falsa”.
Los quejosos responsabilizaron a la delegación Xochimilco por la tala ocurrida este martes, ya que no ha tomado las medidas suficientes para suspender de forma definitiva una obra que no cuenta con ningún permiso.
Acapulco, Gro. El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), Robespierre Moreno Benicio, recalcó que hay en proceso 5 mil 500 jubilaciones de profesores en edad del retiro, que el gobierno federal no tiene contemplado cubrirlas.
En referencia a las protestas realizadas por padres de familia el lunes pasado, las cuales se presentaron en dos jardines de niños y en una escuela primaria, Moreno Benicio recalcó que “hoy son los padres de familia los que están exigiendo maestros en las instituciones, es un derecho de los compañeros que una vez que cumplieron los años de servicio, se jubilan”, y advirtió que “van a venir tiempos difíciles, pues esta reforma no previó cubrir estos espacios”.
Explicó que para solventar el problema, maestros presentaron un proyecto al gobernador Héctor Astudillo Flores para mitigar los faltantes que se van a presentar. Moreno Benicio puntualizó que un tema pendiente con el gobierno estatal, es la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, (Issspeg).
Precisó que “son 5 mil 500 compañeros que tienen edad para jubilarse, 10 mil que ya están jubilados, quedarían 4 mil activos, no pueden sostener el resto de horas, en el caso del magisterio. Es ineludible que la Federación aporte o dé a conocer la auditoría actuarial”.
Señaló que “no se están cubriendo los espacios que faltan por cubrir en las escuelas, y eso no sucede solamente en los jardines de niños, el problema se va a venir en el nivel medio superior, hay compañeros en edad de jubilarse”.
Explicó que “en este momento se trata de prejubilaciones, en tres meses el gobierno no va a resarcir esos espacios. Hay compañeros administrativos que podrían cubrir, le conviene al gobierno del estado, pues solamente les daría una nivelación”.
Reveló además que alrededor de 100 compañeros maestros federales, que resultaron idóneos, ya trabajando frente a aula, y no se les ha pagado durante un año. Moreno Benicio recalcó que otra exigencia en el sector educativo, son las demandas de los propios alumnos.
Manifestó que “en el nivel medio superior alumnos deben pagar de manera semestral una cuota, se está demandando la gratuidad que pregona el gobierno federal”.
Cancún. En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión, y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas debido a que los créditos que contrataron son impagables, usureros o anatocistas, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil “Abogados de Cancún”.
En entrevista con La Jornada, el litigante exhortó a quien tenga planes inmediatos para comprar vivienda a buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho para no ser sorprendidos con créditos impagables o anatocistas (intereses sobre intereses); en el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos.
Señaló que en 2015, de acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas “de interés social” en el municipio de Benito Juárez, de las que casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros.
“En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados, y ahora muchos van a quedarse sin casa por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Hablo de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado.
El jurista aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses.
En ese sentido, González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad contra gente imposibilitada para pagar.
José Luis Navarro argumentó que con esos antecedentes, “al menos durante los próximos dos años mucha gente va a perder sus viviendas porque les están cobrando intereses sobre intereses que no pueden pagar, no tienen liquidez debido a los créditos suprime, que se liberaron a cualquier persona, emulando a Estados Unidos.
“Los resultados están a la vista: la gente no puede pagar, y lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos pero también estoy seguro que conforme pase el tiempo los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante.
El jurista dijo que por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude ya sea de una hipotecaria o en la compraventa fraudulenta de una transacción donde no reciban el inmueble, pero sí paguen o el vendedor desaparezca.
“En las nuevas transacciones con terrenos o casas, el comprador debe ser asesorado o representado por un abogado; si no es así, y quien vende no está certificado, se cae en el supuesto de un delito de fraude”, de acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, que advierte que ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos que “nada más van a subir conforme al salario mínimo”.
Explicó que el artículo 13 de la Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los leguleyos a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y los artículos 421 al 425 de la misma legislación, marcan que también pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y a sus asesores que no estén certificados, pues como peritos en leyes tienen que estar presentes para dar certeza al comprador.
