lunes, 23 de noviembre de 2015

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 23 Noviembre 2015

-RECUPERA PEÑA NIETO APROBACIÓN
La encuesta nacional EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo muestra que 42% de los mexicanos aprueba el trabajo de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, mientras que 51% lo reprueba, con un balance de aprobación de -9.

La aprobación aumentó siete puntos con respecto a la encuesta realizada en agosto del presente año, un mes después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

De acuerdo con las cifras, la recuperación del apoyo presidencial probablemente se debe a que el efecto negativo de la fuga de El Chapo se esté diluyendo.

Las opiniones positivas sobre la persona del presidente Enrique Peña Nieto pasaron de 22% en la encuesta de agosto a 25% en la encuesta actual.

A pesar del aumento, el mandatario mexicano ha tenido una disminución de 30 puntos en sus opiniones positivas a lo largo del sexenio.

Destacan programas sociales. Al inquirir sobre qué es lo mejor que ha hecho el Presidente de la República, en primer lugar están los programas sociales y acciones de combate a la pobreza (17%), le siguen las distintas reformas estructurales (10%) y obra pública (7%).

En el registro también se observa que si bien hay mexicanos que ven a las reformas de manera positiva, también hay quienes las consideran lo peor que ha hecho el gobierno de Peña Nieto.

En esa materia, 13% afirma que las reformas son la peor acción del Presidente de la República, la segunda peor acción está relacionada con el mal desempeño de la economía, el aumento de impuestos y el desempleo (9%); mientras que en tercer lugar se menciona a la inseguridad, violencia y combate al narcotráfico (9%).

Visión crítica. Por otro lado, siguen predominando las opiniones negativas sobre el rumbo del país (58%), en tanto que sólo 23% de los encuestados considera que el país va por muy buen o buen camino.

En el mismo sentido, alrededor de la mitad de los entrevistados afirma que la situación del país es peor desde que inició este sexenio, mientras que únicamente un cuarto de los encuestados considera que el país está mejor.

En cuanto a la situación personal y familiar, también dominan las percepciones negativas sobre las positivas: sólo 2 de cada 10 afirma que ha mejorado.

En el tema de si los problemas del país están bajo control o están rebasando al Presidente de la República, se registra estabilidad en relación a la medición de agosto.

Sin embargo, sólo uno de cada cinco mexicanos cree que esta administración tiene bajo control los problemas del país.

En suma, tanto la aprobación como las opiniones positivas sobre el presidente Enrique Peña Nieto han tenido un ligero aumento en el último trimestre; en el caso específico de la aprobación, ésta pasó de 35% en agosto del presente año a 42% en el mes en curso.

Esta mejoría en las opiniones en torno al presidente Enrique Peña Nieto se observa en prácticamente todos los reactivos que califican al Jefe del Ejecutivo federal o a sus acciones, excepto sobre el rumbo del país.

Si bien es posible que el efecto negativo de la fuga del El Chapo Guzmán en la opinión pública esté desapareciendo —por ejemplo, ya no se le menciona en forma espontánea como uno de los mayores errores gubernamentales en este sexenio—, la brecha entre quienes consideran que el país va por buen camino contra los que afirman que va por mal camino continúa siendo amplia (-35).

-15 dólares la hora

15 dólares la hora
Posted by sdpnoticias on lunes, 23 de noviembre de 2015

-La CFE espera recaudar 8,000 mdp con reapertura de bonos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, anunció que espera poder recabar hasta 8,000 millones de pesos (484.6 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos a 5 y 10 años, y la emisión de uno nuevo a 12 años.

Uno de los dos bonos que planea reabrir la CFE, con sede en la Ciudad de México, vence en 5 años y será emitido el 25 de noviembre. De concretarse la venta, será la primera reapertura de este bono que cotiza con la pizarra CFE 15 y que vendió la compañía por primera vez en junio de este año.

El bono original y su reapertura vencerán el 2 de junio de 2020 y pagarán una tasa de interés anual de 0.20 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

La tasa de interés aplicable para el primer periodo de la reapertura es de 3.53%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

El otro bono que planea reabrir CFE vence en 10 años y será también vendido el 25 de noviembre. Esta será la segunda reapertura de este bono que cotiza con la pizarra CFE 14-2 y que la compañía eléctrica estatal vendió por primera vez hace 11 meses.

La primera reapertura de este título tuvo lugar en junio de 2015, de acuerdo con la carátula del prospecto de colocación del instrumento.

La fecha de vencimiento del bono y de sus dos reaperturas será el 25 de noviembre de 2025 y pagará un cupón fijo anual de 7.35%.

Por su parte, el nuevo bono o certificado bursátil que emitirá CFE en los siguientes días con las clave de pizarra CFE 15U, es por 12 años.

En este caso, el bono se emitirá en unidades de inversión, mejor conocidas como Udis -una métrica que evoluciona en paralelo al comportamiento del índice de precios al consumidor.

El valor de una Udi el día de hoy es de 5.3489 pesos.

El nuevo título, que vence el 10 de noviembre de 2027, pagará una tasa de interés fija, que está por determinarse, de acuerdo con la carátula del prospecto de colocación.

Los tres títulos de CFE recibieron una calificación de ‘AAA’ o ‘Aaa’ por parte de Standard & Poor's y Moody's de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras.

Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Banorte-Ixe y HSBC Casa de Bolsa actuarán como agentes colocadores de las dos reaperturas y del nuevo bono.

Tanto las reaperturas como la emisión del bono a 12 años las realizará CFE con base en el programa que emitió en noviembre de 2010 para emitir bonos por hasta 100,000 millones de pesos (6,057 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión.

El nuevo bono será la octava colocación que realiza CFE con base en ese programa de emisión de deuda; mientras que las reaperturas de los otros dos bonos corresponden a la séptima y sexta colocación de ese programa.

-Coberturas petroleras dejarán a México 6 mil mdd en 2015: Bloomberg
Las coberturas petroleras para garantizar el precio del crudo este año en un mínimo de 76.40 dólares por barril le redituarán a México al menos 6 mil millones de dólares, según la compañía estadunidense Bloomberg.

El precio de cobertura, precisó, fue obtenido por México mediante acuerdos financieros con bancos como Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Citigroup, para blindar sus ventas contra la caída de precios. Dichos bancos que tendrían que pagar al gobierno en diciembre.

El gobierno mexicano pagó 773 millones de dólares en 2014 para bloquear los precios.

Según cálculos de la compañía de software financiero, datos y noticias, México obtendría una ganancia “récord” de los instrumentos financieros empleados para garantizar precios mínimos del petróleo. La cotización promedio del crudo mexicano durante el 2015 fue de 46.61 dólares por barril.

México obtendría la diferencia entre el precio en el mercado del crudo y las garantías adquiridas para 228 millones de barriles a un precio de 76.40 dólares por barril entre el 1 de diciembre de 2014 y el próximo 30 de noviembre. La diferencia es de casi 30 dólares por barril, apuntó Bloomberg.

“La ganancia es enorme. Esto da a México espacio para respirar”, dijo a la agencia financiera Amrita Sen, analista petrolero principal en Energy Aspects Ltd., una compañía consultora con sede en Londres.

De acuerdo con la estimación de Bloomberg, los pagos para este 2015 superarían el récord histórico obtenido por México en 2009 mediante estas garantías. Ese año recibió mil 500 millones de dólares luego de que los precios de los hidrocarburos disminuyeron en medio de la crisis económica global.

El crudo mexicano, que históricamente cubre alrededor de un tercio del presupuesto público, cayó casi a la mitad durante el período de cobertura en lo que va de este año.

Se espera, según la estimación de Bloomberg que la diferencia entre la cobertura y los precios promedio sea de seis mil 800 millones de dólares sin incluir comisiones.

La cifra, aclaró, podría variar debido a que algunos detalles de los acuerdos no son públicos y a que la cotización del crudo podría cambiar hacia finales de este mes.

El pasado 18 de noviembre la canasta petrolera mexicana cayó hasta $33.28 dólares el barril, el nivel más bajo desde diciembre de 2008.

En 2009 el precio de la canasta petrolera que sirve de referencia para la cobertura se recuperó durante el año pero esta vez se debilitó a medida que pasó el tiempo y por lo tanto activaría un pago mayor.

Bloomberg pidió a la Secretaría de Hacienda vía telefónica y por correos electrónicos su opinión sobre las coberturas pero no respondió y el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela declinó el viernes pasado dar una estimación sobre la cantidad de dinero que recibiría México de este programa.

En una entrevista con medios de esta ciudad el funcionario se limitó a señalar que el Estado recibiría los ingresos en la primera quincena de diciembre.

El pago, subrayó Bloomberg, eclipsaría la rentabilidad de las firmas comerciales más grandes de materias primas y de los fondos de cobertura en petróleo.

-Confirma la UNAM contaminación de pozo en Guanajuato
GUANAJUATO, Gto.- El agua del pozo de la comunidad La Cantera, en el municipio de San José Iturbide, no debe ser empleada para el consumo de los habitantes hasta que se realicen estudios exhaustivos sobre los niveles y fuentes de toxicidad y se aclare si existe relación con casos de leucemia en la zona, ratificó hoy el Instituto de Geociencias de la UNAM campus Juriquilla.

En un comunicado, el instituto científico reiteró su postura respecto a la calidad del agua del pozo, luego de que los análisis de laboratorio arrojaron un nivel de radiactividad alfa cuatro veces por encima de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

La intervención de los investigadores fue solicitada por vecinos de La Cantera después de que murieron tres menores de edad y dos adultos por cáncer, lo que generó sospechas sobre la calidad del agua del pozo que abastece a la comunidad.

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Navarro de Alba, y el gobierno del estado desestimaron tal información y rechazaron los resultados. Argumentaron que cuentan con otros estudios que indican lo contrario; es decir, que descartan un riesgo por el consumo humano del agua del pozo.

Ante los resultados difundidos por el centro de la UNAM, la operación del pozo fue suspendida el pasado viernes por órdenes del presidente municipal César Rodríguez –emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –. Pero la cancelación sólo duró unas horas, pues luego de que el delegado de Conagua se apersonó en San José Iturbide, se reanudó el servicio.

En el comunicado, el Centro de Geociencias estableció que investigadores –como el geohidrólogo Marcos Adrián Ortega– efectuaron diversos estudios durante los últimos siete meses antes de concluir que el agua tiene concentraciones de radioactividad que, efectivamente, pueden estar vinculados a los casos de leucemia y otras neoplasias entre los pobladores.

Por ello, los especialistas recomendaron la realización de análisis más profundos. “Se requiere conocer los niveles y fuentes de toxicidad” para determinar de manera definitiva y contundente si el agua contiene contaminantes a un grado tal como para causar afecciones en las personas.

Eso sí, a diferencia de la Conagua que descartó que el agua represente un riesgo para la salud, el Centro de Geociencias de la UNAM sugirió a los habitantes de La Cantera no consumir el agua del pozo, así como que las autoridades “proporcionen una fuente alterna de abastecimiento e información adecuada sobre el tema de implicaciones a la salud por consumo de esa agua”.

-Desigualdad extrema coloca en riesgo democracia en México: Oxfam
OAXACA, Oax.- La desigualdad extrema pone en peligro los esquemas democráticos en México debido a que la sociedad está desencantada de gobiernos que favorecen la concentración del poder económico y políticos en una cuantas manos, afirmó Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam-México.

El especialista consideró que uno de los peligros más latentes es el descontento social que existe alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías; al contrario, profundiza la pobreza, como el caso de México, donde el 10% más rico de la población concentra 64.4% de toda la riqueza del país.

Un reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede –y por mucho– a las fortunas de otros adinerados en el resto del mundo, ya que la cantidad de millonarios de México creció 32% entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo disminuyó 0.3%.

La Oxfam, confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, resaltó que la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta, y lo contradictorio es que ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país.

Y es que en México hay más de 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica con su salario, sin embargo, es nuestro país al mismo tiempo vive uno de los hombres más ricos de todo el mundo.

Para dar una idea de la magnitud de la brecha en México, el representante de Oxfam ejemplificó que, en 2014, los cuatro principales millonarios mexicanos –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego– podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores pagándoles el equivalente a un minisalario sin perder un solo peso de su riqueza.

Luego insistió en que las democracias latinoamericanas no están viendo sus intereses representados por los gobiernos, sino que éstos representan a sus élites, sin embargo, “lo más importante es encontrar los caminos legales organizados para hacer que la democracia funcione para todos y cambiar esas reglas económicas, políticas y sociales que permiten que la riqueza se concentre en unas cuantas manos”.

Fuentes Nieva dijo desconocer si hay un plan para administrar la pobreza en México, pero los que concentran el poder económico y político sí tienen muchos intereses para proteger sus beneficios y las reglas del juego que les permiten amasar grandes fortunas.

“Aquí la responsabilidad de la ciudadanía y las organizaciones civiles es contrarrestar esa fuerza, a través de mecanismos legales como la rendición de cuentas, democracia participativa, ciudadanía activa; de lo contrario, existe un peligro latente de descontento social alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías”, alertó.

