-La única Afore pública del país, Pensionissste, en riesgo por la “cerrazón” del PRI, alertan expertos
La discusión de la Reforma al Pensionissste tendrá lugar el día de hoy en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde y para la cual varios sindicatos llamaron a movilizaciones a las afueras del recinto legislativo.
La Reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tal y como ha funcionado hasta ahora, podría ser modificado por una iniciativa que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enviaron a la Cámara de Diputados en uno de los anexos del Presupuesto de Egresos 2016.
Pensionissste es la única afore pública que hay en el país, en la que están inscritos alrededor de un millón 400 mil trabajadores. Es la que cobra menos a los ahorradores y reparte más utilidades; en comparación con otras 12 que están en manos de entes financieros privados y con fines de lucro.
La reforma que actuará directamente sobre Pensionissste busca convertirla en una empresa paraestatal, es decir, una empresa en la que el Estado tiene la participación mayoritaria, por lo menos el 50 por ciento. Sin embargo, esta figura dejaría un 49 por ciento que la iniciativa privada puede adquirir a través de acciones. Así, las ganancias se dividen entre las empresas y los trabajadores.
Después de estos movimientos, el Estado tiene la facultad de decidir que la empresa no cumple con los fines planeados ni es rentable, por lo que puede proceder a venderla. En este sentido, la Diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Araceli Damián González, señaló que “ser para estatal es un punto intermedio para decir que esta empresa ya no funciona y privatizarla”.
Durante un seminario realizado con trabajadores del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Diputada y el doctor Gustavo Leal Fernández, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), solicitaron a las autoridades un debate más amplio sobre la Reforma al Pensionissste, que consideran sólo la “punta del iceberg” de un sistema de pensiones que está a punto del colapso.
“Lo que se quiere votar no está suficientemente discutido y tiene muchos riesgos para todo el cuadro de sistema de pensiones. Pensionissste debe ser defendido como un espacio para los trabajadores, así como de los jóvenes que tienen como una opción este sistema”, indicó Leal Fernández.
Ambos señalaron que la importancia de esta reforma es que se trata de la primera de muchas que vendrán para el sistema de pensiones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dictó en su 5to Foro Mundial, apenas en octubre pasado, y que busca que todos los sistemas de pensiones sean individuales y uniformes.
En el caso de México, señaló el organismo que la pensión era muy elevada para los trabajadores del ISSSTE, que es de dos salarios mínimos y que debía igualarse con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es de uno.
Para Leal, el tema debe abordarse desde el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y que considera el problema de fondo, porque el dinero que tiene este sistema, creado hace 18 años, se utiliza para financiar al gobierno, mientras que a los trabajadores les otorga un 25 por ciento de sus ahorros de pensión después de 30 años de trabajo.
“Ese sistema es una cosa mal hecha, que no funciona, pero que el gobierno y los intereses financieros quieren defender a como de lugar. Pensionissste es la afore principal, pública, dentro de otras 12 que son privadas con fines de lucro. Pensionissste es la única afore está dando muy buenos resultados en términos de la cantidad de recursos que completó en el mercado de capitales”, enfatizó.
PIDEN MÁS SENSIBILIDAD
La discusión de la Reforma al Pensionissste tendrá lugar el día de hoy en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde y para la cual varios sindicatos llamaron a movilizaciones a las afueras del recinto. En caso de que proceda, será votada en la Cámara de Senadores el próximo jueves.
Durante su participación, el académico instó a realizar la defensa de la Afore con miras en las nuevas generaciones, para que tengan un sistema de ahorro donde pierdan “un poco menos” de lo que perderán en una Afore privada.
Aunado a esto, también señaló, hay un problema de educación financiera, ya que se ha observado en los últimos años múltiples cambios de una Afore a otra, “de una mala a otra peor”. En el caso de Pensionissste, se han salido alrededor de 39 mil trabajadores, en gran medida, provocado por una fuerza de ventas.
“El sistema de pensiones permite que una fuerza de ventas, es decir, una gran cantidad de gente contratada se aproveche de la ignorancia de muchos trabajadores y les ofrezca cambiarse de una Afore a otra. Así quien gana es el que hace el traspaso, pero no el trabajador, porque se lo llevan de una Afore mala a una peor y es increíble que no se haya regulado”, dijo.
El académico también hizo un llamado a que las autoridades fueran más sensibles con el tema, que dé espacio a propuestas frescas para el sistema de pensiones, ya que hay argumentos importantes para defenderlo. La cerrazón al diálogo, dijo, se debe en gran medida a la cerrazón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el silencio cómplice del resto de los partidos.
“Hay suficientes propuestas sobre la mesa para que Hacienda entienda que el resultado será peor que el que podría hacer si escucha más. Deberían ser sensibles, pero el equipo económico mexicano jamás se ha caracterizado por su sencillez y por su capacidad de escuchar”, agregó.
-Corrupción, pobreza, fracaso económico y los 43 marcan la mitad del camino de Peña Nieto
La desaparición de 43 normalistas, la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán, los escándalos inmobiliarios, el dispendio, el freno económico, la vuelta a la opacidad y un discurso que huye de la crisis de seguridad, problema que más les preocupa a los mexicanos alimentan la crónica de la primera mitad del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Pese a una crisis de aprobación sin precedentes para un Primer Mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto ha brindado pocas entrevistas fuera de los protocolos que rigen el hangar presidencial, el avión que lo lleva por el país y el mundo, o la televisión. Ello ha hecho que su mensaje se mantenga distante de muchos de sus gobernados, según observadores políticos.
La falta de voz del Jefe del Ejecutivo no impide acumular preguntas. Cada vez más. Dudas nuevas y antiguas. En septiembre de 2014, este sitio digital publicó 21 de las muchas que en aquel momento le quería hacer. Ahora, cuando se ha llegado a la mitad del camino, hay un cuestionario más grande que gravita en dos temas esenciales: la crisis social que cruza a México y la falta de credibilidad en la gestión. El derecho ciudadano a la Transparencia es el componente básico de este ejercicio que, a la vez de preguntar, identifica que para cada cuestión hay información disponible con la que pudiera esbozarse una respuesta.
Señor Presidente de la República, su Gobierno no ha rebasado jamás el 50 por ciento de aprobación en encuestas nacionales e internacionales. Usted dijo en marzo de 2015 que no ha hecho un esfuerzo para trabajar por la popularidad; pero más allá de su imagen, quienes lo desaprueban han expuesto que el país va por muy mal camino. ¿Le preocupa esta sensación de los mexicanos?
La presente administración ha concluido la mitad del sexenio con una caída sostenida en la aprobación. Las encuestas dentro de México –El Universal, Reforma, Consulta Mitofsky– le dan en promedio 39 por ciento de aprobación, mientras el estadounidense Pew Research Institute, le otorga un 47. En ambas evaluaciones, sale reprobado.
Los cuestionarios que han aplicado las casas de investigación no están concentrados en la imagen del Presidente; sino en cómo perciben el país que habitan. La imagen del candidato agradable a la vista ha quedado lejana. Los gobernados no aprueban cómo está llevando las riendas del país.
Las tragedias nacionales de Tlatlaya –donde están involucrados miembros del Ejército–; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; el descubrimiento de casas millonarias de él mismo y el Secretario de Hacienda; el freno en la economía y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, son episodios que han marcado el sexenio cuando apenas va a la mitad. Frente a ellos, según las encuestas, el Presidente se ha visto débil, despreocupado e incluso, lejano.
Y mientras la aceptación del Primer Mandatario de México decrece, la leyenda de Guzmán Loera crece. A finales de julio, la Secretaría de la Marina lo ubicó en el Valle de El Fuerte, en Sinaloa, y días después, en La Piedrosa, en Durango, en la Sierra Madre Occidental. Ahora, herido en la cara y una pierna, se volvió a perder en la inmensidad de la sierra, entre barrancas y montañas.
Con todo, de aquel primer minuto dorado de su Gobierno bautizado como “The Mexican Moment”, por The Economist, no queda mucho, si es que acaso existió.
Después de que su Gobierno recapturó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, usted dijo que sería “imperdonable” que volviera a fugarse. De modo que se comprometió a tomar “las debidas providencias”. Él volvió a escaparse. Y a querer o no, usted arranca el nuevo trienio con este episodio a cuestas. Más allá de sentirse avergonzado o no, ¿qué va a hacer, Presidente?
Luego de que fue recapturado en febrero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto le dijo al periodista León Krauze que sería imperdonable que “El Chapo” se escapara otra vez.
–Casi 70 por ciento de los mexicanos dice que existe una posibilidad de que se vuelva a escapar Joaquín Guzmán, ¿usted se compromete a que eso no va a ocurrir?–, preguntó el periodista.
–Es una obligación que tiene el Estado mexicano, además, creo yo, ante lo que ya ha ocurrido en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable–, respondió Peña Nieto.
En julio pasado, lo hizo de nuevo. “El Chapo” anda libre.
El Gobierno federal inició una frenética búsqueda. Lo ubicó en las inmediaciones del triángulo dorado lo que originó un costo social reflejado en mil desplazados de Durango hacia Sinaloa. Filtrada por la PGR, la información de su persecución ha conformado una escena novelesca en la que se induce al público a un emocionante desenlace. ¿Qué pasará? ¿Entregarán vivo al hombre más buscado del mundo las autoridades mexicanas? Si bien, estos elementos de suspenso han sido puestos en el relato de “El Chapo”, la PGR mantiene bajo reserva todo lo relacionado con su nombre, lo que ante la opinión pública lo vuelve en un ser legendario, como un fantasma poderoso.
Ni siquiera su fortuna está documentada por el Gobierno mexicano. Según el folio 0001700105315 del INAI, la PGR respondió a una solicitud de información que sus bienes decomisados en 2014 –año en que fue recapturado y que implicaba un golpe a su economía ilícita– son: cuatro armas, siete cargadores, una granada, 143 municiones o cartuchos, tres joyas y cuatro “objetos”. En el rubro de embarcaciones, no hay nada. Tampoco en el de Inmuebles. Menos en el de Vehículos. No aparecen cuentas bancarias ni nada relacionado con dinero que se le haya quitado.
El Gobierno federal manufacturó y difundió el spot titulado “Ya Chole con tus Quejas”. Presentaba la historia de dos trabajadores en la que uno conminaba al otro a no quejarse tanto. Apenas duró 24 horas al aire porque la Presidencia lo retiró después de un oleaje de críticas en las redes sociales, ¿qué se proponía comunicar su Gobierno con ese despliegue?
El balance de la primera mitad de su mandato, el Presidente de la República lo inició en agosto con la difusión de 18 spots. En uno de ellos, en los que se refiere a la economía, menciona que el mejor momento para evaluar al Gobierno es precisamente la mitad del sexenio. Un mes después, la administración federal desplegó una nueva campaña de tres anuncios en los que se hacía hincapié en el paquete de reformas estructurales, enviado en 2013 al Congreso y promulgado en 2014. El primero presentaba a un matrimonio. Ella le da a él la vela de un pastel con la figura del número tres. Luego, le desglosa una lista de supuestos logros: “Ahí está la luz, el gas no ha subido; además, te dieron el crédito del Infonavit”. El segundo era “Ya Chole con tus Quejas”, un anuncio que sólo duró 24 horas al aire. A las redes sociales les pareció que el mensaje era insoportable y protestaron hasta que la Presidencia de la República ordenó su retiro.
“Ya Chole con tus Quejas” le llamó la atención al comediante británico John Oliver quien se burló. El actor explicó sus razones para hacer parodia de un promocional del Gobierno: “Uno está acostumbrado a escuchar a los políticos decir: ‘los escuchamos’; pero no lo hacen antes de decir: ‘Cállense la boca’”.
Presidente, mientras usted sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene viabilidad financiera y no será privatizado, el organismo da señales de que está en camino de lo contrario. Lo mismo ocurre con el ISSSTE. Ambos organismos han dado pasos para asociarse con empresarios en la construcción y operación de hospitales. ¿Cómo se explica esta contradicción de la medicina pública?
El pasado octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el IMSS no se privatizará. “Qué nadie pretenda confundir o engañar a la población: el carácter público de esta noble institución es y seguirá siendo inalterable”, dijo cuando dirigió la 106 Asamblea General Ordinaria del Seguro Social. No obstante, el Consejo Técnico del IMSS autorizó la firma de un contrato para la construcción y operación de cuatro nuevos hospitales bajo un esquema de Asociaciones Público Privadas (APP). El ISSSTE había recurrido en años anteriores al mismo esquema cuando se asoció con la constructora Tradeco para invertir en el hospital Carlos Guevara de la Ciudad de México.
¿Cómo se encuentra hoy el sistema de salud mexicano? ¿Por qué ronda el fantasma de la privatización como solución a su crisis? Los dos institutos operan teñidos de rojo. Hay 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de entre dos o tres por cada mil. Para enfermedades degenerativas no hay medicamentos suficientes.
Es un paisaje que resultó de la decisión tomada por el Gobierno Federal en1982 de descentralizar los servicios médicos. Las entidades federativas se convirtieron en administradoras de los centros sanitarios en sus demarcaciones, y en los hechos, el dinero se quedó en el Gobierno Federal.
Después de que la Secretaría de la Función Pública lo exoneró de conflicto de interés por la llamada “casa blanca”, usted ofreció disculpas a quienes resultaron ofendidos por el episodio. Luego, cuando leyó su Tercer Informe de Gobierno, reconoció que Ayotzinapa, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los escándalos inmobiliarios, lastimaron a los mexicanos. Muchos de sus homólogos en el mundo han pedido perdón por una diversidad de asuntos relacionados con la corrupción y los derechos humanos cuando han vivido crisis de credibilidad. Con ello han recuperado parte de lo perdido. ¿Qué resultados obtuvo usted después de ofrecer disculpas?
En la mañana del 21 de agosto de este año, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, informó que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir distintas propiedades en México, entre ellas la conocida como “Casa Blanca”. Durante su intervención, el Presidente dijo: “Estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos, a todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”.
En septiembre, cuando rindió el Tercer Informe de Gobierno, expresó: “El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho … Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal …”.
Del perdón de Estado se comenzó a hablar luego de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1979, el entonces Canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt, se arrodilló ante el monumento erigido en memoria del levantamiento judío en un gueto de Varsovia. En esa posición, pidió perdón por los crímenes cometidos por el gobierno nazi de Alemania.
En los años recientes, los ejemplos de quienes han recurrido a esta forma política se desgranan:
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, pidió perdón por los escándalos de corrupción acumulados en el país. En esa misma nación, Juan Carlos, quien fuera monarca, dijo dos años antes: “Me equivoqué; pero no volverá a ocurrir”, cuando se descubrió que mientras millones de sus compatriotas sufrían la crisis económica, él mataba elefantes en Botsuana. El ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo hizo dos veces; una fue el 9 de agosto de 2013 por errores en la hechura del censo de población y otra, tres meses antes –el 21 de mayo– cuando rindió ante el Congreso la cuenta pública que equivale a un informe de Gobierno en México. La petición de perdón fue porque su gobierno no había estado al nivel de las expectativas, ni actuado de manera oportuna en algunos conflictos sociales. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, se valió de ese concepto el 23 de enero de 2012 cuando solicitó un perdón para el régimen que él representaba por la matanza del Tigre, sepultada por el olvido del sistema y que él quiso traer al presente. (El 9 de enero de 1999, un grupo paramilitar, atribuido su mando a Carlos Castaño, incursionó en Putumayo y mató a unas tres mil personas. Se han encontrado 533 cuerpos en fosas).
El Presidente de México también pidió perdón; pero el resultado de ello no se vio reflejado en las encuestas de aceptación de su gestión.
Usted se proponía desaparecer la Secretaría de la Función Pública para crear en su lugar una comisión anticorrupción. Por eso estuvo acéfala hasta febrero, un caso extraño en un Gabinete. Los sucesos sobre la Casa Blanca obligaron a mantenerla y nombrarle Secretario. Una vez transcurrido el episodio, ¿qué va a hacer con esta dependencia?
Si se sigue al pie de la letra la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la SFP debe ser desmantelada una vez que esté lista la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, ni lo uno ni lo otro puede ocurrir. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, fue creada por acuerdo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual fue adscrita a la Procuraduría General de la República. Se trata del órgano que le sirvió al Presidente para mencionar por única vez la palabra “corrupción” en su Segundo Informe de Gobierno.
Agobiado por el escándalo revelado por Aristegui Noticias, de que había comprado una mansión multimillonaria a Juan Armando Hinojosa, un contratista beneficiado por su Gobierno, el Presidente nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública en febrero de este año, cargo que hasta ese momento había permanecido acéfalo. Una vez que Andrade dio el veredicto de que el Primer Mandatario no había cometido conflicto de interés, el debate sobre la dependencia ha regresado al principio.
Esta casa editorial ha observado que el cumplimiento de sus compromisos está limitado por el ajuste al gasto público de 124.3 millones de pesos (mdp) con que reaccionó este año su Gobierno al complicado entorno internacional. Ha entregado usted apenas el 10.5 por ciento de lo firmado ante Notario Público durante su campaña. Faltan tres años. A este ritmo va a ser muy difícil cumplir a cabalidad. ¿Qué va a hacer al respecto, señor Presidente?
En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8 por ciento de sus promesas. Para cumplir la totalidad de sus compromisos tendría que hacer válidas 44 promesas por año en promedio, una cifra que le quedó muy lejos en lo que va de la administración.
Hoy por hoy, el cumplimiento de las promesas está en riesgo por el ajuste al gasto público de 124.3 mdp que hizo el Gobierno Federal porque una de las dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, en la que justo se concentra el mayor número de los compromisos: 154 de 266.
La carrera hacia 2018 ya arrancó y algunos Secretarios de Estado aparentan estar en competencia. ¿Los cambios en su Gabinete de este año se debieron a la carrera rumbo a Los Pinos?
Apenas consumadas las elecciones del 7 de junio pasado, la carrera de los aspirantes hacia la Presidencia de la República para 2018 se inició sin disimulos. En agosto, el Presidente hizo cambios en su Gabinete, una decisión que fue leída como una reestructura necesaria para ganar confianza, pero también en una jugada de ajedrez. A partir de entonces, Aurelio Nuño Mayer, antes jefe de asesores en la Oficina de la Presidencia y ahora Secretario de Educación Pública, ha tenido una constante aparición mediática; sobre todo en el conflicto con la sección 9 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se resiste a la evaluación, mandato de la Reforma Educativa. Mientras, los observadores no quitan de su mira a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y José Antonio Meade Kuribeña, Secretario de Desarrollo Social (antes en Relaciones Exteriores).
Tres años después hay dos millones de mexicanos sumados a la pobreza, lo que indica que la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Prospera no han sido efectivos. ¿Estima usted evaluarlos para modificarlos?
