San Cristóbal de las Casas, Chis. “El gobierno ha ignorado nuestras libertades. Demandamos que dé la libertad de los que hacemos huelga de hambre hace 37 días”, declaró hoy Pedro López Jiménez, vocero de la protesta desde el penal 5 de San Cristóbal. “Nuestra condición de salud se ha complicado por completo”, añadió. “Cualquier pérdida de vida es responsabilidad del gobierno”.
López Jiménez reiteró a La Jornada que “también es lo más importante la liberación del hermano Alberto Patishtán, que lo llevaron a una cárcel federal en Guasave (Sinaloa)”, y mencionó que los huelguistas en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) 5 presentan “mareos, dolor de oído, ‘nublación’ de la vista, dolor de articulaciones, gastritis”. De hecho, se encuentran prácticamente inmóviles, en decúbito, en el plantón que mantienen en dicho penal.
Llegados a este punto, finalmente dieron señales de vida el gobierno de Chiapas y la iglesia Católica en relación con la huelga de hambre de 11 indígenas en los CERSS 5, 6 (Motozintla) y 14 (El Amate, Cintalapa).
Pueblo Creyente, organización de base en la diócesis de San Cristóbal, llamó a una “oración por nuestro hermano Alberto Patishtán Gómez, para que la fe que lo ha sostenido todos estos años lo siga manteniendo firme ante esta dura prueba”. Pueblo Creyente, que tuvo un papel protagónico en la anterior huelga de hambre de presos, en 2008, que duró 41 días y logró la liberación de decenas de indígenas “presos políticos”, señaló que el traslado de Patishtán fue “una nueva represalia por su labor de concientización y evangelización que realiza al interior del penal”.
Pueblo Creyente informó que el obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, solicitó “apoyo” a su par en Sinaloa para “que estén pendientes de Alberto en esta nueva y difícil situación en el penal 8 de Guasave”. La organización subrayó: “Es muy importante pronunciarnos en este momento para lograr la libertad de nuestro hermano Alberto”, a quien el obispo Samuel Ruiz García entregó en la cárcel hace dos años un reconocimiento “por su labor como cuidador del pueblo y defensor de los derechos humanos”.
Por su parte, la subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad informó que, “en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), atendió la demanda de ocho internos del CERSS 5, luego que ingresara un grupo de médicos particulares”. El titular de la subsecretaría, José Antonio Martínez Clemente, señaló que “todas las atenciones que ellos requieren se les está dando; es más, la CEDH ha solicitado el ingreso de médicos para que valoren el estado de salud en que se encuentran los internos”.
Mencionó que, “como medida de negociación a sus demandas, lograron la concertación con la CEDH para no incurrir en faltas que privaran sus derechos particulares”. El funcionario no hizo mención a los presos en Motozintla y Cintalapa, Juan Collazo Jiménez y Enrique Gómez Hernández. Tampoco se refirió a la verdadera demanda de los indígenas: su liberación inmediata.
Y, mientras el mandatario chiapaneco Juan Sabines Guerrero se reunía en Washington DC este jueves con la titular de la Organización Panamericana de la Salud para abordar “las políticas públicas que impulsa Chiapas en materia de salud, como el combate a las enfermedades del rezago”, los huelguistas daban a conocer el fallecimiento de Natanael, hijo de Rosa López Díaz y Alfredo López Jiménez, presos tzotziles que participan en la protesta.
El niño falleció después de ser rechazado en la clínica de campo de San Cristóbal (y antes en el hospital de Teopisca) “por no traer dinero”, según dijo el abuelo del menor a las familias en plantón en la plaza de San Cristóbal (el cual respalda las demandas de los presos). No obstante, el personal de la clínica pretendió responsabilizar al padre de Alfredo cuando, confiesa, “no tenía ni para el pasaje de regreso” a su casa.
Fuente: La Jornada