Sobre los programas asistencialistas en procesos electorales, opinó que la pobreza genera vulnerabilidad para ser influenciados con el asistencialismo o clientelismo social, ya que el dinero se convierte en influencia y poder político, social y económico y eso afecta los procesos electorales o procesos democráticos.

Entonces, esta desigualdad puede poner en peligro los esquemas democráticos no sólo en México, pues según cifras de la Coneval hay alrededor de 53 millones de pobres, lo que significa que México está muy lejos de erradicar este flagelo.

“Llevamos 20 años donde la pobreza no cae, entonces se tiene que analizar la estructura fiscal que es muy regresiva, se tiene que revisar el gasto social que es muy fragmentado y poco eficiente y se tienen que revisar las políticas de salario mínimo porque se ha estancado en los últimos 30 ó 35 años”, aconsejó.

-Familia de estudiantes arrollados por Pumabús piden a Graue no permitir impunidad
A un mes de que Lucio Rivera Santiago y Génesis Dehesa Rodríguez, estudiantes de doctorado de la UNAM, fueron atropellados por un Pumabús, aún permanecen hospitalizados y sin que el sindicato universitario ni el seguro de la unidad respondan por la presunta responsabilidad del conductor, quien actualmente se encuentra libre.

Por ello, Eduardo Rivera Santiago, hermano de Lucio, llamó al recién nombrado rector de la UNAM Enrique Luis Graue Wiechers a cumplir su palabra de “proteger a la comunidad” universitaria y no permitir la impunidad en este caso.

“Quiero hacer un llamado y una petición al nuevo rector de la UNAM, el Doctor Enrique Luis Graue Wiechers @EnriqueLGraue, quien al asumir su cargo dijo en su discurso de aceptación que ‘haremos lo conducente para mejorar nuestra seguridad, AUTONOMÍA NO SIGNIFICA IMPUNIDAD’. Este accidente que nunca debió pasar dentro de las instalaciones de la Universidad es una invitación para convertir sus palabras en acciones que protejan a todos los estudiantes, profesores y familias que día a día visitan nuestra máxima casa de estudios”.

En una carta difundida en Facebook, titulada “30 días de IMPUNIDAD, 30 días de sueños detenidos por la INDIFERENCIA DE UNA INSTITUCIÓN”, el hermano de Lucio comparó la reacción que tuvo la administración capitalina ante la muerte de dos ciclistas atropellados por un autobús de transporte público y un camión de carga.

“… En ambos casos el Gobierno del Distrito Federal pidió prisión preventiva para los inculpados, ¿por qué la UNAM no hizo lo mismo en su momento en este accidente? Por favor señor rector, usted dijo que una función ineludible de la rectoría es la de proteger a la comunidad. De parte de una persona que día a día ve sufrir a su familia, ayúdeme, ayúdenos a que así sea, ayúdenos a que se haga justicia por Lucio, por Génesis y por los que mañana pueden ser las nuevas víctimas de la impunidad dentro de la Universidad”, manifiesta en la misiva.

Miedo e impunidad

La tarde del 30 de octubre, minutos después de las 13:00 horas, Génesis y Lucio salieron de su clase de Inmunología Básica del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, pero cuando iban a cruzar el circuito universitario un Pumabús que presuntamente iba a exceso de velocidad chocó contra seis automóviles estacionados y a ellos los atropelló. Ambos quedaron prensados. Él perdió la pierna izquierda. Ella sufrió contusión craneal y múltiples fracturas en las piernas.

A 30 días de los hechos, el hermano de Lucio describió “la angustia, la desesperación y la impotencia que significa tener a un ser querido en una cama de hospital, de ver como una y otra vez les van quitando a nuestros heridos partes de su cuerpo porque el accidente del que fueron víctimas fue tan violento que literalmente les arrancó parte de sus vidas”.

En el escrito relató el miedo de los estudiantes tienen de cuando salgan del hospital y traten de retomar sus vidas que quedaron “congeladas en el tiempo” por la imprudencia de una persona.

“Todos los días son días de altibajos para ellos. Son días en los que se preguntan ‘¿por qué a mí?’. Son días en los que lloran por el dolor que les provoca ver sus cuerpos dañados y mutilados, son días en los que a veces no concilian el sueño porque llegan a ellos los recuerdos de la tragedia que vivieron y se convierten en pesadillas”.

Además, Eduardo reprochó que este lunes se cumple un mes “de la injusticia y del silencio, de la impunidad y de lo absurdo” ya que el conductor de la unidad número 03 de la Ruta 10 está libre. “Eso es lo injusto y lo absurdo”.

En la carta cuenta que, según testigos involucrados en el accidente, el chofer “aceleró de repente” porque quería ganarle el paso a otro vehículo.

Agrega, “las autoridades universitarias una vez llegaron al lugar del siniestro retiraron la grabación de la cámara de seguridad del transporte interno de la Universidad y que inclusive llegaron a escuchar la frase ‘otra vez’ por parte de los vigilantes universitarios haciendo alusión a que no es la primera vez que sucedía un accidente de estas características dentro del campus universitario”.

De acuerdo con la declaración ministerial del chófer, dice la misiva, “éste iba a 25 kms/hora y perdió el control de la unidad causando el accidente, pero ¿un autobús a esta velocidad es capaz de llevarse consigo a seis vehículos estacionados?”.

Por todas esas razones, Eduardo Rivera Santiago llamó “a toda la comunidad estudiantil y a todos los expertos” –peritos, abogados, testigos, estudiantes y profesores– que estén interesados en el caso “para que nos ayuden a que se haga justicia y a que esta tragedia no vuelva a repetirse”.

Además, denunció que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM –del que depende el sistema de transporte interno en el Circuito Universitario– ha mantenido “una postura cobarde e indiferente” desde ocurrido el incidente.

“A 30 días del accidente ningún representante del Sindicato se ha acercado a nuestras familias a preguntar por la salud de nuestros pacientes o si necesitamos algo ante un acontecimiento provocado por uno de sus agremiados. Incluso el día del accidente la abogada del chófer no fue capaz de acercarse a la mamá de Génesis o a mí para preguntar por la condición de los lesionados. Le importaba más que su defendido no pisara la cárcel que la vida de los lesionados”.

-Por falta de apoyos protestan productores de café en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Con la quema de plantas de café, agricultores de cuatro municipios de la Selva chiapaneca protestaron por segunda ocasión en menos de una semana para exigir a los gobiernos estatal y federal que aterricen los apoyos al campo, en particular para ese sector que se ha visto desfavorecido en los últimos años.

En el marco de un encuentro regional para analizar la situación, los productores de café de La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas y La Independencia, adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas AC (CODUC), quemaron simbólicamente plantas de café para manifestar su descontento ante los nulos apoyos y la apatía de los tres niveles de gobierno para combatir la roya.

En las inmediaciones del Parque Nacional Lagos de Montebello ubicado en San Vicente (La Trinitaria), Aureliano López Ruiz precisó que anteriormente cosechaba hasta 15 quintales por hectárea en cafetales con poca tecnificación, pero debido a la plaga se ha visto severamente afectada la producción.

“Las plantas cada año han tirado las hojas y ya cayendo las hojas no hay producción”, subrayó el cafeticultor del ejido Santa Martha (La Independencia).

Señaló que ante la falta de asesoría técnica y recursos económicos, los productores no tomaron acciones preventivas. Para combatir la roya, dijo, era necesario fumigar, pero el costo de los agroquímicos es elevado.

Esa problemática, aunada a los nulos apoyos de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como al declive de los precios del producto, provocó que las plantaciones fueran abandonadas por los campesinos, quienes buscaron otras alternativas para el sustento de sus familias, inclusive muchos emigraron a las ciudades y algunos más se fueron en busca del ‘sueño americano’, añadió.

Por su parte, Homero Guillén Villatoro, asesor de la CODUC, sostuvo que alrededor de siete mil productores de los municipios señalados enfrentan esa problemática y han optado por sustituir la variedad de plantas de café susceptibles a la roya (de porte alto), como mondo novo, garnica y caturra, por variedades resistentes a esa enfermedad (de porte bajo): catuai, catimor, geisa y azteca de oro.

Sin embargo, ante los pocos o nulos recursos con los que cuentan los campesinos, es difícil implementar viveros para renovar las plantaciones, y para gestionar proyectos productivos se enfrentan a la burocracia de dependencias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), apuntó.

Sostuvo, asimismo, que el Instituto del Café en Chiapas (Incafech) sólo sirve como mediador y supervisor, porque no tiene ningún recurso para los cafeticultores. Los apoyos son mínimos, recalcó.

Durante la protesta realizada este lunes, los productores de café advirtieron que seguirán en pie de lucha hasta que se atienda la problemática.

La semana pasada se manifestaron los cafetaleros de la región Sierra y Soconusco, quienes se dieron cita en el municipio de Huixtla para exigir el apoyo de las autoridades.

-Denuncia PRD a Astudillo por intromisión en Tixtla
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, confirmó que esta mañana presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, por su intervención en las elecciones del municipio de Tixtla.

En rueda de prensa señaló lo anterior a poco menos de una semana de que se repita la elección en ese municipio guerrerense. La denuncia se hizo ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta intromisión de Astudillo en el proceso usando programas sociales para inducir el voto.

“En este caso específico, a través de un programa de la Sagarpa a nivel federal y del PESA, programa de la Seder, que es un programa de atención al campo a nivel estatal”, apuntó Mojica.

“Estamos hablando de que el tope de campaña en este municipio es de alrededor de 85 mil pesos, y sólo este programa combinado federal y estatal se presentaron las pruebas sobre 2 mil beneficiados, cuando se empezaron a entregar el 20 de octubre estos apoyos”, refirió.

La secretaria general del PRD también destacó una grabación “del candidato a presidente municipal que es primo del gobernador y, bueno, se han presentado las pruebas específicas y estamos hablando solamente de este programa, de una inversión que rebasa los 5 millones de pesos”, acusó.

El mismo Astudillo, indicó, ha reconocido que en Tixtla hay bodegas del programa PESA, y quiere desviar la atención diciendo que PESA trabaja a través de agencias privadas, cuando lo cierto es que son contratadas por el gobierno del estado.

“Entonces, no tendría que haber eso, pues hay una veda electoral, de que no tendría que haber ningún programa en Tixtla, y para nuestro partido a nivel nacional Tixtla es un municipio muy emblemático, muy especial, ahí está la Normal de Ayotzinapa, por ejemplo, y bueno se ha denunciado también que el día de ayer se registraron algunas amenazas a algunos dirigentes que están en la campaña”, acotó.

-Exigen fincar responsabilidades a funcionarios por fosas en Morelos
CUERNAVACA, Mor.- Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, demandarán que la PGR atraiga el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía, pues no hay confianza en las autoridades estatales.

En una carta dirigida a la opinión pública del país, los colectivos que sostuvieron una reunión el viernes 20 con autoridades locales, advirtieron que en esa reunión “se configuró” el delito de revictimización, así como otros como “la negación a la coadyuvancia”, aparte de negligencia criminal.

“Por lo que exigimos se les finquen responsabilidades al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina; al fiscal general Javier Pérez Durón, y al director de Derechos Humanos del gobierno estatal, Ariel Homero López Rivera”, funcionarios que participaron en esa reunión y quienes abandonaron palacio de gobierno sin avisar, sin firmar los acuerdos y sin dar respuesta a las demandas de los quejosos.

Los firmantes del documento manifiestan que “presumimos el delito de negligencia criminal”, pues hay una negativa de la Fiscalía a abrir los documentos, carpetas de investigación y demás, respecto de la inhumación clandestina de los cuerpos en marzo de 2014, y de su posterior exhumación, “con trascabo y sin atender los procedimientos forenses”, en diciembre de ese mismo año, para entregar el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

También presumen que se podría configurar el delito de desaparición forzada, pues el portal de Proceso publicó el domingo 22 un documento de la policía municipal de Cuautla, de marzo de 2014, en el que se afirma que se inhumaron en las fosas clandestinas 150 cuerpos, mientras que la fiscalía asegura que sólo fueron 105. Por ello, “presumimos el delito de desaparición forzada de 45 cuerpos”, advierten.

Las propias organizaciones rechazan los términos del comunicado de prensa emitido por el gobierno de Graco Ramírez “de fecha 22 de noviembre, ya que pretende rebajar la tragedia humanitaria y la violación a los derechos humanos, que representan esas fosas clandestinas, a un asunto de delitos comunes para atenderlos de manera individualizada”.

Suman la exigencia de que se reconozca que es un crimen de lesa humanidad y que, como tal, debe atenderse de “manera colectiva”, como ha ocurrido con “los hechos criminales del gobierno perredista de Guerrero”, mismo partido al que pertenece Graco Ramírez:

“Manifestamos que nos resulta inconcebible e inadmisible que un gobierno que en su momento se dijo de izquierda renuncie de facto a sus plataformas ideológicas en aras de un pragmatismo político que no tiene más visión que atender sus intereses inhumanos y favorece, de manera criminal, la impunidad galopante”.