En julio de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) reveló que el número de pobres había crecido en dos millones de personas en los últimos dos años. El estudio cifró en 55.3 millones a los mexicanos con pocos recursos, cuando en 2012 –cuando EPN tomó posesión– eran 53.3.
Desde que el Primer Mandatario anunció en 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre, expertos en pobreza advirtieron un peligro: la aplicación del programa podía incrementar el número de pobres dada su focalización en el sector de la pobreza extrema y la exclusión de quienes ostentan el grado de pobreza moderada.
Antes de que el Coneval admitiera el aumento de la pobreza, Julio Boltvinik –uno de los más influyentes investigadores del tema, en el Colegio de México–, calculó que se habían añadido 3.6 millones a ese deplorable universo de 2012 a 2014. En promedio, 105 mil cada mes. El investigador llegó a esa estimación basado en el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del mismo Coneval, que se basa en la evolución de los ingresos por trabajo captados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), comparados con el costo de los alimentos crudos.
En la pasada celebración del Grito de Independencia usted suspendió la cena en El Palacio Nacional por razones de austeridad. Pero, Señor Presidente, cuando se intenta hacer la crónica de la vida pública de su familia, el dispendio es un elemento que no puede pasarse por alto. Incluso, la compra del avión presidencial TP01 de casi siete mil millones de pesos fue visto desde este análisis. ¿Por qué no ha logrado dar la imagen de que gobierna con austeridad?
Envueltos de opacidad, los gastos de la familia del Presidente han ocasionado enojo entre los gobernados. En noviembre de 2014, se supo que Angélica Rivera, su esposa, había comprado una residencia con valor de 86 millones de pesos en la exclusiva colonia de Las Lomas de Chapultepec, la llamada “casa blanca”. Pero no se trata de una ostentosa adquisición única que haya quedado como elemento aislado en la vida de los inquilinos de la casona de Constituyentes. Angélica Rivera, presidenta honoraria del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF), ha mostrado en estos tres años, un estilo de vida caro ante los ojos de su propio país y el mundo. Al tiempo, es la hora en que no presenta su plan de trabajo en el DIF, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesoras.
En abril, imágenes de ella en un recorrido en un centro comercial de Beverly Hills de Los Ángeles, California, fueron dadas a conocer por la cadena Telemundo, asentada en Miami. Antes de la transmisión del video, el conductor del programa de Espectáculos “Suelta la Sopa”, Jorge Bernal, externó: “A pesar de las críticas que ha recibido el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, ellos aparentemente continúan cometiendo los mismos errores sin importarles la crisis en la que se encuentra su país, México, y tampoco el qué dirán. Fíjense que tenemos imágenes exclusivas de ‘La Gaviota’ derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de Los Ángeles, y la pregunta es: ¿De dónde salió ese dinero para pagar sus lujos? ¿De su cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos?”
Habían transcurrido apenas días de que la revista Hola le dedicara a Rivera Hurtado 21 páginas de su viaje a Inglaterra en el que acompañó a su esposo en una visita de Estado. El artículo llevó como título “El esplendor de la Corte Británica al servicio de sus invitados, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera” y relató la forma en que vistió la Primera Dama de México. La calificó de “estilosa”.
Este es el contexto en el que la Presidencia de la República adquirió un avión Boeing 787 Dreamliner que le permitirá realizar viajes transatlánticos sin necesidad de hacer escalas. En respuesta a una solicitud de información en el Infomex del INAI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el costo de la aeronave será de 125 millones 45 mil 800 dólares. Pero esa cifra no coincide con la registrada por la Secretaría de Hacienda en la cartera de programas y proyectos de inversión que es de seis mil 769 millones 996 mil 888 pesos.
¿Cómo piensa usted resolver la crisis de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Y la tragedia de Tlatlaya? ¿Y lo sucedido en Tanhuato? No hay observador político dentro y fuera del país que no vea en estos tristes eventos el descarrilamiento de su Gobierno.
Pese a que se trata de las tragedias que desequilibraron su Gobierno, el Presidente no ha mostrado interés político en responder las preguntas que cimbran el territorio nacional: ¿Participó el Ejército en Tlatlaya? ¿Quién se llevó a los 43 la maldita noche del 26 de septiembre? ¿Se les dio tiro de gracia a los 43 muertos en Tanhuato? Sus acciones y palabras (o la ausencia de ellas) lo dibujan como un Mandatario lejano de los problemas que más lo han afectado en su ejercicio del poder y que están relacionados con la violación de los derechos humanos.
En Tlatlaya, militares ejecutaron a civiles (niños entre ellos) y es la hora en que no se sabe si formaban de una estructura delictiva.
En Tanhuato, 43 jóvenes presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron por impacto de bala, pero el Gobierno informó que las bajas ocurrieron en un enfrentamiento.
Cuando apenas había transcurrido un mes de la tragedia de Ayotzinapa, el 6 de octubre de 2014, el Presidente llamó con un tono de lejanía “afectados” a los 43 jóvenes que se preparaban para maestros rurales. Ocho días después volvió a usar ese tono cuando dijo que el asunto lo resolvería la PGR. En esa tonalidad se mantuvo el 29 de octubre al recibir en Los Pinos a los padres de los normalistas. Luego, se fue a una gira por China y Australia. Del tono del regaño se valió cuando regresó del viaje y dijo que no permitiría que le reclamaran justicia a través de la violencia y que otros “desestabilizaran” su proyecto de Nación.
La parquedad, el Presidente la tuvo el 27 de noviembre, cuando anunció un plan de 10 puntos para cimentar el Estado de Derecho. Después, en diciembre, se expresó como si quisiera borrar a golpe de palabra una pesadilla que aún no termina: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.
En dos ocasiones, ha recibido a los padres de los estudiantes en Los Pinos. La primera en octubre de 2014 y la segunda en septiembre de 2015. En ninguna, los hombres y mujeres en duelo han obtenido alguna esperanza.
Y cuando el pasado 26 de septiembre, se cumplió un año de la rotunda tragedia que reunió deudos, tanto de Tlatlaya como de Tanhuato, el Primer Mandatario se fue a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En noviembre de 2014, usted presentó un decálogo para reasumir el Estado de Derecho después de los hechos de Iguala. Pero en 2015 usted no volvió a hablar de seguridad ni de violencia, problemas que más preocupan a los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿por qué Presidente?
Un análisis del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) sobre el decálogo de Peña Nieto presentado en noviembre de 2014, expone: “Luego de un año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Ese decálogo fue un discurso para transitar el momento, pero, así como se anunció se dejó atrás.
Como ocurre con los 266 compromisos firmados ante Notario Público en campaña, los lineamientos del plan para reasumir el Estado de Derecho han sido cumplidos mínimamente: sólo ha sido llevado a cabo el punto seis, referente a un operativo en la región de Tierra Caliente. Dos medidas más fueron cumplidas de manera parcial. La cuarta que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora, sólo se cuenta con el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La otra fue la octava medida que consistía en crear leyes en contra de la tortura y desaparición forzada. El pasado 28 de octubre, un grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República se reunió con integrantes del Senado para definir el contenido de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Los muertos se acumulan, Señor Presidente. Conteos oficiales y no oficiales exponen que hay más homicidios que en el mismo periodo de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, usted insiste en que los homicidios dolosos han disminuido. ¿Qué ocurre realmente respecto al asesinato en México?
El Secretariado Ejecutivo reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015. Es decir, en el mismo momento político, Peña superó a Calderón con 14 mil 641 asesinatos, según las estadísticas del propio Gobierno.
Respecto al conteo, el semanario Zeta revela que son más muertos los de EPN porque algunos Gobiernos locales no han reportado por completo sus números. Por ejemplo, el Gobierno de Veracruz de Javier Duarte Ochoa no ha informado por lo menos 403 asesinatos.
Señor Enrique Peña Nieto, si la perspectiva de género es una de las tres estrategias transversales de su Gobierno y “México en paz” un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué usted no ha informado sobre acciones en contra de la violencia hacia las mujeres? Presidente, un cálculo conservador indica que cinco mujeres mueren cada día de manera brutal y en manos de uno o varios hombres en México.
Han transcurrido tres informes de Gobierno y el Presidente Enrique Peña Nieto no ha mencionado una sola palabra sobre los asesinatos de mujeres en el territorio mexicano. “México en paz” ha sido un apartado de todos los documentos oficiales. Proviene del Plan Nacional de Desarrollo, el documento rector de los Presidentes de México con los que marcan su impronta. Significa que el Gobierno está ocupado en recuperar la tranquilidad para vivir en una sociedad de derechos; pero no hay ni una palabra para la atención, sanción y erradicación del feminicidio (tipificado así sólo en algunas entidades). Este año, se declaró la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, la entidad donde nació Peña Nieto, así como en ocho de Morelos.
México se ha convertido en un mapa peligroso para ser mujer. Tres mil 892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013; es decir, más de cinco al día, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, asociación integrada por 49 organizaciones de Derechos Humanos.
Dos funcionarios del Gabinete ampliado han pasado a las primeras planas de los periódicos debido a sus malas conductas. Uno es Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde y ex subsecretario de Prevención del Delito en la Segob. El otro es Alfredo Castillo Cervantes, quien de Comisionado de Seguridad en Michoacán, se fue a dirigir la Comisión Nacional del Deporte. ¿Por qué no ha pedido usted controles de confianza en los nombramientos de alto rango en su equipo?
Cuando el pasado septiembre, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, varias asociaciones civiles impugnaron el puesto y trajeron a colación su currículum. Se trataba del ex Senador del PVEM que en 2009 fue detenido en el Aeropuerto de Chiapas con una maleta Luis Vuitton en la que llevaba un millón 100 mil pesos en efectivo. El mismo que apoyó y promovió la pena de muerte para los secuestradores que hubieran asesinado a sus víctimas. El mismo ser que durante los comicios del pasado 7 de junio, cuando era vocero de ese instituto político, violó la Ley Electoral. El partido de Escobar fue multado por desacato de retirar anuncios en las salas de cine de Cinemex y Cinépolis, entregar paquetes escolares con materiales no reciclables, vales para lentes, tarjetas Premia de descuento, papel para tortillas, calendarios dañinos para el medio ambiente y vales de medicina del Gobierno. Y aunque todo ello era conocido, Arturo Escobar permaneció en el cargo en la Segob hasta que el pasado 25 de noviembre, anunció su renuncia. Momentos antes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
El otro currículum controvertido es el de Alfredo Castillo Cervantes quien ha ido de un puesto a otro en los tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Tanto, que es motejado como “apagafuegos”. Una de sus características reconocida por ex colaboradores es desmantelar las estructuras de cualquier dependencia a la que llega. Fue subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, y en mayo de 2010, el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto lo designó como titular de la Procuraduría del Edomex cuando Alberto Bazbaz renunció por el escandaloso caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette. Fue designado como Procurador Federal del Consumidor cuando Humberto Benítez dejó el organismo debido a un escándalo suscitado cuando su hija ordenó que observadores de la Profeco acudieran a un restaurante en la Roma donde no le daban sitio. Luego, fue titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, donde se le acusa de meter en prisión al doctor José Manuel Mireles con cargos fabricados. No hay instancia en la que no haya dejado un halo de conflicto. En estos momentos, el Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene la advertencia de que México podría ser suspendido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 si la Conade, bajo su dirección, no pone fin a su injerencia sobre las federaciones y los comités deportivos nacionales. Al tiempo de este conflicto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que hubo ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Michoacán, cuando él era comisionado para la paz.
¿Presentará de nuevo su declaración patrimonial? La pregunta es porque la ha modificado tres veces, pero el documento aún conserva algunas inconsistencias lo que a expertos de la Transparencia les parece una contradicción dado que México comparte con Indonesia la presidencia de la Alianza para los Gobiernos Abiertos.
El ocultamiento de datos ganó una vez más en México. Tras una larga batalla de organizaciones no gubernamentales, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en mayo de este año por el Presidente, no incluyó la obligatoriedad de la declaración patrimonial, el documento que ayudaría a conocer qué tienen los funcionarios mexicanos y por qué.
Es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que mantiene en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón hasta Arturo Escobar quien fuera subsecretario de Gobernación y ahora enfrenta una averiguación de la Fepade. A cada uno de ellos se les han descubierto propiedades no declaradas, lo que les representa un escándalo.
La primera fase de la Ronda Uno salió mal si se toma en cuenta el desinterés tan marcado de los inversionistas. ¿Cuál fue el error, Señor Presidente? Si hay un diagnóstico, ¿será dado a conocer?
La aplicación de la Reforma Energética, avalada por el Congreso de la Unión en 2013, comenzó en julio de 2015 con el inicio de las rondas de licitación de campos susceptibles a la explotación y que requieren una infraestructura y logística. Pero no hubo ofertas y 12 de los 14 bloques petroleros que se licitaron se declararon desiertos. Sólo el consorcio encabezado por Sierra Oil & Gas ganó los bloques 2 y 7. Pese a que Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, dijo que durante la Ronda Uno habría un porcentaje de adjudicación de entre el 40 y 50 por ciento sólo el 14.28 por ciento de los bloques petroleros fueron adjudicados a un solo consorcio.
Y la política para el campo, ¿cuándo la va a presentar, Señor Presidente?
En su toma de protesta, el Presidente Peña Nieto dijo: “Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país”.
Después, en noviembre de 2013, el primer mandatario externó que su política modificaría el rostro del agro mexicano al presentar el programa “Un nuevo campo para México”. Pero ese plan depende en su totalidad de la Reforma Financiera. Al concluir la primera mitad del sexenio, no hay una política definida y exclusiva para el campo donde hay más de siete millones de trabajadores mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto no representa una cuestión merezca planes gubernamentales dirigidos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), rectora del agro mexicano, cambió de titular en agosto. A Enrique Martínez y Martínez lo sustituyó José Eduardo Calzada Rovirosa.
En la Economía, los pasados tres años pueden resumirse en bajo nivel de crecimiento, dólar caro y la caída del precio del petróleo. ¿Tiene su Gobierno pensado un plan de contingencia más allá del recorte financiero del presupuesto?
Los reportes sólo traen malas noticias. Por séptimo mes consecutivo, en agosto pasado, los analistas privados del Banco de México (Banxico) bajaron el pronóstico de crecimiento de 2.60 a 2.55. A este cálculo, se sumó el realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que modificó sus expectativas del Producto Interno Bruto (PIB) de un 3 por ciento a un 2.4.
En julio, el peso alcanzó los 16.77 pesos por unidad en los bancos del Distrito Federal. Al cierre de este texto se encontraba en 17.9 a la venta. A la hora de las explicaciones, algunos analistas para Financial Times dijeron que los ciudadanos están sacando sus depósitos en pesos para convertirlos en dólares, un acto que puede ser consecuencia de la falta de confianza en la economía mexicana.
El FMI ha dicho que el crecimiento de la economía nacional podría llegar al 4 por ciento cuando se vean los frutos de las reformas emprendidas por el Gobierno bajo el amparo del Pacto por México. Pero la Reforma Energética se enfrenta a nuevos retos por la volatilidad del precio del petróleo. En el Gobierno de Enrique Peña Nieto la mezcla cayó a su precio más bajo en los últimos cuatro años y llegó a 75 dólares.
Su Gobierno mantiene reservados 15 millones 216 mil 834 expedientes ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Es el mayor número desde la creación del instituto en 2001. ¿Cómo puede México presentar ante el mundo una política de Gobierno Abierto con este nivel de reserva?
El INAI, jamás en su historia de 14 años, había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En tres años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 15 millones 216 mil 834, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].
Hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.
¿Qué le interesa a usted del futuro? ¿Cómo le gustaría que lo evaluara la Historia?
El Presidente Enrique Peña Nieto arranca la segunda mitad de su Gobierno. La imagen del Mandatario reformista no cuadra dada las tragedias de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato. Los analistas ven que, para recuperar credibilidad, hace falta liderazgo en el conflicto social, más que en el Congreso.
La discusión de la Reforma al Pensionissste tendrá lugar el día de hoy en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde y para la cual varios sindicatos llamaron a movilizaciones a las afueras del recinto legislativo.
Pensionissste es la única afore pública que hay en el país, en la que están inscritos alrededor de un millón 400 mil trabajadores. Es la que cobra menos a los ahorradores y reparte más utilidades; en comparación con otras 12 que están en manos de entes financieros privados y con fines de lucro.
La reforma que actuará directamente sobre Pensionissste busca convertirla en una empresa paraestatal, es decir, una empresa en la que el Estado tiene la participación mayoritaria, por lo menos el 50 por ciento. Sin embargo, esta figura dejaría un 49 por ciento que la iniciativa privada puede adquirir a través de acciones. Así, las ganancias se dividen entre las empresas y los trabajadores.
Después de estos movimientos, el Estado tiene la facultad de decidir que la empresa no cumple con los fines planeados ni es rentable, por lo que puede proceder a venderla. En este sentido, la Diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Araceli Damián González, señaló que “ser para estatal es un punto intermedio para decir que esta empresa ya no funciona y privatizarla”.
Durante un seminario realizado con trabajadores del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Diputada y el doctor Gustavo Leal Fernández, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), solicitaron a las autoridades un debate más amplio sobre la Reforma al Pensionissste, que consideran sólo la “punta del iceberg” de un sistema de pensiones que está a punto del colapso.
“Lo que se quiere votar no está suficientemente discutido y tiene muchos riesgos para todo el cuadro de sistema de pensiones. Pensionissste debe ser defendido como un espacio para los trabajadores, así como de los jóvenes que tienen como una opción este sistema”, indicó Leal Fernández.
Ambos señalaron que la importancia de esta reforma es que se trata de la primera de muchas que vendrán para el sistema de pensiones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dictó en su 5to Foro Mundial, apenas en octubre pasado, y que busca que todos los sistemas de pensiones sean individuales y uniformes.
En el caso de México, señaló el organismo que la pensión era muy elevada para los trabajadores del ISSSTE, que es de dos salarios mínimos y que debía igualarse con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es de uno.
Para Leal, el tema debe abordarse desde el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y que considera el problema de fondo, porque el dinero que tiene este sistema, creado hace 18 años, se utiliza para financiar al gobierno, mientras que a los trabajadores les otorga un 25 por ciento de sus ahorros de pensión después de 30 años de trabajo.
“Ese sistema es una cosa mal hecha, que no funciona, pero que el gobierno y los intereses financieros quieren defender a como de lugar. Pensionissste es la afore principal, pública, dentro de otras 12 que son privadas con fines de lucro. Pensionissste es la única afore está dando muy buenos resultados en términos de la cantidad de recursos que completó en el mercado de capitales”, enfatizó.
PIDEN MÁS SENSIBILIDAD
La discusión de la Reforma al Pensionissste tendrá lugar el día de hoy en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde y para la cual varios sindicatos llamaron a movilizaciones a las afueras del recinto. En caso de que proceda, será votada en la Cámara de Senadores el próximo jueves.
