CHILPANCINGO, Gro.- Un grupo armado se llevó por la fuerza a cinco hombres, entre ellos un empresario constructor y dos arquitectos que ejecutaban un proyecto del programa Escuelas de Calidad, en una zona marginada del municipio de Chilapa de Álvarez controlada por la delincuencia que opera impunemente.
El hecho se registró el pasado miércoles 26 en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, lugar colindante con el municipio de Quechultenango donde sicarios al servicio de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una brutal confrontación que se ha recrudecido esta semana y ha dejado durante este año al menos 18 desaparecidos y varias personas asesinadas.
Los familiares de las víctimas acusaron al presidente del Congreso, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega y sus hermanos Celso y Antonio, identificados por autoridades federales como líderes del grupo delictivo Los Ardillos, de ser los responsables de la desaparición de estas personas.
Apenas este jueves 27 fueron localizados 11 hombres decapitados y semicalcinados en el municipio de Chilapa donde dejaron un mensaje firmado por Los Rojos en contra de los hermanos del diputado local del PRD, Bernardo Ortega.
En entrevista con Proceso, el empresario José Díaz Navarro reprochó la actitud de las autoridades federales y estatales porque se han negado a intervenir en el caso, a pesar de que presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General estatal (FGE).
“El gobierno quiere que desaparezcan 43 estudiantes para actuar porque cinco desaparecidos no le importan”, expresó Díaz Navarro.
Al respecto, narró que hace tres días su primo, el empresario constructor Vicente Apreza García, se trasladó al poblado de Xoloxuchicán, municipio de Chilapa para realizar un levantamiento topográfico en una zona donde se pretende construir un plantel como parte del programa Escuelas de Calidad del gobierno federal.
El constructor, quien es familiar del actual coordinador de los diputados locales del PRI, Héctor Apreza Patrón, iba acompañado por Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, ambos procedentes del municipio de Cuautla, Morelos.
También de los hermanos Hugo y Alejandro Díaz Navarro, los dos comerciantes originarios de Olinalá pero afincados en el municipio de Chilapa.
Los cinco profesionistas viajaban en una camioneta negra Toyota modelo Tundra con placas de Morelos, explicó José Díaz.
Enseguida, un grupo armado que se desplazaba a bordo de una camioneta de redilas interceptó el vehículo donde viajaba el constructor, los arquitectos y los comerciantes y se los llevaron por la fuerza rumbo al municipio de Quechultenango.
Lo anterior fue informado por campesinos a los familiares de los desaparecidos, quienes señalaron que la ruta que conecta los municipios de Chilapa y Quechultenango es controlada por la banda Los Ardillos que han desatado una ofensiva para desplazar de la plaza de Chilapa al grupo de Los Rojos, que de acuerdo con informes federales, dirige Zenén Nava Sánchez El Chaparro.
Los familiares de las víctimas acudieron ante autoridades ministeriales de la PGR y la Fiscalía estatal para que realizaran la búsqueda de los desaparecidos, pero hasta el momento se niegan a actuar argumentado que “temen ser emboscados” en esa zona controlada por la delincuencia, dijo José Díaz.
Incluso, señaló que entregaron a las autoridades información sobre la ubicación de la camioneta que estuvo circulando entre el poblado de Colotlipa y la cabecera municipal de Quechultenango,
A través del servicio de geolocalización del vehículo, se indica que la unidad era estacionada a un costado del ayuntamiento que dirige el alcalde priista Alberto Rodríguez, pero ni así decidieron intervenir las autoridades federales y estatales, dijo el hermano de dos de los cinco desaparecidos.
Por ello, José Díaz reprochó la criminal indolencia gubernamental y responsabilizó al presidente del Congreso local, Bernardo Ortega y al alcalde de Quechultenango, Alberto Rodríguez, de ser cómplices del grupo criminal Los Ardillos.
Este sábado, los familiares de los desaparecidos salieron a las calles de Chilapa a repartir volantes y pedir apoyo a la ciudadanía para buscar a los cinco profesionistas.
También solicitaron al coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, que intercediera por las víctimas ante su homólogo Bernardo Ortega Jiménez.
No obstante, el presidente del Congreso local se habría molestado por la petición de Apreza Patrón y rechazó intervenir en el caso, argumentando que no tiene contacto con sus hermanos acusados de liderar la banda que fundó su propio padre Celso Ortega Rosas, indicó Díaz.
“Es lamentable que en el Congreso de Guerrero se encuentre otro político como el exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca y el gobierno no intervenga para frenar la ola de inseguridad y violencia”, dijo Díaz Navarro.
La violencia en Chilapa no sólo ha dejado una estela de terror y muerte. Informes oficiales refieren que de julio a la fecha han sido reportados como desparecidas 18 personas, 13 de ellas a principios de julio y cinco en noviembre.
Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