Por ello, y “dada la gravedad de los hechos denunciados, manifestamos que acudiremos a las instancias federales pertinentes y a los organismos internacionales de los derechos humanos, a fin de que se garantice una procuración de justicia efectiva y expedita. Y desde este momento desconocemos la veracidad de las carpetas que dan cuenta de la inhumación de los cuerpos”.

El documento es respaldado por colectivos de familiares de víctimas de Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, entre otros.

Además, por organizaciones defensoras de los derechos, así como personajes como Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; el padre Alejandro Solalinde, el actor Daniel Jiménez Cacho, Jacobo Dayán, el religioso Miguel Concha Malo, Michael W. Chamerlin, Pablo Romo Cedano, el obispo Raúl Vera López, el analista político Sergio Aguayo Quezada, Silvano Cantú, Ximena Andión Ibáñez, Carlos Cruz y Jesús Robles Maloof, entre otros.

También respaldan el posicionamiento organizaciones como Bordados por la Paz, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Colectivo Las Alamedas, El Grito Más Fuerte, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Movimiento de Liberación Nacional y Servicios y Asesoría para la Paz, entre otras.

Congreso propondrá comisión especial

El Congreso local propondrá la creación de una comisión especial para el esclarecimiento de las fosas ilegales de la Fiscalía General de Morelos (FGE), informó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Francisco Santillán Arredondo.

Ante las múltiples dudas que ha generado el hallazgo de 150 cadáveres depositados de manera irregular por la FGE en una fosa clandestina del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, pero sobre todo ante la desconfianza de la pulcritud de esa dependencia en el desarrollo de las investigaciones, el Congreso solicitará que la investigación sea abierta a la participación de una mesa de expertos.

“Una mesa o comisión ejecutiva, entre la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Morelos y el Congreso estatal”, explicó Santillán Arredondo, quien adelantó que presentará esta propuesta este jueves 26, al seno de la comparecencia ante las comisiones de Seguridad, y Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, a la que ha sido citado el fiscal Javier Pérez Durón.

El diputado de Nueva Alianza añadió que con independencia a la creación de esta comisión especial, Pérez Durón deberá resolver las múltiples dudas que ha generado la poca y deficiente información trascendida, “comenzando por saber por qué hay un desajuste en los números, si son 150 o 105 o 103 cadáveres”.

Pero además también deberá responder “cómo están integradas las carpetas de investigación, qué falló en los protocolos de actuación de la Fiscalía, cuál es el estatus de la fosa, como está el tema en la región sur, y muchas dudas que tenemos”.

Finalmente, el diputado Santillán Arredondo llamó a la prudencia del Ejecutivo que, según las organizaciones de víctimas, no sólo ha retardado su acceso a la justicia, sino que ha despreciado el acompañamiento de la UAEM en las indagatorias.

“La Universidad tiene un papel preponderante en la vida del estado y no se le puede tratar de esa manera. Entendemos que la UAEM quiere poner toda su voluntad para que se esclarezca esto, pero también que la Fiscalía quiere sacar adelante un trabajo pulcro”, consignó.

Fiscalía entrega informe a CEDH

La Fiscalía envió un reporte a la CEDH en el que sólo se explican las diligencias realizadas en el caso de Oliver Wenceslao, y no del resto de las víctimas que fueron inhumadas en ese lugar.

La secretaria ejecutiva del organismo, Fabiola Colín Bolaños, confirmó que desde el jueves 19 la dependencia estatal rindió un informe respecto del proceso que se le dio a la carpeta de investigación del joven empresario que, a pesar de haber sido reconocido por sus familiares, fue enviado a una fosa común.

“En este informe se nos hace una relatoría sobre todas las diligencias que se realizan en la carpeta de investigación de Oliver Wenceslao, con base en esto le daremos vista a la quejosa para que ella corrobore la información y si no tiene ninguna otra situación que ampliar, nosotros estaremos en posibilidad de pronunciarnos al respecto”, ofreció.

Respecto de la solicitud enviada a los 33 municipios para que informen sobre la existencia de predios que son utilizados para la inhumación de cadáveres que recoge el Servicio Médico Forense (Semefo), Colín Bolaños dijo que hasta el momento las localidades de Zacualpan de Amilpas y Villa de Ayala han negado tener convenios de esta índole con la FGE.

El ombudsman estatal confía que, en breve, el resto de los ayuntamientos, 31, entreguen sus informes correspondientes. De momento, los peritos del organismo continúan elaborando sus informes sobre los indicios que fueron encontrados en el terreno, donde se inhumaron –de manera irregular– decenas de cadáveres.

-Beltrones niega que quiera “borrar” a AMLO y Anaya de radio y TV
El líder nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones rechazó que su partido tenga lista una iniciativa de ley para modificar el uso de los tiempos oficiales por parte de dirigentes políticos como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

La víspera, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirmó que Beltrones busca borrarlo de la radio y la televisión con la iniciativa para regular los tiempos oficiales

Al respecto el líder priista señaló:

“Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de revisar que las contiendas garanticen ser equitativas para que no sean impugnadas en el futuro”, aclaró en entrevista radiofónica.

Sin embargo, reconoció que para modificar una ley electoral debe haber un acuerdo con la mayoría de los partidos políticos y que si éstos dicen que no es oportuno hacerlo se dejarán como están ahora. En este caso afirmó que el PRI no tendría ningún inconveniente.

“No estamos haciendo ninguna propuesta en específico de una iniciativa sino estamos poniendo sobre la mesa nuestra preocupación porque las elecciones no sean inequitativas en el futuro.

“Y si eso amerita que hagamos una modificación para tapar los huecos en la ley por los que se aprovechan para violentarla –no violarla directamente porque es legal, yo le llamo ‘fraude a la ley’, utilizar un precepto legal para cometer una ilegalidad– si ellos creen que es oportuno vamos juntos, si ellos creen que hay que dejarla tal cual no obstante que marca una inequidad entonces nosotros no insistiremos”, subrayó Beltrones.

Candidatos ciudadanos sí, pero con “candados”

Beltrones Rivera reafirmó la decisión de abrir las puertas del partido a candidatos ciudadanos pero aclaró que habrá “candados” para que no se cuelen supuestos simpatizantes que tengan algún vínculo con la delincuencia o antecedentes penales.

Luego de la reunión del Consejo Político Nacional del PRI el fin de semana pasado, reiteró los acuerdos tomados de renovar la vida interna del PRI y a sus candidatos, incluidos algunos no afiliados al PRI, de cara a las elecciones del próximo año en 15 estados.

“Serían como candidatos de ciudadanos simpatizantes”, precisó al explicar que serán personas que estén de acuerdo con los principios rectores del PRI aunque no sean militantes como antes se establecía.

“No vamos a estar nosotros pidiéndole que sea candidato del PRI a alguien que no crea en lo que postula el PRI. Nosotros hemos ganado las elecciones históricamente no simplemente por los militantes sino por los simpatizantes del PRI, esto es, acercarnos mucho más a los simpatizantes, quitar esas reglas viejas del siglo pasado en las que solamente pueden ser candidatos aquellos que tengan una militancia comprobada de tantos años y que además tengan una credencial”, explicó el sonorense.

Beltrones explicó que los “blindajes” serán instalados en el partido a través de una comisión que podrá investigar a los candidatos “simpatizantes” quienes habrán de firmar una carta que permita al PRI solicitar información de éstos ante las autoridades. También se les pedirá una constancia de no antecedentes penales.

Beltrones indicó que se trata de recuperar credibilidad en el partido que como los demás ha perdido mucha confianza de la ciudadanía.

“Blindarnos de la delincuencia, que penetra no nada más a los partidos políticos, se puede hacer también con los candidatos independientes. Todo el mundo debe estar alerta a que la delincuencia organizada no empiece a manejarse en las candidaturas de los partidos políticos porque ahí sí es cuando llegarían a pervertirse por completo”, insistió el priista.

Respecto de las alianzas con otros partidos, precisó que se hará con quienes garanticen la gobernabilidad. En este sentido criticó las alianzas que han hecho el PAN y el PRD porque una vez que ganan no saben qué programa de gobierno implementar y de ahí que no se garantice la gobernabilidad.

“Los partidos políticos deben garantizar una lucha política que los invite a ganar una elección, pero ganar una elección implica una responsabilidad enorme: darle gobernabilidad al país, a la región por la cual se está compitiendo, darle seguridad de que las cosas buenas van a suceder”, dijo Beltrones.

-Científicos del IPN detectan bacterias fecales en agua de purificadoras
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) urgieron a auditar a pequeñas empresas purificadoras de agua en cuyos garrafones detectaron la presencia de bacterias coliformes fecales.

Los politécnicos realizaron una investigación y tomaron 122 muestras de agua envasada en garrafones de 290 litros de 111 pequeñas purificadoras ubicadas en las 16 demarcaciones del Distrito Federal.

En más de la mitad de las muestras –69— los análisis revelaron que contenían coliformes totales: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter.

Otras 23 muestras dieron positivo para coliformes fecales: Escherichia coli sobre todo, y solo 30 pasaron la prueba de manera satisfactoria.

Además de las bacterias mencionadas los investigadores del IPN también hallaron micro bacterias no tuberculosas que producen enfermedades intestinales y afecciones respiratorias semejantes a la tuberculosis lo que puede afectar a personas inmunodeficientes que padecen VIH o diabetes.

En un comunicado el IPN detalló que el estudio microbiológico lo realizaron Jorge Francisco Cerna Cortés, titular del proyecto, y Jorge Alberto González y Merchand, jefe del laboratorio de Microbiología Molecular en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) con el apoyo del IPN y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De acuerdo con los investigadores la proliferación de purificadoras que incumplen con las normas se debe al alto porcentaje de la población capitalina que confía en la calidad del agua envasada y a su bajo precio.

“Por un costo relativamente bajo adquieren los equipos e instalan empresas purificadoras inclusive en casas particulares sin las condiciones adecuadas para tal fin, además su personal no realiza el proceso conforme a la Norma Oficial Mexicana 201 sobre productos y servicios agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel”, explicaron.

Los científicos del IPN recomendaron a la población adquirir agua embotellada en lugares que cuenten con la certificación y auditorías correspondientes.

-Están hechas “a modo” nominaciones a la Corte, Inegi y Coneval: Basave
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, criticó las nominaciones de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) porque, dijo, están “hechas a modo, o por lo menos parece un intento del gobierno de controlar esas instituciones”.

Destacó que en el caso de la terna masculina enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para nombrar a uno de los dos nuevos ministros de la SCJN, atrajo la atención del procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, vetado por su cercanía con el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para allanarle el camino a otro personaje cercano al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

En el caso del Inegi, criticó la incondicionalidad hacia el gobierno federal de las personas propuestas cuando se trata, dijo, de una institución que cuenta con credibilidad ante la opinión pública.

Según Basave, queda clara la intención del gobierno de Peña “de restaurar el autoritarismo en México”.

Agregó: “Estos inminentes nombramientos en estos órganos nos están corroborando algo que nos preocupa: el retorno del control presidencial de prácticamente todo en el país, como lo era antes, como lo era en el antiguo régimen donde no se movía la hoja de un árbol en el país sin la voluntad del presidente”.

Ante tal panorama, subrayó, el PRD trabajará para terminar con la transición democrática en el país.

En cuanto a las eventuales alianzas para las elecciones de 2016, Basave recordó que forma parte de los estatutos del PRD, pero aún no las ha definido.

Admitió que está de acuerdo con esas alianzas, pues de lo contrario –apuntó– se dejaría el camino libre al PRI para seguir en el poder.

Según la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, esas alianzas serán definidas a finales de diciembre y principios de enero.

-Capturan a presunto asesino intelectual de excandidato de Valle de Chalco
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aprehendió a Juan Diego Terán Juárez, de 42 años, presunto autor intelectual del homicidio del excandidato a diputado federal Miguel Ángel Luna Munguía.

De acuerdo con la dependencia, negocios insatisfactorios en la venta de terrenos fueron la causa principal del asesinato del excandidato el pasado 2 de junio en su propia casa de campaña en Valle de Chalco.

Elementos de la Procuraduría estatal detuvieron a Terán, quien es señalado como el presunto autor intelectual de Luna Munguía.

A raíz de las investigaciones realizadas por el personal ministerial desde el homicidio, han sido asegurados tres sujetos quienes ya fueron vinculados a proceso y se encuentran presos.

Dos de ellos identificaron plenamente a Terán Juárez como la persona que los contrató para privar de la vida a Luna Munguía.

Hasta ahora la Procuraduría sigue como principal línea de investigación del homicidio un conflicto que inició entre la víctima y el detenido por la venta de terrenos.

-Ordena INE a excandidato colimense que deje de promocionarse en Facebook
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Leoncio Alfonso Morán Sánchez, excandidato al gobierno de Colima por el partido Movimiento Ciudadano (MC), retirar de su cuenta en Facebook los mensajes donde destaca su interés por participar en las elecciones extraordinarias de enero próximo.

