-Prevé SME que esta semana Segob solucione conflicto
-Video: Detienen en Edomex a 6 indígenas; protestaban por construcción de autopista concesionada a amigo de Peña
El Sindicato Mexicano Electricista (SME) se mostró optimista y asegura que a cinco años del conflicto, esta semana el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) dará una solución a los electricistas luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Lo anterior, con la reinserción laboral de los más de 15 mil ex trabajadores de la paraestatal que no se liquidaron, esto a través de un esquema de empresas con inversión público privada, con contrato colectivo de trabajo y en donde estarán incluidos los integrantes del SME.
De acuerdo a Huberto Montes de Oca, secretario del exterior de la organización sindical, para dicho fin, el próximo jueves serán recibidos por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, así como por autoridades de la secretaría de Hacienda, del Trabajo, así como Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras.
“Ese es el compromiso que hicieron ellos, y creo que si damos una buena reunión y damos un buen acuerdo, esta semana prácticamente estaríamos en condiciones de resolver antes de que termine el años”.
En entrevista, informó que durante la reunión se prevé que se afinen detalles sobre la forma de contratación de los agremiados.
Y aunque dijo que después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no dejar a la CFE como patrón sustituto de los electricistas, el representante de los electricistas, tampoco descartó esa posibilidad.
Cien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis indígenas otomíes del poblado de San Francisco Xochicuautla que protestaban por el inicio de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Autovan, filial de la constructora Teya, de Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno del Estado de México y amigo del primer mandatario Enrique Peña Nieto.
La detención ocurrió esta mañana cuando Armando García, delegado de la comunidad, encabezó como acto de protesta en el paraje denominado Buenavista la obstrucción con troncos de madera de las labores de las máquinas de la empresa.
García declaró a la prensa local que existe descontento entre los pobladores otomíes porque la construcción de la autopista afectará dos centros ceremoniales, La Cruz y La Piedra, que desaparecerían con la construcción, y porque existirá un daño ambiental para los pobladores de la zona.
Los representantes de la empresa “jamás presentaron una propuesta para beneficiar a las comunidades debido al costo ambiental, sólo quieren pagarles 230 pesos el metro cuadrado de la tierra”, afirmó García.
Los seis detenidos, además de García, fueron los adultos mayores Rosa Saavedra, Venancio Hernández, Domingo Hernández, Felipe Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez y Francisco Reyes.
El senador del PRD y excandidato a gobernador, Alejandro Encinas, lamentó los acontecimientos e hizo un llamado al mandatario estatal Eruviel Ávila, al presidente municipal y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para esclarecer los hechos y brindarle protección y seguridad a los pobladores.
En un comunicado de prensa, Encinas recordó que este incidente ocurre en medio de una ola de violencia y represión en la entidad. A cuatro meses de los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde fueron ejecutadas 22 personas, y a tres días del enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado en la comunidad Cerro de la Culebra, en el municipio de Luvianos, donde hubo seis muertos y cuatro personas heridas.
En abril de este año, más de 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cercaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla para impedir las protestas por la construcción de la autopista.
-Video: Abuchean en Washington a funcionarios mexicanos
Esta fue la reacción de residentes de Washington cuando los funcionarios entraban a una reunión con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), exigen el esclarecimiento de los estudiantes desaparecidos en la normal rural de Ayotzinapa
-Protestas muestran descontento social por política de EPN; llaman a huelga general
Orizaba, Ver.- Las movilizaciones sociales por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerro, “demuestran el descontento y rechazo total a las políticas de criminalización de la protesta social y de los estudiantes”, también exhiben “la reprobación hacia la política económica criminal que ha generado la profunda crisis en las que se sume el país”, refiere un documento digital que representantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (MMPV-CNTE) enviaron a La Jornada Veracruz.
En el documento convocan a una huelga general el 1 de diciembre “para desencadenar el derrocamiento de Enrique Peña Nieto”. Señala que los diversos escenarios del país “demuestran la profunda descomposición del régimen actual y no puede ser llamado de otra forma que no sea un crimen de Estado. Una política de terror que a todas luces se ve, será aplicada contra la protesta y la movilización popular en el futuro, si no lo frenamos”.
En ese sentido, “manifestamos la necesidad de la movilización y la organización en un sentido ascendente, hasta lograr la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas y la necesidad de crear los lazos de unidad en la acción para lograr, por medio de la lucha organizada el derrocamiento de Enrique Peña Nieto de la presidencia que ostenta bajo la usurpación, así como el cambio de régimen político y el modelo económico en el país”.
Este escrito se desprende de los acuerdos que se tuvieron en la tercera reunión de Enlace Nacional en la que participaron 40 asistentes y 48 representantes de organizaciones, entre universidades públicas y expresiones disidentes internas de sindicatos nacionales e incluso comités sindicales como el de telefonistas.
Asimismo se da a conocer parte de los acuerdos concretados “para la acción conjunta y la construcción unitaria, entramos en un proceso de articulación nacional; los acuerdos de acción se deben articular como una ruta general de construcción de la Huelga Política General, planteándose a mediano plazo ubicando el mes de mayo del 2015 como su posible realización”.
Las acciones siguientes son parte de este proceso, desarrollando la acumulación de fuerzas por medio de la construcción de espacios de organización desde abajo, asambleas comunitarias, frente regionales y sectoriales, hacia la Asamblea Nacional Popular para lograr impulsar como etapas del crecimiento de nuestra fuerza la jornada nacional de lucha del 5 de noviembre y el paro cívico nacional del 1° de diciembre”.
