Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Benjamin Flores
–“Los santos se santifican, las ratas se ratifican”
–El aval a Arely y a Cervantes, permiso para robar
–Calderón y Anaya, los unen las complicidades
¿Qué poderosas razones tienen los senadores panistas y perredistas para ratificar a Raúl Cervantes como el persecutor de los criminales en México si por su tenaz defensa de los intereses priistas y de Enrique Peña Nieto lo rechazaron, hace un año, como ministro de la Corte? Una sola: La complicidad entre consumados y potenciales delincuentes.
Este aberrante aval no es sólo la abdicación del Legislativo ante el Ejecutivo ni el desprecio del Senado a su función constitucional de deliberar sobre la idoneidad de un abogado como Cervantes para virtualmente ser fiscal por nueve años, sino algo peor: Es un pacto de impunidad transexenal para los que se van y para los quieren llegar o contra un indeseable.
Como parte de este mismo pacto de impunidad –que claramente es para joder a México– Arely Gómez dejó a Cervantes la Procuraduría General de la República (PGR) para encabezar la Secretaría de la Función Pública (SFP), dos pilares del flamante Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que Peña y sus compinches de PAN y PRD ya liquidaron sin siquiera haber iniciado su operación.
Muchos no lo saben y otros se hacen tontos, pero en la tarea fundamental de investigar y perseguir delitos federales que Cervantes tiene ya a su cargo gravita su relación familiar con dos personeros de Peña: Sus primos Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia, y Alfredo Castillo Cervantes, un comodín para las tareas sucias.
Pero en esta colusión no están solos PRI, PAN y PRD, así como los paraestatales Partido Verde y Nueva Alianza –los partidos del infausto Pacto por México–, sino también los intereses de la élite empresarial, financiera y mediática, como Televisa y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), precisamente a los que Arely y Andrade han servido.
Las complicidades se extienden también a organizaciones civiles patrocinadas desde la élite económica como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que preside el magnate Claudio X. González, hijo del ideólogo y operador del sector empresarial del mismo nombre, y expresidente de la Fundación Televisa, que a su vez encomia interesadamente los cambios.
González Guajardo, que defiende un combate selectivo de la corrupción, avaló los nombramientos de Gómez y de Cervantes, a quien pidió diálogo con la sociedad civil y la academia sobre la Fiscalía Anticorrupción, que está adscrita a la PGR y que es formalmente clave en el SNA.
“En la construcción de la Fiscalía nos jugamos en buena medida el Sistema Nacional Anticorrupción y el combate a la corrupción y a la impunidad en el futuro”, declaró González a la revista Expansión, justo cuando está en curso el procedimiento en el Senado para definir al fiscal que, se prevé, será también al gusto de los mismos que nombraron y avalaron al procurador.
El primer fiscal anticorrupción durará en el cargo sólo hasta noviembre de 2018, o hasta que la PGR se convierta en Fiscalía General de la República, y los subsecuentes fiscales anticorrupción serán nombrados por el titular de esta nueva instancia, muy seguramente Cervantes, acusado de golpeador por su exesposa Angélica Fuentes.
¿Alguien puede rebatir que en este pacto de impunidad se inscribe, también, el reparto que hizo el Senado de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que además de manera inconstitucional aumentó los periodos de éstos para que califiquen no sólo las elecciones de 2018, sino las 2024?
Con este reparto de magistrados los partidos del Pacto por México sientan las bases para que las elecciones federales de 2018 –y aun las de 2024– sean declaradas nulas si así conviene a sus intereses, porque es la instancia que tiene la última palabra en materia electoral, un modelo corrompido por el dinero sucio.
Pero, sobre todo, con Cervantes se garantiza la impunidad plena a Peña y a los funcionarios de su gobierno. Las dos prioridades del jefe máximo del priismo son concluir el sexenio y cuidarse las espaldas. Lo segundo ya lo logró.
No sólo eso: El pacto de impunidad, con Cervantes Andrade como epicentro, implica que gobernadores bajo sospecha de corrupción como el perredista Graco Ramírez, el panista Rafael Moreno Valle, el priista Eruviel Avila o cualquier sátrapa gobernador, alcalde, legislador o dirigente sea intocable habiéndose confabulado su partido con Raúl Cervantes para hacerlo procurador y luego fiscal.
Y más aún: El aval de la élite a Cervantes y Arely Gómez significa, sobre todo, impunidad para los delincuentes de cuello blanco, los beneficiarios de los contratos de miles de millones de dólares en Pemex, CFE, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como las concesiones multimillonarias también en telecomunicaciones, energía, agua…
¿Por qué, ante el aval de sus senadores, los presidentes del PAN, Ricardo Anaya, ha guardado silencio, y del PRD, Alejandra Barrales? Por la misma razón que lo han hecho Margarita Zavala y Felipe Calderón, su marido y coordinador de su precampaña: Porque son parte sustantiva de las complicidades, de la corrupción…
Con los casos de Arely Gómez y Raúl Cervantes cobra vigencia la voz popular: “A los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y a las ratas se les ratifica”.
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Fuente: Proceso| ÁLVARO DELGADO