En sesión extraordinaria, la Comisión declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que denunció que el 10, 13 y 14 de noviembre Morán Sánchez publicó en la red social:

“Locho Morán es un hombre que surge producto de un trabajo acreditado en el servicio público” y “Locho Morán porque sabe, porque puede y porque quiere. Colima merece ese buen gobierno y ese buen gobierno lo representa Locho Morán”.

De acuerdo con el INE, dichos mensajes violan el principio de equidad y legalidad debido a que la campaña inicia hasta el próximo 10 de diciembre, por lo que el material señalado y cualquier otro de contenido similar deben ser retirados en un término no mayor a tres horas contadas a partir de la notificación correspondiente.

Asimismo, en las siguientes 24 horas deberá proporcionarse al órgano electoral las pruebas de haber dado cumplimiento al resolutivo.

Durante la sesión de este lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias también otorgó las medidas cautelares solicitadas por Acción Nacional (PAN) contra un spot del PRI por el supuesto uso de la pauta para fines distintos a los de precampaña en el promocional identificado como “Seguridad”.

El spot referido define las características de quien debe ser elegido como “gobernador”, no como precandidato del partido político, por lo que puede inferirse válidamente que se trata de contenido dirigido a todos los colimenses y no sólo a los militantes del PRI, indicó la Comisión del INE.

-Radio Centro quiere competir de nuevo por cadena de TV
Grupo Radio Centro participará en la licitación de señales de televisión digital abierta prevista para 2016, aseguró su presidente y director general Francisco Aguirre, quien aseguró que cuentan con los recursos y la experiencia necesaria.

Lo anterior, luego de que la empresa incumplió con los 3 mil 58 millones de pesos que pagaría como contraprestación por una cadena de televisión, al ganar una licitación que llevó a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), tras lo cual el organismo regulador declaró sin efectos el fallo.

“Sí vamos hacer el máximo intento por participar en esta segunda licitación, de hecho nos quedamos picados. Nos picaron la cresta, teníamos todo ya previsto, el dinero y la experiencia”, dijo Aguirre Gómez.

El empresario, de acuerdo con Notimex, también aclaró que el impago no se debió a falta de recursos, sino fue por un imprevisto del cual no detalló por motivos de confidencialidad.

En rueda de prensa precisó que “el 10 de abril se tenía que hacer el pago, no lo hicimos por un imprevisto que surgió unas horas antes del mismo. Teníamos el dinero en los bancos, Radio Centro es una empresa sumamente seria, vamos a cumplir 70 años el año que entra… y siempre hemos cumplido con nuestros compromisos de forma impecable”.

Luego reconoció que la multa que cubrió de 415 millones por el impago de la licitación generó un “boquete” en las cifras de la empresa, pero aseguró que Radio Centro tiene consistencia financiera e informativa y cuenta con la confianza de los anunciantes.

“Aun después de ese impago y aun pagando la multa, que para cualquier empresa es un boquete importante, en Radio Centro hemos sabido sobrellevar esa gran cantidad de multa y los números de Radio Centro son consistentes”, justificó.

El empresario reconoció que “esa multa nos afectó, nos hizo un boquete, pero Radio Centro tomó medidas y fueron tan efectivas que las calificadoras que son tan exigentes nos mantuvieron la calificación”.

También confió en que la nueva licitación sea para una televisión nacional más que regional, a fin de estar en igualdad de condiciones de competencia con las grandes televisoras del país, y manifestó su confianza en que estará en mejores condiciones para subastar en el nuevo procedimiento.

-Más de cien periodistas asesinados en 15 años: CNDH
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez alertó sobre los constantes actos de violencia contra comunicadores en los últimos 15 años, en los que se han registrado 107 homicidios, 20 periodistas han sido desaparecidos y se han denunciado 48 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

Durante su participación en la 57 Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), González Pérez resaltó que, además de la violencia física, “actualmente hay medios sofisticados mediante los cuales las autoridades o los poderes fácticos afectan el ejercicio de la libertad de expresión, impidiendo la libre circulación de ideas”, lo que constituye “una sutil forma de censura, en virtud de que buscan inhibir el libre ejercicio de la libertad de expresión”.

El presidente de la CNDH reconoció que pese a que en la actualidad “existe en México una mayor libertad de expresión, derecho que se ejerce con mayor apertura por los periodistas y comunicadores”, apuntó que a su vez “los riesgos para su ejercicio han resultado mayores, derivado de gran número de amenazas y agresiones”.

La violencia contra ese gremio es tal, puntualizó, que en los últimos cinco años la CNDH ha recibido 506 quejas y en el último año, de 2014 a 2015, ha emitido 26 medidas cautelares.

En cuanto a las entidades de origen de las quejas, la CNDH dio a conocer una base de datos por entidad con respecto de los homicidios registrados en los últimos 15 años; las desapariciones ocurridas de 2005 a la fecha, así como atentados contra instalaciones de medios denunciados de febrero de 2006 al 31 de octubre.

Así, Veracruz encabeza la lista de violaciones graves hacia comunicadores y periodistas al registrar 16 homicidios y cuatro desapariciones, aunque sólo reporta tres atentados contra instalaciones; le sigue Tamaulipas con 13 homicidios y dos desapariciones, pero supera a la entidad gobernada por el priista Javier Duarte con 12 ataques a instalaciones de medios.

Guerrero y Chihuahua comparten el mismo número de homicidios, con 12 cada una de esas entidades, en tanto que el primer estado registra una desaparición y un ataque, y la entidad norteña dos atentados a medios.

Otros estados con registros graves de violencia contra comunicadores son Oaxaca, con 10 asesinatos y un ataque a medio; Sinaloa con seis homicidios, una desaparición y tres ataques; Durango y el Distrito Federal con cinco asesinatos en cada entidad y un ataque a medio en la segunda, y Michoacán con cuatro asesinatos e igual número de desaparecidos.

De las 32 entidades sólo en San Luis Potosí y Yucatán no se denunciaron homicidios, en tanto que en el resto la CNDH reportó tres en el Estado de México, dos en Sonora, Jalisco y Tabasco y uno en Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Nayarit, Querétaro, Morelos, Guanajuato y Zacatecas.

-Advierte SEP mano dura contra opositores a la evaluación
“Quienes pretendan impedir la Evaluación del Desempeño enfrentarán a la fuerza pública”. Así tituló la Secretaría de Educación Pública (SEP) su comunicado de prensa número 384 difundido al mediodía de este lunes.

La advertencia se desprende de las declaraciones del titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, tras el fracaso en la aplicación de esa evaluación en Michoacán y en los días previos a que se realice en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estados donde la disidencia magisterial se ha hecho más fuerte.

“Cualquier maestro o grupo de cualquier tipo o clase que quiera violentar el derecho de los maestros a la evaluación, que quiera seguir protegiendo a los líderes que no quieren perder sus privilegios y que no les importe la educación de los niños y que quieran evitar por la fuerza que se lleve a cabo la evaluación, se van a enfrentar a la fuerza pública, que no va a permitir que eso suceda y que va a garantizar el derecho de los maestros a evaluarse”, dijo a medios de comunicación tras su visita promocional a una escuela pública que el funcionario federal ha incorporado cada lunes a su agenda pública.

Cuestionado sobre los enfrentamientos y protestas en distintas entidades durante el pasado fin de semana, en el marco de la aplicación de la evaluación a los docentes, difundidos en redes sociales y algunos medios de comunicación, Nuño Mayer admitió “pequeños” incidentes “a partir de la intolerancia” de algunos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros grupos”, que habrían bloqueado “con violencia” centros educativos.

Se dijo respetuoso de aquellos que se manifiesten en contra de la evaluación de manera “pacífica”, para enseguida justificar el uso de la fuerza pública.

“Aquellos que intentando buscar violar la ley o de manera intolerante usar ellos la fuerza para impedir el ingreso de los maestros a los centros de evaluación, de manera muy responsable los gobiernos de los estados utilizaron la fuerza pública que está precisamente para esos casos y en algunos, efectivamente, tuvimos algunos connatos”.

Para el representante de gobierno es muy claro: “No se puede pedir respeto cuando se es intolerante”.

Continuó: “(Si se) viola la ley y se quiere utilizar la fuerza para evitar el derecho de los maestros a ser evaluados, para querer cerrar un centro de evaluación por la fuerza, no lo vamos a permitir y eso es lo que las fuerzas del orden impidieron en algunos estados (…) Y la ley, en este sentido, está de nuestro lado, poder utilizar a la fuerza pública para evitar que la intolerancia tome por la fuerza estos centros y que no permita a los maestros evaluarse”.

Sobre el caso particular de Michoacán, dijo “agradecer, felicitar y reconocer” la “ayuda incondicional” de la Policía Federal (PF) en el operativo de seguridad implementado para garantizar el desarrollo de la prueba en el estado que representaba el “mayor reto” del fin de semana donde, dijo, la jornada transcurrió sin problemas en “términos generales”.

Finalmente, celebró también la participación de 95.6% de los maestros que hasta ahora han sido convocados a presentar la evaluación, a pesar de que en el propio estado de Michoacán fueron menos de 50% los docentes que rindieron la prueba.

-Grupo armado ejecuta a una madre y sus tres hijos en Guerrero
POLIXTEPEC, Gro.- Cuatro personas fueron asesinadas por sujetos armados en esta comunidad serrana del municipio de Leonardo Bravo.

De acuerdo con vecinos de las víctimas, el hecho violento se registró alrededor de la una de la madrugada de este lunes, cuando los agresores irrumpieron en tres domicilios de la localidad y abrieron fuego contra sus moradores, quienes respondieron al ataque.

En la balacera, que se prolongó durante varios minutos, murieron Cristina Barragán Vega, de 45 años, y sus hijos Gloria, Adán e Israel Barragán Vega, de 26, 18 y 16 años, respectivamente.

Horas después los vecinos sacaron de las viviendas los cuerpos calcinados de las víctimas, a quienes llevaron a otro domicilio para velarlas.

De acuerdo con los pobladores, en días pasados el gobernador Héctor Astudillo anunció un operativo de seguridad en la zona, considerada como la principal productora de narcóticos en el país, pero “hasta ahora seguimos esperando. Lo único que hay es miedo”, dijo uno de ellos.

Las autoridades llegaron hasta las 4 de la tarde por temor a sufrir una agresión, apuntó.

La acción criminal ocurre a poco más de dos semanas de que integrantes de la policía comunitaria de varios pueblos de la Sierra, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), tomaron esta comunidad y expulsaron a sangre y fuego a una célula al servicio del Cártel de Sinaloa, cuyo líder en la región es Ángel Villalobos.

El saldo de la refriega en esa ocasión fue de tres sicarios muertos y siete comunitarios lesionados.

Después de ese evento, elementos del Ejército tomaron el control del lugar y replegaron a los comunitarios pero hace dos días se retiraron del lugar, sin importar la brutal disputa entre grupos armados por el control de las zonas de producción y trasiego de heroína.

-Caen cinco presuntos ladrones en Edomex, entre ellos tres policías
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvieron a cinco sujetos, entre ellos tres policías municipales de Coacalco, señalados como presuntos responsables del delito de robo con violencia.

Se trata de Guillermo Moreno Morales, Alberto Castañeda Rojas, José Eduardo Núñez López, Juan Alejandro Trejo Cárcamo y Badir Atala Sesin, estos tres últimos agentes municipales.

Los cinco presuntos ladrones fueron aprehendidos en la vía José López Portillo en la colonia Santa María del municipio de Coacalco, momentos después de que supuestamente robaron más de medio millón de pesos a empleados de una empresa encargada de la operación de un estacionamiento en una plaza comercial de la zona.

Según las primeras investigaciones, los empleados de la empresa depositarían el dinero en el banco, pero antes de llegar a la sucursal fueron sorprendidos por los hombres que viajaban en un vehículo compacto, quienes supuestamente los sometieron y les robaron el efectivo.

Agentes de Investigación que realizaban un operativo en la zona se percataron de los hechos, se aproximaron al sitio y detuvieron a los asaltantes, a quienes decomisaron un arma calibre .38mm.

Luego de recuperar el dinero robado, los policías presentaron a los supuestos ladrones ante el agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva y luego los remitió ante la autoridad judicial con sede en Ecatepec.

La PGJEM hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a cualquiera de los sujetos aprehendidos en caso de que los reconozcan como probables responsables.

-Familiares de reportera fallecida exigen justicia y regular marchas en Michoacán
MORELIA, Mich.- Familiares de Indira Rascón García reportera de TV Azteca que murió tras ser atropellada en una marcha del magisterio disidente, expresaron su indignación y exigieron justicia a las autoridades debido a que desde el día del trágico hecho, el responsable, Gerardo Barrera Pérez, fue puesto en libertad.

En una carta abierta pidieron al Congreso local que legisle sobre la regulación de marchas y plantones y a los medios de comunicación que brinden más seguridad a sus reporteros.