Las acciones a las que se convocó son: 1.- Actuar a corto plazo en la Jornada Nacional de Lucha del 5 de noviembre (Paros activos, toma de instalaciones, cierre de carreteras, caminos, puentes, puertos, pasos fronterizos, marchas, mítines, plantones, volanteos, actividades político-culturales). A manera de ensayo del Paro Cívico Nacional del 1 de diciembre; 2.- Impulsar la realización del Paro Cívico Nacional el 1° de diciembre; impulsar la toma de la ciudad de México el 6 de diciembre.
Para el Paro Cívico Nacional del 1° de diciembre se debe hacer como una acción de preparación de las jornadas de lucha que permitan arribar a la Huelga Política General pasar de la resistencia a la ofensiva; por lo que se pone al centro la difusión, el convencimiento y la preparación organizada de las acciones a realizar con el objetivo de impactar la economía nacional y hacer realidad la caída del gobierno de Peña Nieto.
“Consideramos de vital importancia la consolidación de la Asamblea Nacional Popular reunida en Ayotzinapa, como un espacio de articulación nacional, con gran legitimidad y convocatoria en la lógica de converger con todos los esfuerzos y luchas que nuestros pueblos y comunidades se están dando, para lograr la convergencia en el frete único de todo nuestro pueblo de los trabajadores del campo, la ciudad y los mares, para echar abajo las criminales reformas estructurales y las terribles consecuencias del saqueo y el terror al que ha sido sometida la nación”.
Sigue el comuicado: “en la perspectiva a largo plazo, coincidimos en la necesidad de construir un nuevo gobierno, que dispute la dirección de la nación a los neoliberales, reaccionarios y fascistas que entre otras cosas han secuestrado y desaparecido a nuestros 43 compañeros normalistas”.
Los resultados de la reunión igualmente rechazan “el actual escenario de violencia y cinismo por parte del gobierno, y se agrega el rechazo, casi unánime, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho de las propuestas de consulta popular en materia de Reforma Energética, cerrando así la pinza de la antidemocracia y el fascismo en México”.
-Acoso y cárcel a 44 opositores marcan al sexenio en Puebla
Un total de 44 activistas y opositores a los proyectos del gobierno del estado han sido detenidos durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, de los cuales todavía 10 continúan encarcelados.
Pese a que los abogados de estos últimos han argumentado que las autoridades no tienen elementos suficientes para acusarlos, se les imputaron delitos graves, les fijaron fianzas elevadas y por distintos recursos legales les negaron su libertad bajo caución.
En agosto, las diputadas federales Loretta Ortiz Alhf y Roxana Luna, de PT y PRD, respectivamente, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por las 33 detenciones de activistas en Puebla –hasta ese mes-, en la cual también se solicitó que se dicten medidas cautelares a favor de esas personas, al considerar que se violó su derecho humano de presunción de inocencia, ya que no se les pudo probar delito alguno.
A pesar de ello y de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno del estado aplicó otros aseguramientos y actualmente ya suman 44 detenidos.
Van tras opositores a gasoducto
En los primeros días de abril de este año la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) detuvo a José Luis Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, opositores del Gasoducto Morelos.
El primero fue asegurado en la capital del estado cuando salía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), luego de interponer una queja por la detención de Enedina, la cual ocurrió días antes en el municipio de Atlixco.
Posteriormente la dependencia detuvo mediante orden de aprehensión a Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.
A los tres activistas les fue dictado auto de formal prisión sin derecho a la libertad caucional: a Flores por los delitos despojo, motín, extorsión; a Rosas por robo calificado así como oposición a que se ejecute una obra; y a Cordero por amenazas y privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos.
El 2 de octubre Abraham Cordero fue liberado, mientras tanto a Enedina se le permitió continuar el proceso penal bajo arraigo domiciliario.
Nueve detenidos en Coronango
La noche del 16 de junio, luego de un operativo contra mototaxis en los municipios de Juan C.Bonilla, Xoxtla y Coronango, los habitantes de San Francisco Ocotlán -localidad del último municipio referido- se inconformaron y bloquearon la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 113.
Debido a que los manifestantes se tornaron agresivos, ocho pobladores fueron asegurados durante un desalojo hecho por la Policía Estatal.
Se trata de Mauro Sarmiento Amaro, de 48 años; Ignacio Ramos Michihua, de 20 años de edad; Jaime Alberto Fernández de Jesús, de 20 años de edad; Daniel Hernández Palacios de 34 años de edad; Fausto Galicia Robles, de 47 años de edad; Antelmo Sánchez García, de 52 años de edad; Florencio Copalcua Hernández, de 25 años de edad, e Ignacio Sarmiento Amaro, de 52 años de edad.
A ellos se les fincaron los delitos de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que el juez penal de Cholula les fijó una fianza de 385 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Aseguran a nueve personas en Cacalotepec
El 21 de junio, la Policía Estatal desalojó a un grupo de manifestantes de San Antonio Cacalotepec, localidad de San Andrés Cholula, el cual protestó por el pésimo servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Los detenidos fueron: María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitznahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés, acusados de los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.
Tras pagar una fianza de 170 mil pesos cada uno, finalmente fueron liberados.
Estrenan en Tehuacán la Ley Bala
La tarde del 1 de julio la Policía Estatal realizó un desalojo violento frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Tehuacán y la carretera federal a Veracruz, donde habitantes de diversas comunidades de la Sierra Norte exigían la reapertura de las oficinas del registro civil en juntas auxiliares de Tehuacán y Ajalpan.
El saldo fue de 8 personas detenidas: Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; Eduardo Rivera Espinoza; Modesto Fausto Cortés; Lucio Fuentes Cortés; Emilio Montalvo Montalvo; Domingo Guzmán Rivera Reyes; Abel Torres Martínez; Román Hernández Ramírez, quienes fueron consignados por los delitos de motín, lesiones, daño en propiedad ajena y otros.
La huella de Chalchihuapan
Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, fueron los primero cuatro detenidos, señalados de participar en la manifestación del 9 de julio, en esa comunidad, donde los pobladores solicitaron al gobierno estatal la restitución del registro civil en las juntas auxiliares.
Inicialmente, la PGJ les fincó los delitos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.
Posteriormente, quedaron en libertad, pues la PGJ solicitó al juez penal su liberación por desvanecimiento de datos, es decir, que les redujeran los delitos para que pudieran alcanzar fianza.
Sin embargo Bernardino Montes, Vicente Juárez Varela, Florentino Camayo Ponce, Álvaro García Xelhua y Raúl Contreras Montes fueron detenidos la madrugada del 18 de octubre, cuando agentes de la Policía Ministerial ingresaron a la comunidad para allanar los domicilios y ejecutar órdenes de aprehensión.
De ellos sólo fueron liberados Álvaro y Raúl, mientras que a Bernardino, Florentino y Vicente se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación, por lo cual no alcanzan libertad bajo caución.
Cabe mencionar que por los hechos ocurridos el 9 de julio también fueron detenidos cinco policías estatales mediante órdenes judiciales, en supuesto cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Encarcelan a opositores en Cholula
La madrugada del martes 7 de octubre, elementos de la Policía Estatal y Municipal realizaron un operativo para desalojar las oficinas del Palacio Municipal de San Andrés Cholula que tomaron desde un día antes los activistas del movimiento Cholula Digna y Viva, quienes se opusieron a la expropiación de predios para la construcción de un parque en la zona arqueológica.
En estas acciones fueron detenidos Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Primo Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl, a quienes se les dictó auto de formal prisión el pasado 15 de octubre.
Aseguran a ediles por oponerse a entregar el Registro Civil
El 17 de octubre, agentes de la Policía Ministerial detuvieron mediante engaños al presidente auxiliar de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, militante de Acción Nacional, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro Cholula, acusado de los delitos de ejercicio indebido de funciones y resistencia de particulares.
Los abogados del alcalde afirmaron que el motivo real de su aseguramiento es el amparo 1058/2014/que promovió en el Juzgado Noveno de Distrito contra la reforma de la Ley Orgánica Municipal.
El pasado viernes 31 de octubre, la Policía Ministerial también detuvo al edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, afuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento (SDUOP), donde acudió a hacer unos trámites.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue denunciado por un empleado de Concesiones Integrales (antes SOAPAP), tras los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre del año en curso, cuando el edil junto otras personas habrían bloqueado el paso de un vehículo oficial en el que viajaban el agraviado y otros acompañantes.
Según la denuncia, estos fueron agredidos por el alcalde y las otras personas que además los amenazaron de muerte.
-Concretan venta de 60 casonas en la angelópolis
Puebla, Pue. A tres meses de que se creó la Gerencia del Centro Histórico de esta ciudad, se concretó la venta de 60 casonas para abrirse hoteles, restaurantes, comercios y galerías de arte, lo cual representa inversiones por 300 millones de pesos.
De acuerdo con el director de la Gerencia, Sergio Vergara Berdejo, el precio de cada inmueble osciló en 5 millones de pesos, sin contar la inversión que deberá hacerse para la remodelación y equipamiento de los espacios.
Sin embargo, hubo propietarios que pretendían pedir entre 15 y 20 millones de pesos por sus casas: “Se les tuvo que decir que eso no era posible, pues su precio era conforme al valor catastral”, agregó el funcionario.
De los compradores, 40% fue una inmobiliaria local y el resto fueron empresas foráneas, algunas de España y Estados Unidos.
El director de la Gerencia, adscrita al ayuntamiento de Puebla, comenta que la comercialización de predios forma parte de la redensificación del centro, en la cual tienen localizados 2,000 inmuebles en desuso. De éstos, se espera vender al menos 500 en esta administración, 80 tan sólo este año.
La Gerencia, explica, participa como intermediario entre los propietarios y los interesados en comprar esos espacios, con el propósito de que puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Anteriormente, no se pudo concretar la venta de casonas por la falta de intervención de la autoridad, pues cuando un inmobiliario se interesaba en comprar una vivienda, los dueños querían aprovechar la situación para ofrecerla a precios “muy elevados”.
Bajan tiempos
Por su parte, la representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios capítulo Puebla, Blanca Malibrán, califica de positiva la intervención de la autoridad mediante esta área, ya que ayuda al sector a agilizar las negociaciones, mismas que se estancaban porque los propietarios pedían más de lo que costaban originalmente los inmuebles.
Un acuerdo entre inmobiliaria y propietario antes tardaba de dos a tres meses, incluso no se llegaba a realizar por la falta de voluntad de los propietarios, agrega.
No obstante, recuerda que desde el 2013 se inició la compraventa de inmuebles, aunque el número de operaciones fue bajo a lo largo de ese año, con sólo 18.
-Periodistas españoles huyen del país tras recibir amenazas de secuestro
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Por seguridad, un grupo de periodistas españoles abandonó el país tras recibir varias llamadas de extorsión y advertencias de secuestro.
Para sacar a los periodistas, la Policía Federal y agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), desplegaron un operativo de seguridad en la ciudad fronteriza de Tapachula.
A petición de la embajada española, los seis reporteros españoles, encabezados por Melchor Miralles Sagro, exdirector de El Mundo TV, abandonaron Chiapas y luego retornaron a su país, por lo que debieron hacer a un lado su tarea de recabar información relacionada con la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.
La madrugada del sábado 1, el exdirector de El Mundo y director general de Atar Producciones, Melchor Miralles, recibió varias llamadas de extorsión, según un agente de la Fiscalía para Migrantes de la PGJE.
Algunas de esas llamadas procedían de teléfonos con números de León, Guanajuato, y el Distrito Federal, y se exigía el depósito de ciertas cantidades de dinero para no secuestrar a los periodistas.
Tan pronto como se recibieron las primeras llamadas, el reportero chiapaneco Juan de Dios García Davish llamó a la Fiscalía para Migrantes, cuyos agentes grabaron otras llamadas.
Los periodistas españoles no quisieron levantar demandas penales, pero la Fiscalía para Migrantes abrió una indagatoria de oficio después de constatar las llamadas telefónicas amenazantes.
El domingo 2, Miralles Sagro y sus compañeros periodistas abandonaron México y regresaron a España.
En su columna denominada “En el andén” y publicada este lunes en el diario español Republica.com, Miralles Sagro escribió su experiencia en la frontera sur del país, que llamó: “El infierno”.
“Trazo este texto desde Méjico. Aquí desde hace cinco días con mis cuerdos de atar y los nadie que persiguen el sueño americano, sin saber que probablemente será al final una pesadilla más que real. Dicen por aquí que si te toca, ni aunque te quites, y si no te toca, ni aunque te pongas. He comprobado que es cierto. Pero esa es otra historia. En el mundo hay muchos mundos, y es bueno conocerlos. Y no pensar que nuestro reducido cosmos es el centro del universo. Y coleccionar días sin repetir ninguno.
“No consuela, pero nuestra corrupción es una broma si la comparamos con la que ha convertido a México no en un Estado fallido, sino en un Estado comatoso en el que los tres poderes están tomados, o entregados, al crimen organizado que todo lo puede.
“Huyo por esta ventana de palabras en una noche ciega de luna. La vida no es una invención. Y hay voces que suenan como disparos, por ejemplo las de los migrantes que huyen de la miseria en la que viven en sus países. Una miseria que es tan mísera como para aventurarse en un viaje en el que saben que tienen pocas posibilidades de llegar ilesos. O vivos. Saben que por el camino, suban o no al tren de La Bestia que les transporta directo al infierno, como una carga pesada de la que todos quieren librarse, van a sufrir.
“Son plenamente conscientes. Les van a amenazar, secuestrar, desaparecer, violar o matar. Les van a despertar del sueño. Pueden ser los narcos. O los zetas. O cualquier banda organizada, o desorganizada. Y puede ser la propia Policía, o el Ejército, o Migración. Pero va a ser. Nadie llega ileso. Y cuando lleguen, buena parte de ellos o van a la trena directos, o en pocos meses están de vuelta. Porque el cielo que buscaban se asemeja más al infierno, y no son bienvenidos. Ni en los EEUU ni en ningún otro sitio. Los nadie de Galeano valen menos que la bala que los mata.
“Pero México sigue siendo visto por los grandes de la empresa como un país de oportunidad para ganar pasta. Porque hay business. Hay espacio para hacer negocio. Es un país emergente.
“(¿Emergente?) Están en el G-20. Y cuando vienen en primera o en avión privado, nunca salen del gueto protegido. Nunca viajan al infierno. Aunque la mayoría del territorio lo sea. Ni viajan ni quieren enterarse. Y le dan coba a quienes desde el Gobierno, y los Gobiernos que han sido, han hecho de este país maravilloso un Estado sin ninguna garantía de legalidad, sobre todo para los más desfavorecidos. O sea, la mayoría. Es más cómodo vivir así. Pero más cabrón. Más que nada porque si nosotros nos empeñáramos en evitarlo, ellos sufrirían menos. Pero ellos nos pillan muy lejos. Yo de mayor siempre he querido ser niño. Pero aquí, en este país convertido en estercolero, de niño quiero ser mayor. Para poder escapar rápido.”
-Rechaza la Corte consulta del PRI para reducir pluris
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del PRI para realizar una consulta popular que proponía reducir el número de diputados y senadores federales de representación proporcional.
El Pleno de la Corte resolvió que el tema que pretendía someterse a consulta entra en los supuestos que prohíbe el artículo 35 de la Constitución, ya que toca el tema electoral.
El máximo tribunal del país declaró inconstitucional la pregunta sugerida por el PRI, apoyada por 1.8 millones de ciudadanos, que planteaba la reducción de 200 a 100 en número de diputados plurinominales, además de suprimir las 32 senadurías asignadas por dicho principio.
El argumento de la Corte es que el artículo 35 de la Constitución prohíbe las consultas en materia electoral, así como el artículo 40 que estipula los principios del sistema democrático.
Los ministros consideraron que la disminución de representantes populares puede provocar un daño a los partidos políticos.
La pregunta que el PRI pretendía hacer en la consulta ciudadana es: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?
Dicha pregunta fue presentada por el líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a la Cámara de Senadores, que a su vez la turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Si bien la reducción de diputados es un tema de definición orgánica del Poder Legislativo, lo cierto es que también implica de manera indisoluble un tema electoral, en tanto que se reduce la participación de los partidos y se afectan los efectos de la votación de los ciudadanos sobre el grado de representatividad”, dijo Fernando Franco González, autor del proyecto de defensa.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío afirmó que la reducción de plurinominales podría impactar en la participación de los partidos políticos y en el grado de representación ciudadana.
En tanto, la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que se vería un impacto en el régimen de los partidos y la forma en que operan los principios de mayoría relativa.
Esta es la cuarta pregunta que la Corte declara inconstitucional relacionada con temas de consulta popular. La primera fue del PAN que pretendía someter a consulta la pregunta sobre el aumento a los salarios mínimos; la segunda y tercera corresponden al PRD y Morena que buscaban llevar a consulta popular –cada uno por separado– la reforma constitucional en materia energética.
En los tres casos la Corte determinó que la pregunta que pretendían someter los partidos a consideración de los ciudadanos, era inconstitucional.
-Suspenden clases en la Tarahumara por ola de violencia
CHIHUAHUA, Chih.- La narcoviolencia en esta entidad dejó el pasado fin de semana un saldo de nueve muertos, dos de ellos calcinados.
Según la Fiscalía Zona Sur, los choques armados se registraron en las poblaciones de Samachique y Rocheachi, del municipio de Guachochi, y en Cusárare, municipio de Bocoyna.
Ante la ola de violencia que golpea a la Sierra Tarahumara, maestros de primaria y telebachillerato de esas dos comunidades suspendieron clases por tiempo indefinido.
Además, los accesos a esas comunidades fueron cerrados y pobladores de Rocheachi y Cusárare aseguran que hay mucho más víctimas de las que se reportaron oficialmente.
En Rocheachi, el enfrentamiento se registró alrededor de la cuatro de la tarde. Una familia alcanzó a ver cómo caían los cuerpos, por lo menos vieron unos 10 cadáveres. En Cusárare, los habitantes hablan de unos 20 cuerpos, no sólo de los cuatro que reportaron a 60 kilómetros de la comunidad.
Los enfrentamientos entre grupos delictivos comenzaron el 26 de octubre, cuando 11 hombres fueron ejecutados, y de ellos ocho fueron calcinados. Posteriormente se desató una cruenta lucha por las tierras de producción de mariguana y amapola.
Pobladores indicaron que el domingo pasado convoyes con alrededor de 50 o 100 personas recorrieron la zona donde luego se reportaron los ataques.
Además, el Ejército localizó un campamento de una banda delictiva en la sierra cercana a Rocheachi, que se ubica a media hora de la cabecera municipal, sin que se reportaran detenidos.
En la caja de una camioneta Ford 1990 guinda con placas del estado, localizada en ese lugar, encontraron el cuerpo de un hombre.
El campamento se ubica en una loma de una brecha de terracería, donde los militares aseguraron centenas de cartuchos útiles .223, 7.62×39 y 9 milímetros en el interior de una maleta y bolsas de plástico.
También aseguraron varias bolsas de dormir, rollos de hule negro, provisiones, mochilas y cobijas.
Los agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía Zona Sur decomisaron el armamento y los cartuchos útiles, que serán integrados a pruebas periciales para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos.
Durante la tarde de ayer también fue herido con arma de fuego Pablo Torres Cárdenas, de 40 años, en San Ignacio, municipio de Batopilas.
El hombre fue trasladado en avioneta a la ciudad de Parral y, al arribar al aeropuerto de la empresa Frisco, dijo que no supo quién lo hirió, pues cuando circulaba en su vehículo por una brecha de la comunidad se sintió herido y posteriormente fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.
La Fiscalía Zona Norte detalló que el sábado alrededor de las 16:00 horas se enfrentaron sicarios en la entrada de Roechachi, donde perdieron la vida dos hombres y una mujer resultó herida.
En este lugar las fuerzas de seguridad aseguraron tres vehículos y armas de fuego, aunque tampoco hubo detenidos.
El domingo por la tarde, los agentes localizaron seis cuerpos, vehículos y armas en Samachique y Cusárare, luego de dos enfrentamientos que ocurrieron en la mañana. En esta acción tampoco hubo detenidos y los objetos decomisados fueron abandonados por los delincuentes.
Guerra entre cárteles
El delegado de la PGR, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que el enfrentamiento registrado el 26 de octubre se dio entre dos grupos delictivos del cártel de Sinaloa.
Ese cártel ha mantenido el control en la parte sur de la sierra Tarahumara, pero desde hace alrededor de dos años se dividió.
Luego de ese enfrentamiento y por ser temporada de cosecha de estupefacientes, otros grupos han intentado ingresar a las localidades, pero han colocado en medio de su lucha a cientos de comunidades indígenas.