Durante su participación, el académico instó a realizar la defensa de la Afore con miras en las nuevas generaciones, para que tengan un sistema de ahorro donde pierdan “un poco menos” de lo que perderán en una Afore privada.
Aunado a esto, también señaló, hay un problema de educación financiera, ya que se ha observado en los últimos años múltiples cambios de una Afore a otra, “de una mala a otra peor”. En el caso de Pensionissste, se han salido alrededor de 39 mil trabajadores, en gran medida, provocado por una fuerza de ventas.
“El sistema de pensiones permite que una fuerza de ventas, es decir, una gran cantidad de gente contratada se aproveche de la ignorancia de muchos trabajadores y les ofrezca cambiarse de una Afore a otra. Así quien gana es el que hace el traspaso, pero no el trabajador, porque se lo llevan de una Afore mala a una peor y es increíble que no se haya regulado”, dijo.
El académico también hizo un llamado a que las autoridades fueran más sensibles con el tema, que dé espacio a propuestas frescas para el sistema de pensiones, ya que hay argumentos importantes para defenderlo. La cerrazón al diálogo, dijo, se debe en gran medida a la cerrazón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el silencio cómplice del resto de los partidos.
“Hay suficientes propuestas sobre la mesa para que Hacienda entienda que el resultado será peor que el que podría hacer si escucha más. Deberían ser sensibles, pero el equipo económico mexicano jamás se ha caracterizado por su sencillez y por su capacidad de escuchar”, agregó.
-Corrupción, pobreza, fracaso económico y los 43 marcan la mitad del camino de Peña Nieto
La desaparición de 43 normalistas, la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán, los escándalos inmobiliarios, el dispendio, el freno económico, la vuelta a la opacidad y un discurso que huye de la crisis de seguridad, problema que más les preocupa a los mexicanos alimentan la crónica de la primera mitad del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Pese a una crisis de aprobación sin precedentes para un Primer Mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto ha brindado pocas entrevistas fuera de los protocolos que rigen el hangar presidencial, el avión que lo lleva por el país y el mundo, o la televisión. Ello ha hecho que su mensaje se mantenga distante de muchos de sus gobernados, según observadores políticos.
La falta de voz del Jefe del Ejecutivo no impide acumular preguntas. Cada vez más. Dudas nuevas y antiguas. En septiembre de 2014, este sitio digital publicó 21 de las muchas que en aquel momento le quería hacer. Ahora, cuando se ha llegado a la mitad del camino, hay un cuestionario más grande que gravita en dos temas esenciales: la crisis social que cruza a México y la falta de credibilidad en la gestión. El derecho ciudadano a la Transparencia es el componente básico de este ejercicio que, a la vez de preguntar, identifica que para cada cuestión hay información disponible con la que pudiera esbozarse una respuesta.
Señor Presidente de la República, su Gobierno no ha rebasado jamás el 50 por ciento de aprobación en encuestas nacionales e internacionales. Usted dijo en marzo de 2015 que no ha hecho un esfuerzo para trabajar por la popularidad; pero más allá de su imagen, quienes lo desaprueban han expuesto que el país va por muy mal camino. ¿Le preocupa esta sensación de los mexicanos?
La presente administración ha concluido la mitad del sexenio con una caída sostenida en la aprobación. Las encuestas dentro de México –El Universal, Reforma, Consulta Mitofsky– le dan en promedio 39 por ciento de aprobación, mientras el estadounidense Pew Research Institute, le otorga un 47. En ambas evaluaciones, sale reprobado.
Los cuestionarios que han aplicado las casas de investigación no están concentrados en la imagen del Presidente; sino en cómo perciben el país que habitan. La imagen del candidato agradable a la vista ha quedado lejana. Los gobernados no aprueban cómo está llevando las riendas del país.
Las tragedias nacionales de Tlatlaya –donde están involucrados miembros del Ejército–; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; el descubrimiento de casas millonarias de él mismo y el Secretario de Hacienda; el freno en la economía y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, son episodios que han marcado el sexenio cuando apenas va a la mitad. Frente a ellos, según las encuestas, el Presidente se ha visto débil, despreocupado e incluso, lejano.
Y mientras la aceptación del Primer Mandatario de México decrece, la leyenda de Guzmán Loera crece. A finales de julio, la Secretaría de la Marina lo ubicó en el Valle de El Fuerte, en Sinaloa, y días después, en La Piedrosa, en Durango, en la Sierra Madre Occidental. Ahora, herido en la cara y una pierna, se volvió a perder en la inmensidad de la sierra, entre barrancas y montañas.
Con todo, de aquel primer minuto dorado de su Gobierno bautizado como “The Mexican Moment”, por The Economist, no queda mucho, si es que acaso existió.
Después de que su Gobierno recapturó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, usted dijo que sería “imperdonable” que volviera a fugarse. De modo que se comprometió a tomar “las debidas providencias”. Él volvió a escaparse. Y a querer o no, usted arranca el nuevo trienio con este episodio a cuestas. Más allá de sentirse avergonzado o no, ¿qué va a hacer, Presidente?
Luego de que fue recapturado en febrero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto le dijo al periodista León Krauze que sería imperdonable que “El Chapo” se escapara otra vez.
–Casi 70 por ciento de los mexicanos dice que existe una posibilidad de que se vuelva a escapar Joaquín Guzmán, ¿usted se compromete a que eso no va a ocurrir?–, preguntó el periodista.
–Es una obligación que tiene el Estado mexicano, además, creo yo, ante lo que ya ha ocurrido en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable–, respondió Peña Nieto.
En julio pasado, lo hizo de nuevo. “El Chapo” anda libre.
El Gobierno federal inició una frenética búsqueda. Lo ubicó en las inmediaciones del triángulo dorado lo que originó un costo social reflejado en mil desplazados de Durango hacia Sinaloa. Filtrada por la PGR, la información de su persecución ha conformado una escena novelesca en la que se induce al público a un emocionante desenlace. ¿Qué pasará? ¿Entregarán vivo al hombre más buscado del mundo las autoridades mexicanas? Si bien, estos elementos de suspenso han sido puestos en el relato de “El Chapo”, la PGR mantiene bajo reserva todo lo relacionado con su nombre, lo que ante la opinión pública lo vuelve en un ser legendario, como un fantasma poderoso.
Ni siquiera su fortuna está documentada por el Gobierno mexicano. Según el folio 0001700105315 del INAI, la PGR respondió a una solicitud de información que sus bienes decomisados en 2014 –año en que fue recapturado y que implicaba un golpe a su economía ilícita– son: cuatro armas, siete cargadores, una granada, 143 municiones o cartuchos, tres joyas y cuatro “objetos”. En el rubro de embarcaciones, no hay nada. Tampoco en el de Inmuebles. Menos en el de Vehículos. No aparecen cuentas bancarias ni nada relacionado con dinero que se le haya quitado.
El Gobierno federal manufacturó y difundió el spot titulado “Ya Chole con tus Quejas”. Presentaba la historia de dos trabajadores en la que uno conminaba al otro a no quejarse tanto. Apenas duró 24 horas al aire porque la Presidencia lo retiró después de un oleaje de críticas en las redes sociales, ¿qué se proponía comunicar su Gobierno con ese despliegue?
El balance de la primera mitad de su mandato, el Presidente de la República lo inició en agosto con la difusión de 18 spots. En uno de ellos, en los que se refiere a la economía, menciona que el mejor momento para evaluar al Gobierno es precisamente la mitad del sexenio. Un mes después, la administración federal desplegó una nueva campaña de tres anuncios en los que se hacía hincapié en el paquete de reformas estructurales, enviado en 2013 al Congreso y promulgado en 2014. El primero presentaba a un matrimonio. Ella le da a él la vela de un pastel con la figura del número tres. Luego, le desglosa una lista de supuestos logros: “Ahí está la luz, el gas no ha subido; además, te dieron el crédito del Infonavit”. El segundo era “Ya Chole con tus Quejas”, un anuncio que sólo duró 24 horas al aire. A las redes sociales les pareció que el mensaje era insoportable y protestaron hasta que la Presidencia de la República ordenó su retiro.
“Ya Chole con tus Quejas” le llamó la atención al comediante británico John Oliver quien se burló. El actor explicó sus razones para hacer parodia de un promocional del Gobierno: “Uno está acostumbrado a escuchar a los políticos decir: ‘los escuchamos’; pero no lo hacen antes de decir: ‘Cállense la boca’”.
Presidente, mientras usted sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene viabilidad financiera y no será privatizado, el organismo da señales de que está en camino de lo contrario. Lo mismo ocurre con el ISSSTE. Ambos organismos han dado pasos para asociarse con empresarios en la construcción y operación de hospitales. ¿Cómo se explica esta contradicción de la medicina pública?
El pasado octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el IMSS no se privatizará. “Qué nadie pretenda confundir o engañar a la población: el carácter público de esta noble institución es y seguirá siendo inalterable”, dijo cuando dirigió la 106 Asamblea General Ordinaria del Seguro Social. No obstante, el Consejo Técnico del IMSS autorizó la firma de un contrato para la construcción y operación de cuatro nuevos hospitales bajo un esquema de Asociaciones Público Privadas (APP). El ISSSTE había recurrido en años anteriores al mismo esquema cuando se asoció con la constructora Tradeco para invertir en el hospital Carlos Guevara de la Ciudad de México.
¿Cómo se encuentra hoy el sistema de salud mexicano? ¿Por qué ronda el fantasma de la privatización como solución a su crisis? Los dos institutos operan teñidos de rojo. Hay 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de entre dos o tres por cada mil. Para enfermedades degenerativas no hay medicamentos suficientes.
Es un paisaje que resultó de la decisión tomada por el Gobierno Federal en1982 de descentralizar los servicios médicos. Las entidades federativas se convirtieron en administradoras de los centros sanitarios en sus demarcaciones, y en los hechos, el dinero se quedó en el Gobierno Federal.
Después de que la Secretaría de la Función Pública lo exoneró de conflicto de interés por la llamada “casa blanca”, usted ofreció disculpas a quienes resultaron ofendidos por el episodio. Luego, cuando leyó su Tercer Informe de Gobierno, reconoció que Ayotzinapa, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los escándalos inmobiliarios, lastimaron a los mexicanos. Muchos de sus homólogos en el mundo han pedido perdón por una diversidad de asuntos relacionados con la corrupción y los derechos humanos cuando han vivido crisis de credibilidad. Con ello han recuperado parte de lo perdido. ¿Qué resultados obtuvo usted después de ofrecer disculpas?
En la mañana del 21 de agosto de este año, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, informó que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir distintas propiedades en México, entre ellas la conocida como “Casa Blanca”. Durante su intervención, el Presidente dijo: “Estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos, a todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”.
En septiembre, cuando rindió el Tercer Informe de Gobierno, expresó: “El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho … Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal …”.
Del perdón de Estado se comenzó a hablar luego de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1979, el entonces Canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt, se arrodilló ante el monumento erigido en memoria del levantamiento judío en un gueto de Varsovia. En esa posición, pidió perdón por los crímenes cometidos por el gobierno nazi de Alemania.
En los años recientes, los ejemplos de quienes han recurrido a esta forma política se desgranan:
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, pidió perdón por los escándalos de corrupción acumulados en el país. En esa misma nación, Juan Carlos, quien fuera monarca, dijo dos años antes: “Me equivoqué; pero no volverá a ocurrir”, cuando se descubrió que mientras millones de sus compatriotas sufrían la crisis económica, él mataba elefantes en Botsuana. El ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo hizo dos veces; una fue el 9 de agosto de 2013 por errores en la hechura del censo de población y otra, tres meses antes –el 21 de mayo– cuando rindió ante el Congreso la cuenta pública que equivale a un informe de Gobierno en México. La petición de perdón fue porque su gobierno no había estado al nivel de las expectativas, ni actuado de manera oportuna en algunos conflictos sociales. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, se valió de ese concepto el 23 de enero de 2012 cuando solicitó un perdón para el régimen que él representaba por la matanza del Tigre, sepultada por el olvido del sistema y que él quiso traer al presente. (El 9 de enero de 1999, un grupo paramilitar, atribuido su mando a Carlos Castaño, incursionó en Putumayo y mató a unas tres mil personas. Se han encontrado 533 cuerpos en fosas).
El Presidente de México también pidió perdón; pero el resultado de ello no se vio reflejado en las encuestas de aceptación de su gestión.
Usted se proponía desaparecer la Secretaría de la Función Pública para crear en su lugar una comisión anticorrupción. Por eso estuvo acéfala hasta febrero, un caso extraño en un Gabinete. Los sucesos sobre la Casa Blanca obligaron a mantenerla y nombrarle Secretario. Una vez transcurrido el episodio, ¿qué va a hacer con esta dependencia?
Si se sigue al pie de la letra la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la SFP debe ser desmantelada una vez que esté lista la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero por lo pronto, ni lo uno ni lo otro puede ocurrir. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, fue creada por acuerdo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual fue adscrita a la Procuraduría General de la República. Se trata del órgano que le sirvió al Presidente para mencionar por única vez la palabra “corrupción” en su Segundo Informe de Gobierno.
Agobiado por el escándalo revelado por Aristegui Noticias, de que había comprado una mansión multimillonaria a Juan Armando Hinojosa, un contratista beneficiado por su Gobierno, el Presidente nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública en febrero de este año, cargo que hasta ese momento había permanecido acéfalo. Una vez que Andrade dio el veredicto de que el Primer Mandatario no había cometido conflicto de interés, el debate sobre la dependencia ha regresado al principio.
Esta casa editorial ha observado que el cumplimiento de sus compromisos está limitado por el ajuste al gasto público de 124.3 millones de pesos (mdp) con que reaccionó este año su Gobierno al complicado entorno internacional. Ha entregado usted apenas el 10.5 por ciento de lo firmado ante Notario Público durante su campaña. Faltan tres años. A este ritmo va a ser muy difícil cumplir a cabalidad. ¿Qué va a hacer al respecto, señor Presidente?
En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8 por ciento de sus promesas. Para cumplir la totalidad de sus compromisos tendría que hacer válidas 44 promesas por año en promedio, una cifra que le quedó muy lejos en lo que va de la administración.
Hoy por hoy, el cumplimiento de las promesas está en riesgo por el ajuste al gasto público de 124.3 mdp que hizo el Gobierno Federal porque una de las dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, en la que justo se concentra el mayor número de los compromisos: 154 de 266.
La carrera hacia 2018 ya arrancó y algunos Secretarios de Estado aparentan estar en competencia. ¿Los cambios en su Gabinete de este año se debieron a la carrera rumbo a Los Pinos?
Apenas consumadas las elecciones del 7 de junio pasado, la carrera de los aspirantes hacia la Presidencia de la República para 2018 se inició sin disimulos. En agosto, el Presidente hizo cambios en su Gabinete, una decisión que fue leída como una reestructura necesaria para ganar confianza, pero también en una jugada de ajedrez. A partir de entonces, Aurelio Nuño Mayer, antes jefe de asesores en la Oficina de la Presidencia y ahora Secretario de Educación Pública, ha tenido una constante aparición mediática; sobre todo en el conflicto con la sección 9 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se resiste a la evaluación, mandato de la Reforma Educativa. Mientras, los observadores no quitan de su mira a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y José Antonio Meade Kuribeña, Secretario de Desarrollo Social (antes en Relaciones Exteriores).
Tres años después hay dos millones de mexicanos sumados a la pobreza, lo que indica que la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Prospera no han sido efectivos. ¿Estima usted evaluarlos para modificarlos?
En julio de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) reveló que el número de pobres había crecido en dos millones de personas en los últimos dos años. El estudio cifró en 55.3 millones a los mexicanos con pocos recursos, cuando en 2012 –cuando EPN tomó posesión– eran 53.3.
Desde que el Primer Mandatario anunció en 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre, expertos en pobreza advirtieron un peligro: la aplicación del programa podía incrementar el número de pobres dada su focalización en el sector de la pobreza extrema y la exclusión de quienes ostentan el grado de pobreza moderada.
Antes de que el Coneval admitiera el aumento de la pobreza, Julio Boltvinik –uno de los más influyentes investigadores del tema, en el Colegio de México–, calculó que se habían añadido 3.6 millones a ese deplorable universo de 2012 a 2014. En promedio, 105 mil cada mes. El investigador llegó a esa estimación basado en el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del mismo Coneval, que se basa en la evolución de los ingresos por trabajo captados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), comparados con el costo de los alimentos crudos.
En la pasada celebración del Grito de Independencia usted suspendió la cena en El Palacio Nacional por razones de austeridad. Pero, Señor Presidente, cuando se intenta hacer la crónica de la vida pública de su familia, el dispendio es un elemento que no puede pasarse por alto. Incluso, la compra del avión presidencial TP01 de casi siete mil millones de pesos fue visto desde este análisis. ¿Por qué no ha logrado dar la imagen de que gobierna con austeridad?
Envueltos de opacidad, los gastos de la familia del Presidente han ocasionado enojo entre los gobernados. En noviembre de 2014, se supo que Angélica Rivera, su esposa, había comprado una residencia con valor de 86 millones de pesos en la exclusiva colonia de Las Lomas de Chapultepec, la llamada “casa blanca”. Pero no se trata de una ostentosa adquisición única que haya quedado como elemento aislado en la vida de los inquilinos de la casona de Constituyentes. Angélica Rivera, presidenta honoraria del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF), ha mostrado en estos tres años, un estilo de vida caro ante los ojos de su propio país y el mundo. Al tiempo, es la hora en que no presenta su plan de trabajo en el DIF, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesoras.
En abril, imágenes de ella en un recorrido en un centro comercial de Beverly Hills de Los Ángeles, California, fueron dadas a conocer por la cadena Telemundo, asentada en Miami. Antes de la transmisión del video, el conductor del programa de Espectáculos “Suelta la Sopa”, Jorge Bernal, externó: “A pesar de las críticas que ha recibido el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, ellos aparentemente continúan cometiendo los mismos errores sin importarles la crisis en la que se encuentra su país, México, y tampoco el qué dirán. Fíjense que tenemos imágenes exclusivas de ‘La Gaviota’ derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de Los Ángeles, y la pregunta es: ¿De dónde salió ese dinero para pagar sus lujos? ¿De su cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos?”
Habían transcurrido apenas días de que la revista Hola le dedicara a Rivera Hurtado 21 páginas de su viaje a Inglaterra en el que acompañó a su esposo en una visita de Estado. El artículo llevó como título “El esplendor de la Corte Británica al servicio de sus invitados, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera” y relató la forma en que vistió la Primera Dama de México. La calificó de “estilosa”.
