A la derecha, Javier Tejado junto a Roberto Gil durante la Semana de la Radio y Televisión.
Foto: Miguel Dimayuga
La reforma legal promovida de manera subrepticia por los senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano para condonar multimillonarias multas a Televisa y TV Azteca derivadas del apagón analógico, cuya aprobación se frustró el jueves 26, es avalada al más alto nivel del Partido Acción Nacional (PAN).
Javier Corral, también senador del PAN pero opositor a esa reforma, no tiene duda: Esa reforma que beneficia al duopolio de la televisión es avalada por Ricardo Anaya, dirigente nacional de su partido, quien es aspirante presidencial. “La van a aprobar. Es una decisión que ya está tomada”.
–¿Tiene que ver con el proyecto de Anaya?
–Sí, tiene que ver con seguir reforzando la relación con la televisión, esperando que promuevan al joven Anaya, toda vez que estos dos, Lozano y Gil, se han convertido en los dos asesores y operadores de Anaya. De hecho, Gil ha reconocido que es miembro de su cuarto de guerra.
Corral, uno de los senadores que evitó la rápida aprobación de esa reforma, junto con legisladores perredistas, como lo pretendía la coalición PRI-PAN-PVEM en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, asegura que la iniciativa presentada por Gil Zuarth fue acordada con la Cámara de la Radio y la Televisión (CIRT).
“La pactaron en la semana de la CIRT. Ahí está la foto de Gil con Javier Tejado”, afirma Corral, al aludir al abogado de Televisa y directivo de esa cámara que agrupa a los principales concesionarios y permisionarios del país y ante quienes Gil impartió la conferencia “Libertad de expresión, pilar de la democracia moderna”.
La reforma presentada subrepticiamente por Gil, durante la sesión del martes, tiene dos partes: Una, con la que no hay problema, tiene que ver con permitir a los medios públicos un programa gradual de apagón analógico de sus estaciones repetidoras para que no se les aplique multas, que procede en caso de suspender sin causa justificada las transmisiones de televisión a partir de enero.
“Esto es, en realidad, un señuelo, porque lo delicado es la segunda parte: Gil Zuarth modifica una palabra, “permisionarios” por “operadores”, para abrirle también el beneficio de la condonación de la multa a las televisoras privadas, toda vez que éstas no invirtieron en la digitalización de sus señales complementarias o repetidoras”.
El legislador explica que existen aproximadamente 846 estaciones complementarias que cubren las zonas más pobres y marginadas de México, donde Televisa y TV Azteca no invirtieron precisamente porque no hay mercados publicitarios, y es por las que pueden ser multadas.
“Esta iniciativa desvela también toda esta operación embustera que habían hecho de que había que posponer el apagón analógico porque no se habían terminado de entregar los televisores a los más pobres y se iban a quedar sin ver telenovelas. No era un problema de recepción digital, era un problema de transmisión digital, de transmisores, no de televisores”.
En el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones constan las causas o motivos justificados para poder suspender transmisiones televisivas y en el 299 se establece el tabulador para la sanción.
“Y entonces ahora, para que no se las sancione con un tabulador que va de 6 a 10% sobre sus ingresos totales, van a modificar la ley. Esa es el fondo de la iniciativa Gil Zuarth”.
–¿Es una subordinación?
–No, es la colusión de intereses entre actores políticos y las televisoras, es evidente que de aquí al 2018 estas cosas las vamos a ver muy seguidas. Ya viene la cascada de regalos para la tele, porque de lo que se trata es de amarrar la alianza con la televisión en una maniobra, por cierto, interesante: Es una maniobra en la que el gobierno está de acuerdo.
–¿Aunque eso perjudique los ingresos del Estado?
–En realidad al Estado le dejaría de ingresar una buena cantidad por multas.
Según Corral, Televisa y TV Azteca dejarían de pagar por multas entre 400 y 600 millones de pesos, pero la reforma impulsada por Gil Zuarth y Lozano lo evitará si es que, como se tiene previsto, sea aprobada en comisiones, el lunes 30, y en el pleno al día siguiente.
Corral recuerda que no es la primea vez que Gil Zuarth maniobra para complacer a las televisoras.
El diciembre de 2013, en la discusión sobre la reforma política, el diputado panista Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, presentó una reserva para cambiar la palabra “comprar” tiempo en radio y televisión por “adquirir” como causa de nulidad de una elección.
Eran las 3 de la madrugada cuando se hizo esa propuesta de reforma al artículo 41 de la Constitución y, medio dormidos los legisladores la aprobaron, hasta que los senadores se percataron cuando les llegó la minuta e hicieron el reclamo.
El propio presidente Enrique Peña Nieto tuvo que enviar una iniciativa para hacer la enmienda, gracias a la presión de PAN y PRD en el Pacto por México. Y se repuso la palabra “adquirir” cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, y no la palabra “comprar”.
En tribuna, la diputada perredista Purificación Carpinteyro expresó que fue un error de los diputados haber modificado dicho artículo 41. “No puedo decir si dolo, pero alguien nos pasó la bola baja y caímos en el error”.
Ese “alguien” fue Niño de Rivera, quien ahora es asesor de Gil Zuarth, y el presidente de la Cámara de Diputados cuando se le dio entrada a esa propuesta era Ricardo Anaya, actual presidente del PAN.
Explica Corral: “Fue una maniobra también realizada por Roberto Gil y su gente, Homero Niño de Rivera y Anaya Cortés, que era presidente de la Cámara de Diputados. Esa noche se pusieron de acuerdo para meter en la madrugada la enmienda. Él permitió incluso el fast track. Siempre han hecho estas maniobras para favorecer a Televisa”.
Recapitula Corral: “Peña tuvo que mandar la iniciativa para corregir la palabra y se volvió a poner adquirir. La palabra ‘comprar’ valía miles de millones de pesos, porque modificaba el modelo de comunicación política. Como ahora esta palabrita de ‘permisionarios’ por ‘operadores’ vale cientos de millones de pesos…”
“¡A madrazos!”
Presidida la Comisión de Comunicaciones y Transportes por Javier Lozano, el miércoles se pretendía aprobar la reforma de manera expedita, pero senadores de oposición se enteraron y exigieron pararla.
“¡Si quieren madrazos, a madrazos!”, retó Alejandro Encinas, quien se aproximó a Lozano que, engañosamente, gritaba: “¡Se aprueba por unanimidad!”
No pudo. Para entonces era un escándalo lo que pretendía aprobarse y tuvo que discutirse el desaseado procedimiento y, sobre todo, el objetivo de la reforma que, justamente, correspondió a Corral identificarlo.
“Si no supiera que en el fondo de esta iniciativa están los intereses de Televisa me asombraría la rapidez con que se procesa este asunto”, expuso y lanzó: “Se busca condonar una multa al duopolio de la televisión”.
Y sin citar la maniobra que hizo Niño de Rivera, personero de Gil Zuarth, adelantó que “ese asunto, que constituye la segunda parte de la iniciativa presentada por el senador Roberto Gil”, es de enorme gravedad.
“¿En serio el gobierno de Peña Nieto le va condonar multas?”, expresó Corral y en ese momento Javier Lozano lo interrumpió.
Ya está entrando al fondo, senador Corral.
–Estoy argumentando.
–Ni, no, no.
–No, no, no, mi derecho parlamentario no me lo vas a quitar tú.
–No, no, no… –insistió Lozano.
–No, no, a mí no me vas a limitar mi derecho a hablar. Puedo expresar en mi turno lo que yo considere.
–Estamos hablando del procedimiento.
–¡A mí no me vas a corregir, Lozano, perdóname, ni me vas a reconvenir! La Constitución me protege mi derecho parlamentario.
–Estás en el fondo.
–No, estoy argumentando. No me reconvengas, Javier, no me reconvengas. Voy a concluir.
–Órale.
Lo único que logró la oposición fue un receso, pero el lunes será discutido, y muy seguramente, aprobada la reforma Gil…
Transar para avanzar
La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. La corrupción que la impunidad alimenta, día tras día, estado tras estado, Secretaría tras Secretaría, empresa tras empresa. Con costos crecientes, dañinos, paralizantes. Es el principal obstáculo para la competitividad del país. Lleva a que quienes gobiernan gasten más dinero en proyectos de construcción y carreteras, los más opacos y los más propensos al cochupo. Lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla, incluyendo las procuradurías y los tribunales. Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad sino extracción de rentas. Distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas.
Como argumenta el estudio La Corrupción en México: Transamos y no avanzamos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la transa es el enemigo público número uno, el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país. Por omnipresente. Por los costos que acarrea. Porque se da a todos los niveles, en múltiples ámbitos, a la luz del día y en lo oscurito. Apreciada, internalizada, socializada e incluso premiada. Permitida tanto por los ciudadanos como por las instituciones que los gobiernan. Y no se da tan sólo en el sector público y por eso hay que definirla no sólo como el uso y abuso del cargo público para provecho personal, sino también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal. Se necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta, el oferente y el demandante. El funcionario o el empresario o el ciudadano.
Hoy, gracias a las cloacas destapadas de la Casa Blanca y la casa de Malinalco y la casa de Ixtapan de la Sal y OHL y tantos casos más, el combate a la corrupción está en la agenda. Pero apenas comenzamos y falta un largo trecho de renovación institucional y cambio cultural para dejar de ser el país que somos. Lejos de Estados Unidos donde, según la revista Public Administration Review, entre 1976 y 2008 más de tres funcionarios al día fueron sentenciados por delitos de corrupción como compra de voto, aceptación de regalos sin reportarlos, o conflictos de interés. Lejos de Brasil, donde el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias a funcionarios por usar su cargo público para obtener un beneficio privado. Lejos de España, donde hay mil 700 causas abiertas por corrupción y más de 500 indiciados. Lejos de Guatemala, donde un presidente acaba de caer por corrupto.
Desde Alabama hasta Sao Paulo. Desde Madrid hasta Illinois. Desde el gabinete presidencial en Brasilia hasta la familia real española. La diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Aquí se premia en lugar de castigar. Aquí se asegura la longevidad política en lugar del exilio político. Basta con ver a Arturo Escobar del Partido Verde, ahora subsecretario de Prevención del Delito. O a Fidel Herrera, ahora cónsul en Barcelona. O al Niño Verde impune. O a Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, viajando con el presidente. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes. México ha creado un sistema de incentivos que perpetúa en pacto de impunidad.
Afortunadamente la corrupción ha dejado de ser un fenómeno ignorado. Ya se habla de ella en foros y textos y estudios y en la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se habla de lo que necesitarían hacer las autoridades y los ciudadanos y los procuradores. Ya hay cifras que revelan la profundidad del problema: 63% de los empresarios encuestados por el Imco está de acuerdo en que la corrupción es parte de la cultura de hacer negocios en México. De 72 escándalos de corrupción de los cuales fueron objeto 41 gobernadores mexicanos, sólo 16 fueron investigados. Para las otras 56 acusaciones mediáticas, las autoridades ni siquiera iniciaron una investigación al respecto. De las 16 investigaciones sólo cuatro resultaron en la consignación del gobernador acusado. Mientras que en Estados Unidos tiene una efectividad del 100% al perseguir casos de corrupción, en México sólo se ha investigado el 22% de los casos y tan sólo 5% ciento resultó en una consignación del presunto responsable. Por ello siguen allí Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira, a quienes el gobierno no ha tocado ni con el pétalo de una investigación. El gobierno federal gasta más en comunicar los “logros” de la PGR que en equipar al órgano responsable de combatir la corrupción.
Ahora las esperanzas están centradas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no funcionará sin fiscales e investigadores independientes. Sin castigos serios que tengan un efecto disuasivo. Sin la sanción social a los corruptos que en lugar de sufrir el ostracismo son invitados a foros y a fiestas. Sin una disrupción en el modelo de negocio del ejercicio del poder. Sin un SAT que en lugar de ocultar información y ofrecer condonaciones fiscales encauce investigaciones por defraudación fiscal –sobre todo entre grandes empresas– y lavado de dinero en contra de funcionarios corruptos y sus cómplices. Sin partidos políticos que estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de “tapaos los unos a los otros”. Sin medios capaces de escrutar al poder en lugar de volverse sus amanuenses. Sin una cultura de la denuncia ciudadana que genere respuestas institucionales en vez de represalias, inacción o silencio.
Para así reducir los alicientes y aumentar los riesgos de los corruptos. Para así encarar y definir y sancionar con claridad qué es un acto corrupto según estándares internacionales. El soborno. La malversación de fondos. El tráfico de influencias. El conflicto de interés. El abuso de funciones. El enriquecimiento ilícito. La obstrucción de la justicia. La colusión. La extorsión. La utilización de información falsa. El nepotismo, el clientelismo y el favoritismo. Conductas cotidianas, habituales, normales dentro de un sistema en el cual porque transamos y no avanzamos. Conductas que habrá que cambiar para que casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no exoneraciones inverosímiles.
