Una vez que pase la temporada de fiestas, los ciudadanos de varias entidades del país resentirán los efectos de alzas fiscales o la sorpresa de tener que pagar nuevos impuestos porque a sus gobiernos no les cuadran las cuentas de ingresos y carecerán de recursos para hacer frente a sus obligaciones, ya no digamos en materia de inversión —que quedará relegada a un segundo plano—, sino de gasto corriente, así como inminentes vencimientos de deuda.
Las finanzas estatales y municipales están en crisis. Este diario reporta mes con mes el incremento de la deuda de los estados con la banca comercial, la cual no deja de crecer. Sabemos que la mitad de los municipios chiapanecos está en quiebra; que los michoacanos están igual; muchos han dejado de pagar el agua y la luz haciendo crecer exponencialmente la cartera vencida de CFE; Coahuila, por su parte, comprometió sus ingresos de tres generaciones futuras; municipios que uno supondría ricos por sus ingresos turísticos, como Benito Juárez, en Cancún, también están muy endeudados.
En la Ley de Ingresos 2013 se flexibilizaron los requisitos para acceder a recursos de la Federación, pero no alcanzarán. Es así que algunos gobernadores alistan alzas impositivas, crearán nuevos impuestos (no pocos disfrazados de pretextos nobles como el gasto educativo o el apoyo “a quienes más lo necesitan”) y en otros casos revivirán algunos que habían descontinuado, como el pago de tenencia de automóviles, cuya eliminación suele ser muy electorera, pero financieramente desastrosa.
Por supuesto que es preciso llenar los hoyos financieros del sector público, pero parece injusto que se quiera hacer siempre tomándolo de los bolsillos de los contribuyentes cautivos. Los desórdenes financieros de las entidades de la república suelen ser fenómenos incubados en el tiempo, producto de malas decisiones administrativas, frivolidad en el gasto y dependencia patológica de los recursos federales. A veces el origen de los problemas actuales se remonta a dos o tres sexenios anteriores, sin que haya responsabilidad administrativa de los funcionarios que prohijaron estas bombas de tiempo económicas.
La Ley de Contabilidad Gubernamental, recién aprobada, ayudará a meter orden contable a un dolor de cabeza que amenaza con afectar la calidad de vida de los ciudadanos, que no tendrán más remedio que pagar en 2013 por lo que sus gobernantes, pasados y presentes, no supieron —ni saben— administrar.
Fuente: El Universal