Este es el contexto en el que la Presidencia de la República adquirió un avión Boeing 787 Dreamliner que le permitirá realizar viajes transatlánticos sin necesidad de hacer escalas. En respuesta a una solicitud de información en el Infomex del INAI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el costo de la aeronave será de 125 millones 45 mil 800 dólares. Pero esa cifra no coincide con la registrada por la Secretaría de Hacienda en la cartera de programas y proyectos de inversión que es de seis mil 769 millones 996 mil 888 pesos.
¿Cómo piensa usted resolver la crisis de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Y la tragedia de Tlatlaya? ¿Y lo sucedido en Tanhuato? No hay observador político dentro y fuera del país que no vea en estos tristes eventos el descarrilamiento de su Gobierno.
Pese a que se trata de las tragedias que desequilibraron su Gobierno, el Presidente no ha mostrado interés político en responder las preguntas que cimbran el territorio nacional: ¿Participó el Ejército en Tlatlaya? ¿Quién se llevó a los 43 la maldita noche del 26 de septiembre? ¿Se les dio tiro de gracia a los 43 muertos en Tanhuato? Sus acciones y palabras (o la ausencia de ellas) lo dibujan como un Mandatario lejano de los problemas que más lo han afectado en su ejercicio del poder y que están relacionados con la violación de los derechos humanos.
En Tlatlaya, militares ejecutaron a civiles (niños entre ellos) y es la hora en que no se sabe si formaban de una estructura delictiva.
En Tanhuato, 43 jóvenes presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron por impacto de bala, pero el Gobierno informó que las bajas ocurrieron en un enfrentamiento.
Cuando apenas había transcurrido un mes de la tragedia de Ayotzinapa, el 6 de octubre de 2014, el Presidente llamó con un tono de lejanía “afectados” a los 43 jóvenes que se preparaban para maestros rurales. Ocho días después volvió a usar ese tono cuando dijo que el asunto lo resolvería la PGR. En esa tonalidad se mantuvo el 29 de octubre al recibir en Los Pinos a los padres de los normalistas. Luego, se fue a una gira por China y Australia. Del tono del regaño se valió cuando regresó del viaje y dijo que no permitiría que le reclamaran justicia a través de la violencia y que otros “desestabilizaran” su proyecto de Nación.
La parquedad, el Presidente la tuvo el 27 de noviembre, cuando anunció un plan de 10 puntos para cimentar el Estado de Derecho. Después, en diciembre, se expresó como si quisiera borrar a golpe de palabra una pesadilla que aún no termina: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.
En dos ocasiones, ha recibido a los padres de los estudiantes en Los Pinos. La primera en octubre de 2014 y la segunda en septiembre de 2015. En ninguna, los hombres y mujeres en duelo han obtenido alguna esperanza.
Y cuando el pasado 26 de septiembre, se cumplió un año de la rotunda tragedia que reunió deudos, tanto de Tlatlaya como de Tanhuato, el Primer Mandatario se fue a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En noviembre de 2014, usted presentó un decálogo para reasumir el Estado de Derecho después de los hechos de Iguala. Pero en 2015 usted no volvió a hablar de seguridad ni de violencia, problemas que más preocupan a los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿por qué Presidente?
Un análisis del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) sobre el decálogo de Peña Nieto presentado en noviembre de 2014, expone: “Luego de un año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Ese decálogo fue un discurso para transitar el momento, pero, así como se anunció se dejó atrás.
Como ocurre con los 266 compromisos firmados ante Notario Público en campaña, los lineamientos del plan para reasumir el Estado de Derecho han sido cumplidos mínimamente: sólo ha sido llevado a cabo el punto seis, referente a un operativo en la región de Tierra Caliente. Dos medidas más fueron cumplidas de manera parcial. La cuarta que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora, sólo se cuenta con el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La otra fue la octava medida que consistía en crear leyes en contra de la tortura y desaparición forzada. El pasado 28 de octubre, un grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República se reunió con integrantes del Senado para definir el contenido de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Los muertos se acumulan, Señor Presidente. Conteos oficiales y no oficiales exponen que hay más homicidios que en el mismo periodo de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, usted insiste en que los homicidios dolosos han disminuido. ¿Qué ocurre realmente respecto al asesinato en México?
El Secretariado Ejecutivo reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2009. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015. Es decir, en el mismo momento político, Peña superó a Calderón con 14 mil 641 asesinatos, según las estadísticas del propio Gobierno.
Respecto al conteo, el semanario Zeta revela que son más muertos los de EPN porque algunos Gobiernos locales no han reportado por completo sus números. Por ejemplo, el Gobierno de Veracruz de Javier Duarte Ochoa no ha informado por lo menos 403 asesinatos.
Señor Enrique Peña Nieto, si la perspectiva de género es una de las tres estrategias transversales de su Gobierno y “México en paz” un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué usted no ha informado sobre acciones en contra de la violencia hacia las mujeres? Presidente, un cálculo conservador indica que cinco mujeres mueren cada día de manera brutal y en manos de uno o varios hombres en México.
Han transcurrido tres informes de Gobierno y el Presidente Enrique Peña Nieto no ha mencionado una sola palabra sobre los asesinatos de mujeres en el territorio mexicano. “México en paz” ha sido un apartado de todos los documentos oficiales. Proviene del Plan Nacional de Desarrollo, el documento rector de los Presidentes de México con los que marcan su impronta. Significa que el Gobierno está ocupado en recuperar la tranquilidad para vivir en una sociedad de derechos; pero no hay ni una palabra para la atención, sanción y erradicación del feminicidio (tipificado así sólo en algunas entidades). Este año, se declaró la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, la entidad donde nació Peña Nieto, así como en ocho de Morelos.
México se ha convertido en un mapa peligroso para ser mujer. Tres mil 892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013; es decir, más de cinco al día, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, asociación integrada por 49 organizaciones de Derechos Humanos.
Dos funcionarios del Gabinete ampliado han pasado a las primeras planas de los periódicos debido a sus malas conductas. Uno es Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde y ex subsecretario de Prevención del Delito en la Segob. El otro es Alfredo Castillo Cervantes, quien de Comisionado de Seguridad en Michoacán, se fue a dirigir la Comisión Nacional del Deporte. ¿Por qué no ha pedido usted controles de confianza en los nombramientos de alto rango en su equipo?
Cuando el pasado septiembre, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, varias asociaciones civiles impugnaron el puesto y trajeron a colación su currículum. Se trataba del ex Senador del PVEM que en 2009 fue detenido en el Aeropuerto de Chiapas con una maleta Luis Vuitton en la que llevaba un millón 100 mil pesos en efectivo. El mismo que apoyó y promovió la pena de muerte para los secuestradores que hubieran asesinado a sus víctimas. El mismo ser que durante los comicios del pasado 7 de junio, cuando era vocero de ese instituto político, violó la Ley Electoral. El partido de Escobar fue multado por desacato de retirar anuncios en las salas de cine de Cinemex y Cinépolis, entregar paquetes escolares con materiales no reciclables, vales para lentes, tarjetas Premia de descuento, papel para tortillas, calendarios dañinos para el medio ambiente y vales de medicina del Gobierno. Y aunque todo ello era conocido, Arturo Escobar permaneció en el cargo en la Segob hasta que el pasado 25 de noviembre, anunció su renuncia. Momentos antes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
El otro currículum controvertido es el de Alfredo Castillo Cervantes quien ha ido de un puesto a otro en los tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Tanto, que es motejado como “apagafuegos”. Una de sus características reconocida por ex colaboradores es desmantelar las estructuras de cualquier dependencia a la que llega. Fue subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, y en mayo de 2010, el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto lo designó como titular de la Procuraduría del Edomex cuando Alberto Bazbaz renunció por el escandaloso caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette. Fue designado como Procurador Federal del Consumidor cuando Humberto Benítez dejó el organismo debido a un escándalo suscitado cuando su hija ordenó que observadores de la Profeco acudieran a un restaurante en la Roma donde no le daban sitio. Luego, fue titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, donde se le acusa de meter en prisión al doctor José Manuel Mireles con cargos fabricados. No hay instancia en la que no haya dejado un halo de conflicto. En estos momentos, el Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene la advertencia de que México podría ser suspendido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 si la Conade, bajo su dirección, no pone fin a su injerencia sobre las federaciones y los comités deportivos nacionales. Al tiempo de este conflicto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que hubo ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Michoacán, cuando él era comisionado para la paz.
¿Presentará de nuevo su declaración patrimonial? La pregunta es porque la ha modificado tres veces, pero el documento aún conserva algunas inconsistencias lo que a expertos de la Transparencia les parece una contradicción dado que México comparte con Indonesia la presidencia de la Alianza para los Gobiernos Abiertos.
El ocultamiento de datos ganó una vez más en México. Tras una larga batalla de organizaciones no gubernamentales, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en mayo de este año por el Presidente, no incluyó la obligatoriedad de la declaración patrimonial, el documento que ayudaría a conocer qué tienen los funcionarios mexicanos y por qué.
Es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que mantiene en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón hasta Arturo Escobar quien fuera subsecretario de Gobernación y ahora enfrenta una averiguación de la Fepade. A cada uno de ellos se les han descubierto propiedades no declaradas, lo que les representa un escándalo.
La primera fase de la Ronda Uno salió mal si se toma en cuenta el desinterés tan marcado de los inversionistas. ¿Cuál fue el error, Señor Presidente? Si hay un diagnóstico, ¿será dado a conocer?
La aplicación de la Reforma Energética, avalada por el Congreso de la Unión en 2013, comenzó en julio de 2015 con el inicio de las rondas de licitación de campos susceptibles a la explotación y que requieren una infraestructura y logística. Pero no hubo ofertas y 12 de los 14 bloques petroleros que se licitaron se declararon desiertos. Sólo el consorcio encabezado por Sierra Oil & Gas ganó los bloques 2 y 7. Pese a que Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, dijo que durante la Ronda Uno habría un porcentaje de adjudicación de entre el 40 y 50 por ciento sólo el 14.28 por ciento de los bloques petroleros fueron adjudicados a un solo consorcio.
Y la política para el campo, ¿cuándo la va a presentar, Señor Presidente?
En su toma de protesta, el Presidente Peña Nieto dijo: “Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país”.
Después, en noviembre de 2013, el primer mandatario externó que su política modificaría el rostro del agro mexicano al presentar el programa “Un nuevo campo para México”. Pero ese plan depende en su totalidad de la Reforma Financiera. Al concluir la primera mitad del sexenio, no hay una política definida y exclusiva para el campo donde hay más de siete millones de trabajadores mexicanos. El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto no representa una cuestión merezca planes gubernamentales dirigidos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), rectora del agro mexicano, cambió de titular en agosto. A Enrique Martínez y Martínez lo sustituyó José Eduardo Calzada Rovirosa.
En la Economía, los pasados tres años pueden resumirse en bajo nivel de crecimiento, dólar caro y la caída del precio del petróleo. ¿Tiene su Gobierno pensado un plan de contingencia más allá del recorte financiero del presupuesto?
Los reportes sólo traen malas noticias. Por séptimo mes consecutivo, en agosto pasado, los analistas privados del Banco de México (Banxico) bajaron el pronóstico de crecimiento de 2.60 a 2.55. A este cálculo, se sumó el realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que modificó sus expectativas del Producto Interno Bruto (PIB) de un 3 por ciento a un 2.4.
En julio, el peso alcanzó los 16.77 pesos por unidad en los bancos del Distrito Federal. Al cierre de este texto se encontraba en 17.9 a la venta. A la hora de las explicaciones, algunos analistas para Financial Times dijeron que los ciudadanos están sacando sus depósitos en pesos para convertirlos en dólares, un acto que puede ser consecuencia de la falta de confianza en la economía mexicana.
El FMI ha dicho que el crecimiento de la economía nacional podría llegar al 4 por ciento cuando se vean los frutos de las reformas emprendidas por el Gobierno bajo el amparo del Pacto por México. Pero la Reforma Energética se enfrenta a nuevos retos por la volatilidad del precio del petróleo. En el Gobierno de Enrique Peña Nieto la mezcla cayó a su precio más bajo en los últimos cuatro años y llegó a 75 dólares.
Su Gobierno mantiene reservados 15 millones 216 mil 834 expedientes ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Es el mayor número desde la creación del instituto en 2001. ¿Cómo puede México presentar ante el mundo una política de Gobierno Abierto con este nivel de reserva?
El INAI, jamás en su historia de 14 años, había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En tres años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 15 millones 216 mil 834, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].
Hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.
¿Qué le interesa a usted del futuro? ¿Cómo le gustaría que lo evaluara la Historia?
El Presidente Enrique Peña Nieto arranca la segunda mitad de su Gobierno. La imagen del Mandatario reformista no cuadra dada las tragedias de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato. Los analistas ven que, para recuperar credibilidad, hace falta liderazgo en el conflicto social, más que en el Congreso.
-Fin a monopolio de Pemex: empresa italiana firma primer contrato para extraer crudo
Se trata de la empresa italiana Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI), que explotará tres campos con reservas de 107 millones de barriles de aceite ligero y 69 mil millones de pies cúbicos de gas, con una inversión estimada oficialmente en mil 100 millones de dólares.
La empresa ha seguido un rumbo similar al que iniciado por Petróleos Mexicanos (Pemex). Creada en los cincuenta como paraestatal, desde mediados de los noventa ha cedido acciones, aunque conserva poco más de 30%, lo que permite a Italia mantener el control efectivo y el derecho a designar al presidente y al administrador.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, celebró el contrato con ENI al considerar que se trata de la primera empresa petrolera de “gran escala” que invierte en el país, “lo cual contribuye al proceso de modernización y apertura energética que protagoniza México”.
El comisionado presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, explicó que el contrato signado es para extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida para el área denominada Cuenca del Sureste, que se ubica frente a las costas de Tabasco, con una extensión de 67 kilómetros cuadrados.
Dicha área abarca los campos identificados como Amoca, Tecoalli y Miztón, otorgados a ENI en la segunda licitación de la Ronda Uno.
Zepeda Molina añadió que a partir de hoy inicia la fase de transición de arranque, con una duración de 90 días, en la que ENI llevará a cabo la evaluación de impacto social y los estudios que permitan establecer la línea base ambiental.
Agregó que como ocurrió con los contratos adjudicados en la primera licitación de la Ronda Uno, el pacto con ENI será incorporado a la bóveda digital de contratos que está disponible para su consulta en la página web de la CNH.
En su intervención, Pedro Joaquín Coldwell también destacó que con las primeras dos licitaciones ya realizadas, serán ocho las empresas que inviertan en los próximos meses en México: dos compañías mexicanas, una italiana, una del Reino Unido, dos argentinas con inversión británica y dos estadunidenses.
El titular de Energía agregó que para 2018, numerosas compañías de distintas categorías y dimensiones estarán establecidas y realizarán operaciones de exploración o extracción de hidrocarburos en territorio nacional, “con lo que México está de vuelta en el mapa energético mundial”.
La empresa ENI, que opera en 90 países y se dedica a petróleo, gas e hidrocarburos, así como a electricidad y construcción, se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y desastres ambientales en distintas ocasiones. En julio pasado la senadora Dolores Padierna informó que entre esos escándalos destacaba un derrame petrolero en Nigeria, donde la empresa fue expuesta por haber pagado sobornos con el fin de evitar sanciones y cargas por el desastre ambiental.
A la celebración del contrato asistió el vicepresidente para las Américs de ENI, Federico Arisi Rota, quien expresó: “Tenemos la mejor voluntad de trabajar en este país, donde sin lugar a dudas daremos lo mejor de nuestra empresa, recursos y experiencia, especialmente nuestra capacidad de desarrollar proyectos en aguas convencionales con elevada eficiencia y a bajos costos utilizando nuestras tecnologías”.
-Carlos Sánchez retoma su lucha contra las infamias de Azcárraga
Engañado y desechado por Emilio Azcárraga Jean y sus empresas, el futbolista que sufrió un infarto cerebral durante un entrenamiento con el club América, Carlos Alberto Sánchez Romero, retoma demandas retiradas y emprende otras nuevas. Amenazado por altos funcionarios y por abogados del consorcio, no se arredra e incluso denuncia negligencia médica y daño moral, luego de que le negaron apoyo médico, se le rescindió el contrato y fue despedido sin la indemnización correspondiente.
En plenitud de su carrera futbolística, Carlos Alberto Sánchez Romero sufrió un infarto cerebral el 12 de agosto de 2008, durante un entrenamiento con el club América, que derivó en graves secuelas e irreparables daños, por los cuales se vio forzado a retirarse del futbol a los 28 años de edad ante el riesgo latente de perder la vida.
No obstante, el equipo de futbol, cuya franquicia es propiedad del consorcio Televisa, se desentendió de la situación desde diciembre de 2012, al grado de dar por concluido el contrato laboral de Carlos Sánchez sin indemnización alguna y negarle los derechos médicos para sus terapias de rehabilitación, así como los medicamentos que el exfutbolista debe ingerir por el resto de su existencia. Todo ello, pese al “apoyo total” que en su momento le garantizó el dueño de la empresa, Emilio Azcárraga Jean.
Por lo anterior, Carlos Sánchez emprendió nuevas acciones legales –incluyendo una demanda por daño moral– contra Emilio Azcárraga Jean, dueño tanto del Grupo Televisa como del Club América, y Yon de Luisa, quien se desempeñaba como vicepresidente del equipo y actualmente es vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivos de la referida empresa. La Federación Mexicana de Futbol, que preside Decio de María, también está demandada.
El exdefensa Carlos Sánchez, quien perdió una parte de la movilidad de su cuerpo, exige 140 millones de pesos de indemnización por los daños ocasionados, y afirma que hubo negligencia médica del equipo, el cual acostumbra no afiliar a sus jugadores en el IMSS.
Asimismo, reactivó la demanda laboral contra el Club América y sus empresas, ya que se mantenía entrampada en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Durante su rehabilitación, el futbolista aceptó firmar contratos con América por periodos de dos años y con percepciones cada vez inferiores por órdenes de Yon de Luisa, asegura Sánchez. La empresa tampoco tuvo empacho en signar dichos compromisos con cambios constantes de razón social, en los que sólo coincide el domicilio fiscal del club: Calle del Toro número 100, colonia ex Hacienda de Coapa, Delegación Coyoacán.
Entre 2008 y 2010, Sánchez Romero firmó contratos con las empresas que administrativamente le pagaban, del mismo consorcio televisivo: Club América, S. A. de C. V.; Televisa Talento, S. A. de C.V. y Corporatel, S. A. de C.V.
Luego de su infarto, a Carlos Sánchez nada de eso parecía importarle, limitado por su precaria condición de salud y convencido de las promesas del patrón de Televisa, quien además de garantizarle un trabajo en las fuerzas básicas del equipo condicionado a obtener el certificado de entrenador expedido por la Federación Mexicana de Futbol, le ofreció integrarlo al Sistema Teletón CRIT (Centros de Rehabilitación Infantil Teletón), el programa de la Fundación Teletón, del referido consorcio. Nada le cumplieron.
