Desde que Javier Duarte de Ochoa pidió licencia, hasta que se supo oficialmente que había una orden de aprehensión en su contra, pasaron siete días. Una vez que se supo que se desconocía su paradero, la indignación empezó a crecer entre los familiares de las víctimas de la violencia en la entidad y la sospecha de que “pudo se ayudado a huir” en contubernio con las autoridades federales, entre los analistas y políticos.
Hace nueve días que Javier Duarte de Ochoa pidió licencia para dejar la Gubernatura de Veracruz y para, luego, esfumarse. Tras de sí, el político priista dejó una estela de indignación en las familias de víctimas de la violencia en la entidad, analistas y políticos que, afirman, “no se tragan” la versión de una fuga intempestiva.
El pasado 12 de octubre, Duarte de Ochoa pidió licencia a su cargo y hace siete días se supo oficinalmente que había una orden de aprehensión en su contra, dictada por la Procuraduría General de la República (PGR). Antes, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz, aseguró que tenía información de que el ex mandatario habría huido en helicóptero, con su familia y con la ayuda del también priista Flavino Ríos Alvarado, Gobernador interino de la entidad.
“Él [Duarte] sigue teniendo todo (…). Sabemos que salió de Xalapa el sábado, pero no sabemos a dónde fue. Si la PGR llama a los pilotos, los pilotos tendrán que confesar hacia dónde lo llevaron”, dijo Yunes Linares a XEU el 17 de octubre.
Fue el miércoles 19 de por la mañana cuando Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó lo que era un rumor: que no se sabía nada de Javier Duarte.
“No sabemos nada de Duarte, tampoco hay información de que haya salido legalmente del país. Creemos que puede estar en México”, reconoció Osorio Chong en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.
Ese día, por la tarde, Arely Gómez González, Procuradora General de la República, confirmó que el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
“A partir de ese momento y con la certeza de que se tenía a una orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial competente, en ese momento es cuando se empieza a trabajar para su ubicación, pero siempre respetando absolutamente el debido proceso y los derechos humanos del presunto. El gabinete de seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible ubicación […] Los delitos por los cuales se liberó la orden de aprehensión es por delincuencia organizada y lavado de dinero”, dijo la funcionaria federal.
La noticia de un Javier Duarte prófugo causó malestar en varios sectores de la población, sobre todo veracruzana.
Un día después de que Duarte pidió licencia a la gubernatura de Veracruz, los familiares de los desaparecidos opinaron que para ellos no significaba nada, porque él no gobernaba desde hace tiempo.
“Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue ahí. La estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura, sigue intacta”, afirmó Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.
Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda María Herrera y miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidos de la Red de Enlaces, afirmó que el gabinete de Javier Duarte estaba “infestado por Los Zetas”.
“Más allá de hablar del Fiscal, de Zurita, todo el gabinete de Javier Duarte estaba infestado de Zetas. Yo se lo dije y el decía que no era así. El tema en Veracruz es que no dimensionaron tanto daño que estaban ocasionando y se les salió de las manos. Es triste ver cómo Zurita renuncia para poder irse y no hacerse responsable de los desaparecidos y los crímenes que se cometieron durante su gestión”, consideró.
Lucía de los Ángeles agregó que Duarte era un “hombre degradado” y “una basura orgánica”.
“Él ya es historia. Lo que le espera es el escarnio y con eso nosotras estamos conformes. ¿De qué le sirve la vida en la condición que la vivirá él? Como un paria rechazado, indeseable. Que siga vivo todo lo que quiera, que viva su vida, hasta en libertad, porque a sus hijos le espera una vida de familia indeseable. Por eso nosotras no tenemos que llevarlo a ningún banquillo de los acusados, él no podrá escapar aunque corra”, dijo Lucía a SinEmbargo.
Sin embargo, cuando se supo que estaba prófugo, con una orden de aprehensión en su contra, la activista no dudó en afirmar que Duarte no se les escapó, sino que lo dejaron ir.
