Los primeros indicios apuntan a un pleito arreglado. Enrique Peña Nieto lo que busca no es que el Estado recupere el control educativo, sino su gobierno, su grupo. Por ello es que la presunta autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (el supuesto brazo ejecutor contra el gordillismo) quedará en el regazo de Los Pinos, desde donde se propondrá a los cinco miembros de la junta de gobierno para que el Senado los apruebe por mayoría calificada (los partidos que garantizan esa proporcionalidad ya están en la jugada, pactados) y de entre ellos el propio EPN designe a quien presida tal órgano autónomo, con una calendarización de designaciones con sentido de transexenalidad.
La profesora en jefe, mientras tanto, se mantiene agazapada, enviando a algunos de sus casi anónimos personeros a hacer declaraciones de apoyo genérico: sí se apoyarán los postulados de la reforma educativa peñista en todo lo que coincida con los planteamientos hechos durante largos años por el propio SNTE, dijo ayer Juan Díaz, quien según eso es secretario general de ese sindicato y un día antes había estado perdido entre los asientos del Museo de Antropología a la hora de los discursos guerreros de Peña Nieto y del teatral Emilio Chuayffet.
Pero el supuesto gran reformador y la supuesta gran damnificada han hablado largamente. Todo apalabrado. De entrada, el simulacro de combate permitirá a Peña Nieto una legitimación de saliva, con un procesamiento a mediano y largo plazos a cuyo final las cosas podrían quedar a satisfacción de las partes concurrentes en este episodio de lucha libre en el que no caerán máscaras ni se cortarán cabelleras. Y la profesora podrá presumir también de legitimidad a prueba, cuando ya se haya cumplido el ritual de la evaluación autónoma, el levantamiento de un censo educativo y la instauración del servicio profesional de carrera.
En todo caso, las baterías reales están enderezadas hacia otros ámbitos: el del sindicalismo contrario a los controles gordillistas y a Peña Nieto. Ya el indicador Jesús Zambrano había apuntado hacia esos espacios de disidencia en su sentido discurso reciente junto a Peña Nieto. En el proyecto peñista-salinista de rediseño político nacional esos enclaves magisteriales discordantes están en la mira y hacia ellos se dirigirá la fuerza del Estado, tanto física como mediática, a fin de modernizarlos. Esa guerra del gobierno federal contra el profesorado disidente en nada debilita a la cacica tolerada, sino todo lo contrario.
El nuevo reparto de cartas requiere, sin embargo, que la profesora hegemónica ceda también parte de su excesiva acumulación de poder y riqueza. Para eso están apuntados los tutores del nuevo poder federal, los aliados de Televisa que mediante fundaciones a modo han combatido al SNTE y a su jefa máxima, con declaraciones y con documentales De panzazo. La República de Televisa requiere una porción del pastel educativo, con Claudio X. González como líder moral del cambio (de manos) que permitiría a la élite de la iniciativa privada entrarle de lleno al negocio de la educación y privilegiar sus criterios.
Así que: ojo, mucho ojo. Es un espectáculo triple A: lucha libre con estridencia y gran simulación. El que supuestamente va como gladiador técnico es Emilio Chuayfett, conocido como El Fantasma de Acteal, contra la muy ruda Elba Esther Gordillo, en una pelea arreglada a seis años, con reglas ya establecidas y rutinas de combate aparatoso pensadas especialmente para el respetable público que ya estalla en exclamaciones de júbilo ante el quinazo de a mentiras que será transmitido por Televisa a fin de llevarse una tajada convenencieramente moralista de la taquilla política, luego de su inversión previa a través de un documental de ablandamiento al gordillismo que ahora serviría para cerrar tratos finales entre las tres partes involucradas. Todo esto, amiguitos, corran y cuéntenlo a quien más confianza le tengan.
En otro cuento de temporada, ayer se dio profesional seguimiento al guión general de restauración de los clásicos montajes priístas de sesudas deliberaciones plenarias para ver si terminan eligiendo como dirigentes a quienes ya habían sido designados por el Primer Dedo del País y todo mundo lo sabía. Otro miembro del clan mexiquense ha sido instalado como presidente del comité nacional priísta, luego de pasar el duro trance de ser candidato único y de que los miembros del consejo nacional del partido de tres colores tardaran algunos instantes de indefinición en el sentido de su voto antes de darle el insospechado sí. De esa manera ha quedado el ex gobernador César Camacho como restaurador de la afamada etapa del PRI-gobierno, con la intrépida yucateca Ivonne Ortega Pacheco como secretaria general. Uno es representante del más depurado estilo Atlacomulco y la otra, a su vez, de la versión peninsular que tuvo como emblema a su tío, Víctor Cervera Pacheco.
No está de más recordar que, en diciembre de un año atrás, Humberto Moreira tuvo que renunciar a la presidencia del comité nacional priísta para no contaminar la campaña peñista con los señalamientos de la enorme deuda pública que en Coahuila había contratado para hacer obra pública (y electoral de corte nacional, según sus opositores) y con acusaciones de triangulada corrupción. Aun cuando quedó como interina la regiomontana Cristina Díaz Salazar, el antes mencionado Primer Dedo se posó en el dúctil senador Pedro Joaquín Coldwell para encargarse del PRI. Ahora que el ex gobernador de Quintana Roo ha ocupado la Secretaría de Energía (sin tener ni una pizca de experiencia sobre el tema), la misma Cristina ha servido unos días nuevamente como interina (en ese carácter tuvo minutos de acotada gloria al aparecer entre los firmantes del Pacto por México, pero desplazada por Gustavo Madero y Jesús Zambrano a los que Peña Nieto colocó siempre en lugares preferentes, con la priísta en segundo plano), para hacerse finalmente a un lado ante la llegada de la dupla sustituta con la que el gobierno federal desea transitar estos primeros años. ¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada
