Arely Gómez celebra su designación como titular de la SFP. Foto: Miguel Dimayuga
Organizaciones civiles (nacionales e internacionales) y diversas personalidades demandaron que los nombramientos de los nuevos titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) sean “transitorios”, dado que –consideraron– Arely Gómez y Raúl Cervantes no tienen los perfiles para “los retos que enfrentan ambas instituciones” y tampoco cuentan con “la legitimidad ni reconocimiento”.
En un comunicado, en el que reprueban la “total ausencia de rendición de cuentas”, los firmantes señalan que las designaciones que se hicieron esta semana van en contra de “compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto”.
Además cuestionan la sumisión del Senado de la República porque “no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión y el debate”.
Los activistas destacan que por la forma en que se llevaron a cabo los nombramientos, no hay garantías de “confianza y legitimidad” para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y la construcción de una Fiscalía autónoma, ni que los cargos sean ocupados por personajes con “perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo”.
De acuerdo con el documento, los cambios en el gabinete demuestran “la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones”.
En el caso de la designación de Arely Gómez al frente de la SFP, “viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la alianza para el Gobierno Abierto”.
Sostiene que “para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria. Esta consulta nunca se realizó”.
En cuanto a la asignación del procurador, apunta, lo que se advierte es “la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”.
Pese a que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas en la materia exigieron un diálogo para “diseñar el organismo autónomo procurador de justicia”, así como para definir el perfil más adecuado, “el presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad”, sobre todo en temas del conocimiento del sistema penal, así como “su probidad y compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia”, añaden los activistas.
Asimismo, recuerdan que Cervantes Andrade pretendió formar parte de la terna para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que “la designación de un senador que quiso ser ministro, pero ahora es procurador, daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre éstos”.
Las organizaciones hacen un “extrañamiento directo y claro para el Senado de la República”, porque con la ratificación en particular del procurador, “anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo federal”.
Insisten que un nombramiento de esa naturaleza, “del mayor impacto para la democracia y el estado de derecho, no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial”, subrayan.
Por ello, exigen que las designaciones sean transitorias, por considerar que ni Gómez ni Cervantes son idóneos “para los retos que enfrentan ambas instituciones”, y no cuentan con la “legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Rematan: “Los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, la exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”.
El documento está firmado por 80 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), así como Artículo 19, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Freedom House, Defensoría de los Derechos de la Infancia, México Unido Contra la Delincuencia, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras.
Algunas de las personalidades que signan el documento son: Aleida Calleja, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa, Miguel Sarre, Sergio Aguayo, Silvano Cantú y Luis Daniel Vázquez.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ
