domingo, 16 de noviembre de 2014

Defenderemos nuestras tierras con la vida, campesinos opositores a La Parota| Se gesta movimiento social contra abusos en tarifas de la CFE

Acapulco, Gro. Campesinos de los bienes comunales de Cacahuetepec subrayaron que fueron atacados por hombres armados ayer sábado en un acto planeado que provocó el asesinato de cinco personas.

Tras advertir que defenderán su patrimonio, los campesinos pidieron a la autoridad abstenerse de hacer detenciones.

“Esto es una muestra de que estamos dispuestos a morir por nuestras tierras”, expresó uno de los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), en el velorio de Celerino, quien murió la tarde del sábado tras un enfrentamiento a balazos contra presuntos trabajadores y vecinos afines a la empresa extractora de recursos pétreos Kimbar.

La escaramuza ocurrió frente a la Casa de Justicia de la policía comunitaria adaptada por los lugareños en la comunidad de La Concepción, en los bienes comunales de Cacahuatepec; ahí fueron asesinados cuatro hombres. Y este domingo, al mediodía, comuneros opositores a la presa La Parota recibieron la noticia de la muerte de Salomón Encarnación, de la comunidad del Horcón. Los rivales de los comuneros sufrieron tres muertes de habitantes de La Concepción y Aguacaliente.

Tras el encarcelamiento del vocero del Cecop, Marco Suástegui Muñoz -el pasado 17 de junio, por su oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace más de 11 años en el río Papagayo-, el liderazgo de esa agrupación se ha distribuido entre campesinos de diversas comunidades, quienes sostienen que defenderán su patrimonio.

Uno de ellos, quien pide el anonimato, responsabilizó a la autoridad y a los empresarios de dividir a los pobladores, a quienes han ofrecido dinero; “primero, a cambio de su voto para construir la presa, y a partir de este año, para obtener su permiso a fin de que tres empresas extractoras de gravilla y arena se mantengan operando en la orilla del río Papagayo”.

El representante de la dirigencia colegiada del Cecop expresó que no se han reunido con el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, a quien acusó de retardar un posible encuentro con opositores a la presa. “Hemos tratado (de reunirse con el mandatario estatal), pero como siempre el gobierno busca retardar”, dijo.

Señaló que el ataque ocurrido el sábado por la tarde contra comuneros fue planeado, ya que fueron usadas cuatro camionetas; dos de ellas estacionadas metros atrás en el camino para proteger a la retaguardia integrada por los agresores.

Recalcó que la campana de la iglesia fue desmontada, pues cuando policías comunitarios y mujeres fueron al templo para convocar al pueblo, que ese día festejaba al patrono de La Concepción, “no estaba la bola y no la pudimos hacer repicar”. Luego la encontraron en la camioneta donde quedó muerto uno de los agresores, explicó.

Se gesta movimiento social contra abusos en tarifas de la CFE

Aguascalientes, Ags.- Los elevados costos con que están llegando los recibos a las casas-habitación, negocios, centros comerciales, industrias en general, entre otros giros, por el cobro del consumo de energía eléctrica, generan un costo social dentro de la población, señaló el economista Alfredo Márquez Márquez.

Este sentimiento es generalizado en toda la sociedad en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a tal grado que se empieza a gestar todo un movimiento social de protesta para frenar los abusos que viene cometiendo la empresa paraestatal.

Los recibos emitidos por la CFE son sumamente elevados y han penetrado en la conciencia de los grupos sociales, señaló el dirigente social a este Diario, quien agregó que ante estos abusos que se cometen contra la sociedad, se pretende hacer un gran movimiento social de defensa.

Este movimiento social estará siendo encabezado por comerciantes, amas de casas, líderes sociales y organizaciones representativas, precisó Márquez Márquez.

Se trata de una lucha generada desde la sociedad civil, pues considera que no es justo que a los pobres se les siga cobrando altas tarifas por el suministro eléctrico.

La reducción de las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de energía eléctrica, ha sido una bandera que muchos han utilizado con fines político-electorales, aunque, se debe de reconocer, hay quienes efectivamente han llevado a cabo movimientos reales con el objetivo de ayudar a la gente para que ese organismo reduzca el pago tarifario de ese vital servicio, que desgraciadamente van en perjuicio de la economía de los que menos tienen.

Este tema es muy difícil y controvertido puesto que la propia CFE argumenta que ellos no imponen las tarifas y le pasa la "bolita" a las Secretarías de Hacienda y a la de Energía, que según funcionarios de la paraestatal son dependencias que conforman un Consejo que es el que efectivamente autoriza las tarifas.

"Entonces los gobiernos estatales y municipales, por mucho que quieran ayudar a la ciudadanía no pueden hacer nada, por eso se extraña que anuncien fuertes respaldos a esa problemática", comentó el analista económico a este Diario.

Ante las altas tarifas marcadas por la CFE, mencionó que se trata de la vertiente de "una política criminal", en la que "la economía está al servicio de las grandes empresas nacionales y extranjeras" y en la que, por ende, el pueblo es el perjudicado.

Apuntó que para revertir dicho problema, se requiere la organización de la clase trabajadora, así como modificar la política económica. "El problema es de fondo. El alza de las tarifas es el efecto de una política totalmente equivocada, por un lado, en el aspecto de privatizar un área estratégica de la economía nacional, como es la industria eléctrica, y por otro, por su carácter anti-popular, ya que afecta a los sectores más pobres de la población y al campesinado".

Se retiraron los subsidios que había para los ejidatarios y campesinos pobres y, en cambio, la gran empresa sigue recibiendo ese beneficio en las tarifas, agregó.

"Es una política criminal, en la que el pueblo paga los costos de la privatización, ya que, al margen de la ley, el gobierno, sobre todo a partir de Vicente Fox, creó los contratos de servicios múltiples, con lo que los empresarios privados generan electricidad y resulta que el Gobierno Federal está obligado a comprársela al precio que le exigen los empresarios particulares", explicó Márquez Márquez.

De esa manera, dijo, cuando en nuestro recibo de luz se expresa que nos subsidian los primeros 250 kilowatts, en realidad lo que apoyan es a las empresas privadas generadoras de energía eléctrica.

Fuente: La Jornada| Por Héctor Briseño, corresponsal| El sol del centro| Mario Mora Legaspi