“Como familia afectada exigimos a la autoridad encargada que haga justicia en el caso y se actúe para que los culpables sean castigados conforme a la ley. Nos indigna la noticia de que el conductor implicado fue liberado unas horas después del atropellamiento”, condenaron los parientes.

La familia pidió a los diputados del Congreso de Michoacán que se han pronunciado tras la muerte de Indira a que “también actúen y se revise el marco legal sobre las marchas y plantones que tanto aquejan a nuestra sociedad.

“Consideramos que se deben revisar los límites de la libertad de expresión y los derechos de terceros afectados. Los invitamos a que se debata el tema porque no podemos tener más víctimas, y no sólo lo decimos por las personas que han sido atropelladas, sino también por aquellas que son afectadas en sus quehaceres cotidianos al ser impedidas para llegar a la escuela, al trabajo y a sus hogares”, subrayaron los familiares.

Y cuestionaron:

“¿Hasta cuándo la autoridad va a permitir que las protestas de grupos organizados que sólo quieren mayores recursos o que se les faciliten condiciones para mantener sus cotos de poder incidan en la vida del pueblo michoacano?”.

Los familiares de Indira recordaron que el pasado 11 de noviembre, cuando ella fue atropellada por un automovilista en la salida a Salamanca mientras cubría las manifestaciones del día, otras dos personas fueron arrolladas.

Una de ellas es Manuel Rubalcaba, camarógrafo de CB Noticias y la otra “es una estudiante que requerirá cuidados médicos mayores”.

También instaron a los medios de información a revisar las condiciones en que laboran sus colaboradores.

“En el caso de los medios de información, los instamos a que se revisen las condiciones en que laboran sus colaboradores y se exija la protección por parte de las autoridades para la cobertura cotidiana de sucesos.

“Está bien que la autoridad organice operativos para proteger a los manifestantes, pero todos somos ciudadanos y pagamos impuestos. Todos tenemos derecho de recibir la protección del Estado”, concluye la familia de Indira en su carta.

La comunicadora de 24 años fue atropellada por un vehículo la mañana del pasado 11 de noviembre durante una marcha de los maestros de la CNTE. Permaneció hospitalizada una semana hasta que falleció el 18 de noviembre.

La reportera presentaba fractura craneoencefálica, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

El día del incidente se hallaba sobre el puente vehicular del Libramiento Norte en su cruce con la avenida Morelos cuando cubría las marchas que realizaban en Morelia organizaciones sindicales del Frente Cívico Social.

Rascón García fue arrollada por el Gerardo Barrera Pérez quien conducía de una camioneta Ford Ranger negra con placas NM-83-430 de Michoacán que circulaba por la zona.

El conductor y el vehículo fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado pero según la familia de Indira salió libre el mismo día, por lo que piden que se le juzgue conforme a la ley.

-PAN, clasifica sueldo de Anaya
El Partido Acción Nacional (PAN) incumplió con una resolución del Comité de Información del Instituto Nacional Electoral (INE) al negarse a transparentar el salario y los recibos de nómina de su líder nacional, Ricardo Anaya Cortés.
En la víspera, mediante la Ley General de Transparencia, 24 HORAS solicitó al PAN los detalles del salario y prestaciones de su dirigente nacional.
Ante la respuesta parcial y negativa, el asunto llegó hasta el Comité de Información del INE, en cuya resolución evidenció la falta de transparencia del partido blanquiazul y lo emplazó para entregar a este diario los documentos solicitados.
Respuesta parcial 
En su respuesta, Acción Nacional aseguró que Ricardo Anaya gana 48 mil pesos mensuales y que también se redujo voluntariamente su salario en un monto superior a 60 mil pesos en comparación con el sueldo de su antecesor, Gustavo Madero.
Sin embargo, el PAN no entregó las pruebas documentales -recibos de nómina de Ricardo Anaya- que sustenten su afirmación de la reducción de su salario en 61%.
Acción Nacional clasificó como confidenciales los recibos de nómina de Ricardo Anaya, por lo que el Comité de Información del INE rechazó esa respuesta y le ordenó transparentarlos; a pesar de esa resolución, el partido sigue con la negativa.
En el análisis, derivado de la solicitud de información UE/15/03932, el INE advierte que “de la revisión a la respuesta proporcionada por el PAN respecto a los recibos de nómina se advierte que, a su juicio, la información no puede ser proporcionada toda vez que contienen datos personales; sin embargo, como lo establece el artículo 13 del reglamento, los partidos políticos deberán dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o documentos”.
Ante esa resolución, el Comité de Información del Instituto Nacional emplazó “al PAN para que en un plazo no mayor a un día hábil a la notificación proporcione la información de 2015 relativo al sueldo bruto y los recibos de nómina en versión pública”.
Promesas 
La reducción de al menos el 50% de su salario fue una promesa de Ricardo Anaya desde el primer día que asumió el cargo como dirigente nacional del PAN, y aunque su partido afirmó que esto ya ocurrió, no existen pruebas documentales y hasta el cierre de esta edición se han negado a entregarlas.
El pasado 17 de agosto, durante su primer discurso como líder nacional del PAN, Anaya manifestó que entre sus prioridades inmediatas estaba un plan anticorrupción al interior del partido, así como medidas de rendición de cuentas y austeridad, entre las que destacan la cancelación de viajes en aviones privados, reducción de la nómina y publicación de sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.
La misma solicitud de información detalla que el secretario general del PAN, Damian Zepeda, no decidió reducir su salario y cobra 92 mil pesos mensuales.
En una revisión al portal de transparencia de Acción Nacional, los encargados de las carteras de Acción de Gobierno, Acción Juvenil, Vinculación con la Sociedad, Elecciones, Asuntos Internos, Comunicación, Promoción Política de la Mujer, Formación y Capacitación así como Fortalecimiento Interno, tampoco redujeron sus salarios y ganan entre 86 mil 299 y 77 mil 850 pesos cada uno.

-Operadora del PRI en Veracruz se niega a indemnizar a excolaboradores
XALAPA, Ver.- Elizabeth Morales García, actual delegada de Profeco y exalcaldesa priista de Xalapa, enfrenta varias demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), debido a que se niega a liquidar a sus excolaboradores, quienes participaron con ella durante varios años en la conducción y producción del programa televisivo “Usted no está solo”.

El programa, transmitido durante 15 años en Radio Televisión de Veracruz (RTV) –la televisora oficial del gobierno de Javier Duarte– sirvió de plataforma para construir la carrera política de Morales García.

Scarlet Cornelio Boussart, una de las demandantes, señala a Apro que durante nueve años trabajó en “Usted no está solo” como productora, editora, reportera y camarógrafa.

“Fui una mil usos” –admite–, y desde septiembre pasado mantiene un litigio, pues la hoy delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) únicamente la quiere liquidar con “4 mil pesos” por los servicios prestados.

Al igual que Cornelio Boussart otros cinco trabajadores se encuentran en la misma circunstancia: “Si tú demandas ¿qué vas a ganar?, no me puedes hacer nada. Mejor cerremos un ciclo y todos felices, acepta lo que te ofrezco”, expuso la exalcaldesa a su exproductora.

La oferta se hizo en la residencia de la priista en Monte Magno, complejo residencial cuyo valor en el mercado por cada vivienda ronda los 5 millones de pesos.

Con el programa “Usted no está solo”, un talk show en donde su conductora, la propia Elizabeth Morales, lucraba con la pobreza de la gente, pues repartía electrodomésticos, medicinas, aparatos ortopédicos, lentes y otros apoyos, cuyas gestiones venían de la clase política y empresarial; así, la priista logró ser diputada federal, edil de Xalapa, líder estatal del PRI y presidenta del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y este año su partido la volvió a postular como candidata a una curul en San Lázaro, pero se fue al tercer lugar por debajo del PAN y del candidato de Morena.

En su carrera política Morales García ha sido señalada de desviar recursos públicos para la campaña de Enrique Peña Nieto; de sobornar a taxistas para votar por el PRI en horarios en que debería de gobernar Xalapa, así como de emprender en 2012 una “campaña negra” en contra del excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de “loco” y “asesino”.

En junio de 2012 audios obtenidos por Apro dieron cuenta de cómo la entonces funcionaria municipal convocaba a trabajadores de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS), del sindicato del ayuntamiento local, de la CROC y comerciantes, entre otros, para “coaccionarlos” a votar por Peña Nieto.

En el audio se escucha la voz de Elizabeth Morales, quien dice: “Andrés Manuel es muy mentiroso, engaña a la gente, intolerante; salió de Tabasco huyendo de la justicia. No acepta su derrota, él no sabe ganar ni perder en la vida, a todo lo acusa de complot y hace plantones”.

Una semana después la priista volvió a repetir la operación, pero en una de sus propiedades en el fraccionamiento Coapexpan, en esta ocasión con trabajadores del volante, a quienes les “restregaba” en la cara 2 billetes de 500 pesos por permitir pegar un engomado de Peña Nieto en los taxis, y otros mil pesos por acarrear gente el día de la elección.

“Si no es indiscreción, ¿cuánto ganan en hora y media?, pues bueno, muchachos, les vamos a dar un poco más para que se sumen al proyecto de Enrique Peña, nuestro próximo presidente de la República. Dos de éstos (billetes de 500 pesos)”.

La última pifia pública de Elizabeth Morales ocurrió como lideresa del PRI, en un aniversario luctuoso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, donde Morales develó una placa en homenaje al priista sonorense ultimado en la colonia tijuanense de Lomas Taurinas, Baja California: la placa rendía tributo a “Don Aldo” Colosio. El pitorreo en redes sociales se hizo viral a escala nacional.

La querella que puso Scarlet Cornelio en contra de Elizabeth Morales por incumplimiento de la indemnización constitucional, la exigencia del pago de salarios caídos, el pago de la prima de antigüedad y el pago proporcional del aguinaldo fue puesta el 10 de septiembre y es apoyada por el despacho jurídico de Anieva & Asociados, sin embargo, a Cornelio le ofrecieron audiencia hasta enero próximo.

La demandante sospecha que la propia exalcaldesa priista ha intervenido ante la JLCA para “entrampar la querella”. En el gobierno de Duarte, el actual secretario del Trabajo y Previsión Social es Gabriel Deantes Ramos, un operador político del PRI en época electoral y cercano a la propia Morales García.

-Trabajos de nivelación provocan derrumbe en Tlalpan
Los trabajos de nivelación de una construcción provocaron un derrumbe en un terreno ubicado en la calle Ojo de Agua, colonia Ejido de San Pedro Mártir, delegación Tlalpan, sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo con los primeros testimonios, una retroexcavadora nivelaba el terreno en donde previamente se cortó un talud para llevar a cabo la construcción.

Tras las primeras inspecciones de personal de Protección Civil, al parecer hubo un reblandecimiento de la tierra y no había medidas de seguridad para contener la tierra, lo que provocó el derrumbe

El área de afectación aproximada fue de 35 metros lineales de tierra en una superficie de 10 metros de alto por tres de ancho. El derrumbe también afectó parte del asfalto de esta calle.

Personal de Protección Civil y elementos del cuerpo de bomberos, acordonaron la zona para evitar mayor riesgo

-Inicia instalación de pista de hielo en el Zócalo
El Gobierno del Distrito Federal inició los trabajos de colocación de la pista de hielo en el Zócalo capitalino, prevista a inaugurarse entre el 3 y 6 de diciembre, como parte de las acciones de diversión navideña para los capitalinos y visitantes de la ciudad.

En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, refirió que como es costumbre, la entrada a este espacio de entretenimiento será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de las pistas de hielo, toboganes y un árbol de Navidad que se instalará.

“La pista de hielo seguramente estará lista para los primeros días de diciembre, estamos calculando entre el 3 y el 6 de diciembre para inaugurarla. En el momento quede lista, en ese momento lo vamos a inaugurar”, comentó.

Refirió que también se trabajó en el costo para la colocación de estas pistas de hielo, donde hay participación de patrocinadores, con quienes se trabaja para concluir este espacio que durante los últimos años se ha convertido en una visita obligada durante los festejos de fin de año.

“La pista sigue siendo gratuita, vamos a tener atención a personas con discapacidad, niños y por supuesto también el espacio grande de adultos, hasta donde tengo entendido volveremos a tener toboganes, igual que el año pasado y se colocará también un árbol en la plancha del Zócalo”, agregó.

-Detienen a 13 personas en Chiapas acusadas del delito de motín
San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 13 personas, entre ellas al ex regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Gervacio Cruz Hernández, fueron detenidas acusadas del delito de motín, durante el desalojo de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, que permanecía bloqueada por indígenas del municipio de Zinacantán.

En un comunicado agregó que durante las acciones fueron asegurados cuatro vehículos marca Nissan, tipo estaquita, 11 fierros con punta y dos mil 111 cohetones de vara.

Señaló que en el transcurso del día, los inconformes se apoderaron de una pipa con gasolina, que pretendían incendiar, pero fue rescatada horas después por las autoridades.