Oaxaca, Oax. Catedrático y alumnos pertenecientes a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) encabezados por su rector, Eduardo Bautista Martínez presentaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (Ddhpo) una queja por la toma de Ciudad Universitaria que este martes cumplió 15 días sin operaciones, esto por parte de una fracción del Sindicato de Trabajadores Académico (Stauo).
El rector demandó la liberación inmediata de las instalaciones que han impedido que más de 15 mil estudiantes tomen clases en las últimas tres semanas y criticó la actitud de algunos de los funcionarios de su administración quienes han mantenido la toma en lugar de priorizar la solución mediante el diálogo.
Asimismo informó que ya se han entablado denuncias penales en contra de igual numero de funcionarios de la universidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias, aunque prefirió omitir los nombres para no entorpecer las investigaciones.
Bautista Martínez agregó que su intención no es la de utilizar a la fuerza pública para recuperar las instalaciones, sino que lograrlo mediante el diálogo; lamentablemente, dijo, los manifestantes del Stauo se han mostrado cerrados e intransigentes ante las mesas de diálogo en las que también toma parte la Secretaría General de Gobierno.
Ante el visitador General de la Ddhpo, el maestro Juan Rodríguez el rector hizo entrega de la queja para que se emitan medidas cautelares a favor de los estudiantes de la Uabjo.
Cabe destacar que la toma de la CU por parte de Stauo inició como respuesta a la toma de la facultad de Enfermería por parte de integrantes del Sindicato Universitario de Maestros (Suma), esto luego de que la directora Luisa Chávez cesará a un grupo de catedráticos.
Veracruz, Ver. El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se reunió la tarde de este martes con familiares de los jóvenes desaparecidos donde les dio información sobre la indagatoria y con quienes se trabaja de manera coordinada.
Con base en la indagatoria, se ha descartado ya la hipótesis de un secuestro, al no existir desde la fecha en que ocurrieron los hechos una exigencia de rescate a cambio de su libertad. Asimismo, y de acuerdo a los indicios localizados, el fiscal investigador hará el desglose correspondiente a la PGR por existir elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada.
El pasado sábado 1 de octubre se abrió en Boca del Río la carpeta de investigación por la desaparición de tres jóvenes de identidad resguardada, una de sexo femenino y dos de sexo masculino, hechos que ocurrieron el jueves 29 de septiembre, fecha en que los familiares dejaron de tener contacto con ellos.
Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento, se activaron los protocolos de búsqueda y localización de personas, en los que se incluye la colaboración de todas las fuerzas que conforman el Operativo Coordinado Veracruz entre ellos Policía Naval, Ejército, Fuerza Civil y Seguridad Pública.
De forma paralela, en Veracruz se inició otra carpeta de investigación por la desaparición de otro joven de sexo masculino, por hechos ocurridos el 29 de septiembre, por lo que se activaron también los mismos protocolos de búsqueda y localización.
Ambas indagatorias son integradas por los fiscales investigadores, con los diferentes datos de prueba aportados por los policías ministeriales y peritos, y no serán concluidas hasta su total esclarecimiento.
Fundación Telefónica trajo a México la iniciativa Locos X Ciencia en la que un grupo de jóvenes científicos buscan interesar a estudiantes de secundaria y preparatoria en el mundo de la ciencia echando mano de sus “dotes artísticas”, y la claridad de lenguaje para hacer entender a los adolescentes que la biotecnología, genética, tecnología o neurociencias entre muchas otras especialidades, forman parte de su vida cotidiana, son una opción educativa y un medio de vida.
Nidia Chávez , subdirectora de Fundación Telefónica México explicó que el colectivo Big Van Científicos sobre Ruedas estará en México del 4 al 6 de octubre en el Centro de Cultura Digital, donde se reunirán con aproximadamente mil 200 estudiantes; así como con 90 profesores que asistirán a talleres en los que estos científicos les mostrarán la forma de introducir a sus alumnos al mundo de la ciencia de manera divertida e interesante.
