Un asunto de máxima importancia nacional, sobre el cual urge tener noticias prontas y puntuales, fue confinado a una prehistórica zona de oscuridad informativa por la Comisión Federal de Competencia, que ayer dijo haber tomado una resolución respecto a la fusión de intereses de Televisa y Televisión Azteca en materia de telefonía, pero al mismo tiempo advirtió que guardará los términos de ese acuerdo durante un plazo máximo de dos semanas, en lo que cumple un proceso legal de notificación a las partes que, por lo que irónicamente se ve, habrá de realizarse con instrumentos y recursos casi cavernarios, tan lentos y complicados a pesar de referirse a un tema de alta tecnología moderna en el que convergen no solamente cuantiosos intereses económicos sino, en el caso, densos proyectos de control político desde las pantallas.
La diligencia a realizar por la CFC (es decir, el trámite administrativo de la notificación, no el carruaje tirado por caballerías en el que parecería que se mueve esa comisión en términos de temporalidades) abre un largo paréntesis para negociaciones, acomodos y modificaciones conforme al gusto y necesidades de los entes dominantes, las dos grandes televisoras, y agrega insumos al batidillo de fundada desconfianza en que se ha convertido la pretensión de los dos grandes grupos televisivos del país (jefaturados, cada cual, por Emilio Azcárraga Jean y por Ricardo Salinas Pliego) de convertirse en amorosos aliados en Iusacell, la compañía telefónica que se convertiría en una especie de empresa de paso en la que los súbitos tórtolos podrían concebir nuevos proyectos y alianzas, concentrados en cerrar el paso a eventuales competidores en televisión abierta (como sería el caso del magnate Carlos Slim, quien abiertamente busca hacerse de una concesión que le permita instaurar una competitiva tercera cadena nacional televisiva) y en obstruir el desarrollo de proyectos en televisión de paga y de uso de tecnologías avanzadas (como ha sucedido con Dish y con diversos planes emprendidos por MVS, dirigido por Joaquín Vargas, entre otros el de ofrecer un interesante servicio de banda ancha).
No son ajenos al momento político y electoral los enredos de la Comisión Federal de Competencia (cuyo consejero presidente, Eduardo Pérez Motta, ha sido llevado varias veces al potro de tortura periodística del Tribunal Duopólico de la Santa Televisión, para ablandarlo). Los años postreros de los sexenios clásicos de la depredadora política mexicana suelen ser utilizados para pagar favores y afianzar complicidades. Sumamente desgastado por el sangriento y errático ejercicio del poder que ha realizado, Felipe Calderón está aún en condiciones, pues colocó oportunamente a personeros suyos en la CFC para apropiarse de su presunta autonomía, de ayudar a quienes a su vez le ayudaron a hacerse del poder, a ejercerlo despóticamente sin contrapesos mediáticos electrónicos y a desplegar una campaña de difamaciones y silenciamiento contra su persistente opositor. Calderón tiene mucho que pagar a Televisa y Televisión Azteca, pero también debe abonar con cargo al futuro inmediato pues ahora, en la desquiciada apuesta final en busca de sostenerse en el poder, necesita nuevamente de los servicios de acompañamiento y fabulación para impulsar a quien a nombre del PAN intente la continuidad sexenal.
En el PRI también alargaron por dos semanas (la fecha límite será el 7 de febrero, como en el caso de la CFC) el plazo para la recepción de solicitudes de registro para candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa. El pretexto utilizado fue la cancelación del convenio con el partido que ahora dicen se llama No hubo Alianza, mejor conocido como Panal. Aun cuando ese incidente afecta solamente a 23 de los 300 distritos electorales federales (pues tal era el número de postulaciones comprometidas con el partido de la profesora Gordillo), los mandos del Revolucionario Institucional aprovecharon la oportunidad para quitarle presión a un proceso que se ha ido complicando en función de protestas regionales para cuya mediatización han de utilizarse las candidaturas a San Lázaro, cuidando los directivos del partido de tres colores que los plazos legales de registro formal de esas postulaciones sean consumidos al extremo para tratar de evitar saltos de priístas inconformes hacia otras plataformas.
Con el tiempo político en contra, los integrantes de la llamada Caravana del Hambre consiguieron ayer promesas institucionales de atención a sus problemas. La sequía y la desatención al campo por parte de los gobiernos, el federal y los estatales, han creado condiciones de miseria extrema que parecieran no estar en condiciones de otorgar más treguas. Voceros de distintas corrientes ideológicas y partidistas coinciden en el riesgo de la violencia social por hambre. Mientras tanto, el dinero público está concentrado en promociones electorales y el ocupante de Los Pinos está en campaña a contrarreloj para viajar lo más que le sea posible antes de la veda propagandística que comenzará el 23 de marzo, con el arranque de las campañas presidenciales. Por ello, Calderón ha programado cien giras en tres meses, para hacer presencia panista en todo el país, con presuntos resultados positivos en obras y servicios, antes del obligado silencio establecido por la ley electoral. Aún así, el 24 de marzo concentrará reflectores, ya con los candidatos en campaña, al reunirse con Benedicto 16 en tierras guanajuatenses, en el curso de una visita papal con aroma electoral.
Y, mientras crece el escándalo del espionaje en teléfonos e Internet de la Cámara de Diputados, y el niño Neto Corderín juega a las videoguerritas contra El Chapo, AMLO y Peña Nieto, ¡hasta mañana, con dos honrosas postulaciones al Óscar: una para Demián Bichir, como mejor actor, por la película sobre migrantes denominada Una vida mejor; y otra, la quinta de su carrera, para Emmanuel Lubezki por mejor fotografía en El árbol de la vida!
Fuente: La Jornada