Cientos de indígenas del PVEM bloquearon desde las 6 horas de este lunes, las carreteras de cuota y libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para exigir la entrega de apoyos para vivienda y proyectos productivos, entre otras demandas.

Ante su negativa de resolver el problema mediante el diálogo, elementos de los tres niveles de gobierno los desalojaron a las 14 horas y “restablecieron el orden”, según la PGJE.

Aseguró que los indígenas “agredieron a conductores de vehículos, arrojándoles piedras, cohetones y palos”.

-Derechos Humanos de Yucatán capacitará a 4 mil policías
Mérida, Yuc. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) inició este lunes la capacitación de 4 mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y exhortó a combatir la impunidad generada por malas prácticas en el ejercicio de las funciones y asumir el respeto de los derechos humanos como vía para alcanzar la justicia.

El presidente de la Codhey, José Enrique Goff Ailloud, pidió a los asistentes superar la idea errada de que los organismos defensores “protegen delincuentes”, pues al igual que la sociedad, se busca que se aplique todo el peso de la ley a las personas que cometen delitos.

Aunque el ombusdman no lo reveló, La Jornada averiguó que entre 2014 y 2015 alrededor de 200 agentes de la misma SSP fueron denunciados ante la Codhey por transgresiones a los derechos humanos. Sin embargo, sólo en dos casos los policías fueron dados de baja.

El Ombudsman puntualizó que para alcanzar la justicia se requiere actuar de manera coordinada y estar convencidos de que la promoción y respeto de los derechos humanos lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la justicia. “No podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad”, remarcó.

En su mensaje, Goff Aillud se dirigió a los agentes para recordarles que todos los días ponen en riesgo su integridad y su vida para detener a presuntos delincuentes, pero si cometen alguna falla en el proceso todo el esfuerzo que han realizado será en vano.

“Hay que acabar con esos malos usos y costumbres para dar paso estricto a la legalidad y evitar que los delincuentes regresen a las calles”, puntualizó.

Entre los 16 temas para el curso se encuentran: Seguridad Pública y Derechos Humanos; Marco jurídico nacional e internacional sobre uso de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Derechos Humanos durante la detención; Desaparición forzada, retención ilegal e incomunicación; Marco jurídico nacional e internacional para prevenir y sancionar la tortura; Irregularidades en cateos; Derechos Humanos de las víctimas u ofendidos del delito y del abuso de poder.

-Deslave sepulta a dos trabajadores mexiquenses
Cocotitlán, Mex. Dos trabajadores perdieron la vida al quedar sepultados cuando la tarde de este lunes se desgajó la tierra durante la construcción de una red de drenaje reportó la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).

La policía aseguró que los responsables de la obra así como otros peones que sobrevivieron, se dieron a la fuga y abandonaron a las víctimas una de las cuales fue señalado como Fernando Esquivel Arce de 23 años de edad.

Al lugar arribaron 30 elementos de Protección Civil de los municipios de Amecameca, Chalco y está localidad; así como 15 efectivos de la CESC quienes hasta esta tarde realizaban labores para recatar los cadáveres.

Asimismo se juntaron unos 50 vecinos con la intención de apoyar en las labores de rescate; entre estos se encontraban los familiares del joven de 23 años que dijeron era uno de las dos personas que quedaron sepultadas al desgajarse la tierra.

Se desconoce si el accidente está relacionado con el sismo que ocurrió poco antes de las 15 horas de este lunes y el cual se sintió en la zona centro del país.

Al lugar arribó el Ministerio Público a quien se notificó de la huida de los trabajadores y de los responsables de la obra hidráulica.

-'El Bronco' cancela festejos navideños pagados con erario
Monterrey, N.L. La austeridad del nuevo gobierno se hará presente hasta en la Navidad, pues se cancelaron los festejos y posadas pagadas con el erario, anunció la tarde de este lunes el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

El Bronco señaló que ya no se verá "el derroche" de la administración pasada, encabezada por el priísta Rodrigo Medina, pues en este fin de año si los burócratas desean festejarse deberán hacerlo "de cooperacha" (cooperando para pagar ellos mismos la posada).

Lo anterior contrasta con los 51 millones de pesos que erogó el anterior gobierno en 2015 al ofrecer un concierto gratuito del cantante Luis Miguel en parque Fundidora, quien cobró 16 millones de pesos, además del espectáculo "Luminasia" de figuras decorativas iluminadas.

En 2014, aunque fue año electoral, la administración medinista erogó 21 millones de pesos y en esa ocasión el artista invitado al concierto gratuito fue Juan Gabriel.

"Ya no habrá nada de eso porque no tenemos dinero y sería irracional hacerlo en este momento. Vamos a hacer una colecta de dinero y juguetes y destinaremos un pequeño presupuesto para comprar cobertores, juguetes y dulcitos para zonas del estado donde los necesiten", dijo Rodríguez Calderón en conferencia de prensa realizada en el palacio de Gobierno.

Además, El Bronco dijo que todos los regalos que reciban los funcionarios de gobiernos deberán ser entregados a la Contraloría para que se donen a personas de escasos recursos.

Tradicionalmente, cada dependencia realizaba un festejo (desde un brindis hasta una cena) para sus trabajadores.

Además, el gobierno central realizaba una posada para personal sindicalizado en la que se rifaba uno o dos automóviles y otra más para los reporteros de la fuente donde los premios eran aparatos electrónicos y electrodomésticos.

-Sólo afectaciones en líneas telefónicas tras sismo en Acapulco
Acapulco, Gro. Decenas de turistas a lo larga de la franja turística salieron de sus hoteles luego del sismo que se sintió en buena parte de costas de Guerrero.

Los primeros reportes indican que se trató de un sismo de 5.6 grados ,con epicentro cerca del municipio San Marcos, en la región de Costa Chica.

Hasta el momento solo se reportan líneas telefónicas caídas.

-Concluye entrega de televisores el 20 de diciembre: SCT
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza aseguró que el 20 de diciembre se terminarán de entregar los 9.7 millones de televisores en los hogares más pobres del país, e insistió en que el apagón analógico se realizarará el 31 de diciembre.

Acotó que el 15 de diciembre la SCT concluirá la entrega de 9.4 millones de televisores considerados en el padrón original; y el 20 de diciembre se terminará la entrega de 300 mil aparatos adicionales del padrón ampliado para sumar 9.7 millones.

Aseguró que para el 17 de diciembre se libera en su totalidad de la banda de 700 megahercios necesarios para licitar la Red Compartida.

Los deciles más bajos de la población están cubiertos en más o menos 99.90 por ciento, esos son el decil 1 y 2; el decil 3 está cubierto al 3 por ciento, “eso quiere decir que la población de más bajo ingreso está cubierta.

Sin embargo de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso trimestral del tercer decil donde no está cubierto el 97 por ciento de los hogares, es de aproximadamente 17 mil pesos, o 5 mil 800 pesos mensuales.

El funcionario consideró que el impacto entre el 10 por ciento de la población que no recibió un televisor no será tan fuerte, y el caso debe verse alrevés, ya que el “90 por ciento de la población ya tendrá un televisor digital o un servicio de televisión de paga, entonces visto de esa manera no es tan impactante como qué va a pasar con la población que no lo tenga”.

Dijo que en el Buen Fin se vendieron más de un millón de televisores y habrá que ver otros mecanismos se aplican como los decodificadores y “buenos fines” para la venta de televisores, lo cual está en estudio con la Secretaría de Economía.

Retraso en licitación de la Red Compartida
Ruíz Esparza dijo que la licitación de la Red Compartida se retrasó para enero de 2016 por recomendación de inversionistas internacionales, quienes señalaron que noviembre y diciembre no eran buen momento, “así será un proyecto más sólido”.

Aseguró que habrá varios participantes “por el bien del Internet”, ya que han habido más de 30 comentarios y manifestaciones de interés como parte de las consultas.

-Emite embajada de EU aviso para trámite de visa
Frente a la próxima temporada vacacional, la embajada de Estados Unidos en México recordó a las personas interesadas en obtener o renovar una visa para visitar este país, que es conveniente programar una cita con amplia antelación a su fecha planeada de viaje.

Destacó que el periodo normal para procesar y entregar las visas láser es de dos a tres semanas, y cinco días para visas que van pegadas en el pasaporte.

Las personas que estén planeando renovar sus visas de turista, o sea los solicitantes cuyas visas estén actualmente vigentes o que tengan menos de cuatro años de haber expirado, pueden hacer su trámite sin necesidad de asistir a entrevista con un cónsul, añadió en un comunicado.

Para asegurar que reciban la visa a tiempo para su próximo viaje, recomendó hacer el trámite a la brevedad posible, para que antes de su viaje tengan el mayor tiempo posible en caso de que su solicitud requiera procesamiento adicional.

Por lo demás, informó que añadió nuevas fechas para entrevistas, incluso en fines de semana, con el fin de hacer frente a la demanda de fin de año.

Los Estados Unidos reciben múltiples visitantes durante la temporada de vacaciones de diciembre a enero, y todos deben contar con la documentación apropiada, puntualizó.

-Las fuerzas armadas son "aliados incondicionales”: EPN
Veracruz, Ver. En la conmemoración del Día de la Armada, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que las fuerzas armadas son "aliados incondicionales de nuestro país" y reiteró su compromiso en mejorar las capacidades operativas de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea.

En este sentido, anunció que ordenó fortalecer la infraestructura de las instalaciones navales y militares, así como modernizar los planes educativos de las instituciones castrenses.

Antes de hablar sobre el 190 aniversario en que las tropas españolas se vieron forzadas a abandonar la fortaleza de San Juan de Ulúa, a manos de los marinos mexicanos, con lo que se consumó la Independencia, Peña externó sus condolencias y solidaridad a  los familiares de las 24 personas fallecidas en la carretera Tuxpan-Ciudad de México, ocurrido la madrugada de hoy.

Ante la presencia de los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y general Salvador Cienfuegos Zepeda, Peña; integrantes de su gabinete y del gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, Peña destacó que instruyó a los titulares de la Amada y del Ejército a rehabilitar y fortalecer también el equipamiento y la industria militar.

Mi compromiso, dijo el también comandante supremo de las fuerzas armadas, es poner al día a la Amada y al Ejército.

"Asegurar a cada marino y soldado que reciban una adecuada capacitación y cuenten con las mejores herramientas para cumplir con sus misiones con mayor eficiencia".

En este contexto, destacó la rehabilitación de plataforma de la Base Aeronaval de Veracruz, así como la puesta en marcha del Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México (CEMODARM), el cual tiene como objetivo: sustituir, estandarizar y obtener la huella balística del armamento portátil y semi-portátil, por medio de técnicas de repotenciación y ensamblado, para fortalecer las operaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Así como el abanderamiento de la patrulla costera "Tajín" y la patrulla interceptora "Gienah", las cuales fueron construidas en los astilleros de la Armada de México y las cuales entraron en operación de inmediato.
Mencionó también la inauguración  de las nuevas instalaciones de la primera región naval en lo que fuera el edificio sede de la Aduana del Puerto de Veracruz, en cuyas instalaciones se realizó el acto conmemorativo del Día de la Armada.

Peña señaló también que de acuerdo con la más reciente encuesta del Inegi, sobre percepción en materia de seguridad pública, Marina y el Ejército son las dos instituciones que generan mayor confianza a la ciudadanía.
El comandante supremo de las fuerzas armadas reconoció la labor de los marinos en las actividades que de su competencia, particularmente en las labores de prevención y apoyo por la entrada reciente del huracán Patricia.
Son múltiples los episodios de la historia en los que los marinos han demostrado su lealtad a la patria a favor de las mejores causas nacionales, indicó.

-Alertan sobre posible 'fast track' para designación de ministros
Una decena de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos alertaron que el Senado de la República podría designar, mediante un proceso de fast track, a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Expresaron su preocupación frente a las “enormes deficiencias” que tiene el actual proceso de designación, en la que, por una parte, el presidente Enrique Peña Nieto, no justificó sus propuestas presentadas en dos ternas, y por otra el Legislativo ha modificado varias veces el procedimiento para la elección.

En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones destacaron la importancia que tiene para un régimen democrático la designación imparcial y transparente de sus máximos jueces, por los que exigieron que estos nombramientos no se politicen.

Sin embargo, declararon que dadas las circunstancias y condiciones en que se da el actual proceso, hay temor de que se trate de una “simulación” en el análisis de los perfiles de los aspirantes y de nueva cuenta se elija a candidatos cuestionados, en clara referencia al recién nombrado ministro Eduardo Medina Mora.

El próximo 30 de noviembre, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero concluyen su periodo, por lo cual el presidente Peña Nieto envío al Senado dos ternas integradas, la primera, por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle, mientras que la segunda está conformada por Álvaro Castro Estrada, Javier Laynez Potisek, y Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Este último es el actual procurador del Estado de México, y también se desempeñó como subprocurador cuando Peña Nieto era gobernador mexiquense.

Insistieron que contra todo lo razonable, los senadores podrían designar a los ministros este mismo martes, cuando y el pleno reciba a cada uno de ellos por espacio de 20 minutos para que expongan su posible plan de trabajo, en caso de ser electos como nuevos integrantes de la SCJN.

Entre las organizaciones que pidieron transparencia y respeto mínimo al procedimiento de evaluación se encuentra Fundar, el Instituto de Justicia Procesal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa, Borde Jurídico, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Centro Pro de Derechos Humanos.

Aunque no entraron en detalle sobre el perfil de los integrantes de las actuales ternas, expresaron que ninguno de ellos tiene una trayectoria en materia de derechos humanos, hecho que también demuestra que para el presidente Enrique Peña este tema no es prioridad.

Entre las “debilidades” del actual proceso de elección, las organizaciones señalaron una ausencia de un método y criterios claros, así como poca información sobre los perfiles de los candidatos, por lo que urgieron una reforma de fondo que definida con claridad los procedimientos a seguir para estas designaciones.

-Confía EPN en acreditar la eficiencia del sistema anticorrupción
Querétaro, Qro. El presidente Enrique Peña Nieto confió en que “con el paso del tiempo” se acredite ante la ciudadanía la eficiencia del sistema anticorrupción y los resultados de la Ley de Transparencia.

Al encabezar la reunión de la 25 Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACES), el Ejecutivo federal equiparó los nuevos instrumentos legales referidos con el sistema electoral que se ha construido en los últimos años.

Comentó que hasta hace algunos años era difícil creer, para algunos, que México llegara a contar con un sistema que garantiza el estricto ejercicio del voto y en el que son mínimas las inconformidades de los resultados electorales

El modelo anticorrupción y de transparencia, dijo, van a abonar en la revisión de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, reconoció que el poder Legislativo, “es uno de los últimos reductos de la opacidad” y que es una tarea pendiente de la actual legislatura avanzar en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En el evento realizado en el Teatro de la República participaron también el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, el titular de la Secretaría de la Función Público, Virgilio Andrade, y el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez.

-Sismo de 5.6 grados remece la ciudad de México
Un leve sismo se sintió en la Ciudad de México, sin que de inmediato se reportaran daños mayores.

De acuerdo con el informe preliminar el movimiento telúrico se localizó a 44 kilómetros al noreste de San Marcos, en Guerrero, de acuerdo con el Sismológico Nacional.

Los capitalinos reportaron que en la mayor parte de la ciudad sonaron las alarmas sísmicas momentos antes de que ocurriera el temblor.

Edificios gubernamentales, habitacionales y oficinas fueron desalojadas con tranquilidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del DF informó que dos helicópteros sobrevolaron la ciudad de México para supervisar que todo funcione con normalidad.

-Inegi: 7 mujeres asesinadas diariamente en 2013 y 2014
En 2013 y 2014, siete mujeres fueron asesinadas diariamente en promedio en el país, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará el próximo miércoles, el Inegi dio a conocer una serie de datos sobre la exposición de las mujeres mexicanas a la violencia.

Indicó que las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubicaron en 2013 entre 13 y 6 defunciones por cada cien mil mujeres en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.

En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68 por ciento ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80 por ciento y el Estado de México 78 por ciento, dijo el Inegi.

Agregó que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

El Inegi destacó que la violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9 por ciento) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento).

-Revelan casos de desaparecidos por policías de Guerrero
Teloloapan. Con una cánula de oxígeno en la nariz y una sonda de suero en el brazo, Carlos Sánchez yacía en el asiento trasero del Honda sedán con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa. El vendedor de tacos de 36 años tenía tres balas alojadas en el cuerpo y gritaba de dolor cada que caían en un bache en la carretera esa noche que iban rumbo a Iguala.

Espera, su primo Armando le rogaba, sólo faltan 10 minutos más para llegar al hospital.

De pronto, el interior del carro se iluminó con un destello de luz. Armando de la Cruz Salinas quedó cegado con el reflector que la policía del estado de Guerrero apuntaba hacia ellos desde una camioneta al lado del camino. Redujo la velocidad en medio de la densa noche, pero golpeó otro vehículo policial que estaba en medio de la carretera con las luces apagadas.

Un hombre fornido con uniforme de la policía estatal y botas negras con casquillo abrió la puerta del pasajero y sacó a tirones a la hermana de Carlos. La lanzó contra la cajuela, la esposó y la requisó. En ese momento un camión distribuidor de hielo se detuvo, pero el oficial gritó: “¡No es tu problema!” y el conductor siguió su camino. Luego el policía la empujó hacia la patrulla y la puso en el piso del asiento trasero, junto con su primo Armando y su cuñada. Otro policía se sentó atrás con ellos.

Pensaron que habían sido arrestados, hasta que la patrulla dejó de avanzar por la carretera y se metió por un camino de tierra rumbo a las montañas. Entonces supieron que habían sido secuestrados por la policía.

Los cuatro miembros de la familia Sánchez son oriundos de la Tierra Caliente, en el estado sureño de Guerrero, una región de campos de marihuana y cultivos de amapola, donde los carteles del narcotráfico decapitan a sus enemigos y donde ni siquiera los sacerdotes se salvan de una muerte violenta. En la primavera de 2013 se sabía que la policía hacía algunos trabajos para el crimen organizado, pero no era ampliamente conocido que las policías locales y estatales también desaparecieran gente.

Por la mañana, cuando Tania Martínez Figueroa seguía sin saber de su esposo, fue a pedir ayuda a las autoridades. Fue a las instalaciones de la Procuraduría estatal en Teloloapan a presentar un reporte por desaparición. Menos de una hora después le advertían por teléfono que no siguiera con la denuncia o su familia sería asesinada.

Tania retiró el reporte.

Al siguiente día recibió otra llamada: le pedían un rescate de 100 mil pesos (unos 8 mil dólares). La familia pagó el dinero pero los secuestradores no se volvieron a comunicar y ella se quedó en silencio. Había aprendido a mantener la boca cerrada.

No diría nada durante casi un año y medio hasta que la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías de Iguala el 26 de septiembre de 2014 comenzó a develar la magnitud de la participación de las policías en engrosar la lista de 26 mil desaparecidos registrados oficialmente en el país desde 2007.

En medio de la indignación por el rapto de los estudiantes, cientos de familias se presentaron en una iglesia de Iguala y comenzaron a reportar sus propias historias de desaparición, muchas sucedidas con la complicidad de la policía. El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo a The Associated Press que la policía municipal había participado en varios casos alrededor de esa localidad durante el mandato del alcalde José Luis Abarca, quien enfrenta cargos relacionados con el caso de los 43 estudiantes.

Una investigación oficial sobre la desaparición de los estudiantes señaló que un mando de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, era responsable de pagar la nómina de los agentes que trabajaban también para el cartel de Guerreros Unidos y distribuía unos 600 mil pesos al mes (unos 45 mil dólares) entre la policía. El entonces subdirector también supervisaba los retenes policiales instalados en las carreteras de acceso a la ciudad, en los que se hacía cargo de que pasaran los cargamentos de droga, de que no entraran miembros de carteles rivales y de que los secuestradores transitaran con sus víctimas sin problemas.

Algunos miembros de la familia Sánchez aceptaron hablar con la AP sobre los secuestros de la policía en uno de esos retenes con la condición de no ser identificados. Querían contar la historia de violencia que los rodea tanto como el aire que respiran y cómo la policía está detrás de muchos casos de quienes ahora son conocidos como “Los Otros Desaparecidos”.

Sin embargo, tienen pánico de sus captores y los policías, que aún viven entre ellos y que operan con impunidad y que, a veces, vuelven para abusar o amenazar a aquellos que se atreven a hablar.

Hablaron en voz baja, a puerta cerrada, y con una aparente e irreconciliable mezcla de liberación y pavor, conscientes de que decir la verdad puede ser fatal.

Carlos Sánchez y su esposa habían regresado del mercado la tarde del dos de abril de 2013 cuando un carro blanco se detuvo afuera de su casa en Teloloapan, una ciudad de unos 55 mil habitantes en una planicie de la zona montañosa de Guerrero. Ella llevó los pañales y la leche a la casa y cuando regresó por más cosas vio a un hombre que apuntaba una pistola a su marido. “A mí me están confundiendo, investígueme”, les dijo Carlos a los hombres.

No es extraño que en esta zona del país algunos sean llevados a punta de pistola, para luego pedir rescate a su familia, reclutarlos a la fuerza a las filas de un cartel o castigarlos por no pagar una extorsión. Carlos vendía tacos en cuatro puestos callejeros y en su motocicleta, algo que aumentaba las posibilidades de cruzarse con los criminales. Los hombres armados intentaron meterlo a su carro pero Carlos se resistió y entonces él, padre de tres niños, recibió un disparo en el pecho, otro en el brazo y otro en la pierna.

En el pequeño hospital de Teloloapan Carlos fue vendado, le pusieron oxígeno y suero, pero le dijeron que no había ningún cirujano disponible para atenderlo de sus heridas de bala. Le dijeron que debía ir a Iguala. Para llegar hasta ahí, la familia sabía que tendrían que atravesar una sinuosa carretera de dos carriles que conecta Arcelia y Ciudad Altamirano con otras comunidades afectadas por el narcotráfico. Tendrían que pasar, además, a través de tres retenes militares y uno de la policía.

El personal del hospital le dio una carta que decía que Carlos necesitaba ir a urgencias para recibir atención médica urgente para que lo dejaran pasar en los retenes, pero le dijo a la familia que ninguna ambulancia podría llevarlo sino iba con una escolta armada. Su hermana fue al puesto militar a la entrada de la localidad para pedir una escolta pero le dijeron que necesitaban autorización de sus superiores. Manejó al centro de la ciudad para hablar con el comandante, quien le dijo que sólo la oficina local de la Procuraduría del Estado podía dar permiso. En ese lugar, una mujer rechazó su solicitud.

“Déjalo así, ya no puedes hacer nada”, le dijo.

Mientras, la esposa de Carlos llamaba desesperada a clínicas privadas alrededor de Teloloapan y eventualmente encontró una que aceptó recibirlo. Pero cuando la ambulancia llegó y el personal vio que Carlos había recibido disparos, cambiaron de opinión y dijeron que el doctor había terminado su turno. No es extraño que en lugares controlados por criminales se niegue la atención de heridos de bala pues ha habido casos de sicarios que van hasta las clínicas a rematar a sus víctimas y ponen en riesgo al personal médico.

Carlos no quería ir a Iguala y le dijo a su esposa que lo dejara morir en casa. Su esposa dijo que lucharía por salvar su vida aunque él no quisiera. Un amigo les prestó su carro para realizar el viaje y Armando se ofreció a manejar. Él y Carlos crecieron juntos y se querían como hermanos. Justo cuando pasaban a Carlos de la ambulancia al carro vieron que un hombre dentro de un carro estacionado cerca de ellos, sonreía y marcó algo en su celular.

El grupo de cuatro partió a las 9:30 de la noche: Armando, Carlos, su esposa y su hermana. Pasaron el primer retén en Teloloapan y el segundo en Ahuehuepan, pero no llegaron a un tercero.

En las afueras de Iguala, la esposa de Carlos, su hermana y su primo fueron transferidos de la patrulla al asiento trasero de una camioneta beige. Escucharon a Carlos quejarse en la parte trasera.

Después de unos 10 minutos de manejar cuesta arriba, llegaron a un complejo amurallado con una gran puerta. Alguien silbó y la puerta se abrió. Los sacaron de la camioneta y los llevaron hacia una casa de un piso y concreto sin pintar. La puerta era color verde manzana y había una ventana sin vidrio y con el marco negro.

Entraron a la casa, oscura, guiados por las luces de los celulares de sus captores y pronto se dieron cuenta que no estaban solos. Entre 15 y 20 personas estaban sentadas en el piso, vendados de los ojos y amarrados por las muñecas y los tobillos.

La policía les quitó los zapatos, cinturones y cualquier cosa de valor; les jaló las playeras para cubrir sus cabezas pero por la luz de los celulares alcanzaron a ver a través de la tela cuando arrastraron a Carlos dentro de la casa. A excepción de las vendas, estaba desnudo; la bata de papel del hospital se había perdido. Los guardias intentaron sentarlo, pero se desplomó sobre su costado y cayó a los pies de su primo.

Estaban rodeados por entre 10 y 15 hombres armados con fusiles. La mayoría usaban el mismo uniforme policial oscuro. La única mujer entre los captores tomó la bolsa de la esposa de Carlos. Otro secuestrador se acercó a Carlos con una libreta. Le preguntó su nombre, de dónde era, cuántos hijos tenía y qué hacía. Carlos contestó todas las preguntas, pero de todos modos lo golpearon y patearon. Luego su interrogador le dio una lista con nombres y le preguntó si conocía a esas personas. Les dijo que no.

Los golpes aumentaron. El hombre acusó a Carlos de robarse caballos de un rancho en Teloloapan aunque él no era jinete. Le gustaba cazar y las peleas de gallos. Dijo que había estado en ese rancho pero sólo para vender tacos a los albañiles que construyeron los establos. Y les recitó la variedad de sus tacos.

Otro captor puso el cañón de un fusil en la cabeza de Carlos. Indignado, Carlos se estiró y le gritó al pistolero: “¡Mátame!”, o él lo asesinaría junto con toda su familia.

Unos seis hombres se abalanzaron sobre Carlos y lo patearon con furia. Cuando se detuvieron, Carlos volteó hacia su esposa, respiró profundamente y dijo el nombre de su hijo más pequeño, Santiago. Después cerró sus ojos.

Uno de los policías miró su reloj: 11:45 de la noche, dijo. Otro se inclinó a tomar el pulso. Luego tomó la cabeza de Carlos con ambas manos, la torció violentamente hasta que su cuello se quebró.

Los hombres armados metieron al vendedor de tacos en un sleeping bag verde y lo sacaron. Los otros escucharon cómo caía su cuerpo en la parte trasera de alguna camioneta, antes de que llamaran a la mujer del grupo para que limpiara la sangre de la víctima.

Era el turno de Armando. Lo interrogaron y también lo golpearon.

En los siguientes días, la esposa de Carlos y su hermana fueron cuidadas por distintos grupos de policías y civiles que pasaban la mayor parte del tiempo fumando marihuana y mirando videos en sus celulares. Permanecían sentadas mientras otros eran golpeados con tablas o con trozos de manguera rellenas de cemento y escuchaban a los guardias hablar sobre cómo habían matado a un violador y le habían arrancado el rostro, como justificándose moralmente. Traían a varios y se llevaban a otros. Ellas llegaron a creer que si a los cautivos los dejaban irse con sus zapatos eran liberados, pero si se iban descalzos, eran asesinados.

Permanecieron petrificadas por 10 días antes de que las dejaran salir descalzas y luego conmocionadas cuando las liberaron.

Armando, sin embargo, no estaba con ellas.

“Lo único que él quería era llevar a su primo al hospital para que se salvara”, dijo Tania.

Cerca de un mes después, la familia Sánchez escuchó que algunos cuerpos habían sido llevados a la morgue de Iguala. Fueron a ver si alguno de los cadáveres era el de Carlos o de Armando. Ninguno era. Más tarde esa noche, después de regresar a Teloloapan, recibieron una llamada para amenazarlos con matarlos si seguían buscando. La esposa de Carlos huyó de Teloloapan.

Después de que la noticia de la desaparición de los 43 estudiantes desatara una tormenta nacional, un vecino que buscaba a su hijo dijo a los Sánchez que familiares comenzaban a reunirse en una iglesia de Iguala para presentar denuncias ante las autoridades federales y dar muestras de ADN. Aceptaron unir sus nombres a las de cientos de otras familias, muchas de las cuales también revelaron historias de policías que se llevaron a sus seres queridos.

Entre ellos estaban los familiares de Adilene García Valverde, de 19 años, y su hermano Jorge Alberto, de 21, quienes fueron detenidos por la policía cuando regresaban a su casa después de cenar en Cocula, el 29 de junio de 2012. Nunca más los vieron. La policía de Iguala dijo a su padre que no tenían registro de algún arresto o de alguna patrulla en el área esa noche.

También estaba la familia de Ángel Alberto Mejía Mazón, un estudiante de 19 años, que se vio involucrado en una pelea con un extraño en la feria anual de Iguala en febrero de 2013. La policía lo arrestó, contó su hermano, Marcos Mejía Mazón. Cuando su abuelo fue a la estación policial a buscarlo le dijeron que no tenían ningún registro de que hubiera sido detenido. El oficial que negó tenerlo era Francisco Salgado Valladares, el supuesto recaudador del cartel Guerreros Unidos.

Algunos policías incluso terminaron en la lista de desaparecidos. Saturno Giles Beltrán, un militar retirado de 47 años, trabajaba en la unidad de vehículos robados del departamento de policía de Iguala. A su esposa, María del Carmen Abarca Bahena, le dijo que él era el único hombre limpio en la fuerza. Desapareció el ocho de marzo de 2014 cuando manejaba camino a las clases que tomaba para obtener su título de abogado. Llamó a su esposa y le dijo que “ellos” le habían permitido hablar por teléfono, que estaba aclarando algunas cosas y después regresaría a casa. Fue la última vez que lo escuchó.

Después de añadir los nombres de sus seres queridos a las listas, muchos familiares se organizaron para ir a las montañas alrededor de Iguala en busca de los cuerpos de sus desaparecidos. Al paso de las semanas y meses, equipos gubernamentales recuperaron los restos de al menos 104 cuerpos de fosas clandestinas localizadas por las familias, aunque sólo 13 de ellos han sido identificados por pruebas de ADN y pedazos de ropa.

En otras ocasiones fueron identificados por otras cosas. En enero, la familia Sánchez fue informada que habían exhumado una bolsa de dormir verde con un esqueleto adentro. Al lado, hallaron una sonda de suero y una cánula de oxígeno.

-Confirma Macri que habrá tipo de cambio único
Buenos Aires. En su primera conferencia de prensa después de su reñido triunfo por sólo 2.8 por ciento, el presidente electo de Argentina, el derechista Mauricio Macri evitó este lunes dar precisiones sobre su programa económico, aunque ratificó medidas que tomará su primer día de gobierno, el próximo 10 de diciembre, como la eliminación del impuesto a la ganancia y reiteró que impondrá un “tipo de cambio único” .

Anunció asimismo una “emergencia de seguridad”, y anticipó que no habrá un ministro de Economía sino “un gabinete económico” de seis integrantes, al solicitar “paciencia” ante las consultas sobre el valor del dólar, el cepo (tope) cambiario o la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No respondió cómo enfocará el embate de los llamados fondos buitre contra Argentina, y a los que dijo en otro momento “que había que pagarles” a pesar de que éstos se negaron a la restructuración de la deuda que aceptaron 93 por ciento de los acreedores.

Impactó su decisión de “avanzar en los acuerdos con la Unión Europea y converger hacia la Alianza del Pacífico” impulsada por Estados Unidos. En el marco de la integración latinoamericana, se analiza la Alianza del Pacífico como el intento de Washington para afectar la unidad lograda en la región.

Macri informó sobre diálogos mantenidos con los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez y de Chile Michelle Bachelett, y dijo que deseaba realizar su primera visita oficial al que considera el “mayor socio” Brasil. Horas más tarde se conoció la invitación de Dilma Rousseff.

Por otra parte, Macri sostuvo que derogará el memorándum de Entendimiento con Irán por el tema del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y ratificó que solicitará que se imponga la cláusula democrática a Venezuela “por la persecución de opositores y la libertad de expresión”, en la primera reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur) a la que asista como mandatario, en diciembre próximo.

Consideró que las denuncias sobre esa situación son “claras y contundentes” especialmente por haber escuchado a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder opositor condenado a 16 años de prisión por los sucesos golpistas que encabezó en 2014 y que dejaron 43 muertos y 800 heridos.

Hubo reacciones por el tema de Venezuela, tanto de rechazo desde ese país, como del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien consideró que no existía una razón válida para aplicar la cláusula democrática. Venezuela “está lejos de sufrir una alteración en el orden democrático”, explicó Nin Novoa, al instar a “ver cómo se resuelven las elecciones del próximo 6 de diciembre”.

La cláusula democrática se puede imponer a uno de los estados miembro cuando se produzca una alteración del orden democrático, como un golpe de Estado, aplicando una suspensión como sucedió en Paraguay en junio de 2012 cuando fue derrocado el entonces presidente Fernando Lugo en un golpe “institucional”.

Así quedó establecido en el Protocolo de Ushuaia (1998), y sólo puede aplicarse si existe un consenso entre los integrantes del bloque. En 2011 se amplió la normativa estableciendo medidas más severas.

En tanto, se produjo la primera e importante baja en la alianza Cambiemos. El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, artífice de la alianza Cambiemos, al que Macri ofreció el Ministerio de Justicia anunció, mediante una carta pública, que dará un paso al costado y comenzará una “nueva etapa” alejado de la política.

“No voy a ocupar ningún lugar ni en el gobierno ni en mi partido”, dijo Sanz, quien confió en que el presidente electo Mauricio Macri será “catalizador de un cambio positivo” y llamó al radicalismo “a sentirse protagonista de esta hora especial”.

Como un hecho colateral en el marco del triunfo de Macri, el editorial publicado este lunes por el conservador diario La Nación titulado “No más venganza” criticó duramente los juicios que se realizan contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983) y reclamó al gobierno electo que libere a los militares condenados.

El editorial, que impactó muy negativamente en la sociedad, sostiene que el triunfo de Macri “es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70” y pide “poner las cosas en su lugar”.

Señala que “un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre”, y afirma que “los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas”.

Asimismo se refiere al “vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”, y califica a esa situación como “una verdadera vergüenza nacional”.

Las reacciones no tardaron en llegar desde políticos, artistas, organismos humanitarios, personalidades, incluso periodistas del mismo diario que realizaron en la tarde una Asamblea en las instalaciones del medio repudiando el editorial y también protestaron por las redes sociales .

El premio Nobel de La Paz (1980 ), Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta pública al director de La Nación, Bartolomé Mitre, considerando que el editorial es “una ofensa al pueblo argentino, a su memoria y a las víctimas del terrorismo de Estado. Ningún organismo de derechos humanos ni familiares buscan venganza, sí, el derecho de Verdad y Justicia frente a los crímenes cometidos de lesa humanidad que deben ser juzgados, que Ud. no puede ignorar, no prescriben en el tiempo”.

También menciona que a 40 años de la imposición del terrorismo de Estado a través de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta en todo el continente, que significó “políticas de exterminio a los pueblos, desaparición de personas, de niños, torturas, cárceles y que en muchos casos hasta el día de hoy se desconoce qué pasó con las víctimas” es necesaria la justicia. Además de destacar la política de Derechos Humanos en Argentina que es reconocida en todo el mundo, advirtió que “los que siempre lucharon por los derechos humanos vamos a seguir defendiéndolos siempre junto al pueblo y frente a cualquier gobierno”.

Una avalancha de cartas y rechazos demostró el impacto del editorial, del que incluso debió hablar Macri en su primera conferencia de prensa cuando le preguntaron qué pensaba de esta situación y si se iba a acabar con los juicios, a lo que el presidente electo respondió escuetamente: “los juicios seguirán”

-Reclaman cierre de la Escuela de las Américas de EU
Nueva York. Vinculando la asistencia militar estadunidense con fuerzas represivas en el hemisferio americano al éxodo de emigrantes de la violencia en esos países, más de mil manifestantes protestaron frente a la llamada Escuela de las Américas y frente a un notorio centro de detención de inmigrantes en Georgia este pasado fin de semana.

En su acto anual de tres días contra la Escuela de las Américas, renombrada hace unos años como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, un centro de capacitación militar para militares latinoamericanos con sede en el Fuerte Benning en Georgia, la organización School of Americas Watch (SOAW) una vez más convocó a activistas estadunidenses y latinoamericanos en su llamado para clausurar la institución en donde se han adiestrado a miles de militares involucrados en violaciones de derechos humanos en sus países de origen.

A la vez, también extendieron su llamado por la clausura del Centro Stewart de detención de inmigrantes en la misma zona de Georgia. Stewart detiene aproximadamente mil 800 hombres inmigrantes bajo procesos de deportación, y es administrado por la empresa Corrections Corporation of America bajo contrato con el gobierno federal. La empresa es la operadora privada más grande de prisiones y centros de detención en el país, y este centro entre otros han sido criticados por maltrato, actos punitivos excesivos, y otras condiciones de vida deplorables.

“Tenemos que denunciar las políticas que están forzado a la gente a huir”, subrayó el padre Roy Bourgeois, fundador de SOAW. “Cuando resistimos, tenemos que siempre recordar que la Escuela de las Américas es más que solo una escuela –es un síntoma de un mal más grande”, agregó, indicando que es parte de una serie de políticas estadunidenses que generan injusticia e impunidad en el hemisferio, incluyendo no solo las represiones y las intervenciones en países que reciben asistencia estadunidense, sino también el trato de inmigrantes que provienen de esos mismos países.

El sábado, frente al centro de detención, después de una marcha con, según los organizadores, unos mil 400 activistas, oradores incluyeron aquellos cuyas familias han sido divididas por la deportación o que han padecido las consecuencias de las detenciones de inmigrantes. Unos 11 fueron arrestados por actos de desobediencia civil.

El domingo ante las rejas del Fuerte Benning donde se ubica la Escuela de las Américas, activistas entre ellos víctimas de soldados capacitados en esa institución como ex militares estadunidenses de Veteranos por la Paz, denunciaron cientos de muertes y violaciones severas de derechos humanos documentadas por egresados a lo largo de los años y se dio lectura a una larga lista de estas víctimas.

Esta acción marcó el 25 aniversario de las vigilias y actos en conmemoración de las víctimas de los egresados de la Escuela de las Américas realizados por SOAW [http://soaw.org/november/en/]