Más de siete años después, el padre del deportista, Benjamín Sánchez, declara por primera vez que el club y la televisora los amenazaron tanto a él como a su esposa, Yolanda Romero Hernández, y asevera que fueron obligados a mentir ante los medios de comunicación sobre la gravedad de su vástago. De acuerdo con su testimonio, el club les advirtió que de no hacerlo se rescindiría de inmediato el contrato al futbolista y se le suspendería la atención médica… como finalmente sucedió.
No habían transcurrido ni cuatro horas desde que Carlos Sánchez ingresó de emergencia a terapia intensiva del hospital Médica Sur cuando ya el club había convocado a conferencia de prensa en la referida clínica. En medio del dolor y la impotencia, los padres declararon al pie de la letra todo lo que les ordenaron los directivos del América en un escrito de cuatro hojas que memorizaron sobre la marcha.
De esa manera, “informaron” que su hijo “se encontraba en perfecto estado de salud”, que había recibido todos los apoyos y atenciones de la empresa televisiva, e incluso que su padecimiento no fue causado por el golpe que recibió en el juego de la Copa Libertadores, sino por “un mal congénito”. Mientras tanto, el defensa se debatía entre la vida y la muerte.
Las amenazas
Benjamín Sánchez responsabiliza de los males de su familiar a Michel Bauer y a Yon de Luisa, presidente y vicepresidente del América en aquel entonces. Fue tanta la presión ejercida, que “Bauer nos desafió diciendo que todo lo que habláramos en contra del club y de la empresa lo iban a desmentir esa misma noche en El Noticiero de Joaquín López Dóriga. Ambos se ufanaron de que prácticamente ellos son la ley, los que hacen todo aquí, los que quitan a unos y ponen a otros”.
El progenitor del deportista revela que hasta el propio Decio de María, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol, llegó a la habitación de Carlos Sánchez “para amenazarnos. Decio nos exigió guardar una conducta muy favorable hacia el club América al tiempo que nos advertía: ‘No se les olvide que el contrato de Carlos Sánchez con el equipo va a prescindir’. Fuimos intimidados por todos ellos”.
Según Benjamín Sánchez, él y Yolanda Romero Hernández retiraron la demanda promovida contra el club por la falta de afiliación al IMSS, debido a que “nos prometieron que iban a ayudar a Carlos con una cantidad de dinero suficiente para sufragar todos sus gastos de rehabilitación y medicamentos. Eso fue lo que nos hizo desistir”.
Y el colmo, dice ahora Carlos Sánchez: “Ni siquiera podía ni hablar, y Televisa ya me estaba invitando a que asistiera a sus programas. Me pedían que hiciera más que lo imposible para acudir puntual con ellos”.
En 2010, América y Grupo Televisa, en lugar de cubrir los gastos médicos del jugador y proporcionarle un empleo, dieron por finalizada la relación laboral en plena rehabilitación del defensa que, aun cuando logró sobrevivir a un infarto cerebral, jamás volverá a experimentar la adrenalina de jugar en una cancha de futbol profesional.
En medio de esta trama de engaños, la situación legal de Carlos Sánchez con su anterior club se encuentra más entrampada que nunca. Sin embargo, no está dispuesto a rendirse en los tribunales e, inclusive, promoverá una demanda ante las evidencias de que existió negligencia médica.
“Nos entregaron a mi hijo cuadrapléjico. Así lo recibimos”, acusa Benjamín Sánchez.
En la querella promovida el pasado 10 de julio, los demandados son las siguientes personas físicas y morales: Club de Futbol América, S.A. de C.V.; Televisa, S.A. de C.V.; Televisa Talento, S. A. de C. V.; Federación Mexicana de Futbol, A. C.; Emilio Fernando Azcárraga Jean y Yon de Luisa.
Además, el abogado que representa al exdefensa –el quinto en lo que va del proceso contra el consorcio televisivo–, Alfredo Massad, reactivó la demanda laboral promovida en mayo de 2013 contra el Club de Futbol América, S.A. de C.V.; Televisa Talento, S.A. de C.V.; Corporatel, S.A. de C.V., y Femexfut, las cuales signaron el contrato laboral con el entonces futbolista Carlos Sánchez Romero. Este litigio se reactiva después de que los anteriores abogados del jugador abandonaron repentinamente el juicio.
Nada de análisis clínicos
Carlos Sánchez refiere que el infarto cerebral que tuvo en las instalaciones del conjunto futbolístico, en Coapa, y las dos trombosis posteriores, fueron producto del golpe que recibió en la cabeza en mayo de 2008 por un miembro del Flamengo, de Brasil, durante un juego con el América en la Copa Libertadores.
Alega que hubo negligencia médica porque a partir de la contusión que derivó en el derrame cerebral fue retirado en carrito de la cancha del estadio Azteca, pero que, en lugar de ser trasladado a un hospital, el cuerpo médico terminó por llevarlo al vestuario del equipo. Y dice que en los días siguientes Yon de Luisa le negó cualquier posibilidad de ser sometido a un análisis clínico más exhaustivo, a pesar de que el dolor no cedía.
–¿Le avisaste a Yon de Luisa que los dolores no aminoraban?
–Primero se lo dije a los médicos del equipo, Alfonso Díaz y Joaquín Velázquez. Me respondían que ellos también son empleados y por lo tanto no pueden tomar ese tipo de decisiones si no las autoriza el jefe. Me comentaron que le insistiera a Yon sobre la necesidad de realizarme los estudios. En días previos a sufrir el infarto cerebral, me encontré a De Luisa en los pasillos del club y le expuse la situación sobre la urgencia de asistir a un chequeo riguroso. Y recibí como respuesta: “No hay presupuesto para eso. Además, se trata de un dolor muscular que en cualquier momento se te va a pasar. Sigue confiando en la atención médica del equipo, que todo va a salir bien”.
Según el exdeportista, únicamente pretendía que el club le realizara el chequeo médico general para descartar cualquier tipo de daño o lesiones, “y de esa manera continuar sin riesgos los entrenamientos. Sin embargo, al negarme el club esa posibilidad, dio como resultado el infarto cerebral”.
Carlos Sánchez manifiesta que el América y Televisa incumplieron sus compromisos, en primera instancia el de brindarle todas las facilidades para que se recuperara mediante las rehabilitaciones con el fin de proseguir en el futbol.
–¿Existe un contrato de por medio entre el jugador y el club?
–Después de la demanda laboral que presenté llegamos a un convenio en el que el club se comprometía a hacerse cargo de la parte médica y a darme un trabajo como asesor técnico. Por eso me preparé como entrenador de futbol. Sin embargo, no cumplieron el acuerdo.
El abogado Alfredo Massad advierte que dicho convenio debería seguir vigente al tratarse de un acuerdo entre las partes. “Pero ellos no lo respetaron, y ahí es donde se concreta todo el daño. Además, le dan el título de director técnico, que sólo funciona en el ámbito de la Federación Mexicana de Futbol; pero si Carlos demanda al organismo –como de hecho ya sucedió–, entonces si no lo utiliza aquí no puede ocuparlo en ningún otro lado”.
El litigante prosigue: “La Federación como cuerpo de vigilancia le da un título de director técnico, y Carlos no puede ejercer esta profesión. Ahí está el daño”.
A juicio de Massad, los pactos de caballeros –ese acuerdo no escrito en la Femexfut para beneficio de los dueños y presidentes de los clubes– deben respetarse como tales, “pero no pueden existir pactos de caballeros entre personas morales, porque se trata de empresas que tienen un interés mediático y económico. Estamos hablando de los derechos humanos de una persona, en el caso de Carlos, quien estuvo en el América desde los cinco años, en la categoría ‘Dientes de leche’, y le entregó toda su vida al equipo”.
El abogado recuerda que el reglamento del América impedía al jugador medicarse por su cuenta o acudir con algún especialista. “Lo tienes que hacer con los médicos del club, pero resulta que los médicos del equipo no le recetaron algo tan sencillo como una aspirina para evitar que dos trombos se le fueran al cerebro y le causaran una lesión que dejó a Carlos Sánchez inservible como futbolista. Su daño ya no tiene vuelta atrás, y aparte le responden: ‘Lo que el equipo pudo haber hecho por ti ya lo hizo’. ¿Y el daño, que ya es irreversible? ¿Y las terapias, los medicamentos…?”.
Massad explica que Carlos Sánchez se restableció de un infarto cerebral y salió adelante, y puntualiza además que el club le hizo una promesa de contrato “y Carlos dijo: ‘Sigo creyendo en el equipo: Me convierto en director técnico para seguir en contacto con mi profesión’, y le ofrecieron un contrato más de seis meses (en 2013), y adiós. Eso fue todo. Ya no hay vuelta de hoja: El daño se consolida a partir de ese momento”, sentencia el litigante.
La problemática, plantea Massad, es que su cliente “debe tomar anticoagulantes de por vida, realizar sesiones diarias de terapias, una vez que le truncaron su carrera en plenitud”.
Carlos Sánchez realiza tres terapias al día a un costo de mil pesos por sesión, y tiene revisiones periódicas y consultas con el neurólogo, que representan gastos adicionales entre 10 y 15 mil pesos mensuales.
Peor todavía: “Los recursos de lo poco que pude ahorrar –relata– ya se agotaron. Ya todos los gastos corren por cuenta de la familia. No hay economía que soporte un padecimiento como el mío”.
Sánchez no guarda los mejores recuerdos de la Liga Mx, que para entonces dirigía Decio de María: “Este señor me visitó en la cama sólo para darme un par de libros de la Federación y una playera de la Selección con mi nombre atrás. Fue el único apoyo que recibí, además de un sillón que me entregó la Comisión del Jugador, integrante de la propia Federación, que a su vez es totalmente Televisa. El jugador está totalmente desprotegido. Urge que alguien legisle en la materia, además de formar un sindicato de futbolistas para evitar tantos abusos”.
Carlos Sánchez refiere que en septiembre pasado, durante la más reciente audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, acudió Yon de Luisa con su grupo de abogados. Justo ahí, uno de los litigantes de Televisa le informó que la empresa le había puesto sobre la mesa 7 millones de pesos por su finiquito, y que sus anteriores abogados se lo ocultaron. Sin embargo, también los abogados de la televisora sentenciaron que por haber interpuesto la demanda por daño moral se retiraba la propuesta.
Afirma que ha sido objeto de amenazas para que se desista de sus demandas, y remata: “Me dejan entrever que pueden manejar a cualquier autoridad para que resuelva a su favor…”.
-Asesinan y calcinan a tres jóvenes priistas en Chihuahua
CHIHUAHUA, Chih.- Tres priistas del municipio de Guerrero, uno de ellos líder del Frente Juvenil de ese partido, fueron asesinados y calcinados dentro de un vehículo.
El vehículo Honda Civic, con los tres cuerpos de los jóvenes en su interior, fue encontrado alrededor de la una de la tarde de ayer cerca del poblado de El Terrero.
Un día antes, las víctimas habían acudido a la inauguración de la nueva sede de su partido en la ciudad de Chihuahua –a unas dos horas de Guerrero–, donde estuvo presente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Francisco Ramos “El Payo”, de 26 años, dirigente del Frente Juvenil del PRI; Erick Reyes Carreón, de 27, y Luis Fernando González Avitia, de 29. Los tres vivían en la cabecera municipal de Guerrero.
De acuerdo con la autoridad policiaca, personas que pasaban por el lugar dieron aviso del vehículo calcinado y, cuando llegó la policía municipal, se percató de que en su interior había tres cuerpos incinerados.
La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Karina Velázquez Ramírez, exigió a la fiscalía que se esclarezcan los homicidios.
No obstante, descartó que haya repuntado la violencia en la entidad, a pesar de que el fin de semana se registraron más de una decena de homicidios; seis de ellos en Juárez, otros más en la ciudad de Chihuahua, en la carretera a Cuauhtémoc, y los del municipio de Guerrero.
-Vallejo, Castillo y Godoy se niegan a declarar por caso Mireles: abogado
URUAPAN, Mich.- Ignacio Mendoza, abogado del fundador y exlíder de autodefensas José Manuel Mireles Valverde, calificó como una “burla” para el sistema de justicia mexicano la negativa del excomisionado para la Seguridad de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y el procurador Martín Godoy Castro para acatar la orden del Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad para presentarse a declarar.
El también abogado de Cemeí Verdía dijo que ninguno tiene justificación para no presentarse y de mantener esa postura los tres podrían hacerse acreedores a una multa superior a los 80 salarios mínimos.
Castillo, abundó, tiene un cargo de gran envergadura (es titular de la Comisión Nacional del Deporte) por lo que pudo haber ido a declarar y en lugar de ello envió con un ayudante un escrito sin firma.
“José Martín Godoy es el procurador de Justicia de Michoacán y bien pudo haber venido en helicóptero y no se hubiera entretenido ni cuatro horas”, abundó.
En el caso del exgobernador, sostuvo, ahora es un ciudadano común y corriente, y con mayor razón pudo acudir pero al parecer tenía problemas de salud, explicó el defensor de Mireles.
El abogado afirmó que tiene ganado el caso, que el exlíder de las autodefensas saldrá pronto en libertad por el cúmulo de pruebas que ha presentado en el Juzgado Quinto de Distrito y cuyo titular, el juez José Armando Wong Aceituno, no tendrá más opción que dejarlo en libertad.
“El juez les hará llegar un cuestionario (a Vallejo, Castillo y Godoy) a ver si se dignan a contestarlo, pero este caso ya está ganado para que el doctor Mireles recupere su libertad, porque las causales son iguales a las de Cemeí Verdía, por la que le otorgaron la libertad”.
Por su parte, el fundador de las autodefensas de La Ruana Hipólito Mora Chávez dijo en entrevista a los medios que el sí se presentó a declarar y dijo por qué surgieron las autodefensas y cómo los utilizó el gobierno enviándolos como “carne de cañón” a limpiar Michoacán del crimen organizado.
“Nos organizamos porque el crimen organizado nos humilló, pisoteó y asesinó a muchos; hizo que dejaran sus pueblos, por tal motivo nos convertimos en autodefensas, para defender a nuestra familia ya que el gobierno nos dejó en manos del crimen organizado, no hubo ningún otro motivo por el que nosotros tomamos las armas.
“No fue para apoderarnos de plazas como dicen los narcotraficantes, no fue para asesinar sólo para defender nuestros derechos. En el momento que surgieron las autodefensas llegaron las fuerzas armadas y nos apoyaron a combatir a Los Caballeros Templarios, tanto la Policía Federal como el Ejército”, relató Hipólito al juez Wong Aceituno.
La declaración se realizó en medio de un despliegue de elementos de las policías federal, estatal y rural así como de unos 20 familiares de las 185 autodefensas detenidos en la comunidad de La Mira, el 9 de mayo del 2014.
Con pancartas en mano los familiares de los autodefensas presos exigieron su libertad. “A los que sean culpables que los castiguen si tienen antecedentes y a los que no y sean inocentes que ya los dejen en libertad”, pidieron.
-Edil de León denuncia “boquete financiero” de 300 mdp que dejó su antecesora priista
LEÓN, Gto.- El alcalde panista de León, Héctor López Santillana, denunció que su antecesora, la actual diputada federal priista Bárbara Botello Santibáñez, dejó un “boquete” financiero de casi 300 millones de pesos; una nómina inflada, compromisos de obra pública incumplidos, y el parque vehicular de la policía en mal estado.
Incluso, dijo, desaparecieron los inventarios de armas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Después de las elecciones de junio y hasta el 9 de octubre pasado, a unas horas del cambio de gobierno, la administración priista contrató a 400 empleados que heredó al gobierno actual junto con la insolvencia para cubrir los pagos y prestaciones de fin de año a los empleados de la administración centralizada.
Aunque el panista no mencionó nombres ni el tipo de responsabilidad en que pudo haber incurrido la actual vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados o sus colaboradores, López Santillana dijo haber encontrado un municipio “desvalijado” por lo que el informe será entregado al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso estatal para que determine si procede alguna sanción o denuncia.
En conferencia de prensa, acompañado por los directores de las áreas centralizadas, el presidente municipal presentó un informe derivado de una revisión de los directores a todo el proceso de entrega-recepción efectuado con sus antecesores, a casi dos meses de haber asumido el cargo.
Recordó que paralelo a esto, el Órgano de Fiscalización Superior efectúa por lo menos dos auditorías integrales a los ejercicios fiscales del gobierno de Bárbara Botello, a solicitud del Congreso, así como la revisión a las cuentas públicas respectivas.
De la revisión realizada por los directores de área –un “diagnóstico de incidencias” dijo el alcalde- se detectó un faltante de 294.9 millones de pesos, cifra que podrían aumentar una vez que se profundice en las revisiones.
Al detallar los faltantes presupuestales que causaron el “boquete” provocado por la administración de Botello, mencionó la falta de 50 millones de pesos para pagar la modificación del contrato con la empresa Red Recolector, encargada del servicio de recolección de basura, un polémico y caro contrato adjudicado durante la gestión de la priista.
Tampoco se previó el pago de 15.2 millones de pesos para los operativos de fin de año de las distintas corporaciones de seguridad: policía, protección civil y tránsito, incluyendo la falta de liquidez para el gasto corriente, el abastecimiento de combustible, el mantenimiento y la liberación de parque vehicular descompuesto de estas instancias.
La mitad del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública tiene fallas mecánicas o de plano está detenido porque no funciona, señaló López Santillana.
La SSP es una de las dependencias con mayor número de irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción. Además del estado del parque vehicular, hay expedientes extraviados y no se encontró un solo inventario de armas y equipos.
Se reportó el incumplimiento de un contrato para varias campañas de prevención del delito; la bitácora de mantenimiento del helicóptero no está completa, y tampoco se cumplió con un pago de obligaciones al Centro de control de confianza para tener el expediente de ingreso de los nuevos cadetes a la Academia metropolitana de seguridad.
Además, el alcalde recordó que hace unos días se dio a conocer que el municipio perdió 43.6 millones de pesos correspondientes a la segunda ministración del Subsemun (Subsidio federal de seguridad para los municipios), debido a la falta de comprobación de las ministraciones previas.
Desfalco generalizado
También se encontró un atraso considerable en el Sistema Integral de Transporte, lo que pone en riesgo recursos otorgados por Banobras para este propósito, a través de un crédito adquirido por la administración de Botello Santibáñez.
Tampoco se dejaron los recursos suficientes para cubrir el pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a la Comisión Federal de Electricidad, por un monto de 34.5 millones de pesos.
En el rubro de obra pública, describió el alcalde, se encontraron faltantes por 63.8 millones para corregir omisiones en el proyecto de construcción del bulevar Las joyas, y otros 23 millones para las obras complementarias del parque industrial Las colinas, un compromiso también adquirido por el gobierno anterior, del PRI.
“Otro tema fundamental que nos tiene sumamente preocupados, es el de la nómina y personal de la administración centralizada. El 10 de octubre recibimos el gobierno de León con seis mil 650 servidores públicos basificados; otros 100 contratados eventualmente, (pero) el total de posiciones autorizadas por el ayuntamiento en toda la administración pasada es de seis mil 944 servidores públicos, 63 eventuales y otros 116 contratados por honorarios, que no fueron reportados en la entrega-recepción”, reportó López Santillana en este renglón.
Para soportar el déficit presupuestal en la nómina (de 243 millones de pesos por año), la administración priista mantuvo entre 650 y 750 vacantes.
Hoy el gobierno panista se dice insolvente para erogar 37.5 millones de pesos por concepto de nómina y prestaciones de fin de año para los trabajadores municipales.
Como una de las medidas a asumir para responder a esta crisis, el alcalde solicitó un adelanto por 121 millones de pesos de las participaciones federales entregadas a través del gobierno estatal, así como la revisión del cálculo del Derecho de Alumbrado Público.
“La administración municipal ha instruido a todos los directores a tomar medidas urgentes para salir delante de esta administración. En seguridad pública, priorizaremos el dinero para atender la seguridad y la reparación del parque vehicular. Ya comenzamos a negociar pago de afectaciones con particulares y algunas paraestatales, como Conagua, a quien se le deben 2.4 millones de pesos por extracción y descargas de concesiones de pozos en comunidades”, dijo.
Por último el alcalde panista aseguró que este informe fue presentado “con el ánimo de transparentar, sin hacer señalamientos sin sustento ni acusando sólo por acusar” pero confirmó que todo el informe será entregado al Órgano de Fiscalización Superior para que éste revise si finca responsabilidades.
-Vale la pena no ir a Olímpicos si así se solucionan conflictos: Ana Guevara
Al expresar su desacuerdo por la forma en que se ha interpretado la llamada Carta Olímpica, la medallista en los Juegos de Atenas 2004 y senadora Ana Gabriela Guevara, aseguró que “valdría la pena” que México pierda su participación en los Juegos de Río 2016 si con ello se solucionan los problemas que afectan el sector.
Guevara, medallista de plata en 400 metros libres en Atenas 2004, encabezó esta mañana el foro denominado “Deportistas sin miedo”, con el que se busca que los atletas denuncien y expongan las irregularidades y malos manejos en sus respectivas disciplinas, así como sugerencias para fortalecer la disciplina deportiva.
Sin embargo, la convocatoria lanzada por la legisladora vía Twitter, y en algunos casos a través de llamadas telefónicas personales, no encontró el eco pretendido en el recinto del Senado, donde el encuentro inició con más de una hora de atraso y sólo logró atraer el interés de un puñado de deportistas, en su mayoría de la disciplina de atletismo.
Así, acudieron al evento, entre otros, competidores de alto rendimiento como Juan Luis Barrios, Zudikey Rodríguez y Éder Sáchez, así como los remeros Patrick Loliger y Alan Armenta, aparte de titulares de asociaciones deportivas.
Aunque la víspera Guevara aclaró que “Deportistas sin miedo” no era un acto político, en los hechos la exvelocista refrendó su respaldo al director de la Conade Alfredo Castillo.
También conminó a los atletas a hablar sin temor de lo que pase, en busca de encontrar respuestas necesarias, como el papel que juegan el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Conade, “y que nos digan qué pasa con esa burocracia”.
“Tenemos presidentes de federaciones que no tienen la capacidad ni la preparación para guiarnos a los atletas a lo más alto”, acusó Juan Luis Barrios, medalla de oro en los 5 mil metros en los pasados Juegos Panamericanos Toronto 2015, uno de los atletas que más ha alzado la voz sobre la situación que prevalece en su federación.
De acuerdo con Patrick Loliger, uno de los mayores problemas “es que los deportistas tenemos miedo… los deportistas somos culpables de que esto pase porque nos dejamos. Muchas veces sólo unos atletas se atreven a hablar, los que se atreven a decir qué es lo que está pasando”.
A nueve meses de los Juegos Olímpicos de Río 2016, México enfrenta una posible exclusión del evento por la injerencia de Castillo, acción denunciada por los presidentes de las federaciones y el COM directamente ante el Comité Olímpico Internacional, conflicto que debe solucionarse antes del martes 8 de diciembre.
-Mancera pide más de 177 mil mdp a la ALDF para 2016
El gobierno de Miguel Ángel Mancera solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la autorización de un presupuesto para 2016 de 177 mil 834 millones de pesos, cantidad que significa un incremento de 5.09% nominal respecto del año que termina.
En un comunicado, la Secretaría de Finanzas informó que este lunes envió al órgano legislativo el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 que incluye un “monto histórico” para ejercer el próximo año. La cantidad mencionada, dijo, representa un incremento de 8 mil 612 millones de pesos en términos nominales respecto del presupuesto autorizado en 2015.
En términos porcentuales, detalló, el incremento es de 5.09% nominal, y de 1.99% en términos reales.
La dependencia destacó que el aumento se da “en un entorno económico complicado, determinado por las limitaciones fiscales producidas por la dinámica del mercado petrolero y la moderación en las expectativas generales de crecimiento”.
Resaltó que por segundo año consecutivo, el GDF ofrecerá a los capitalinos un marco fiscal sin incremento en las tasas impositivas ni la creación de nuevos impuestos.
Según la Secretaría de Finanzas, “la capacidad del GDF para mantener una mezcla de ingresos sustentada principalmente en su esfuerzo fiscal propio, permitirá el financiamiento de dicho presupuesto, complementado por los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
A propósito de estos últimos, informó que por tercer año consecutivo se contará con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con 820 millones de pesos, y el Fondo de Capitalidad, con 4 mil millones de pesos.
Respecto al techo de endeudamiento, la dependencia agregó que será de 4 mil 500 millones de pesos, es decir, 500 mil millones menos que lo aprobado en el 2015.
El paquete fiscal enviado por la administración de Mancera a la ALDF incluye un crecimiento real del gasto en el capítulo de inversión de 7.4%, explicó la Secretaría de Finanzas. Se trata, dijo, de “un dinamismo significativamente superior al del crecimiento general, priorizando así la atención a las necesidades de bienes y servicios públicos que se requieren”.
Sin embargo, también se planea una reducción de 6% en términos reales en el rubro de Materiales y Suministros y la contención en el rubro de Servicios Generales, con un incremento de sólo 0.9% en términos reales. Ello, dijo, “refleja la estrategia de austeridad y gasto eficiente” de la administración.
Por último, la Secretaría de Finanzas informó que toda la documentación del Paquete Económico 2016 estará disponible a partir de este martes 1 de diciembre en la página www.finanzas.df.gob.mx.
-Determina juez que la Segob violó derechos de desplazados en Chiapas
Un juez de distrito determinó que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) violó los derechos humanos de indígenas tzotziles desplazados por la violencia en Chiapas, denunciaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN).
En rueda de prensa, el dirigente de la organización Francisco Jiménez Pablo y el abogado Leonel Rivero destacaron que por primera vez el Poder Judicial de la Federación intervino para corregir un procedimiento de acceso al mecanismo de protección, toda vez que su junta de gobierno desconoció a Romeo Montejo Díaz, integrante de la CNPA-MN, su condición de indígena y de defensor, dejándolo en el desamparo a él y su familia.
Tras el resolutivo, Jiménez Pablo hizo un llamado a Roberto Campa Cifrián, presidente de la junta de gobierno del Mecanismo y subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a acatar la resolución judicial y brindar protección a Romeo Montejo y su familia.
Montejo Díaz, indígena tzotzil presente en la conferencia, es familiar de Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, líderes indígenas asesinados en diciembre del año pasado en Aurora Ermita, municipio chiapaneco de Solistahuacán por miembros de un grupo delincuencial conocido como “Los Diablos”.
Los Montejo eran reconocidos como defensores de los derechos a la vivienda, al medio ambiente y los recursos naturales, sobre todo en la reforestación, rehabilitación de cafetales y de afluentes naturales de agua, recordaron los denunciantes.
Tras el crimen, el expresidente municipal Enoc Díaz Pérez acudió al domicilio de Armando y Celestino, el 25 de diciembre pasado, “amenazando de muerte a los familiares de éstos diciéndoles que les daba una hora para que le entregaran todas sus propiedades (casa, cafetales y vehículos), y que en caso de negarse los matarían a todos”, razón por la que los deudos huyeron de sus tierras.
Expulsados, al igual que otras 150 familias de esa región, el 22 de enero pasado Romeo Montejo Díaz solicitó a Segob protección para él y al menos cinco de sus familiares, y pese a que se presentó como indígena no se le proporcionó intérprete, y una semana después se le anunció la negativa de integrarlo al mecanismo de protección.
De acuerdo con la organización, “el argumento esgrimido por los funcionarios del mecanismo” es que el solicitante “no había acreditado su condición de indígena y de defensor de derechos humanos, pasando por alto que en su solicitud de ingreso éste había establecido no sólo su condición de indígena, sino también había descrito de manera clara y precisa cuáles eran las labores de defensa de los derechos humanos que realizaban tanto él como sus familiares asesinados”.
La decisión de la junta de gobierno del mecanismo de no tramitar la solicitud fue ratificada el 26 de febrero anterior.
Ante ello, la familia Montejo y la CNPA-MN promovieron un juicio de amparo, en cuya sentencia el juez Martín Adolfo Santos Pérez resolvió que a Montejo Díaz se le violó “el derecho de acceso a la justica, al no proporcionarle al momento de la entrevista un traductor que conociera su lengua y su cosmovisión”, lo que impidió al solicitante “expresarse claramente y dar respuesta a las preguntas que le fueron efectuadas al momento de la entrevista de la evaluación de riesgo, lo cual impidió que el Mecanismo tuviera un conocimiento exacto de la situación de peligro que enfrentaba” la familia Montejo.
Por ello, el juez ordenó a la junta de gobierno “reponer el procedimiento “y proporcionar un traductor “que conozca su lengua y su cosmovisión, además del derecho a que en la entrevista también sea asistido por un representante legal”.
Francisco Jiménez exigió al subsecretario Roberto Campa que en la nueva valoración “se tomen en cuenta los elementos de riesgo inminente por las amenazas de muerte y desplazamiento forzado a que se vio orillado Romeo Montejo y su familia”.
Además, “que se le ofrezcan garantías no sólo para recuperar sus propiedades y regresar a su comunidad, sino para que continúe realizando su trabajo como defensor”.
Jiménez Pablo reconoció que los funcionarios que en su momento negaron la incorporación de Romeo al mecanismo no son los mismos que ahora están en el órgano, por lo que insistió en que Campa Cifrián debe acatar el amparo para corregir los errores de sus antecesores.
Leonel Rivero, quien encabeza la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lamentó que activistas “en situaciones tan claras de vulnerabilidad y situaciones de riesgo sean atendidos por burócratas que no tienen sensibilidad” y aplican cuestionarios que contienen “preguntas capciosas” que no son comprensibles ni para quienes hablan español.
Rivero, reconocido litigante que defendió al maestro Alberto Patishtán, consideró que el Mecanismo de Protección “no se fortalece si se tiene que recurrir a la judicialización de una petición de protección, y que tenga que ser un órgano del Poder Judicial el que determine que se han violado derechos humanos y que se ha puesto en situación de riesgo a defensores”.
También explicó que después de la resolución del juez tercero, el mecanismo puede interponer un recurso de revisión en un plazo máximo de diez días, o bien, “de manera sensata, el presidente de la junta, en este caso el subsecretario Campa, podría implementar de manera inmediata el amparo y tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las violaciones”.
Traducido por un intérprete, Romeo Montejo explicó que desde que salieron de su comunidad la situación de violencia continúa, pese a que en enero de este año fue detenido el exedil Enoc Díaz Pérez, a quien responsabilizan de las muertes de los indígenas tzotziles.
-Detienen a exalcalde oaxaqueño por abuso de autoridad
OAXACA, Oax.- El fiscal general del estado, Joaquín Carrillo Ruiz, confirmó la detención del exalcalde de Pluma Hidalgo, Pochutla, Pablo Pérez Ramos (2008-2010), por el delito de abuso de autoridad y malversación de recursos del erario.
El supuesto perjuicio a la sociedad y el municipio equivale a siete millones 155 mil 752 pesos, monto correspondiente al ejercicio fiscal 2010 del ramo 33 Fondo III (de aportaciones para infraestructura social) y Fondo IV (de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales).
Luego de que se libró la orden de aprehensión, Pérez Ramos fue detenido en la calle Mártires de Río Blanco, en Pluma Hidalgo, y trasladado al penal de Pochutla, donde será puesto a disposición del juez que lo requirió.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó la denuncia debido a que los integrantes del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo no entregaron la documentación que justificara obras realizadas durante la gestión del acusado.
El fiscal advirtió que se ejecutarán aprehensiones contra cualquier autoridad que haya desviado recursos oficiales.
-Indagan si túnel hallado en Templo Mayor conduce a cámaras funerarias
En la Primera Mesa Redonda sobre Tenochtitlan, el arqueólogo Leonardo López Luján anunció el hallazgo de un estrecho pasillo que conduce al centro de la plataforma circular conocida como Cuauhxicalco del Templo Mayor, el cual remata con dos cámaras laterales donde los investigadores creen que podrían encontrarse los restos de algunos gobernantes mexicas.
Los investigadores del Proyecto Templo Mayor (PTM) y el Programa de Arqueología Urbana (PAU) siguen hasta el día de hoy “exhumando” buena parte del recinto sagrado de lo que fue la capital del imperio mexica, explicó Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al inaugurar esa mesa, que inició hoy y finalizará el viernes 4 de diciembre en El Colegio Nacional.
López Luján, director de las últimas cinco temporadas del PTM, explicó que se trata de un túnel (de 8.38 m de largo, 45 cm de ancho y metro y medio de alto) que desemboca en el justo medio del Cuauhxicalco, estructura donde, según las fuentes históricas, eran incinerados los cuerpos de los tlatoanis.
En 2013, durante las exploraciones en el lado norte del Cuauhxicalco, una estructura circular de 16.44 m de diámetro y 2.50 de altura, los integrantes del PTM se encontraron, como parte del piso de la plaza, con una lápida de andesita de tres toneladas. Tras una complicada remoción se halló una gran caja de ofrenda, rellenada con los sillares de un muro desmantelado.
En la oblación se registraron un par de cráneos correspondientes a infantes (entre 5 y 7 años al momento de la muerte) y las tres primeras vértebras cervicales, los restos de una mano y de un par de pies. Braseros, cuchillos de sacrificios, huesos de águila, objetos de oro, entre otros materiales, completaban la ofrenda.
Uno de los integrantes del equipo, el arqueólogo Tomás Cruz, se percató de que el muro sur ocultaba tras de sí el citado pasillo. “Al liberarlo de tierra y piedra, supimos que conducía directamente al corazón del Cuauhxicalco. Al fondo aparecieron dos tapias de mampostería que parecen sellar dos viejos accesos”, detalló López Luján, quien adelantó que la exploración se retomará en 2016.
Se intentará corroborar una hipótesis que pudiera ser falible, acotó el arqueólogo:
“A partir de lo que señalan las fuentes respecto de que el Cuauhxicalco era un edificio de carácter funerario, lo que especulamos es que tras esas tapias puede haber dos pequeños cuartos donde estén contenidos los restos incinerados de algunos gobernantes tenochcas, quizás de Moctezuma I y sus sucesores, Axáyacatl y Tizoc, considerando las etapas constructivas reflejadas en esta construcción”.
Cabe destacar que la Primera Mesa Redonda de Tenochtitlan abundará en los resultados de las excavaciones donde el PTM y el PAU han enfocado sus esfuerzos en los últimos años: Templo Mayor, Cuauhxicalco, Calmécac, Templo de Ehécatl, Juego de Pelota y Huey Tzompantli.
Alrededor de 50 especialistas, en su mayoría adscritos al Proyecto Templo Mayor y al Programa de Arqueología Urbana, y de otras instancias del INAH, de las universidades Nacional Autónoma de México y Prefectural de Aichi (Japón), y de El Aviario El Nido, hablarán del complejo entramado social mexica a partir del análisis de depósitos con una gran riqueza biológica, encontrados en algunas de estas edificaciones.
La historiadora Teresa Franco auguró un éxito de la Mesa Redonda de Tenochtitlan, la cual se realizará cada tres años dando oportunidad a la presentación de novedosos estudios que más tarde publicarán en la edición de las memorias del encuentro académico. Éstas vendrán a enriquecer aún más el corpus documental generado por el Proyecto Templo Mayor a lo largo de su vida, que asciende a medio millar de publicaciones.
-Emiten declaratoria sobre “territorios libres de minería” en Oaxaca
OAXACA, Oax.- Autoridades ejidales y comunales de los distritos de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declararon su territorio libre de la minería, debido a que esos proyectos contaminan sus terrenos de cultivo, afirmó el representante del Colectivo en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes Méndez.
El agente municipal de San Matías Chilazoa, Ejutla, Nicolás Cruz Arango, dio a conocer en rueda de prensa la declaratoria firmada por nueve autoridades de Valles Centrales, en la que exigen al gobierno federal y estatal la cancelación de 18 proyectos mineros.
La declaratoria será entregada a las secretarías de Gobernación, de Economía y del Medio Ambiente, así como a la CNDH, además de instancias estatales de Turismo y Desarrollo Económico, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
Además, el comisariado ejidal de Monte del Toro denunció que la minera Cuzcatlán pretende ampliar su área de operación, pues está perforando otras áreas cercanas a sus ejidos, donde hay más de 100 invernaderos que producen toneladas de tomate y su preocupación radica en la eventual contaminación de sus productos.
El secretario técnico del colectivo resaltó que en la región de Valles Centrales hay 18 proyectos mineros, de los que dos se encuentran en producción comercial de oro y plata, el de San José del Progreso y San Pedro Totolapan, autorizados en 2004 y con vigencia de 50 años.
Luego adelantó que las comunidades acordaron promover acciones legales y pacíficas para hacer respetar estos acuerdos y prohibir todo tipo de actividad relacionada con la minería, actividad que sólo ha dejado violencia, como en el caso de San José del Progreso, donde de 2010 a 2012 se contabilizan cuatro muertos, dos del ayuntamiento y dos defensores del territorio, así como ocho lesionados, aparte de que cinco defensores cuentan con medidas cautelares.
Así, los comisariados ejidales y comunales de Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac prohibieron de manera estricta la emisión de autorizaciones para realizar estudios de prospección, exploración y explotación minera en la región.
En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor de 90% del territorio de estas comunidades a las empresas mineras Cuzcatlán SA, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; Minera Aurea SA, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla SA y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos.
Los inconformes exigen la cancelación de los títulos de concesión minera denominados San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracción 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracción 2, Ejutla Fracción 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracción 1, Los Ocotes Cinco Fracción 2, Los Ocotes y Los Ocotes Seis Fracción 1, que afectan una superficie de 49 mil 376 hectáreas de su territorio.
-Exigen chiapanecos cancelar concesiones a mineras
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
Con consignas y pancartas, integrantes de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y Frente Cívico Tonalteco AC, se concentraron en la cabecera municipal y demandaron al alcalde Aristeo Trinidad Nolasco que firme un compromiso para no permitir el despojo de tierras en esa circunscripción.
“Somos organizaciones conformadas por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica y el fracking”, destacaron en un pronunciamiento.
De acuerdo con los inconformes, desde que se modificó el artículo 27 de la Constitución mexicana se ha permitido a las empresas trasnacionales que entren sin permiso a sus territorios para explotar los bienes naturales, “y lo único que han dejado es una serie de afectaciones a la flora y fauna”, por lo que ahora se mantienen alertas con el fin de evitar la entrada de nuevas empresas.
Explicaron que ante los reiterados intentos de las mineras para comprar las tierras que habitan, en diversas asambleas determinaron declarar a sus territorios libres de minería y mini hidroeléctricas.
Asimismo, señalaron que la marcha de este lunes tuvo como objetivo principal exigir al alcalde de Pijijiapan que firme un acuerdo donde les garantice que las empresas trasnacionales o mexicanas no destruirán las tierras que han cuidado durante décadas, porque es el futuro de sus familias.
Los manifestantes exigieron a Trinidad Nolasco que no expida ningún tipo de permiso o concesión a favor de las trasnacionales, “y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente, en especial los bosques y ríos”.
Los habitantes de Pijijiapan se declararon en resistencia civil hasta que el Estado respete la libre autodeterminación de los pueblos de esa región de la Costa de Chiapas y su autonomía, y advirtieron que evitarán la entrada de las empresas a sus tierras.
De igual manera, hicieron un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que se unan a la defensa de la tierra y el territorio, “y luchar todos juntos en favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte”.
En su pronunciamiento demandaron “la cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas; el respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario, y la cancelación de la explotación de gas a través del uso del fracking”.
También exigieron respeto a su derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios; respeto a su autonomía y libre determinación de sus pueblos, y que se garantice el derecho a un ambiente sano.
-Elude UE fijar postura sobre reporte del GIEI en caso Ayotzinapa
BRUSELAS.- La alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, evadió fijar su postura respecto del reporte que elaboró el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa que cuestiona la versión oficial de que los normalistas fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
En una carta, un grupo de 17 eurodiputados del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) manifestó a Mogherini que el reporte del GIEI arroja que “no hay pruebas que apoyen la conclusión del gobierno mexicano de que los estudiantes hayan sido ejecutados y sus cuerpos hayan sido quemados por una banda de narcotraficantes”.
El informe del GIEI, señalaron los eurodiputados, “indica que las brutales acciones muestran la impunidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado junto con la delincuencia organizada”, por lo que las conclusiones de ese grupo de expertos “son una dura reprimenda al gobierno (mexicano) y sus autoridades”.
Los eurodiputados del grupo ALDE preguntaron a la alta representante si compartía “la grave preocupación” del GIEI y si se planteaba “las mismas preguntas que las formuladas por los expertos independientes en el informe”. Además, le solicitaron que expresara su acuerdo o no en que los hallazgos del GIEI “revelan problemas sistemáticos” en México.
En su respuesta escrita, Mogherini se limitó a decir que el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, se había reunido con el GIEI en abril pasado durante una visita a México y que la delegación de la UE y los servicios diplomáticos de la misma mantienen “contactos frecuentes” con las autoridades mexicanas.
La semana pasada el Parlamento Europeo aplazó a una fecha todavía no determinada la presentación del informe del GIEI que tendría lugar el 1 de diciembre pasado. Así lo decidieron los dos grupos mayoritarios, el del Partido Popular Europeo y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos, argumentando que era mejor invitar al GIEI después del viaje que realizarán a México miembros del Subcomité de Derechos Humanos en febrero próximo. Los demás grupos se opusieron.
Un grupo de ciudadanos mexicanos y europeos lanzó una campaña en las redes sociales para exigir que “el GIEI sea escuchado en el Parlamento Europeo”, y se invita a los usuarios a dejar mensajes en el muro de Facebook de la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de esa institución, la española socialista Elena Valenciano.
-Universidad de Málaga premia a Lucía Lagunes, directora de CIMAC
La Universidad de Málaga (UMA) otorgó el VI Premio Internacional de Libertad de Prensa 2015 a la periodista Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), por su labor en la democratización de los medios y la libertad de expresión.
La institución académica de España precisó que el jurado tomó la decisión a propuesta de la Cátedra Unesco de Comunicación.
Dicho jurado estuvo integrado por los decanos de las facultades pertenecientes a la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), quienes aplaudieron la dedicación de Lagunes en la defensa de las mujeres periodistas en situaciones de riesgo.
Con el Premio Internacional de Libertad de Prensa, que cada año otorga la Cátedra Unesco de Comunicación de la UMA, se recompensa la dignidad profesional, la denuncia de situaciones que obstaculizan el pleno derecho de la opinión pública, y la defensa del derecho a la libertad de expresión.
En ediciones previas el reconocimiento fue concedido al periodista español Andrés Rábago, El Roto, por la línea de independencia y espíritu crítico en sus viñetas; Gervasio Sánchez, por su trabajo como fotoperiodista en la denuncia de conflictos bélicos silenciados y la defensa de la ética profesional y los derechos humanos, y la periodista congoleña Caddy Adzuba, por la defensa de las comunicadoras en África en el libre ejercicio de su profesión.
En esta ocasión el premio se entregará a Lucía Lagunes Huerta el próximo 16 de diciembre en el salón de actos del Rectorado de la UMA, en un evento en el que también habrá una mención especial al periodista español Miguel Ángel Aguilar por su larga trayectoria en defensa de un periodismo crítico e independiente.
CIMAC –fundada en 1988– tiene como objetivo principal generar y publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres, asegurar que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano, y promover los medios como una herramienta de transformación educativa y social, que sirva como estrategia para que organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas.
CIMAC ha realizado dos informes –únicos en su tipo en el mundo– sobre las agresiones contra las mujeres periodistas en México, desde un análisis con perspectiva de género.
El reporte más reciente, “Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas. Análisis legal”, se publicó en 2014.
-Acuerdan padres de los 43 levantar plantón frente a Los Pinos
Tras recibir la confirmación de que el gobierno federal incorporó la unidad de investigación especial para el caso Ayotzinapa –y que ésta recibió el aval del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –, los padres de los 43 estudiantes normalistas acordaron que su estancia en la capital terminó y anunciaron que volverán a Guerrero este martes 1 de diciembre.
El abogado Vidulfo Rosales informó que los padres se reunirán con organizaciones sociales esta tarde y posteriormente abordarán temas de logística para levantar el “plantón de la dignidad” –dos amplias carpas de color blanco en donde dormían los padres, y otras carpas más pequeñas– que instalaron el pasado jueves en las inmediaciones de la residencia presidencial de Los Pinos.
En entrevista, Rosales informó que la nueva unidad de investigación –dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)– cuenta con 52 integrantes de distintas formaciones: desde policías federales hasta médicos y psicólogos.
Su titular, José Aarón Pérez Carro, es “un ministerio público de los más destacado”, así como “una persona con una trayectoria reconocida, amplia e intachable”, según el abogado, quien insistió en que la garantía para los padres es el aviso de los expertos del GIEI.
El próximo 15 de diciembre, abundó Rosales, las autoridades darán a conocer los avances de la investigación a los padres, así como las nuevas líneas que profundizaron en el caso.
Cinco días antes, los familiares se reunirán con Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Segob, en Acapulco. Rosales comentó que todavía no agendaron los temas que plantearán ante el servidor público, pero que uno de ellos consistirá probablemente en las “relaciones políticas” entre el gobierno federal y el movimiento.
“Hay una relación tensa, pero creo que (la reunión de) hoy en día sentó las bases para distenderla”, subrayó.
-Vallejo, Castillo y Godoy se niegan a declarar por caso Mireles: abogado
URUAPAN, Mich.- Ignacio Mendoza, abogado del fundador y exlíder de autodefensas José Manuel Mireles Valverde, calificó como una “burla” para el sistema de justicia mexicano la negativa del excomisionado para la Seguridad de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y el procurador Martín Godoy Castro para acatar la orden del Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad para presentarse a declarar.
El también abogado de Cemeí Verdía dijo que ninguno tiene justificación para no presentarse y de mantener esa postura los tres podrían hacerse acreedores a una multa superior a los 80 salarios mínimos.
Castillo, abundó, tiene un cargo de gran envergadura (es titular de la Comisión Nacional del Deporte) por lo que pudo haber ido a declarar y en lugar de ello envió con un ayudante un escrito sin firma.
“José Martín Godoy es el procurador de Justicia de Michoacán y bien pudo haber venido en helicóptero y no se hubiera entretenido ni cuatro horas”, abundó.
En el caso del exgobernador, sostuvo, ahora es un ciudadano común y corriente, y con mayor razón pudo acudir pero al parecer tenía problemas de salud, explicó el defensor de Mireles.
El abogado afirmó que tiene ganado el caso, que el exlíder de las autodefensas saldrá pronto en libertad por el cúmulo de pruebas que ha presentado en el Juzgado Quinto de Distrito y cuyo titular, el juez José Armando Wong Aceituno, no tendrá más opción que dejarlo en libertad.
“El juez les hará llegar un cuestionario (a Vallejo, Castillo y Godoy) a ver si se dignan a contestarlo, pero este caso ya está ganado para que el doctor Mireles recupere su libertad, porque las causales son iguales a las de Cemeí Verdía, por la que le otorgaron la libertad”.
Por su parte, el fundador de las autodefensas de La Ruana Hipólito Mora Chávez dijo en entrevista a los medios que el sí se presentó a declarar y dijo por qué surgieron las autodefensas y cómo los utilizó el gobierno enviándolos como “carne de cañón” a limpiar Michoacán del crimen organizado.
“Nos organizamos porque el crimen organizado nos humilló, pisoteó y asesinó a muchos; hizo que dejaran sus pueblos, por tal motivo nos convertimos en autodefensas, para defender a nuestra familia ya que el gobierno nos dejó en manos del crimen organizado, no hubo ningún otro motivo por el que nosotros tomamos las armas.
“No fue para apoderarnos de plazas como dicen los narcotraficantes, no fue para asesinar sólo para defender nuestros derechos. En el momento que surgieron las autodefensas llegaron las fuerzas armadas y nos apoyaron a combatir a Los Caballeros Templarios, tanto la Policía Federal como el Ejército”, relató Hipólito al juez Wong Aceituno.
La declaración se realizó en medio de un despliegue de elementos de las policías federal, estatal y rural así como de unos 20 familiares de las 185 autodefensas detenidos en la comunidad de La Mira, el 9 de mayo del 2014.
Con pancartas en mano los familiares de los autodefensas presos exigieron su libertad. “A los que sean culpables que los castiguen si tienen antecedentes y a los que no y sean inocentes que ya los dejen en libertad”, pidieron.
-Envía Peña al Senado propuestas de embajadores y cónsules
Cuando faltan sólo 10 días hábiles para concluir el periodo ordinario en el Senado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado para su ratificación un racimo de ocho embajadores y cónsules, entre ellos tres de acreditada militancia priista y en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Destaca Juan José Guerra Abud, expriista y actual militante del PVEM, quien fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a quien Peña propone como embajador en Italia.
El priista Eloy Cantú Segovia, exdiputado federal, exsenador y añejo aspirante al gobierno de Nuevo León, está propuesto como embajador en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, en sustitución del diplomático Juan José Ignacio Gómez Camacho.
En el elenco que Peña envió al Senado también destaca la exdiputada federal Linda Marina Dolores Munive Temoltzin como cónsul en Río de Janeiro, Brasil, cuya embajadora es Beatriz Paredes, su paisana de Tlaxcala.
En otras propuestas, que hoy envió al Senado, el presidente de la República hizo cambios en prominentes embajadas: A Francia envió al exsubsecretario de Relaciones Exteriores Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, quien sustituye a Agustín García-López Loaeza, que a su vez fue propuesto para ocupar la de Canadá.
Gómez Camacho, quien será sustituido por el priista Cantú Segovia, fue propuesto como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se propone a Eréndira Araceli Paz Campos como embajadora en la República Bolivariana de Venezuela, y a Alejandro Estivill Castro como cónsul en Montreal, Québec, Canadá.
-Hermanas de Rubén protestan por "inconsistencias" en 'Caso Narvarte'
Cuatro meses después del brutal asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa junto a cuatro mujeres, sus hermanas rompieron el silencio y protestaron por "inconsistencias" en la investigación que siembran "incertidumbre" en torno al móvil del crimen.
"Sentimos una gran incertidumbre de poder de llegar a saber el motivo por el cual nos quitaron a nuestro hermano (...), hay inconsistencias, falta mucho por investigar", dijo en entrevista con la AFP Alma Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado.
El 31 de julio, en un apartamento de un céntrico barrio de clase media de Ciudad de México, las autoridades encontraron los cuerpos maniatados, con huellas de tortura y un balazo en la cabeza, de Espinosa y cuatro mujeres.
Las otras víctimas son la activista social Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Marti, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, quien era empleada doméstica del apartamento en el que se cometieron los crímenes y en que vivían las otras tres mujeres.
Mientras que la fiscalía de la capital ha evocado como posibles móviles el robo o una venganza personal contra Marti o por venta de drogas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigen se investigue si el crimen estuvo ligado con el trabajo periodístico de Espinosa o el activismo de Vera.
"Que nos demuestren el porqué dicen que fue una cuestión de drogas (...) o si tiene que ver con su labor periodística, que se investigue. Que nos aclaren que pasó dentro del departamento en realidad", dijo Patricia Espinosa, la otra hermana del fotoperiodista.
Espinosa y Vera se habían refugiado en Ciudad de México tras recibir amenazas de muerte en Veracruz, donde 12 periodistas han sido asesinados desde 2010.
Tres hombres, entre ellos un expolicía, han sido detenidos en relación a este homicidio múltiple que ha estremecido a la capital mexicana.
Pero ninguno de los detenidos, de acuerdo con los abogados y las hermanas de Espinosa que tienen acceso al expediente, han admitido ser los autores de los asesinatos, aunque hay videos de cámaras de seguridad que los muestran saliendo del edificio el mismo día que se cometieron los cinco homicidios.
Patricia señaló que uno de los detenidos ha insistido en que "hay otras dos personas implicadas al menos" y la fiscalía "no ha querido investigar sobre ellos, ni sobre las llamadas (telefónicas) que recibieron antes, durante y después del periodo en el que se cometió el homicidio".
Días atrás, la fiscalía anunció que estaba cerca de cerrar la investigación, lo que preocupa y genera resistencia en su familia y sus abogados.
"No sabemos si hay prisa por cerrarlo, lo que nos interesa es saber la verdad, que se haga justicia y todos los familiares de los que estuvieron ahí eso es lo que queremos", reclamó la joven.
-Ingresa a Tabasco Onceava Caravana de Madres Migrantes
Villahermosa, Tab. Este lunes cerca de las 10 de la mañana, por el punto fronterizo de El Ceibo, sitio localizado en los límites entre el municipio tabasqueño de Tenosique y territorio guatemalteco, ingresó a México en un autobús la Onceava Caravana de Madres Migrantes, denominada “Nos hacen falta todos”, cuyas integrantes vienen en buscan de sus hijos “desaparecidos en tránsito por México”.
Las mujeres provenientes de los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes portan fotografías de sus hijos, colgadas en el pecho, fueron recibidas en suelo mexicano por el religioso, fray Tomás González Castillo, coordinador de la casa hogar del migrante La 72, ubicada en la cabecera municipal de Tenosique.
En esta ocasión la caravana está integrada por 43 personas, en su mayoría madres que vienen en busca de sus hijos, los que salieron de sus hogares con el propósito de encontrar una mejor situación de vida en los Estados Unidos, pero en su tránsito por tierras mexicanas sus familiares no volvieron a saber de su paradero.
La primera acción realizada en este país fue acudir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en la ciudad de Tenosique, primer punto de su periplo por México, donde presentaron sus identificaciones y realizaron los trámites de rigor para su estancia en suelo azteca, donde a lo largo de 18 días recorrerán varios estados de la república.
-Liberan a dos activistas en Puebla
Puebla, Pue. Con el pago de una fianza de 50 mil pesos, la noche de este lunes fueron liberados los activistas poblanos Adán Xicale Huitle y Paul Xicale Coyopol -opositores al proyecto turístico que el gobierno del estado pretende construir sobre los vestigios arqueológicos de Cholula- quienes permanecieron en prisión un año y dos meses, acusados de los delitos de motín y daño en propiedad ajena.
Su abogado Josué Xicale, hijo de Adán y hermano de Paul, informó que su liberación se logró luego de que se ganó un amparo liso y llano que dejó sin efecto el proceso penal número 323/2015 y que les permitirá continuar el proceso en libertad bajo caución por dichos delitos. “No había argumentos para que Adán y Paul continuarán en prisión”, comentó.
A las 20:30 horas de ayer, los opositores a las obras del gobierno encabezado por el panista Rafael Moreno Valle recuperaron su libertad, luego de librar una serie de trabas administrativas que prolongó su salida por casi 12 horas.
Al salir del penal regional de Cholula, con el puño en alto, Adán Xicale Huitle y Paul Xicale Coyopol, padre e hijo, advirtieron a las autoridades que no abandonarán la lucha social en el estado.
“Aunque estuvimos en prisión, siempre fuimos libre de corazón”, expresó con la voz entrecortada Paul Xicale, quien agradeció el respaldo de la comunidad cholulteca, organizaciones sociales y políticas que los acompañaron en la lucha.
El 7 de octubre de 2014 Adán y Paúl, este último de 24 años, fueron detenidos en un operativo policiaco para desalojar a un grupo de manifestantes que mantenía un plantón frente a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, en rechazo a las obras sobre los vestigios arqueológicos.
Los Xicale fueron recibidos por unas 200 personas, entre familiares, amigos, autoridades, dirigentes sociales y políticos, y miembros de la comunidad.
Realizaron un mitin frente a la cárcel y luego una caminata a la Parroquia de San Andrés, donde se ofició una misa en honor al santo patrono de la localidad.
