El escudo de la NSA en sus oficinas en Fort Meade, Maryland. Foto: AP
El Grupo Ecuación, el supuesto cuerpo de hackeadores de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA, por sus siglas en inglés) utilizó las direcciones IP de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la UNAM y de instancias educativas de distintos estados del país para llevar a cabo acciones cibernéticas.
El grupo de hackeadores llamado “The Shadow Brokers” publicó hoy un archivo que contiene una lista de 292 direcciones IP y 302 nombres de dominio de distintos portales electrónicos en 49 países del mundo, entre ellos México, China, Japón, Corea, España, Alemania, India, Italia y Rusia.
El archivo publicado hoy revela que el Grupo Ecuación sembró en los servidores atacados distintas herramientas electrónicas llamadas Dewdrop, Incision, Jackladder, Orangutan, Patchicillin, Reticulum, Sidetrack y Stoicsurgeon.
Los servidores de la Sedesol – sedesol.sedesol.gob.mx___148.233.6.164– y de la Segob –segob.gob.mx___200.38.166.2–, por ejemplo, fueron infiltrados por Jackladder.
Además de la Sedesol y de la Segob, la NSA hubiera penetrado en tres servidores de la UNAM, dos del el Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) — info.ccs.net.mx___200.36.53.160 – y uno de la Universidad Iberoamericana de Puebla — www.pue.uia.mx___192.100.196.7–, entre otros.
La NSA hubiera infectado estos servidores a través de Solaris, un método de ataque cibernético conocido como “Amenaza Persistente Avanzada” (APT, por sus siglas en inglés).
Un APT comienza cuando hackeadores introducen un virus electrónico en la red de una organización. Este virus se desarrolla en el sistema con un perfil bajo durante cierto tiempo, buscando más brechas en la seguridad. Posteriormente recolecta los datos del servidor de manera prácticamente indetectable e incluso puede apoderarse del sistema informático.
En agosto pasado, los hackeadores de Shadow Brokers subieron a Internet una lista de herramientas cibernéticas utilizadas por el Grupo Ecuación en sus operaciones de infiltración y espionaje electrónicos.
El pasado 20 de octubre, tres procuradores federales de Baltimore inculparon a Harold Martin III –un excontratista de la NSA– por violar la Ley de Espionaje. Según los agentes, el hombre hubiera robado 50 terabytes de archivos clasificados de la dependencia –“una cantidad extraordinaria”, según la justicia–.
Una fuente de seguridad aseguró al Washington Post que Martin es el “primer sospechoso” en la filtración de las herramientas de espionaje de la NSA al grupo de hackeadores Shadow Brokers.
Alfredo y sus dos primos Cervantes
Los tres primos han adquirido enorme poder dentro del gobierno federal y se cubren entre sí. De esa manera y a pesar del pésimo desempeño en diferentes áreas, Alfredo Castillo se ha mantenido favorecido por Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México donde fungió como procurador general de justicia en sustitución de Alberto Bazbaz, luego del ‘caso Paulette’, hasta llegar como comisionado para Michoacán el año pasado y ahora director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Con una carrera de policía más que política o deportiva, en 2002 Alfredo Castillo se desempeñó como director de Planeación Estratégica de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y posteriormente como director de Servicios de Seguridad Privada en la Secretaría de Seguridad Pública. También fue subprocurador regional del municipio de Cuautitlán Izcalli.
Egresado en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Iberoamericana y con estudios en economía financiera en la Escuela Bancaria y Comercial, Castillo se integró al equipo de Peña cuando ganó la presidencia como subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la PGR.
El 20 de mayo del 2013, nuevamente por decisión de Peña Nieto, Castillo fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para sustituir a otro miembro del equipo peñista, Humberto Benítez Treviño, quien se vio envuelto en el escándalo que generó su hija Andrea Benítez al mandar cerrar el restaurante Máximo Bistrot porque no le dieron una mesa cuando ella quería.
Seis meses después, Alfredo Castillo llegó a Michoacán como enviado especial de Peña Nieto quien el 15 de enero del 2014 lo nombró comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de esta entidad que el propio jefe del ejecutivo había reconocido tenía zonas controladas por los Caballeros Templarios.
Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para “servicios personales” y los más de 28 millones restantes para “gastos de operación”, según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta en un año de vida: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la región de tierra caliente convirtiéndolas en fuerzas rurales al mando de la Secretaría de Seguridad Pública michoacana.
Días antes de renunciar a su cargo, el 22 de enero del 2015, al comparecer ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, Castillo dijo que en Michoacán ya no existían problemas de inseguridad, tampoco extorsiones y que la violencia se había reducido a niveles tolerables pues la gente podía salir a comer tacos a altas horas de la noche.
Afirmó que los problemas eran de conflicto social y citó datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) según los cuales la entidad se ubicaba en el lugar 25 de 32 y que de 194 secuestros denunciados en 2013 el año pasado solo hubo 13.
“No podemos hablar hoy por hoy que exista un Estado fallido cuando a diferencia y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”, argumentó ante los legisladores.
No obstante, el amigo del presidente Peña Nieto dejó Michoacán hundido en una crisis económica y de violencia.
El secretario de la Cámara Nacional de Comercio en Michoacán, Gonzalo Zaragoza Méndez, afirmó que durante el año en el que estuvo como comisionado más de mil 400 comercios fueron cerrados y de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 2014 fue el año más violento en la historia de la entidad con dos mil 638 homicidios, con lo cual pasó del cuarto al segundo estado más violento del país con más de mil 52 homicidios dolosos.
Asimismo fue uno de los 10 estados con los mayores registros de secuestro (121) y extorsión (275).
El expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, acusó a Castillo de haber pactado con personajes de historia oscura acusados de pertenecer al crimen organizado, como los hermanos Uriel y Juan José Farías Álvarez.