La dinámica de este encuentro consiste en que cuatro integrantes de Big Van hacen una presentación a los estudiantes sobre diversos temas, así se enteran que los transgénicos son alimentos genéticamente modificados que por lo regular son consumido; que los mutantes en realidad no son tan espectaculares como los X-men porque mutar quiere decir cambiar y todos tenemos cambios en nuestro organismo, y tal vez la mayor decepción para los asistentes haya sido que Wolverin no tiene cualidades genéticas de un lobo, sino de una lagartija porque son quienes pueden regenerar la piel casi de forma automática.
La tarea con la que salen de este espectáculo-taller los adolescentes consiste en grabar con su teléfono celular un monólogo sobre ciencia y lo inscriban en Fundación Telefónica.
Los creadores de los tres mejores Monólogos por la ciencia visitarán la NASA con el apoyo de la Fundación y de Robotix, la institución de educación tecnológica para niños y jóvenes pionera en México.
El doctor en Biomedicina y divulgador científico Pablo Barrecheguren, que no pinta más de 30 años habló ante el público del mito seudocientífico de si en verdad usamos sólo 10 por ciento del cerebro, y así un poco en broma y un poco en serio introdujo a los estudiantes al mundo de la neurobiología.
Pablo explicó que la vocación por la ciencia se descubre poco a poco, mientras conoces más quieres aprender. “No es bueno que los chavales se sientan presionados desde pequeños a saber que quieren ser de grandes”.
“Decidi tomar el camino de la divulgación científica cuando asistí a un Monólogo por la Ciencia, los vi actuar y dije a mi esto me gusta porque le quitas la etiqueta anquilosada, seria y acercas a los chavales que están muy desmotivados”.
Nidia Chávez explicó que esta iniciativa es parte de una estrategia que tiene Fundación Telefónica de poner en relieve las mejores iniciativas educativas en el mundo, y en este caso específico incentivar las vocaciones científico tecnológicas.
Destacó que la falta de interés por carreras científicas es una constante en América Latina. En el caso de México, estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hablan de que el 78 por ciento de los jóvenes en México no tienen interés por cursar una carrara científica porque lo ciente lejano, difícil, ajeno; y está propuesta loq ue tarta es demostrar a los jóvenes y docentes que hay formas creativas y dinámicas que se pueden implementar en el aula, pueden hacer que el jóven entienda “que no sólo no es difícil sinoq ue es fantástico y esto tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo del país y de la región”.
Nidia Chávez destacó que en México esta iniciativa fue posible por la participación de aliados como Robotix que es una fundación mexicana dedicada a la robótica educativa, y la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Representantes de empresas como Sky, Televisión Azteca, Uno TV, Axtel, Discovery y Ultra entre otros coincidieron en que la competencia entre la televisión de paga y los servicios de video bajo demanda (OTT) se va a definir por la capacidad del bolsillo de los usuarios, sus gustos y la calidad del servicio que ofrezca cada empresa.
Durante su intervención en el foro Nextv Series convocado por la consultoría Dataxis, la directora de Televisión Azteca Internacional, Fidelia Navarro señaló que la empresas se prepara para un gran cambio que se concentra en la generación de contenidos de alta calidad, porque los consumidores ya no se conforman con una o dos series.
Dijo que ahora la demanda de contenidos por parte de los usuarios obliga a las empresas a un cambio de estructuras y modelo de negocios, por lo que en Televisión Azteca el cambio va desde nueva programación, producción y distribución, adquisición de contenidos y el tema central de derechos.
Marco Rojas Kury, director de Mercadotecnia de Sky aseguró que los millenials no se han dado “a la fuga” de los contenidos de televisión para concentrarse en los de OTT, aseguró que entre el 52 y 58 por ciento de personas de ese segmento generacional ven televisión más de 3 horas al día.
Señaló que en el negocio de la televisión de paga y en el de los OTT las cosas se “van acomodando”, ya que el negocio de la televisión de paga hatenido un crecimiento espectacular, lo que se refleja en que desde 2009 el número de suscriptores se ha multiplicado por seis, y hay enetración en 60 por ciento de los hogares mexicanos.
Mientras que en los OTT ha tenido un crecimiento constante y la mayoría de las empresas que dan servicios de televisión restringida tienen su propio OTT.