EL DUARTE QUE NO SE FUGÓ: ACTIVISTAS Y VÍCTIMAS
Uno de los primeros activistas que reaccionó a la fuga de Duarte fue el padre Alejandro Solalinde Guerra, quien escribió en su cuenta de Twitter: “es inaceptable que se les escape Javier Duarte los vuelve cómplices PGR, lo advertimos”, escribió en Twitter.
Lucía de los Ángeles dijo a SinEmbargo que “todo estuvo concertado” y Carlos Trujillo consideró que: “Lo de Duarte no es más que un pacto de impunidad que se coloca desde la cúpula del poder. Lo de Duarte era un acuerdo ya previsto para que pudiera dejar sus funciones y le pudieran dar tiempo para que huyera”.
Araceli Salcedo, mamá de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez , desaparecida desde hace cuatro años, dijo que la fuga de Duarte era “indignante para todas las familias”.
“Ellos no pueden decir que está desaparecido, desaparecidos están nuestros hijos; él se fugó, no desapareció. Se fugó con la ayuda de alguien más, de alguna autoridad. No pueden decir que se fugó en un helicóptero y que nadie se dio cuenta, fue una cortina de humo muy grande y la verdad es indignante. Nosotros tenemos un dolor, un coraje, una rabia al ver la situación que estamos viviendo, la peor ola de violencia”, afirmó Salcedo.
Araceli Salcedo agregó: “Estamos aterrorizados. Ahora lo hizo él, ¿te imaginas cuántos gobernantes lo pueden hacer en réplica en todo el país? Nos queda claro que la justicia no existe para nosotros, sólo para la corrupción, el poder y las alianzas; para los convenios que ellos tienen. Nosotros decimos que desde nuestras trincheras luchamos contra la delincuencia organizada y contra la delincuencia autorizada que es el Gobierno”.
Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal y el ex candidato a la gubernatura veracruzana por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abonó a la hipótesis de que Javier Duarte no se fugó, pues tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron la oportunidad dese principios de marzo de quitarle el fuero y luego, llevarlo tras las rejas.
El legislador explicó en entrevista con este medio digital que Morena propuso en la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Javier Duarte. Fueron el PRI y el PAN, los partidos mayoritarios, los que le dieron largas y no apoyaron la iniciativa.
“Ahora que el presidente del PRI anda hablando, ahora que ellos tienen mayoría, porqué no ordena a todos su diputados a que le den trámite al juicio político de Duarte en la Cámara para desaforarlo y, si el PAN hubiera querido, ya lo hubieran hecho”, planteó.
García Jiménez consideró que la PGR y el Gobierno federal no van en serio contra Duarte, debido a que la acusación por corrupción ni siquiera alcanza prisión preventiva, como sí sucede en caso de una investigación por omisión, complicidad o autoría intelectual del asesinato de periodistas: “el mismo Rubén Espinosa [fotoperiodista asesinado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México] lo acusó directamente a él de su persecución”, recordó.
PERSECUCIÓN: UNA SIMULACIÓN MÁS
Los expertos también se pronunciaron sobre la orden de aprehensión girada en contra de Duarte y su fuga: dijeron que se trataba de una simulación, un cálculo político del Gobierno federal y del PRI rumbo a las elecciones de 2018.
Incluso no dudaron en compararlo con el caso de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, prófugo de la justicia.
“Los procesos en contra Duarte y Padrés se hacen con una motivación política, no se hacen porque se haya violado la Ley; porque si fuera eso, desde hace mucho que había indicios, se sabía, tenían señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Esto es por las condiciones políticas que se dieron a raíz de las elecciones del año pasado y sobre todo la de este año. Los partidos se pusieron a simular que están haciendo algo contra la corrupción”, dijo José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Crespo Mendoza opinó que en los casos de Guillermo Padrés, ex Gobernador del PAN, y Duarte de Ochoa del PRI, ambos partidos quizás decidan irse a fondo, en una competencia ante el electorado de “quién lucha más contra la corrupción”.
