miércoles, 13 de febrero de 2013

Ministros como pequeños dictadores, analiza Manuel Fuentes


Las recientes resoluciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia en los casos del SME y la francesa Florence Cassez han aumentado el descrédito de los juzgadores en nuestro país. Se han convertido en pequeños dictadores que a voluntad desdicen las reglas del amparo en nuestro país.

¿Qué referencia debemos tomar los ciudadanos si los jueces se olvidan de las reglas consentidas por ellos mismos? Una resolución de un tribunal colegiado no se puede revertir y en el caso del SME lo hicieron sin ambages por la presión gubernamental.

Otra fue la votación que dejó en libertad inmediata a la francesa Cassez en lugar de regresar el análisis a los magistrados del Tribunal Colegiado para que fueran ellos los que resolvieran.

La separación de poderes es un sofisma en nuestro país y son los intereses del Estado, como un todo, los que prevalecen sobre los de la sociedad. Basta que haya un caso que afecte los intereses económicos o políticos para que se le dé un sentido especial a las resoluciones.

Los cabilderos de los grupos de poder visitan a cada uno de los jueces, de los magistrados y ministros para que la voz de sus representados sea escuchada de manera preferente. Sus argumentos no son alegatos jurídicos, sino políticos. Dicen los cabilderos ‘vengo a pedirle señor ministro que no se apruebe la sentencia porque se abrirá un serio precedente contra de la Nación’.

Estos hechos que rayan en el cinismo, frecuentemente me ponen en aprietos con mis alumnos universitarios al intentar explicarles la contradicción entre la teoría y la práctica que desconoce todo principio legal. 

Mejor repaso con ellos el libro ‘Del espíritu de las leyes” de Montesquieu  y destaco de su lectura:

“En la monarquía nada está escrito por las leyes, la religión o el honor, con tanta insistencia como el acatamiento de la voluntad del príncipe”.

Los ministros de la Corte nos caen, así como del cielo, de ternas que impone el presidente de la republica como en los tiempos del príncipe, de Montesquieu. ¿Qué perfil decide el presidente en su elección? Seguramente los más afines, los más fieles a los intereses del régimen en turno.

Algunos aseguran que fue una casualidad el hecho que la mayoría de los ministros de la Corte fueran propuestos por Felipe Calderón cuando ocupaba la presidencia de la republica y por unanimidad negaran el derecho de los agremiados del SME a ser recontratados en la Comisión Federal de Electricidad desconociendo el derecho a un patrón sustituto. Otros pensamos que no fue casualidad.

Sé muy bien que a los jueces nos les gusta que se les critique por su parcialidad, pero tampoco nos gusta a quienes no somos jueces se alejen de principios de la ley y usen la discrecionalidad como forma de juzgar.

Convivo mucho con jueces, magistrados y ministros a través de sus sentencias y emisión de jurisprudencias y me consta que existen otros que tienen convicción de imparcialidad y sentido de justicia, pero son la excepción.

Cuando tienen en sus manos un “asunto de Estado” actúan de manera diferente. Están muy atentos a lo que digan los enviados del Príncipe. Se desviven en atenciones, escuchan sus argumentos y los ponen como guía.

La nueva ley de amparo, que está en la última fase legislativa, ha sido reformada considerando de manera especial la opinión de los jueces desairando la de los gobernados. Deja varios temas a la discrecionalidad.

Por ejemplo el concepto de interés legítimo que en la reforma permite la interpretación libre en perjuicio de grupos sociales.

La idea del interés legítimo que prevé la Constitución debe estar vinculada a la protección más amplia de los derechos humanos de la persona y ahora se deja al arbitrio de los jueces el equiparar el interés legítimo con el interés jurídico.

Recuerdo ese batallar de las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos que se enfrentaron permanentemente a la negativa de los jueces para reconocerles su derecho al amparo. Bajo el argumento de carecer de interés jurídico se les impidió ser coadyuvantes en el Ministerio Público Federal, en las Contralorías y hasta la solicitud de cancelación a la concesión a la empresa Minera México a pesar de su negligencia. Ahora con las reformas nada cambia.

Hoy la nueva ley de amparo aprobada por los legisladores mantiene la hegemonía de los jueces para que decidan libremente lo que más conviene a los intereses del príncipe. Revisemos los hechos que vienen.
Fuente: La Silla Rota