Señaló que una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señala que de los usuarios de Internet, solo el 22 por ciento tienen OTT; de esos el 44 por ciento tienen Netflix; el 40 por ciento tiene Claro Video y el resto uno o varios de los otros, porque no es excluyente, pueden tener dos o tres.
Mayra Santander, gerente de Contenidos de Uno TV, destacó que el reto de cualquier empresa en este momento es atraer a la llamada generación Z integrada por “nativos digitales” por lo que deben repensar sus modelos de negocios.
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) resolvió modificar su estatuto orgánico, a fin de adaptarlo a las reformas constitucionales, legales y administrativas recientes y, en general, para agilizar los trámites y procedimientos que las distintas áreas técnicas del Instituto atienden.
Entre los cambios más significativos se armoniza el estatuto orgánico con las reformas constitucionales en materia de transparencia; combate a la corrupción; unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar cuantía del pago de obligaciones; y en actualización con la reforma política de la Ciudad de México.
El Pleno del Ifetel acordó que será atribución de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales tramitar y evaluar las solicitudes de acceso a la multiprogramación de los concesionarios y permisionarios de radiodifusión, someter al Pleno el proyecto de resolución respectivo, así como autorizar la asignación de canales virtuales de televisión digital terrestre a concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida.
Asimismo se crea la Dirección General de Cumplimiento y Verificación de Regulación Asimétrica dentro de la Unidad de Cumplimiento, a efecto de verificar en forma exclusiva a los Agentes Económicos Preponderantes, o aquellos que tenga poder sustancial en el mercado relevante.
En materia de gobierno abierto, se establecen las políticas internas para conducirse de forma transparente, generar condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés, crear mecanismos para rendir cuentas de las acciones del Instituto y promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su desempeño.
Las modificaciones al Estatuto Orgánico del Ifetel entrarán en vigor a los diez días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Apenas unas horas después de que asumiera formalmente el cargo de gobernador del estado de Chihuahua el panista Javier Corral, el presidente Enrique Peña Nieto, le ofreció la colaboración del Ejecutivo federal con la nueva administración estatal.
A través de su cuenta de Twitter Peña Nieto escribió: “Le deseo éxito al Gobernador @Javier_Corral. Cuenta con el @GobMX para trabajar juntos en beneficio de los chihuahuenses”.
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó frenar la difusión de la campaña del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vía redes sociales, por considerar de manera preliminar que es legal y no constituye propaganda personalizada.
Por dos votos a favor y uno en contra, dicha comisión respaldó el proyecto del área ejecutiva del INE, según el cual estos videos y la inclusión de un sello distintivo de esa campaña fueron pagados con recursos privados, y no con dinero público.
“No hay impedimento para que los servidores difundan opiniones a través de videos pagadas con recursos privados siempre que no sea promoción personalizada”, aseguró el proyecto contradiciendo las quejas del PAN y del PRD.
En la sesión, celebrada esta tarde, San Martín se confrontó verbalmente con sus colegas Adriana Favela y Beatriz Galindo.
San Martín advirtió que el artículo 134 constitucional prohíbe que aparezca la imagen, voz, nombre o símbolos alusivos a un funcionario con fines de promoción personalizada y sin importar si esto se hace en televisión, radio o redes sociales.
Además hizo ver que la cuenta de Twitter del funcionario no es privada, ya que se requiere una dirección electrónica de la dependencia gubernamental, para poder acceder.
Favela aseguró que para ver información en redes sociales se requiere la voluntad del ciudadano, porque se debe tener una computadora, acceso a Internet e incluso tener una cuenta en Twitter y Facebook.
San Martín señaló irónica que para ver un promocional en televisión también se necesita tener un aparato de televisión, luz y otros aspectos.
“Qué lastima que las personas no entiendan lo que estoy diciendo. Una cosa son los promocionales en televisión. Eso es distinto a lo que son las redes sociales. Para eso necesitas tener la voluntad de acceder a esa información”, insistió Favela.
San Martín les preguntó a sus colegas: ¿Para que creen que un servidor usa una marca sino es para promocionarse?
Galindo eludió responder diciendo: “No es una pregunta dirigida a mí”.
