A petición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), agentes de la Interpol detuvieron hoy en Buenos Aires, Argentina, a Juan Manuel Aguirre Rodríguez por su presunta responsabilidad en un fraude cometido en perjuicio de al menos cinco trabajadores jubilados de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aguirre Rodríguez fue trasladado a esta ciudad para responder a los cargos que se le imputan en agravio de un grupo de trabajadores que le entregaron 500 mil pesos cada uno para invertirlos en una supuesta cuenta activa para jubilados de Pemex, que incluía el procedimiento de rescate y liquidación de derechos a los interesados, con lo que logró obtener varios millones de pesos.
El indiciado quedó a disposición de un juez penal.
Aguirre y su madre Irene Rodríguez Mendoza se habían refugiado inicialmente en Sydney, Australia, donde el primero realizó estudios de posgrado, según informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Una vez localizado, se le siguió la pista y fue arrestado durante un viaje a Buenos Aires por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que ya lo tenía boletinado.
Luego de cumplir los trámites correspondientes que permitieran la extradición, el sujeto fue trasladado a la Ciudad de México, donde ya lo esperaban agentes de la policía capitalina con la orden liberada por el juez 45 Penal del Distrito Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Dirección Operativa Técnico Penal de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, Juan Manuel Aguirre radicaba en Sydney tras cometer los fraudes en complicidad con su madre.
Ambos convencieron a varias personas de invertir en una supuesta cuenta activa en el fondo de jubilados de Pemex, que incluía el procedimiento de rescate y liquidación de sus derechos a los interesados.
En el supuesto contrato se establecía que en caso de que Irene Rodríguez muriera o tuviera incapacidad total o permanente, a los inversionistas se les entregaría su ahorro más los intereses generados hasta dicho momento.
Para generar confianza en sus víctimas, los inculpados elaboraron formatos en los que se establecieron los supuestos objetivos principales y en los que se obligaban a garantizar sus derechos de rescate en su capital e interés devengado, y en el caso de que Irene llegara a faltar, su hijo Juan Manuel quedaba como único beneficiario para que les entregara su inversión.
Debido al detrimento patrimonial causado a los inversionistas defraudados, se realizaron las investigaciones de inteligencia que derivaron en la captura de la aprehensión de la mujer, el 24 de abril de 2013, y ahora el arresto de su hijo.
Fuente: Proceso| La Redacción
