La matanza en la comunidad de Acteal del 22 de diciembre de 1997 es imputable a omisiones y encubrimientos del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, concluyó la Fiscalía Especializada para investigar el caso de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
“Dada la documentación y la evidencia, la conclusión que se impone es que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte del gobierno federal de Ernesto Zedillo… Esta responsabilidad no se ha deslindado, y por tanto hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas”, señala el documento oficial, el cual fue elaborado después de analizar de manera minuciosa todas las declaraciones ministeriales, investigaciones, peritajes y pruebas documentales, aportados hasta el 31 marzo del este 2011.
Aquel día —hace casi 14 años— no sólo 45 indígenas tzotziles fueron asesinados; la vida de otros 17 se puso en peligro.
promovida en eu. Los señalamientos de la PGJE han servido de sustento para una demanda contra Zedillo por los delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y ejecuciones extrajudiciales, entre un total de once cargos, la cual fue promovida ante un tribunal federal de Hartford, Connecticut, Estados Unidos.
La denuncia — vía el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess— fue presentada por 10 familiares de víctimas y en ésta se compara al ex mandatario con genocidas como el chileno Augusto Pinochet, el yugoslavo Slobodan Milosevic y el argentino Rafael Videla.
Según la Fiscalía, para lograr justicia “es indispensable la comparecencia de personalidades que, hasta la fecha, no han dado cuenta de sus actos… Principalmente, es preciso obtener el testimonio del entonces presidente Zedillo y de su secretario particular Liébano Sáenz Ortiz, y precisar sus responsabilidades en el homicidio”.
No obstante, adelanta con base en la información analizada: “Hay suficiente evidencia… de actos omisivos del ex presidente, e incluso datos que apuntan a conductas orientadas a encubrir la responsabilidad del gobierno federal. Hay también señalamientos que sugieren que las autoridades estatales han sido inducidas por poderes mediáticos para que no se proceda contra estas altas personalidades”.
Pruebas. Entre las pruebas referidas por el Ministerio Público para establecer “que el trágico resultado le es atribuible a Zedillo”, están que tuvo conocimiento previo de los hechos y también la posibilidad de evitar la masacre, “pero no hizo nada”.
testimonios. De acuerdo con testimonios e interrogatorios obtenidos, fueron muchas las alertas y avisos tanto de oriundos y pobladores de la región —en especial del municipio de Chenalhó— como de autoridades municipales, del Obispo Raúl Vera López y hasta del entonces Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet.
Con la información que en su momento le fue proporcionada y con los escritos que se le enviaron, se asienta que Zedillo “sabía perfectamente lo que ocurría en aquella zona, y aún con ello nunca hizo nada por evitar una confrontación que culminaría en los hechos de Acteal, e incluso se condujo de manera tal que provocó este lamentable suceso… Aun cuando tuvo la posibilidad de evitarlo, actuó de una manera que dio origen a los asesinatos”.
pudo prevenirlo. Se cita que “Chuayffet refirió en su declaración ministerial de fecha 20 de diciembre de 2008, rendida en Toluca, Estado de México, que el gobierno federal y su titular Ernesto Zedillo conocieron hasta con más de un año de anticipación que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación… que contó con la información y el tiempo para prevenir la masacre, y no lo hizo”.
Además, dos homicidas materiales con sentencias condenatorias firmes denunciaron de forma pública “que habían informado con anticipación al ex mandatario sobre la violencia inminente. El primero fue Jacinto Arias, ex presidente municipal de Chenalhó y el segundo Mariano Luna Ruiz”.
La Fiscalía también alude a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 12 de agosto de 2009, en la cual amparó a 20 de los supuestos involucrados y ordenó su libertad inmediata: “La sentencia de la Corte confirmó el encubrimiento de la PGR de los verdaderos responsables de la matanza… Los ministros pusieron en evidencia la conducta indebida del gobierno federal encabezado por Zedillo, así como de la Procuraduría, que violó gravemente las garantías del debido proceso de los acusados, pues fabricó pruebas, otras la obtuvo de manera ilegal en testimonios fabricados, y cometió un cúmulo de irregularidades”.
En suma, apunta, “el uso de las instituciones de justicia con agendas políticas provocó la detención de inocentes y la fabricación de culpables”.
Concluye que lo ocurrido en Acteal “no fue un hecho sorpresivo ni aislado: fue el clímax de una cadena de hechos de violencia que anticipaban la matanza y que eran conocidos por las autoridades federales…, que también estaban informadas sobre la presencia de grupos armados paramilitares… Hay elementos para argumentar responsabilidades del gobierno de Zedillo como promotor de estos grupos”.
Y que “la tesis del conflicto inter-comunitario es sólo una parte de la explicación, pero sin el componente de omisión y de permisividad por parte del gobierno (zedillista) no es posible dar cuenta satisfactoriamente de por qué ocurrieron los hechos”.
Fuente: La Crónica de Hoy