Galindo replicó que si bien es propaganda gubernamental, no hay elementos para pensar que el funcionario busque posicionarse en el futuro y en todo caso, la difunde con fines informativos y de orientación social.
San Martín insistió que además el proyecto obviaba el contexto político actual, en el que Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador o Rafael Moreno Valle, discuten de cara a la elección presidencial de 2018.
Favela también defendió al secretario de Gobernación con el argumento de que busca mostrar lo que hace “de manera sencilla, más clara” para que la gente no tenga que leer todo su discurso.
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, sostuvo que esta central no está en contra de la nueva reforma laboral de justicia cotidiana, pero se quejó de que no han sido escuchados los planteamientos que tiene el sector obrero en torno a esta iniciativa.
En el marco de 73 asamblea general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio de la República Mexicana (Sitatyr), el dirigente indicó: “no nos han llamado para nada”, al movimiento obrero organizado mayoritario que son la CTM y el Congreso del Trabajo, no los invitaron a los foros de discusión.
Sostuvo que la central obrera que encabeza no se ha manifestado en contra de la iniciativa, pero se tiene que adecuar.
El dirigente cetemista incluso sostuvo que “quieren hacer esta reforma porque hay un compromiso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), de aligerar la carga laboral a las empresa y darles mayores facilidades a los inversionistas” pero se tiene que tomar en cuenta a todos los actores, como son los sindicatos.
Por su parte, el dirigente del Sitatyr, Patricio Flores, comentó que para este sector, la reforma de telecomunicaciones sí ha tenido resultados, porque de un año a otro, se han generado mil 300 nuevas plazas y por ejemplo, este sindicato ya está conformado por más de 17 mil trabajadores.
Planteó que también para los particulares ha tenido beneficios, porque bajaron los precios de la televisión por paga, se ha invertido más en infraestructura y hay más competencia con la apertura de nuevo canal de televisión.
Flores dijo que incluso ha habido capacitación para los trabajadores del ramo y la gente no se ha quedado sin empleo, pues en muchos casos se ha aprovechado su experiencia, ha habido cambio de funciones y se han abierto espacios para que los trabajadores laboren por ejemplo en la digitalización de material. Frente al cambio tecnológico “hemos dado la batalla y la estamos ganando” los trabajadores, expuso.
Respecto al concierto del sábado pasado en el Zócalo capitalino, en el que se presentó el legendario bajista y fundador de Pink Floyd, Roger Waters, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que ‘no costó dinero’ ya que es ‘una realización que hace desde hace muchos años’ la administración de la ciudad.
Mancera señaló que con más de 200 mil asistentes, esta fue la mayor concentración” jamás registrada “que ha albergado el Zócalo” de la Ciudad de México en, aseguran algunos, toda la historia de las presentaciones artísticas de las que ha sido escenario dicho paraje.
Aseguró que el concierto de Roger Waters tuvo saldo blanco, manifestando el trabajo coordinado y la logística montada por los realizadores y elementos de seguridad, con el objeto de resguardar la seguridad de los presentes a lo largo del performance.
Con respecto al mensaje político” emitido por el cantante en contra de las propuestas del candidato Republicano para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, refirió que “él es un artista con libertad y” sabe “manejar al escenario” y a su público.
Mancera Espinosa rectificó que los fondos para el concierto fuero sufragados por ‘esquemas’ de patrocinio, así como también de managers y publicidad que acompañan al cantante británico.
“Nada más” en materia de “seguridad es en lo que la ciudad tiene que gastar, pero bien vale la pena”, comentó.
A través de la página de Facebook “Xoxtla en línea”, los pobladores insisten que el edil Miguel Ángel Hernández Ramírez ha generado violencia en más de una ocasión contra sus propios gobernados. En este caso fue contra la ciudadana Dulce Ponce y su familia.
Dulce Ponce y sus familiares fueron golpeados, según acusan los vecinos de Xoxtla, Puebla, en una página de Facebook. Foto: Periódico Central.
Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente municipal electo de Xoxtla, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por golpear a Dulce Ponce y a su familia durante el festejo patronal en la población.