-Aeroméxico y ASPA acuerdan revisión contractual y salarial de pilotos
Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), llegaron a un acuerdo multianual para las revisiones contractuales y salariales del periodo 2015-2019 de los pilotos que trabajan en Aeroméxico Connect. “Esta negociación fomenta la productividad, promueve la estabilidad laboral y el crecimiento de la empresa”, aseguraron la compañía y el sindicato.
“Este acuerdo multianual brinda certidumbre a la planta laboral”, ya que se pactaron las revisiones del Contrato Colectivo de Trabajo por cuatro años, entre las que se incluye la revisión salarial de este año. Asimismo se establecieron diversas condiciones de competitividad “que se traducirán en beneficios concretos para Aeroméxico Connect en los siguientes años”.
Alberto González Aguilera, secretario General de ASPA dijo que el acuerdo “es equilibrado, reconoce las conquistas laborales de los pilotos de la empresa y al mismo tiempo brinda certidumbre y estabilidad a todos”.
Aseguró que con esta negociación los pilotos de Aeroméxico Connect ayuda al crecimiento de la compañía en el mediano y largo plazo.
El director General de Aeroméxico, Andres Conesa, señaló que “este acuerdo fue posible gracias el compromiso y disposición de los pilotos quienes se han distinguido por apoyar el crecimiento y competitividad de la aerolínea desde hace varios años.”
El directivo que “la visión común sobre el futuro de Aeroméxico nos permite encontrar, a través de un diálogo constructivo, las mejores alternativas para colocarnos a la vanguardia en un mercado cada vez más competido”.
-Inauguran exposición del Sistema Satelital Mexicano
La Agencia Espacial Mexicana inauguró la exposición Sistema Satelital Mexicano, en la galería abierta de la Calzada de la Juventud Heroica, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, entre la Estela de Luz y el Monumento a los Niños Héroes.
La Exposición Sistema Satelital Mexicano, permanecerá abierta a todo público hasta el 28 de febrero de 2016, de martes a domingo de las 09:00 a las 18:00 horas,.
Durante la inauguración el coordinador general de Formación de Capital Humano de la Agencia Espacial Mexicana, Carlos Duarte Muñoz, dijo que México cuenta con uno de los más avanzados sistemas de comunicación satelital del mund, “prueba de ello es que se encuentran en órbita los satélites Bicentenario y el Morelos 3”, que en breve operarán de forma simultánea y se complementarán en la transmisión de comunicaciones móvilesy fijas para servicios de seguridad nacional.
Recordó que el satélite Bicentenario es un sistema de comunicaciones fijas que fue lanzado el 19 de septiembre de 2012. El Morelos 3 fue lanzado el pasado 2 de octubre y contará con un sistema de comunicaciones móviles en la banda L, ambos prestarán servicios también de televisión educativa y servicios de telefonía para comunidades apartadas.
-Determinan valores mínimos para nueva convocatoria de 'ronda uno'
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó los valores mínimos correspondientes a las variables de adjudicación de la tercera convocatoria de la Ronda 1, dada a conocer el pasado 12 de mayo y que incluye 25 áreas contractuales bajo la modalidad de contratos licencia para la extracción de hidrocarburos.
Como parte de las condiciones económicas de dicha convocatoria se establecieron dos variables de adjudicación: el incremento al programa mínimo de trabajo, y la Regalía Adicional.
A diferencia de los contratos de producción compartida contemplados en las primeras dos convocatorias, en los que el Estado exigió una participación en las utilidades operativas de 40 y 35 por ciento en promedio respectivamente, ahora los contratos bajo la modalidad de licencia utilizados en esta convocatoria establecen que el Estado recibirá una proporción de los ingresos brutos de cada proyecto, en la forma de una Regalía Adicional, que oscilará entre el 1 y 10 por ciento que es la variable de adjudicación con la mayor ponderación en la evaluación de ofertas.
La Regalía Adicional a favor del Estado se calcula en función del ingreso bruto, por lo que los costos de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no se consideran para su determinación y pago. De esta manera, las empresas no podrán deducir sus costos como se puede hacer en las anteriores dos licitaciones de producción compartida.
A través de un comunicado informó que los valores finales para las variables del programa mínimo de trabajo, y la regalía adicional serán determinados a través de una licitación competitiva y transparente.
Además de la Regalía Adicional, el Estado también recibirá ingresos por la extracción de hidrocarburos a través de otros instrumentos contractuales e impositivos, incluyendo entre otros, el Impuesto sobre la Renta y las regalías básicas.
Entre las condiciones técnicas de la tercera convocatoria, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) estableció el programa mínimo de trabajo aplicable a cada una de las 25 áreas contractuales. Los programas mínimos definen las actividades que, a juicio de la CNH, se requieren para evaluar el potencial existente en cada bloque con la finalidad de extraer de forma óptima los hidrocarburos.
Por lo tanto, la SHCP informó que el valor mínimo para el incremento sobre el programa mínimo de trabajo en todas las áreas licitadas será cero por ciento.
Caber recordar que las bases de licitación establecen que el valor máximo que podrán ofertar los licitantes para esta variable es de cien por ciento, es decir, podrán llegar a presentar ofertas que dupliquen el programa mínimo de trabajo determinado por la CNH.
Considerando lo anterior, y que el Estado debe garantizar que recibirá la renta petrolera que resulte de la extracción de hidrocarburos al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de la industria petrolera nacional, la SHCP precisó que el valor mínimo de la Regalía Adicional para cada área contractual será para los campos Barcodón , Carretas, Catedral, Fortuna Nacional, La Laja, Paso de Oro, Pontón, San Bernardo, Secadero y Tecolutla con 1.0 por ciento.
Para los campos Benavides-Primaber, Cuichapa-Pte, será de 2.5 por ciento; Calibrador, Duna y Ricos la regalía será de 3.0 por ciento; para los campos Malva y Mareógrafo será de 4.0 por ciento; para Calicanto, Moloacán, Peña Blanca y Tajón de 5.0 por ciento y para Mayascaste, Mundo Nuevo, Paráiso y Topén será de 10 por ciento de regalía para el Estado.
-Pide Slim que BdeM impulse empleos
El presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, manifestó este lunes que las políticas del Banco de México no deberían solamente enfocarse en cuidar de los índices inflacionarios, sino adicionarle el mandato de generar empleos en el país.
Durante la celebración por los 50 años de Grupo Financieri Inbursa, el empresario mexicano pronunció un discurso en donde destacó la historia de la economía mexicana durante el último medio siglo.
Entre los temas abordados por Slim Helú estuvieron el desaprovechamiento de los ingresos petroleros en los años 70, los rendimientos negativos de las pensiones, las consecuencias adversas del crecimiento del gasto corriente, así como las políticas del Banco central.
En tanto, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el México de hoy es mejor que en 1965, año en el cual fue fundado grupo Inbursa.
Además, el gobernador del banco central rechazó la propuesta de Slim Helu sobre un mandato adicional de la institucion a su cargo.
Los objetivos del Banco central están bien con el único mandato, que es el control de la inflación, dijo Carstens.
-Renuncia Alejandro Murat al Infonavit
El director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa presentó su renuncia al cargo mediante una misiva que remitió a la Asamblea General del organismo. En principio, el funcionario buscaría la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a gobernador de Oaxaca en los comicios del próximo año en esa entidad.
La renuncia fue oficialmente notificada por el Infonavit, a través de su cuenta de twitter: “Alejandro MuraH. presentó esta tarde su renuncia como DG Infonavit, a través de una misiva dirigida a los miembros de la Asamblea Gral”. En la notificación del Infonavit se da cuenta de que el ex funcionario agradeció la oportunidad de desempeñarse en el organismo, al presidente Enrique Peña Nieto así como a la Asamblea General que aprobó su designación en diciembre de 2012.
En un tercer mensaje, el Infonavit informa que el ex director “Reconoció el trabajo y compromiso de los más de 4000 trabajadores del Infonavit que ayudaron al cumplimiento de las metas institucionales.”
-La pena de muerte no inhibe los actos delictivos o beligerantes: Busacca
“La Unión Europea está totalmente en contra de la pena de muerte e incluso uno de los requisitos para que las naciones formen parte de esta comunidad, es que hayan erradicado de sus legislaciones el castigo capital, por lo que los hechos terroristas ocurridos en París y en diversos regiones del mundo, no tienen por qué cambiar esta concepción, este avance”, así lo señalaron la noche de este lunes la jefa de la delegación adjunta de la UE, Immaculada Roca y el embajador de Italia en México, Alessandro Busacca.
En conferencia que dictaron en el marco de la “Jornada Mundial de Ciudades por la vida-ciudades en contra de la pena de muerte”, que se llevó a cabo simultáneamente en varios países, Busacca hizo ver que en los actos de terrorismo y en la mayoría de las acciones de narcotráfico, participan mayoritariamente jóvenes, y ello sorprende por, “la falta de sensibilidad por la vida”. Sin embargo, se debe trabajar en la concientización sobre la verdadera naturaleza de estos actos, para evitar que modifiquen la percepción de los ciudadanos respecto a la pena capital.
Esto es porque se ha demostrado que este castigo no inhibe los actos delictivos o beligerantes; los países que lo aplican suelen emplear esquemas de justicia sesgados, discriminatorios y en ocasiones como “penas políticas”.
Por su parte, Immaculada Roca, explicó que 141 países la han abolido y la Unión Europea es el mayor donante de ayuda y cooperación a organizaciones no gubernamentales que están a favor de la erradicación de la misma (casi 20 millones de euros). Del mismo modo se han llevado a cabo gestiones diplomáticas y diálogos políticos con naciones que no aplican este esquema, y acción de presión social a aquellos que aún no la han abolido.
En el evento en el que estuvieron presentes Erasmo Alonso Lara, director adjunto de Derechos Humanos de la Cancillería y el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada Michel, la comunidad de Sant`Egidio, hizo un llamamiento a la moratoria del uso de la pena de muerte en todo el mundo, pues es arcaica e inaceptable la concepción de “vida por vida”.
-Avanza Ley de transición energética
Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este lunes en lo general y en lo particular la minuta de decreto de la Ley de Transición Energética, la cual fue turnada para su discusión y votación en el pleno de la cámara alta este martes o a más tardar en la sesión del jueves.
Los legisladores plantearon reservas a 17 artículos para armonizar los conceptos contenidos en la nueva legislación con los establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica y propusieron incluir un artículo transitorio para flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de energías limpias.
El senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, integrante de la Comisión de Energía propuso incluir un artículo transitorio (el vigésimo segundo) en el que se establezca un periodo para que las obligaciones de los usuarios durante los primeros años de aplicación de los Certificados de Energías Limpias (CEL´s) puedan posponerse uno o dos años.
La Ley General de Cambio Climático aprobada en 2012 establece que para 2024 México deberá generar el 35 por ciento de la electricidad que consume a partir de fuentes limpias.
Para promover las inversiones que permitan llegar a esa meta la Secretaría de Energía creó los Certificados de Energías Limpias, un instrumento que permite a los generadores de energía eléctrica que no cubran la cuota, prevenir el pago de multas adquiriendo estos certificados.
Lavalle señaló que la iniciativa de Ley de Transición Energética, que los senadores recibieron el 25 de noviembre de la Cámara de Diputados, no contempla posibles casos de excepción para el caso de que no hubiera abasto suficiente de Certificados de Energías Limpias o una mayor demanda o consumo de estos, por lo que debe existir una salvaguarda para evitar multas.
Agregó que para dar mayor certidumbre a los nuevos inversionistas al sector energético mientras se consolida el mercado es necesario determinar un costo máximo que podrían tener dichos Certificados, cuyo precio será determinado por la Comisión Reguladora de Energía.
En la propuesta de artículo transitorio presentada por el legislador se establece que las obligaciones de los usuarios de Certificados de Energías Limpias puedan posponerse por uno o dos años para incentivar la participación de los interesados.
También se incluye una provisión para que la Secretaría de Energía coordine la creación de un mecanismo financiero, una cámara de compensación, que permita a diversos suministradores y entidades responsables de carga adquirir mediante subastas los CEL´s con los que puedan satisfacer sus obligaciones.
Además se propone que la Comisión Federal de Competencia Económica realice una evaluación de la competitividad de este mercado, con el fin de asegurar que existan condiciones de competencia en el mismo.
El senador Lavalle Maury señaló que como la ley ya fue aprobada en lo general por ambas Cámaras, sólo se regresarían a San lázaro los cambios señalados por el Senado para terminar con el trámite legislativo. Dijo desconocer una posible fecha en la que se promulgara la nueva Ley pero aseguró que “definitivamente sería en este periodo”.
-Impuestos generan 28.1% más de ingresos públicos de enero a octubre
Ante un desplome de 38 por ciento en los ingresos petroleros en el periodo enero-octubre de este año, los contribuyentes del país impulsaron los ingresos públicos y con sus impuestos generaron recursos para el gobierno federal por 28.1 por ciento más frente al mismo periodo del año pasado.
Al dar a conocer su reporte mensual sobre las finanzas públicas y la deuda pública a octubre pasado, la Secretaría de Hacienda informó: “en octubre de 2015, los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores en 19 por ciento real y los recursos petroleros tuvieron una reducción real de 48.5 por ciento. Con ello los ingresos presupuestarios mostraron una disminución de 10.5 por ciento real respecto a los registrados en el mismo mes de 2014. Si bien, en los primeros 10 meses del año los ingresos totales han crecido 2 por ciento real”.
Así, el total de recursos obtenidos por el gobierno federal entre enero y octubre muestran que los ingresos presupuestales se ubicaron en 3 billones 337.9 mil millones de pesos, 2 por ciento arriba del registro del mismo periodo de 2014. Eso, subrayó la Secretaría de Hacienda, “sin incluir los ingresos de la cobertura petrolera que se recibirán en diciembre de este año”.
De manera desglosada la dependencia informó que los ingresos tributarios no petroleros sumaron 1 billón 966.2 mil millones de pesos, con un incremento real de 28.1 por ciento respecto a 2014, donde destaca la evolución de la recaudación del IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios y del que anteriormente derivaba un subsidio a las gasolinas), del impuesto a las importaciones, sobre la renta (ISR) y del IVA con incrementos de 241, 27.6, 23.8 y 3.7 por ciento en términos reales, respectivamente.
“Estos resultados se explican por el efecto de las modificaciones al marco tributario y las medidas de administración tributaria adoptadas como resultado de la Reforma Hacendaria. De acuerdo con la información disponible, el dinamismo de los ingresos tributarios responde, en parte, a medidas con efectos de una sola vez, como la eliminación del régimen de consolidación y las mejoras administrativas en el proceso de retención del ISR a los empleados públicos. Lo anterior implica que una parte de los recursos son de naturaleza no recurrente”, puntualizó la Secretaría de Hacienda.
En paralelo mencionó que durante el periodo del reporte los ingresos petroleros fueron por 654 mil millones de pesos, inferiores en 38 por ciento en términos reales a los del mismo lapso del año anterior. “Este resultado se explica por reducciones, respecto al mismo periodo del año anterior, en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo de 49.3 por ciento, al pasar de 93.1 dólares por barril (dpb) de enero-octubre de 2014, a 47.2 dpb en 2015; en la producción de petróleo de 7.6 por ciento; así como en el precio del gas natural en 33.6 por ciento. Estos efectos se compensaron parcialmente con la depreciación del tipo de cambio”, dijo.
Por lo que hace a la deuda pública, interna y externa y medida de la manera más amplia, es decir, como “saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (RFSP)”, la Secretaría de Hacienda informó que se ubicaron en 8 billones 296.8 mil millones de pesos, lo que “fue superior en 850.8 mil millones de pesos respecto de diciembre de 2014, de los cuales alrededor de 265 mil millones de pesos se explican por movimientos en el tipo de cambio”.
-Nuño respalda a Castillo al frente de la Conade
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dio su respaldo al titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, y aseguró que México cumplirá todas sus obligaciones internacionales por lo que habrá representación del país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Durante su visita de esta mañana a la escuela primera 21 de marzo, Nuño Mayer se refirió de manera breve al tema.
El Comité Olímpico Internacional ha advertido que debido a que Castillo ha quitado el título de federación a algunas instancias deportivas, como la de box y basquetbol, se arriesga la afiliación mexicana al movimiento.
“El titular de la Conade tiene mi respaldo. Necesitamos seguir avanzando en poder tener mayor claridad y orden en materia deportiva. Por supuesto que tiene mis instrucciones de poder seguir avanzando, pero generando los consensos y los acuerdos que se requieren”.
El titular de la SEP señaló que en materia deportiva se necesitan hacer ajustes y es en esa línea en la que el gobierno federal avanza.
“Alfredo Castillo tiene mi apoyo, pero por supuesto le he dado la instrucción de que en este camino busquemos lograr estos objetivos con el mayor consenso posible. Por supuesto, buscando el beneficio del deporte y que el deporte mexicano, los deportistas mexicanos, no se vean afectados por ninguna situación, y que podamos cumplir con todas nuestras obligaciones internacionales, incluyendo, por supuesto, la participación de México en los juegos, en los Juegos Olímpicos en Brasil”.
-Proponen en COP21 cobrar las emisiones de CO2
París. Los líderes de seis países y el Banco Mundial pidieron a todas las economías del mundo poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono para combatir el calentamiento planetario.
Los jefes de estado de Francia, Alemania, Chile, México, Etiopía y Canadá propusieron la creación de un mecanismo que cobre por la contaminación industrial.
"Simplemente no podemos darnos el lujo de seguir contaminando el planeta a este ritmo", dijo el presidente del BM, Jim Yong Kim.
"Debemos de poner un precio al carbono porque la energía sucia y barata no es barata para el planeta", señaló por su parte la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
-Investigación del caso Iguala “sigue abierta”, reitera PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de la reunión con los familiares de los normalistas desaparecidos y los integrantes del Grupo de Expertos, se lograron “importantes acuerdos”, como el establecimiento de reuniones de trabajo periódicas, exhaustividad en las nuevas líneas de investigación y en las acciones de búsqueda.
En el encuentro, la titular de la PGR, Arely Gómez, reiteró que la investigación del caso Iguala “sigue abierta” y que “se desarrolla con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI)”, con lo cual se refrenda el compromiso institucional de que los responsables de estos lamentables hechos sean consignados ante las autoridades federales.
Informó que la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre.
En el comunicado, que da cuenta del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas centrales de la PGR,
se informa que fue presentado de manera oficial a los integrantes de la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Esta unidad, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre y es encabezada por el Licenciado José Aarón Pérez Carro, quien se ha desempeñado en el servicio de procuración de justicia federal desde 1998.
A la reunión asistieron los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el titular de la división de la Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, y el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres.
También participaron los expertos del GIEI, Ángela Buitrago y Francisco Cox Vial, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz).