El 17 de octubre, los pobladores de Guachochi alertaron sobre el ingreso al municipio de alrededor de 150 camionetas de la Línea, del cártel de Juárez, grupo que mantiene el control desde Cuahtémoc hasta San Juanito, en el municipio de Bocoyna, y a unos 20 kilómetros de Creel.
Las camionetas se colocaron en brechas y carreteras de Creel a Guachochi y los sicarios instalaron retenes cada 10 kilómetros.
Esa misma semana, un comando llegó a la comunidad de Wirichique, del mismo municipio y que se localiza a dos horas de la cabecera municipal.
Los pistoleros ingresaron al lugar para reclutar a los adolescentes del pueblo indígena y, de inmediato, el resto de la comunidad abandonó el poblado.
La semana pasada, pese al discurso oficial que minimiza la violencia, dos jóvenes fueron levantados de Guachochi, y uno de ellos apareció muerto esta semana, y el otro aún no es localizado, refieren los habitantes de esa región.
-Convoca Peña a pacto nacional para evitar que se repita caso Iguala
El presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que en los próximos días convocará a las fuerzas políticas y a la sociedad civil a emprender cambios de fondo y medidas institucionales para que hechos como los ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, no vuelvan a repetirse.
El anuncio fue hecho por el mandatario durante el acto de presentación de los nuevos reglamentos en materia energética, celebrado en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde expuso que daba la bienvenida a los posicionamientos de los partidos políticos y de los organismos de la sociedad civil sobre “los hechos lamentables” suscitados en Guerrero.
Sobre la convocatoria, dijo que se trata de unir esfuerzos a favor del estado de derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad.
Como en otras ocasiones, Peña Nieto mencionó el trabajo de búsqueda que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), pero esta vez anunció la convocatoria nacional para fortalecer la plena vigencia del estado de derecho.
-Balean casa de excandidato del PAN en Veracruz; sus padres, lesionados
XALAPA, Ver.- Lauro Becerra García, excandidato del PAN a la alcaldía de Coxquihui –municipio asentado en la sierra del Totonacapan–, sufrió un atentado la noche del domingo, en el cual resultaron heridos sus padres, Delfina García Hernández y Mauro Becerra Tirso.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, José de Jesús Mancha, condenó los hechos y responsabilizó al actual alcalde priista Reveriano Pérez, a quien acusó de encabezar a la banda delincuencial de “Los Pelones”.
“El ataque fue perpetrado por un comando que disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda de Becerra García, ubicada en la población de Coxquihui en el norte de la entidad. Solicitamos la inmediata intervención del gobierno del estado, ya que existen antecedentes de al menos cuatro atentados contra miembros del PAN en esa región”, expuso Mancha.
En la agresión resultó herida en el rostro la madre del político panista; en el caso del excandidato a la alcaldía, éste resultó ileso y ya interpuso la denuncia penal respectiva.
El priista Reveriano Pérez, acusó el líder estatal panista, es una “versión jarocha” del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia.
No obstante, reporteros locales aseguraron que Lauro Becerra se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con militantes panistas y fue él quien inició la gresca al provocar a integrantes de la banda de “Los Pelones”.
Estas versiones fueron rechazadas por Jesús Mancha, quien molesto señaló a los reporteros: “Yo sí les pido seriedad, pues a nadie de ustedes les gustaría que fueran a balear su vivienda”.
Coxquihui ha sido escenario de diversos conflictos, pues el 18 de junio de 2013, previo a los comicios locales, hubo un enfrentamiento con un saldo de un muerto y tres heridos.
En aquella ocasión, las directivas estatales de PRI y PAN se culparon mutuamente de los hechos en los que perdió la vida José Benito Gaona Medina, de 38 años, cuya militancia fue reclamada por ambos partidos.
En la gresca también resultaron lesionados Ulises Salazar García, quien fue internado en un hospital de Zaragoza, Puebla, y José Gaona Medina, quien quedó inconsciente luego de la golpiza.
En los comicios locales de 2010 los resultados tuvieron que suspenderse por las múltiples irregularidades y hechos de violencia; para ello, el Instituto Electoral Veracruzano debió organizar una elección extraordinaria en mayo de 2011, la cual ganó el PRI.
-En protesta por desaparecidos, bloquean principal centro comercial de Chilpancingo
CHILPANCINGO, Gro.- Integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cerraron el principal centro comercial de la capital y una tienda de autoservicio para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.
Decenas de normalistas y universitarios procedentes de la ciudad de México, arribaron cerca de las 10:30 horas a bordo de autobuses de empresas de transporte público y se desplegaron hacia varios puntos de la capital de la entidad.
Enseguida, impidieron la apertura de los establecimientos comerciales que se encuentran en Galerías Chilpancingo, como Liverpool, McDonald’s Burger King, un complejo de Cinepolis y otros negocios de ropa y electrónica.
También, cerraron una tienda de autoservicio de la cadena Aurrera.
La acción pacífica forma parte del plan acordado ayer, el cual contempla el cierre de centros comerciales de empresas trasnacionales y la toma del aeropuerto de Acapulco, así como interceptar unidades que transporten mercancía de empresas privadas y permitir el libre tránsito en casetas de peaje para los automovilistas, con el propósito de golpear la economía de la clase empresarial y presionar a las autoridades federales a dar resultados en la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
-Celebra Asamblea Politécnica respuesta de la SEP
La Asamblea General Politécnica (AGP) celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de iniciar la mesa de diálogo público en la unidad de Zacateco del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Aunque en términos generales expresaron su aprobación a la propuesta presentada por las autoridades educativas, la representación estudiantil anunció que solicitará a la SEP la designación de una comisión a fin de acordar las medidas de seguridad que se aplicarán durante el desarrollo de la mesa de diálogo.
En breves declaraciones a las puertas de las instalaciones de la SEP, varios estudiantes anunciaron que será hasta las 13 horas de mañana martes cuando definan su postura respecto al reinicio de clases, que en el punto cinco del documento de las autoridades educativas pide que se concrete sin condición alguna.
Respecto a la paridad en la representación, la innecesaria designación de un moderador y la reunión previa para acordar las reglas de la mesa del diálogo, así como su transmisión a través de televisión, la representación de la AGP no expresó ningún inconveniente.
-Ministros consuman farsa contra consulta energética al rechazar la del PRI: AMLO
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyeron con la “farsa” para negar la consulta energética.“Los ministros son cómplices corruptos”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En un mensaje difundido a través de su cuenta en Facebook, López Obrador señaló que con el rechazo a la consulta planteada por el PRI sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, pretendieron demostrar que son imparciales.
Agregó que desde principios de año los ministros “se comprometieron con Enrique Peña Nieto y la mafia en el poder, a impedir la consulta ciudadana en materia energética, como le conviene a los zopilotes de aquí y de allá”.
A continuación el mensaje textual del dirigente de Morena:
Terminó la farsa en la Suprema Corte con el numerito preparado para negar la consulta energética con la utilización de paleros. Reitero: los Ministros son cómplices de corruptos.
Hoy, estos "estrictos" jueces, rechazaron la consulta solicitada por el PRI y así demostrar que son imparciales. Farsantes.
Desde principios de año se comprometieron, con EPN y la mafia en el poder, a impedir la consulta ciudadana en materia energética, como le conviene a los zopilotes de aquí y de allá.
-Despiden en Edomex a 977 policías
Valle de Bravo, Méx. Sólo 977 elementos policiacos que operan en el estado de México serán dados de baja, debido a que 830 efectivos no aprobaron las evaluaciones de control de confianza por factor de riesgo, y 147 más por negarse a realizar los exámenes, informó hoy el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Al arrancar la campaña de venta de árboles de navidad en esta localidad, el mandatario estatal dijo que en la entidad se cumplió al ciento por ciento con el mandato del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual obliga a certificar a todos los policías antes del 29 de octubre.
En total se practicaron 53 mil 638 evaluaciones, y de ellas 48 mil 478 se aplicaron a personal operativo y cinco mil al administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del estado de México, y de las 125 policías municipales.
Más de 31 mil policías aprobaron los exámenes con restricciones; la inmensa mayoría por sobrepeso, por lo cual se determinó aplicar un programa específico para ellos. En tanto, mil 316 no aprobaron los exámenes por perfil, pero al “no representar riesgos” ni para la ciudadanía ni para las corporaciones, solo serán reubicados en áreas acordes a su capacidad.
El mandatario también se pronunció a favor de que se firme un acuerdo nacional por la seguridad pública.
-Investigan un Soriana en Matamoros por frutas contaminadas
Matamoros, Tamps. La Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) investiga a la tienda Soriana de Matamoros, luego de que dos menores de edad se intoxicaron por comer fresas contaminadas con metales pesados.
Óscar García Hinojosa, jefe de la unidad de investigación de la (Coepris) dio a conocer que la investigaciones se inició a petición de Juan Manuel Mendoza, padre de familia que descubrió un balín, un tornillo y un pedazo de tubo en dos cajas de fresas congeladas que compró la semana pasada en la tienda departamental.
En la denuncia, acompañada de fotografías de las fresas revueltas con los artículos de metal, se consigna que la tienda Soriana costeó los gastos médicos de primer nivel de dos menores de 13 y 10 años de edad que ingresaron con fiebre y vómitos a una clínica particular.
-Acuerdan construir 240 departamentos de interés social para trabajadores del Metro
El Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, el consorcio y el Banco Mercantil del Norte (Banorte) firmaron un Fideicomiso Irrevocable para la construcción de 240 departamentos de interés social que beneficiarán a los trabajadores del Metro.
El director general del STC, Joel Ortega Cuevas, afirmó que con esta construcción en un predio ubicado en el barrio de Santa Apolonia, en la delegación Azcapotzalco, se avanza en el cumplimiento del compromiso de esta empresa pública con sus trabajadores en lo referente al impulso de la vivienda.
Durante la firma del documento realizada en las instalaciones centrales del organismo, aseguró que apoyará en trámites y en todo lo que esté a su alcance para que las viviendas sean construidas y entregadas a los trabajadores.
-Acusan a los diputados del PAN de "copiar y pegar" iniciativas de Mancera
A manera de “copiar y pegar”, el Partido Acción Nacional quiere aprovechar las iniciativas del jefe de gobierno “como el último suspiro que les han dado los votantes en el 2012, porque en el 2015 no van a tener nada”, afirmó la diputada del PRD Polimnia Romana.
A unos días de que Miguel Ángel Mancera hiciera pública su propuesta de sacar adelante la iniciativa de “proveedor salarialmente responsable”, refirió la legisladora, los diputados locales del PAN, Héctor Saúl Téllez y Andrés Sánchez Miranda, anunciaron que presentarán una iniciativa de reformas al Código Fiscal del Distrito Federal para crear la figura de “empresario salarialmente responsable”.