El exvicario de Apatzingán, el padre Gregorio López, denunció que Alfredo Castillo pactó también con Los Viagras, un grupo integrado por los hermanos Sierra Santana y a quienes contrató para formar el grupo de élite conocido como G-250 que era el que entraba a la vanguardia en los enfrentamientos con los Templarios.
Esta alianza con Los Viagras terminó muy mal pues al no recibir el pago prometido, integrantes de este grupo tomaron la presidencia municipal de Apatzingán a principios del 2014 para presionar a Castillo, quien en lugar de cumplir su palabra mandó a la Policía Federal y al Ejército para desalojarlos lo que provocó una matanza de 16 personas la noche del 6 de enero.
Días después de estos hechos Castillo renunció a su cargo de comisionado para la seguridad de Michoacán y semanas más tarde fue nombrado por orden presidencial titular de la Conade sin mérito ni conocimiento deportivo alguno.
Para entonces Alfredo Castillo había sido llamado a declarar por el juez que lleva el caso de José Manuel Mireles para que aclare sobre la detención del exlíder de autodefensas de Michoacán, vista por muchos como una traición porque se había comprometido a apoyarlo en su movimiento ciudadano liberador del crimen organizado y terminó acusándolo de narcotraficante y portador ilegal de armas de uso exclusivo del ejército.
A pesar de este historial negro, Alfredo Castillo fue impuesto en la Conade donde provocó una serie de conflictos y escándalos que afectaron a la representación de México en las Olimpiadas de Río de Janeiro.
En uno de estos conflictos fue denunciado por el Comité Olímpico Mexicano de presuntas amenazas, presiones y actos de corrupción dentro de algunas federaciones deportivas que recurrieron a la Suprema Corte de Justicia para denunciar el abuso y arbitrariedad gubernamental.
Castillo fue también acusado de usar recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) para pagar cerca de 100 mil pesos mensuales a un grupo de amigos que revistió como entrenadores de atletas de élite, de acuerdo con la investigación de la reportera Beatriz Pereyra (Proceso 2078).
Entre los amigos beneficiados están Israel Valero, presidente de la nueva Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón; Ricardo Langre, a quien quiso imponer como presidente de la Federación Mexicana de Tenis; Julio César Everardo, representante del basquetbolista Gustavo Ayón y organizador de certámenes, y Bruno Rodríguez, un administrador de negocios; María Tzinnia Macías González, una psicoterapeuta que estudió en el Instituto Mexicano de la Pareja; Luz María Bárbara Pérez Zaragoza, una “técnico en dietética”, a quien los atletas no conocen, y Jorge Iván Martínez Rentería, un entrenador de un tipo de acondicionamiento con ligas conocido como TRX.
En los Juegos Olímpicos de Río 2016 el amigo del presidente Peña tambipen se vio involucrado en una serie de escándalos como llevar a su séquito de servidores, su masajista y a sus amigas a Brasil, pero con cargo al erario, por lo que lo obligaron a regresar antes de que terminara la justa deportiva.
Durante la inauguración fue fotografiado con la ex Miss Distrito Federal, Jaqueline Tostado Madrid como su acompañante, quien estaba vestida con el uniforme que llevaban los deportistas en la inauguración del evento.
Luego, a seis miembros de su comitiva se les retiraron las acreditaciones con las que tenían acceso a las competencias por haberlas prestado a miembros de una de las cadenas de televisión privada quienes publicaron en redes sociales videos que no estaban permitidos.
Al final, la participación deportiva de la delegación mexicana dejó mucho que desear. De la actuación en Londres 2012 cuando se obtuvieron siete medallas olímpicas (un oro, tres platas y tres bronces) y en 21 pruebas los atletas mexicanos terminaron en los primeros ocho lugares, en Brasil únicamente se lograron tres platas y dos bronces.
A pesar de su fracaso en las Olimpiadas de Río de Janeiro, Castillo fue ratificado en la Conade por decisión de su amigo Enrique Peña Nieto y apoyado por sus primos Raúl Cervantes Andrade, nuevo titular de la PGR, y sobre todo del consejero de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, con quien ha trabajado de cerca desde la administración peñista en el Estado de México.
A lo largo de su carrera que empezó en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Humberto Castillejos y Alfredo Castillo hicieron equipo con otros personajes polémicos, entre ellos Tomás Zerón, quien el pasado 14 de septiembre tuvo que renunciar a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de sembrar las osamentas de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en el río de Cocula.
En el 2010 cuando Alfredo Castillo Cervantes era el titular de Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Tomás Zerón, estaba como director general de la unidad de Análisis e información de la dependencia. Por su parte, Castillejos era asesor en la PGR cuando el titular era Arturo Chávez Chávez.
Zerón, luego de renunciar a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, tras las imputaciones hechas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), inmediatamente fue nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
Esta decisión protectora hizo que las miradas se dirigieran hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Humberto Castillejos Cervantes, hijo del exsubprocurador de la República, Marcos Castillejos Escoba, quien fue ejecutado por unos sicarios en 2008 cuando llegaba a su despacho, ubicado en la avenida Mazatlán 102, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/DF/SPE/3813/2008-07, Marcos Castillejos fue director de Reclusorios capitalino y suegro de Luis Cárdenas Palomino, director de Investigación de la AFI y uno de los hombres cercanos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Calderón.
Cárdenas Palomino estuvo involucrado en las indagaciones de la muerte de Enrique Salinas de Gortari realizadas por la procuraduría del Estado de México en las cuales acreditaron que días antes de ese asesinato, el yerno de Castillejos habría hecho llamadas desde el celular de un funcionario de la PGR al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE| JOSÉ GIL OLMOS
