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- Investiga EU denuncias por corrupción contra OHL en México
- La empresa española FRV se adjudica proyecto de planta solar en México
- Vinculan a mineras canadienses con hechos violentos en México
- Despide Pemex a 7 mil trabajadores en Campeche y Tabasco
- Desabasto de Pemex genera crisis en sector químico, denuncia la ANIQ
Investiga EU denuncias por corrupción contra OHL en México
Estados Unidos investiga también a la empresa OHL por las denuncias de corrupción en México.
De acuerdo con información del diario digital de España El Mundo, la United States Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense, investiga la denuncia de sobornos a unos empresarios mexicanos, estrechamente relacionados con el presidente de México Enrique Peña Nieto.
La SEC centra sus pesquisas, preliminares en la firma estadounidense Barrier Systems Sales and Service LLC, cuya matriz es la también norteamericana Lindsay Corporation, que consiguió un contrato público en el Estado de México de 19.6 millones de dólares para vender unas máquinas de control de barreras móviles para autopistas.
Esos equipos, dice la nota de El Mundo, estaban destinados a su uso en la autopista Viaducto Bicententario, y se vendieron a otra empresa mexicana llamada Operadora Barrier de México SA, cuyo nombre se asemejaría al de una posible filial de la estadounidense, pero que en realidad no tenía nada que ver con aquella, asegura el denunciante.
Éste sostiene también que la sociedad mexicana se creó apenas mes y medio después de que se licitara el concurso público, y que OHL México le compró las máquinas de barreras móviles por al menos el doble de los 19.6 millones de dólares originales. La diferencia de precio habría constituido, pues, el soborno.
Según el registro mercantil mexicano, uno de los consejeros de la empresa que vendió las máquinas a OHL es Ricardo Arturo San Román -amigo del presidente Peña Nieto, asegura el denunciante- al que habría vendido una mansión cuando el actual mandatario era, en el año 2007, gobernador del estado de México, el que precisamente licitó el concurso.
Los problemas llegaron cuando la empresa Infraiber recibió el encargo del gobierno mexicano de auditar las autopistas privatizadas. El gasto en las máquinas de barreras móviles, presuntamente innecesarias para la autopista y por ello arrumbadas bajo un puente desde su compra según Infraiber, ha sido denunciado por el abogado de la auditora a la SEC, ya que la empresa americana supuestamente dio órdenes a OHL México, afirma la denuncia, para que le comprara las máquinas a su falsa filial mexicana.
La SEC investiga así la relación entre la empresa de su país y la mexicana, así como la compra de las máquinas por parte de OHL México.
El pasado 11 de octubre se asignaron dos analistas de la SEC a este caso, según la documentación a la que ha accedido El Mundo, medio digital al que OHL ha subrayado que la SEC no investiga directamente ni a la matriz española ni a su filial mexicana. También afirma que fue la Barrier System de EEUU la que dirigió a la constructora a su presunta filial mexicana, por tener ésta la licencia en exclusividad para vender las máquinas en ese país. Además, según OHL, el precio no fue en absoluto inflado, porque incluía el montaje de una fábrica para producir 22 kilómetros de barreras móviles. Fuente: Proceso| La Redacción
La empresa española FRV se adjudica proyecto de planta solar en México
La compañía española Fotowatio Renewable Ventures (FRV) fue adjudicada con 300 megavatios en la segunda subasta eléctrica del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y generará energía solar que beneficiará a 76 mil 100 hogares.
La empresa de desarrollo de plantas solares fotovoltaicas indicó en un comunicado difundido por la agencia Notimex, que el proyecto empezará a construirse a mediados de 2018 y estará operando un año después, a mediados de 2019. La obra generará 250 puestos de trabajo locales y 20 más durante el periodo de operación, abundó.
La planta solar generará energía limpia para abastecer a unos 76 mil 100 hogares y al mismo tiempo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en unos 97.7 millones de toneladas de dióxido de carbono.
“México es uno de los mercados con más recursos de fuentes de energía renovable, lo que presenta numerosas oportunidades para FRV e inversores internacionales”, afirmó Rafael Benjumea, director general de la compañía.
Añadió que el éxito de FRV en la subasta, “marca un hito” porque refuerza la presencia de la compañía en América Latina y respalda sus planes de expansión global.
“Nuestra cartera de contratos en el país, sumada a nuestra experiencia y competitividad, nos sitúa en buena posición para seguir participando en futuras subastas”, subrayó.
El gobierno federal estableció como meta para el 2024 que el 35% de la generación de electricidad proceda de energías renovables, y planea construir más de 15 mil megavatios de nueva capacidad instalada de energía renovable.
FRV entrará al país con una tarifa muy competitiva de 26.99 dólares sobre megavatio hora (MWh).
La empresa opera en el mercado de América Latina desde el 2013 y también lo hace en otros países como Australia, India, y otros de Medio Oriente y África. Fuente: Proceso| La Redacción
Vinculan a mineras canadienses con hechos violentos en México
En los últimos 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos: ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia, según un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses.
De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 países del subcontinente, en 11 de los cuales murieron personas, ya sean líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, pero también activistas, mineros, policías, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas.
El informe destacó que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas –212 de ellas eran líderes comunitarios opuestos al proyecto minero– y en 709 casos se reportaron acciones de “criminalización” de la oposición a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas.
Con base en este padrón, la organización observó la “proximidad” entre los proyectos, la violencia y la criminalización, así como la “posible complicidad” de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos. Estas empresas, abundó, se alían con los gobiernos para frenar la protesta social y, en algunos casos, con grupos criminales.