“El Partido Acción Nacional ya no nada más no tiene afiliados, sino que además se les acabaron las ideas que tenían, por su propia ideología, y lo vimos en dos sexenios, evidentemente no nada más eran incorrectas, sino que iban en contra de la voluntad popular, y ahora lo que están haciendo, a manera de copy paste (copiar y pegar) pues están girando al lado social de la política. Están aprovechando el último suspiro que les han dado los votantes en el 2011, porque en el 2015 no van a tener nada, están jalando para su molino la popularidad que tiene el jefe de gobierno”, añadió la legisladora en entrevista.
Según los legisladores del blaquiazul el objeto de su iniciativa “es enriquecer la propuesta del Gobierno del Distrito Federal y de esta manera elevar el salario mínimo en la ciudad” al tiempo que señalaron que “existen condiciones de consenso de empleados y de empleadores para que esta propuesta como la del jefe de Gobierno de crear la figura del Proveedor Salarialmente Responsable avancen”.
“Esta iniciativa tiene dos objetivos. Uno, reducir de manera general el Impuesto Sobre la Nómina a 2.5 por ciento, es decir, eliminar medio punto a como había sido aprobado anteriormente, porque el contexto y la circunstancia económica ha cambiado.
Dos, enriquecer las propuestas que están sobre la mesa, de Acción Nacional y del Jefe de Gobierno, para empoderar el salario mínimo… para apoyar a todas aquellas empresas, micros, pequeñas y medianas que demuestren que 100 por ciento de sus trabajadores ganan más de 82.86 pesos al día, que es el salario mínimo propuesto por el jefe de gobierno. Se les reconocerá como Empresas Salarialmente Responsables y les será reducido medio punto más; es decir, podrían pagar 2 por ciento de Impuesto Sobre Nómina (ISN)", dijo el diputado Héctor Saúl Téllez.
-Policías y militares supieron del ataque en Iguala y no intervinieron: diputados
El pleno de la Cámara de Diputados debatirá en su sesión del martes el informe preliminar de la comisión especial que investiga la agresión armada contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el cual se concluye que existió desaparición forzada de 43 alumnos, y que no se puede eludir que sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Entre éstas, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales.
La comisión, integrada por siete legisladores y presidida por el panista Guillermo Anaya, expresa su preocupación por el hecho de que se pretenda “criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos””.
El reporte, entregado esta tarde a la Junta de Coordinación Política, revela, a partir de información proporcionada por el gobierno de Guerrero, que la Policía Federal y la Policía Estatal vigilaron “por horas” a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala.
Incluso, el gobierno estatal reportó a la policía de ese municipio el traslado en autobuses de los jóvenes desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre.
Diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron.
La comisión especial señaló que las autoridades estatales sí sabían de las actividades de los estudiantes, los siguieron y la policía del estado no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal de Iguala cometió contra los estudiantes.
-Asesinan a un general, jefe de seguridad en el norte de Tamaulipas
Monterrey, NL. El delegado regional de la zona norte de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, general Ricardo César Niño Villarreal, fue ejecutado esta mañana sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, informó la procuraduría estatal.
Niño Villarreal fue localizado sin vida en un automóvil Tsuru de modelo antiguo e iba acompañado de una mujer que se presume era su pareja sentimental, informó esta tarde el procurador estatal de Justicia, Adrián de la Garza.
El funcionario tamaulipeco tomó posesión de su cargo el pasado mes de mayo, cuando el gobierno federal asumió las tareas de seguridad pública en Tamaulipas y dividió la entidad en cuatro delegaciones, una de ella la norte, con sede en Nuevo Laredo, que estaba a cargo de la víctima.
Apenas el pasado 10 de octubre Niño Villarreal habría sufrido otro atentado en el municipio de Linares, al sur de Nuevo León, pero al viajar en una camioneta blindada y el apoyo de sus escoltas que repelieron el ataque evitó que sufriera daños.
De acuerdo con las indagatorias, personas desconocidas trasladaron a las dos víctimas hasta una de las numerosas brechas ubicadas en el kilómetro 127 de la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Vallecillo y abrieron fuego con armas de alto poder contra el frente y el costado izquierdo del automóvil.
Una de las interrogantes que deberán ser aclaradas, dijo el procurador de Justicia de Nuevo León, es porqué el general estaba en el vehículo color azul con placas de Nuevo León SPR-4894 y no en su camioneta blindada y sin la compañía de sus escoltas.
El lugar de la ejecución se encuentra en el municipio de Vallecillo, comunidad rural ubicada a 180 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey, en la frontera con el estado de Tamaulipas.
Elementos de la Agencia Estatal de investigaciones recaban evidencias y señalaron que encontraron más de un centenar de casquillos de armas largas.
-OIT: inadmisible, pobreza de 50% de los 7 millones de discapacitados en México
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y el director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, señalaron hoy inadmisible que de 7 millones 739 mil discapacitados que hay en el país, 3.5 millones viven en pobreza y sólo 1.5 millones están incorporados a la Población Económicamente Activa (PEA).
En el acto en el que se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad, el funcionario indicó que lo más grave es que las mujeres discapacitadas que laboran son un número muy reducido y entre este segmento de población la escolaridad es de apenas 4.7 años, por lo que trabajará para que este Programa no quede en el papel y no sirva solo para “lavarle la cara al problema”.