Como argumenta el estudio La Corrupción en México: Transamos y no avanzamos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la transa es el enemigo público número uno, el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país. Por omnipresente. Por los costos que acarrea. Porque se da a todos los niveles, en múltiples ámbitos, a la luz del día y en lo oscurito. Apreciada, internalizada, socializada e incluso premiada. Permitida tanto por los ciudadanos como por las instituciones que los gobiernan. Y no se da tan sólo en el sector público y por eso hay que definirla no sólo como el uso y abuso del cargo público para provecho personal, sino también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal. Se necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta, el oferente y el demandante. El funcionario o el empresario o el ciudadano.
Hoy, gracias a las cloacas destapadas de la Casa Blanca y la casa de Malinalco y la casa de Ixtapan de la Sal y OHL y tantos casos más, el combate a la corrupción está en la agenda. Pero apenas comenzamos y falta un largo trecho de renovación institucional y cambio cultural para dejar de ser el país que somos. Lejos de Estados Unidos donde, según la revista Public Administration Review, entre 1976 y 2008 más de tres funcionarios al día fueron sentenciados por delitos de corrupción como compra de voto, aceptación de regalos sin reportarlos, o conflictos de interés. Lejos de Brasil, donde el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias a funcionarios por usar su cargo público para obtener un beneficio privado. Lejos de España, donde hay mil 700 causas abiertas por corrupción y más de 500 indiciados. Lejos de Guatemala, donde un presidente acaba de caer por corrupto.
Desde Alabama hasta Sao Paulo. Desde Madrid hasta Illinois. Desde el gabinete presidencial en Brasilia hasta la familia real española. La diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Aquí se premia en lugar de castigar. Aquí se asegura la longevidad política en lugar del exilio político. Basta con ver a Arturo Escobar del Partido Verde, ahora subsecretario de Prevención del Delito. O a Fidel Herrera, ahora cónsul en Barcelona. O al Niño Verde impune. O a Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, viajando con el presidente. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes. México ha creado un sistema de incentivos que perpetúa en pacto de impunidad.
Afortunadamente la corrupción ha dejado de ser un fenómeno ignorado. Ya se habla de ella en foros y textos y estudios y en la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se habla de lo que necesitarían hacer las autoridades y los ciudadanos y los procuradores. Ya hay cifras que revelan la profundidad del problema: 63% de los empresarios encuestados por el Imco está de acuerdo en que la corrupción es parte de la cultura de hacer negocios en México. De 72 escándalos de corrupción de los cuales fueron objeto 41 gobernadores mexicanos, sólo 16 fueron investigados. Para las otras 56 acusaciones mediáticas, las autoridades ni siquiera iniciaron una investigación al respecto. De las 16 investigaciones sólo cuatro resultaron en la consignación del gobernador acusado. Mientras que en Estados Unidos tiene una efectividad del 100% al perseguir casos de corrupción, en México sólo se ha investigado el 22% de los casos y tan sólo 5% ciento resultó en una consignación del presunto responsable. Por ello siguen allí Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira, a quienes el gobierno no ha tocado ni con el pétalo de una investigación. El gobierno federal gasta más en comunicar los “logros” de la PGR que en equipar al órgano responsable de combatir la corrupción.
Ahora las esperanzas están centradas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no funcionará sin fiscales e investigadores independientes. Sin castigos serios que tengan un efecto disuasivo. Sin la sanción social a los corruptos que en lugar de sufrir el ostracismo son invitados a foros y a fiestas. Sin una disrupción en el modelo de negocio del ejercicio del poder. Sin un SAT que en lugar de ocultar información y ofrecer condonaciones fiscales encauce investigaciones por defraudación fiscal –sobre todo entre grandes empresas– y lavado de dinero en contra de funcionarios corruptos y sus cómplices. Sin partidos políticos que estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de “tapaos los unos a los otros”. Sin medios capaces de escrutar al poder en lugar de volverse sus amanuenses. Sin una cultura de la denuncia ciudadana que genere respuestas institucionales en vez de represalias, inacción o silencio.
Para así reducir los alicientes y aumentar los riesgos de los corruptos. Para así encarar y definir y sancionar con claridad qué es un acto corrupto según estándares internacionales. El soborno. La malversación de fondos. El tráfico de influencias. El conflicto de interés. El abuso de funciones. El enriquecimiento ilícito. La obstrucción de la justicia. La colusión. La extorsión. La utilización de información falsa. El nepotismo, el clientelismo y el favoritismo. Conductas cotidianas, habituales, normales dentro de un sistema en el cual porque transamos y no avanzamos. Conductas que habrá que cambiar para que casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no exoneraciones inverosímiles.
Fuente: Proceso| ÁLVARO DELGADO| DENISE DRESSER