Un ejemplo: El 7 de abril de 2015 un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí; (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.
Tres días más tarde, con el afán de apagar la polémica que generaron sus declaraciones, McEwen se retractó y ofreció una disculpa por el “malentendido”, que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
En su informe el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, señaló que en sus informes de actividades las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
También observó que cuando las mineras informan sobre un acto violento, suelen minimizar la tensión social generada por la actividad minera. Un ejemplo, mencionado en el estudio, ocurrió en octubre de 2015, cuando la policía nicaragüense desalojó con violencia un bloqueo que paralizaba las operaciones de la mina El Limón, propiedad de B2Gold. El operativo resultó en la muerte de un policía; además, 31 personas resultaron heridas.
En un comunicado sobre el evento, la minera aseveró: “El gobierno de Nicaragua instruyó a la policía remover el bloqueo ilegal, detener a los responsables por sus acciones violentas que dejaron muerto a un policía y heridas a otras personas, y restablecer el orden civil en la ciudad de El Limón. El bloqueo fue removido exitosamente por la policía, y los trabajadores pudieron volver al trabajo”.
Es más, en ciertos casos, como el de Barrick Gold Corporation, la violencia se considera como “parte del negocio”, deploró el JCAP. En su informe anual más reciente, la empresa reconoció que, al implementar “un número de medidas y salvaguardias” en una subsidiaria de Sudáfrica, no hay garantía de que el personal de seguridad actúe de acuerdo con los estándares internacionales.
Uno de los principales problemas, que subrayó el JCAP en su informe, recae en la responsabilidad de las empresas en violaciones a los derechos humanos. En junio pasado un colectivo de 180 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en la que le exhortaron a implementar un mecanismo eficiente de rendición de cuentas de las empresas mineras en el extranjero.
“En muchos casos la empresa o el Estado implementaron la ley para desincentivar la protesta o agobiar a los líderes sociales opuestos a la minería mediante procesos legales o encarcelamientos”, señaló el informe, al añadir que según los nuevos lineamientos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los actores del sector privado deben ir “más allá” de las leyes nacionales y adoptar códigos de conducta conformes con los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El JCAP también señaló la relativa inutilidad del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero.
De acuerdo con la organización, el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, y el NCP investigó cinco casos desde 2011. Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
Despide Pemex a 7 mil trabajadores en Campeche y Tabasco
Villahermosa, Tab. Alrededor de siete mil trabajadores han sido despedidos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en zonas de Campeche y Tabasco informó este jueves Jaime Córdova Castillo, subsecretario de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
El funcionario precisó que “el número es significativo”, ya que, explicó, muchos tabasqueños radicaban en Campeche y fueron dados de baja.
David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno del estado, sostuvo ayer que si Tabasco ocupa el primer lugar en desempleo es precisamente debido a la crisis petrolera, porque de esa empresa han despedido a miles de tabasqueños.
Expositores de pequeñas y medianas empresas que participaron en el quinto Foro Petrolero Oil & Gas Expo Procura 2016, que se realiza en la capital tabasqueña, acusaron que la mala aplicación de la reforma energética coadyuvó a que empresas contratista de Pemex perdieran contratos, situación que abonó al desempleo que se vive en el estado. Fuente: La Jornada| René Alberto López
Desabasto de Pemex genera crisis en sector químico, denuncia la ANIQ
El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Patricio Gutiérrez, denunció que la falta de proveeduría de materias primas derivadas del crudo y del gas natural por parte de Pemex genera una situación crítica a la industria química.
Esta rama de la economía, abundó Gutiérrez Fernández, en este 2016 ya acumula una disminución en sus ingresos de 20%, por la incapacidad de fabricar sus productos.
El directivo advirtió, en el marco de la inauguración del 58 Foro Nacional de la Industria Química, que la escasez de muchos productos que provee Pemex llega al grado de que en varios de éstos la empresa no puede ni siquiera cumplir con los volúmenes de proveeduría comprometidos con sus clientes.
El líder de la ANIQ resaltó que “esta situación ha generado un importante desabasto para nuestra industria, y subsecuentemente para las industrias a las que nuestro sector provee, como son la automotriz, industria pilar del desarrollo de México, la del cuidado personal, alimentos y el campo”.
Enseguida subrayó que la producción de derivados del metano y etano y aromáticos se redujo durante 2015 en más de un millón 400 mil toneladas, mientras que de enero a agosto del presente año la reducción es prácticamente de un millón de toneladas adicionales.
Esta situación, alertó, se vuelve aún más preocupante para aquellos productos donde su importación es inviable (muchos productos químicos son peligrosos) o la infraestructura requerida en estos momentos es inexistente.
También deploró que mientras los precios bajos del petróleo y gas natural en el entorno internacional han permitido a muchas naciones lograr ser más competitivas, en México “sorpresivamente no ha sucedido”, pues en nuestro país se han dado algunos incrementos de precio en insumos.
Según datos de la ANIQ, como consecuencia de la reducción de proveeduría y la pérdida de competitividad, el valor de la producción del sector químico decreció el último año en 2 mil millones de dólares, y el valor de las exportaciones disminuyó en 27%, equivalente a 3 mil mdd.
Por si fuera poco, el consumo nacional aparente tuvo en decrecimiento de 8%, equivalente a casi 3 mil 200 mdd, respecto del año anterior, rompiéndose así el crecimiento sostenido que la industria tuvo por más de 15 años consecutivos. Peor aún, el déficit de la balanza comercial superó por segundo año consecutivo los 20 mil mdd. Fuente: Proceso| La Redacción