El edil es acusado por los vecinos en diversas cuentas de Facebook por hacer su propia ley en el municipio. Aunque no se especifican los daños causado a Dulce Ponce y tres de sus familiares, la conducta de Hernández Ramírez ha sido reprobada en otras ocasiones por la gente de Xoxtla.
Incluso los pobladores convocan ya a una manifestación el próximo sábado 8 de octubre a las cuatro de la tarde para solicitar su renuncia. La cita se realizará en la plaza pública del municipio y se está citando a otros agraviados por el edil para que lo hagan público.
A través de la página de Facebook “Xoxtla en línea”, los pobladores insisten que el edil ha generado violencia en más de una ocasión contra sus propios gobernados. El primer hecho violento, según denuncian, ocurrió en el año 2013 cuando también en las fiestas patronales golpeó a otro vecino identificado como Guadalupe Guerrero.
Los escándalos de Miguel Ángel Hernández continuaron en 2015 cuando fue exhibido por un ciudadano que lo captó en video cuando ingería bebidas alcohólicas con otros servidores públicos dentro de la Presidencia Municipal.
El poblador que grabó el video y quien se mantiene en el anonimato, reveló que no es la primera ocasión que el edil se reúne a tomar en la presidencia, pues días antes precisó que realizó un trámite y al cruzar por el salón de cabildo, vio varios vasos de cerveza y al fondo el alcalde bebiendo en el balcón de su oficina.
A esto se suma la golpiza que dio en estas fiestas patronales a la vecina de Xoxtla, cuyos familiares han preferido no emitir más denuncias y solamente vía redes sociales, los pobladores insisten en que el edil debe de renunciar por sus confrontaciones constantes con los vecinos.
El poblador que grabó el video y quien se mantiene en el anonimato, reveló que no es la primera ocasión que el edil se reúne a tomar en la presidencia, pues días antes precisó que realizó un trámite y al cruzar por el salón de cabildo, vio varios vasos de cerveza y al fondo el alcalde bebiendo en el balcón de su oficina.
A esto se suma la golpiza que dio en estas fiestas patronales a la vecina de Xoxtla, cuyos familiares han preferido no emitir más denuncias y solamente vía redes sociales, los pobladores insisten en que el edil debe de renunciar por sus confrontaciones constantes con los vecinos.
Secuestra a un burro y pide mil pesos de rescate
Luego de robarse un burro de un patio en el municipio de Motul en Yucatán , un joven intentó pedir un rescate de mil pesos al propietario, si querían volver a ver a ‘Filemón’.
Don Gilberto , el propietario del burro, acudió a la policía municipal del estado para informar sobre la desaparición de un asno que se encontraba amarrado en el patio de su casa.
A los pocos minutos, recibió una llamada de un desconocido advirtiéndole que tenía secuestrado al burro y que si lo quería de vuelta tenía que pagar un rescate por la cantidad de mil pesos.
Antes de colgar le indicó que estuviera al tanto del teléfono, pues haría una segunda llamada para informarle donde entregarle el dinero a cambio del animal.
Lo que el inexperto secuestrador no sabía era que al momento de realizar la amenazante llamada, don Gilberto se encontraba en la comandancia policial, y de inmediato se emprendió un sigiloso operativo para atrapar al delincuente.
Una vez que llegaron al sitio acordado, los agentes municipales lograron detener al delincuente y regresó el asno a su propietario, pasó unas horas dentro de la cárcel, pero salió al poco tiempo pues don Gilberto no quiso levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Adiós Banamex… ahora se llamará CitiBanamex
El Banco Nacional de México (Banamex) cambia su nombre, a partir de este martes, a CitiBanamex, como parte de una estrategia del grupo financiero globlal que proyecta una inversión de 25 mil millones de pesos en los próximos cuatro años.
El director general del grupo financiero, Ernesto Torres, anunció: “A partir de hoy, el Banco Nacional de México será conocido como CitiBanamex”, con lo que todos sus productos, sucursales, página web, entre otros, tendrán la nueva marca.
Torres Cantú también aseguró que “esta es la inversión más grande que está haciendo CitiGroup en el mundo” y ello refleja el compromiso de la institución con el país, “que sigue ofreciendo verdaderas oportunidades de crecimiento”.
Durante la presentación oficial de la nueva marca, en sus oficinas de Santa Fe, participó el presidente de Citigruop, Jamie Forese, así como directivos de la entidad financiera a nivel global.
Torres Cantú detalló que esta inversión es adicional a los 20,000 millones de pesos que anunció en 2014 y está enfocada principalmente a la banca digital, ampliación de sucursales y en general, a mejorar la experiencia del cliente.
“En cuatro años debemos, por mucho, ser el banco con la mejor experiencia bancaria en el país, que sea fácil trabajar con nosotros, sencillo, intuitivo, omnicanal”, dijo.
Asesinan a catedrático de la UNAM y sepultan su cadáver en el jardín de su casa
Vidal Zavala Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue ejecutado y sepultado en el jardín de su casa, en la delegación Xochimilco.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México encontró el cadáver, luego de recabar la declaración de su novia, María Guadalupe, quien fue secuestrada por uno de los sujetos que mataron al abogado.
Con base en la indagatoria CI-FXH/XO-2/UI-3/C/D/1577/09-2016, el catedrático fue atacado en su casa, ubicada en Paseos del Sur, donde estaba con su novia y su hija de un año de edad, precisa la nota.
Hasta ahora las investigaciones apuntan a un robo, dado que en días recientes el profesor había cobrado un cheque de pago hipotecario por un millón de pesos. Incluso había signos de búsqueda y saqueo en la casa de Zavala Rosas.
La información del cheque fue confirmada por el banco HSBC, donde se solicitaron los movimientos financieros de la víctima en los últimos tres meses.
Al parecer, Zavala Rosas, quien daba clases sobre amparo en la Facultad de Derecho, fue golpeado antes de ser asesinado y enterrado.
Según el diario, la Policía de Investigación busca a tres individuos y dos conductores de taxi que podrían haber colaborado con el traslado de la novia del profesor a varios domicilios, antes de que fuera liberada cerca del Reclusorio Sur.
Antes de irse, Cué debe saldar deuda de 2 mil 500 mdp a proveedores: Coparmex
El gobierno de Gabino Cué Monteagudo adeuda a proveedores 2 mil 500 millones de pesos que debe liquidar antes de que concluya su administración, porque no se vale que herede esa deuda al nuevo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Así lo señaló el nuevo presidente del Centro Empresarial de la entidad (Coparmex), Raúl Ruiz Robles, quien se comprometió a trabajar a favor de la educación, el desarrollo de las instituciones y las políticas eficaces con transparencia y rendición de cuentas.
Al presentar a los integrantes de su consejo directivo, Ruiz Robles dijo que Gabino Cué dejó a los empresarios oaxaqueños un sabor amargo de boca, y precisó que la salud, pobreza, empleo y seguridad son los cuatro problemas que aquejan a la población oaxaqueña.
De igual manera, lamentó que diez municipios con los índices más bajos del país correspondan a Oaxaca, y subrayó: “Tenemos que trabajar con la generación de participación ciudadana, equidad e igualdad de género, y seguridad”.
El empresario también se refirió a los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, y lamentó que a 106 días no se hayan asumido medidas claras, por lo que exigió castigo a los responsables de la muerte de al menos ocho personas.
Ruiz comentó que el pasado sábado 1 asumió el cargo y permanecerá dos años, periodo en el que –dijo– trabajará con los titulares de las secretarías de Gobernación y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras dependencias federales, para ver el impulso del comercio en Oaxaca.
Anticipan nueva condena de la CoIDH al gobierno de Peña por caso Atenco
Víctimas de los operativos policiacos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, anticiparon una nueva condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por tortura sexual, detención ilegal y arbitraria, así como falta de debido proceso y denegación de justicia.
En conferencia de prensa, seis de las 11 mujeres que denunciaron el caso de la represión y tortura sexual durante la intervención violenta de fuerzas policiacas federales y del Estado de México recordaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, dos años después de no encontrar justicia en el país.
