Una mina de oro en Caborca, Sonora. Foto, especial
José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado Ejidal, entregó a distintos medios locales y nacionales copias de las denunc
ias presentadas ante el Ministerio Público del fuero común de Caborca y ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa).
ias presentadas ante el Ministerio Público del fuero común de Caborca y ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa).
Los ejidatarios acompañaron sus denuncias con una serie de pruebas realizadas por peritos para demostrar la manera que se sigue saqueando el oro que pertenece a los ejidatarios.
Entre las pruebas destaca las imágenes tomadas a los terrenos por una nave no tripulada que sobrevoló los terrenos del ejido.
“Pavlovich Durazo está llevando a cabo el proceso de lixiviación sobre una superficie aproximadamente de 700 mil hectáreas, utilizando para el efecto solución cianurada para recuperar el oro y demás minerales existentes en las pilas”, precisa la denuncia penal.
La substancia que se recupera “es conducida a través de tuberías colectoras hasta unos contenedores o filtros con carbón activado en los que se queda el mineral para después descargar la solución sin mineral en las pozas de procesos”, agrega el texto.
La denuncia ante Profepa precisó que el tío de la gobernadora está cometiendo crímenes ecológicos, ya que el saqueo del mineral sin las condiciones adecuadas provoca “desequilibrios ecológicos y daños al ambiente y a los recursos naturales”.
Además, se está contraviniendo disposiciones legales de los ordenamientos que regulan las materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Los terrenos del ejido El Bajío fueron invadidos ilegalmente durante 17 años por la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura propiedad de Alberto Bailleres.
Durante ese período la minera estuvo extrayendo oro ilegalmente de los terrenos del ejido el Bajío.
Ante el usufructo ilegal de sus tierras los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor de El Bajío, las que ordenaban a la minera restituir los terrenos, pagar daños y perjuicios en favor de los ejidatarios y la devolución del oro extraído ilegalmente.
En el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario de Noviembre de 2014 se obliga a Minera Penmont a pagar, sólo por la devolución del oro, más de 334 millones de dólares.
Posterior a ese litigio que ganaron los campesinos, Rafael Pavlovich Durazo fue incluido ilegalmente por el Magistrado del Tribunal Agrario Benjamín Arellano Navarro con derecho de posesión jurídica de mil 824 hectáreas de las tierras del ejido El Bajío, a pesar de que nos es ejidatario.
A raíz de ello, representantes legales del ejido el Bajío presentaron una primera denuncia penal y una queja en Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios contra ese magistrado.
Tras la demanda ante el tribunal, el mismo magistrado Arellano Navarro reculó y emitió un acuerdo donde rectifica y declara que Rafael Pavlovich Durazo no fue autorizado para ocupar las tierras de los ejidatarios.
El Tribunal también le ordenó que de manera inmediata Rafael Pavlovich desocupar dichas tierras pero hasta ahora el tío de la gobernadora no ha cumplido y continúa extrayendo oro ilegalmente de los terrenos ejidales.
Fuente: Proceso| JUAN ALBERTO CEDILLO
Entre las pruebas destaca las imágenes tomadas a los terrenos por una nave no tripulada que sobrevoló los terrenos del ejido.
“Pavlovich Durazo está llevando a cabo el proceso de lixiviación sobre una superficie aproximadamente de 700 mil hectáreas, utilizando para el efecto solución cianurada para recuperar el oro y demás minerales existentes en las pilas”, precisa la denuncia penal.
La substancia que se recupera “es conducida a través de tuberías colectoras hasta unos contenedores o filtros con carbón activado en los que se queda el mineral para después descargar la solución sin mineral en las pozas de procesos”, agrega el texto.
La denuncia ante Profepa precisó que el tío de la gobernadora está cometiendo crímenes ecológicos, ya que el saqueo del mineral sin las condiciones adecuadas provoca “desequilibrios ecológicos y daños al ambiente y a los recursos naturales”.
Además, se está contraviniendo disposiciones legales de los ordenamientos que regulan las materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Los terrenos del ejido El Bajío fueron invadidos ilegalmente durante 17 años por la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura propiedad de Alberto Bailleres.
Durante ese período la minera estuvo extrayendo oro ilegalmente de los terrenos del ejido el Bajío.
Ante el usufructo ilegal de sus tierras los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor de El Bajío, las que ordenaban a la minera restituir los terrenos, pagar daños y perjuicios en favor de los ejidatarios y la devolución del oro extraído ilegalmente.
En el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario de Noviembre de 2014 se obliga a Minera Penmont a pagar, sólo por la devolución del oro, más de 334 millones de dólares.
Posterior a ese litigio que ganaron los campesinos, Rafael Pavlovich Durazo fue incluido ilegalmente por el Magistrado del Tribunal Agrario Benjamín Arellano Navarro con derecho de posesión jurídica de mil 824 hectáreas de las tierras del ejido El Bajío, a pesar de que nos es ejidatario.
A raíz de ello, representantes legales del ejido el Bajío presentaron una primera denuncia penal y una queja en Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios contra ese magistrado.
Tras la demanda ante el tribunal, el mismo magistrado Arellano Navarro reculó y emitió un acuerdo donde rectifica y declara que Rafael Pavlovich Durazo no fue autorizado para ocupar las tierras de los ejidatarios.
El Tribunal también le ordenó que de manera inmediata Rafael Pavlovich desocupar dichas tierras pero hasta ahora el tío de la gobernadora no ha cumplido y continúa extrayendo oro ilegalmente de los terrenos ejidales.
Fuente: Proceso| JUAN ALBERTO CEDILLO
