Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Foto: Benjamín Flores
La propuesta del Ejecutivo enviada al Congreso local este fin de semana, y que ayer fue turnada a comisiones para su análisis y posterior aprobación, plantea 50 mil 133.6 millones de pesos para ejercer el próximo año.
Esta cantidad representa un incremento de 886.9 millones de pesos, es decir, 1.8% en comparación con los 49 mil 246 millones 711 pesos del presupuesto autorizado para 2016.
De acuerdo con el documento oficial en poder de Apro, se indica que la planeación del presupuesto que analizan los legisladores locales está enfocada en “reducir el gasto corriente burocrático” y advierte sobre la austeridad y vigilancia de los recursos públicos ante los recortes anunciados por el gobierno federal.
No obstante, la asignación de recursos para el Poder Ejecutivo se proyecta en 30 mil 949.4 millones de pesos. El gasto previsto para el Legislativo es de 560 millones de pesos, es decir, 33 millones 724 mil pesos más que el presupuesto de este año.
Para el Poder Judicial se plantea también un incremento al gasto burocrático, pues de 609.459 millones pasaría a 657.5 millones de pesos.
Mientras que la asignación para los órganos autónomos asciende a 3 mil 719.9 millones, y para los 81 municipios, 10 mil 454 millones 490 pesos.
En el proyecto de asignación de recursos públicos para la administración central del Ejecutivo, destaca el caso de un área denominada “Jefe de la Oficina del Gobernador”, que dirige el exalcalde priista de Petatlán y José Azueta vinculado con el narco, Alejandro Bravo Abarca.
Para esta oficina creada de facto sin sustento legal por Astudillo para colocar a su amigo Alejandro Bravo en la administración pública, se plantea un presupuesto de 18 millones 284 mil pesos, es decir, casi dos millones más de los 16 millones 360 mil pesos que ejerce este año.
Mientras que para la oficina del representante del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, se proyectan 10 millones 108 mil pesos, lo que significa un incremento de un millón 557 mil pesos en comparación con los 8 millones 551 mil pesos que ejerce este año.
Este funcionario del gobierno astudillista es hijo del subsecretario de Gobernación y exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, y junto con Bravo Abarca se ha caracterizado por limitarse a ser figuras decorativas en actos públicos oficiales y exhibir fotografías que muestran excesos y frivolidades de ambos en redes sociales como viajes, espectáculos y artículos de lujo.
Otro aumento planteado por Astudillo es en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que encabeza su esposa Mercedes Calvo, que de 151 millones 904 mil pesos que ejerce este año, se proyectan 155 millones 476 mil pesos para 2017.
El proyecto de presupuesto de Astudillo también plantea “un donativo” de 47 millones para la fundación Teletón de la empresa Televisa por concepto de “gasto público en salud”.
Ello, a pesar de que el documento oficial indica que el proyecto de Presupuesto de Egresos de Astudillo considera reducir las asignaciones para gasto corriente que “generen poco o nulo valor para la sociedad”, y enfocando más recursos a rubros que representen mayor beneficio social para la “reducción del gasto corriente burocrático”.
En contraste, se plantean 9 millones para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la narcoviolencia.
Así como tres millones para el Consejo de Ciencia y Tecnología; dos millones, para el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; seis millones, para el museo La Avispa y 17 millones, para el Instituto del Deporte, áreas consideras de bienestar social.
Además de cuatro millones para las universidades tecnológicas de Tierra Caliente y Acapulco; 14 millones, para la Universidad Intercultural, y una reducción de 9 millones 540 mil pesos al presupuesto de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Para el ejercicio 2017, el gobierno de Astudillo afirma que no considera la contratación de nuevos empréstitos y pretende liquidar la deuda pública estatal contraída en anteriores administraciones a través de seis líneas de crédito activas con dos instituciones privadas y una pública –Banamex, Santander y Banobras–, que suman 328.12 millones de pesos.
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Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