Los representantes de las denunciantes, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron que durante diez años la respuesta del Estado mexicano ha sido la falta de voluntad política para investigar y sancionar la cadena de mando y a los autores intelectuales.
Apuntaron que en diciembre de 2015 la CIDH dio a conocer el Informe de Fondo del caso, que concluye la responsabilidad internacional del Estado, pero que ante la falta de respuesta y al menos tres solicitudes de prórroga por parte de representantes de México, es que el organismo determinó enviar el caso a la CoIDH el pasado lunes 17 de septiembre.
También aclararon que si bien el Sistema Interamericano no establece responsabilidades individuales, en el informe enviado a la Corte habría una mención de la pertinencia de investigar sobre la responsabilidad de quien era gobernador del estado, Enrique Peña Nieto.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, apuntó que si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no establece “responsabilidades penales individuales”, el Informe de Fondo de la CIDH “sí menciona la necesidad de indagar la posible responsabilidad de quien fuera gobernador del Estado de México, al menos en dos niveles, el primero en la posible emisión de declaraciones que comprometieran la posible independencia de las investigaciones y, en un segundo, a la ausencia de investigación de la posible responsabilidad de la cadena de mando”.
Stephanie Brawer, del Centro Prodh, delineó la ruta por la que transitará el caso antes de que la CoIDH emita su sentencia, muy probablemente antes de que Peña Nieto termine su mandato.
La abogada explicó que durante nueve meses, después de que el Estado fue notificado del Informe de Fondo, “no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo, y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos”.
Araceli Olivos Portugal destacó que “actualmente hay dos procesos penales en los que policías de bajo rango están siendo procesados, pero ningún mando medio o superior ha sido llamado a declarar y mucho menos acusado por los abusos”.
Consideró injustificable la falta de una investigación exhaustiva, sobre todo porque “la cadena de mando está disponible para el Estado desde 2006, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó responsabilidades en razón del mando, determinó que éstas debían indagarse, amén de que en su resolución calificó como inexcusable e incomprensible en un operativo de esa magnitud supervisado por aire y por tierra que ninguna acción se haya tomado para detener la represión”.
Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, destacó que el caso de las mujeres de Atenco se sumaría a la lista de “ocho casos envidados a la CoIDH contra México, tres con sentencias relacionadas con la violencia sexual contra mujeres, lo que significa que no es un problema resuelto y que el Estado no ha dado los resultados adecuados”.
En nombre de sus compañeras Claudia Hernández, Patricia Torres e Italia Méndez recordaron que hace diez años, cuando denunciaron las agresiones sexuales durante las detenciones arbitrarias, fueron tachadas de “mentirosas” y de “aprehenderse el manualito”, por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México, en tanto que quien fungía como gobernador, Peña Nieto, se comprometió a “castigar si se comprobaban los abusos”.
Al señalar que cuando fueron detenidas los policías les decían que nada les habría ocurrido “si se hubieran quedado en su casa a hacer tortillas”, Claudia Hernández, quien estuvo cinco años sometida a proceso penal, puntualizó que la decisión de la CIDH de enviar el caso a la Corte es prueba de que “no somos mentirosas, y que el Estado es responsable de lo que nosotros denunciamos, de su ineficacia y denegación de justicia”.
Patricia Torres, quien hace una década con 23 años preparaba una tesis en Ciencias Políticas que no concluyó, puntualizó que la pretensión de las 11 mujeres de llevar el caso ante el tribunal interamericano es la búsqueda de justicia en hechos que involucraron a “143 detenidos, entre ellos más de 40 mujeres, y dos muertos”.
Italia Méndez, quien en 2013 rindió su testimonio en una audiencia en la CIDH, dijo que las mujeres de Atenco recibieron la noticia con “júbilo, porque hace diez años se castigó la rebeldía de un pueblo, pero ahora nuestra pretensión es que se castigue a los responsables y a la cadena de mando, para que nunca más vuelva a ocurrir otro Atenco”.
Méndez apuntó que las mujeres de Atenco esperan que su caso sirva para sancionar otros similares, en los que mujeres han sido víctimas de tortura sexual y se encuentran en las cárceles del país, “y romper el círculo de impunidad”.