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que el PRI y el Gobierno federal mantienen una impartición inequitativa de la justicia y que, posiblemente, hubo un acuerdo para retrasar o aminorar las posibilidades de aprehensión de Javier Duarte.
Para el analista, el PRI como partido, no tiene la intención de ir por el resto de los ex gobernadores de la fuerza política con señalamientos de corrupción y lavado de dinero.
“Hay una acción diferenciada con otros gobernadores y están equilibrando en términos de Padrés. Sobre detener a otro ex Gobernador, los que quedan son del PRI. Es claro el argumento del presidente del PRI [Enrique Ochoa Reza] en el sentido de que corruptos hay en todos los partidos”, dijo.
López Montiel agregó que Duarte de Ochoa no podría ser detenido aunque quisieran, porque aún mantiene su fuero constitucional.
“UNA RAYA MÁS AL TIGRE”
Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), opinó que el caso Javier Duarte, es una “falla imperdonable”.
“Es una falla imperdonable de nuestro sistema de procuración de justicia. Tenemos a un Gobernador con licencia, que incluso al solicitarla dice que enfrentará las acusaciones en su contra; no veo porque la Procuraduría no le puso un marcaje personal que nos permitiera saber dónde está. La sociedad no debería perdonar esto a los responsables; del ámbito de responsabilidad que sea, no debe quedar impune: no me refiero a Duarte, sino al órgano gubernamental que tenía bajo su responsabilidad el caso”, dijo.
El investigador afirmó que lo sucedido con el Gobernador con licencia Duarte de Ochoa, tendrá un costo político para el Gobierno federal y para el PRI.
“Si esto no se resuelve, será una raya más al tigre. El costo político aún no se sabe, pero el Presidente ha venido perdiendo el respaldo de los no priistas, y el PRI ha venido perdiendo el voto de los priistas no convencidos y no clientelares”, explicó.
Para Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex), la fuga de Duarte abona al terreno del Estado fallido.
“¿Cómo queda la Presidencia? Ambos, la Procuradora y el Secretario de Gobernación son responsables ante [Enrique] Peña Nieto. Es un ladrillo más en ese muro de lamentaciones mexicanas, porque no es Duarte el primero que se fuga, hay varios ex gobernadores que no aparecen y que deberían ser puestos ante un juez y estar en la cárcel: el de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora. Duarte es uno más de una serie que está abonando el terreno del Estado fallido”, expuso Meyer Cossío.
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), puso en duda que haya dos gobernadores, uno licencia y otro ex Gobernador, prófugos. Lo comparó con un “cotorreo”.
“Hay dos gobernadores prófugos y la Procuraduría no los encuentra por ningún lado. Es cotorreo ¿no? El tema es que sí es preocupante. No podemos tener este tipo de Gobierno. Debe haber una reflexión pública, política y nacional. Debe haber una reforma y obligar a los partidos a que los candidatos que postulen sean personas honestas probadas, porque tenemos un problema profundo de involucramiento de la clase política en actividades ilícitas”, finalizó.
¿Y LA FAMILIA DE JAVIER DUARTE?
El 18 de octubre la PRG anunció la detención de dos mujeres por estar relacionadas con la investigación que se lleva a cabo en contra de Javier Duarte. La mujeres fueron detenidas por “los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, en el marco del caso Veracruz”.
Sin embargo, hasta el momento la dependencia federal no ha ido por ningún miembro de la familia de Duarte. De hecho, los suegros del Gobernador con licencia se ampararon el lunes 17 para evitar se detenidos.
Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, padres de Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte, solicitaron el recurso ante una posible alerta migratoria en su contra.
El matrimonio se amparó en contra de cualquier acción por parte del Ministerio Público Federal y el Titular de la Segunda Agencia Investigadora de la Coordinación General de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en la Ciudad de México.
De acuerdo con documentos consultados por el diario Reforma, el Servicio de Acción Tributaria (SAT) indaga, desde agosto pasado, las cuentas en bancos mexicanos de los suegros de Javier Duarte.
Fuente: Sin Embargo| Shaila Rosagel
