La diputada perredista Aleida Alavez convocó al Gobierno capitalino a mediar ante las instancias federales para poder concretar un convenio institucional con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dé plena garantía de suministro y servicios de energía en la Ciudad de México y permita construir una tarifa justa, que cesen los cortes entre los capitalinos, las amenazas y el hostigamiento para la población.
La legisladora también acusó a las autoridades de la paraestatal de sólo implementar una pantomima para atender los reclamos por los altos cobros del servicio eléctrico, por lo que, subrayó, que con la creación del Presupuesto Participativo se permite que los capitalinos propongan, discutan y se pongan de acuerdo en cómo intervenir en su comunidad, destacándose que pese a los obstáculos administrativos intrínsecos de las delegaciones se tiene un avance del 90 por ciento.
"Si no dotamos a los ciudadanos de instrumentos para reestructurar las relaciones sociales y la solidaridad, poco vamos a poder hacer frente a los poderes fácticos que acechan al país", recalcó Alavez Ruiz.
La diputada sostuvo que en materia de derechos humanos, el Distrito Federal es la única entidad en el país que elabora sus políticas y sus leyes bajo un programa de derechos humanos como eje transversal del ejercicio público.
Hizo énfasis en que en la Ciudad de México no hay acuerdo ni acompaña la idea del diálogo del Gobierno federal, cuando llevan más de 40 mil vidas cobradas en un combate absurdo con la delincuencia organizada, en lugar de tolerar y habilitar mecanismos que no cobren tantas vidas en este país.
Mencionó que desde el año pasado la capital se comprometió a ser un territorio libre de violencia contra periodistas e informadores y se implementó un mecanismo de protección al sector, con un protocolo cuando éstos se encuentren amenazados o en riesgo inminente.
En esta línea de derechos humanos, un punto aparte lo son los jóvenes, porque es preocupante ver cómo los jóvenes del país no tienen más alternativa que engrosar las filas del crimen organizado, el subempleo o ser condenados... a no soñar.
Por ello convocó al Gobierno del Distrito Federal a sumarse al rediseño institucional que se propone en una nueva ley que ahora se discute en comisiones, con la que estarán garantizando la inserción plena de los jóvenes en la hechura de políticas públicas y en la toma de decisiones.
En lo que se refiere al sistema penitenciario, expuso que en estos momentos se tiene una población de 41 mil 230 internos, de los cuales 4 mil 665 son del fuero federal, y 36 mil 900 son del fuero común.
Fuente: El Sol de México
