CIUDAD DE MÉXICO. Suscrita por 14 senadores de las bancadas del PAN, MC y PRD, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior, publicada el pasado 21 de diciembre de 2017, por los constantes señalamientos de inconstitucionalidad.
En tribuna, Álvarez Icaza recordó que, desde la presentación, en lo general y en lo particular, senadores y activistas del colectivo #SeguridadSinGuerra resaltaron que esta ley incrementaría las violaciones a los derechos humanos y la violencia.
La iniciativa precisa que las consecuencias de la regularización de las fuerzas de seguridad pública, a través el despliegue de las fuerzas armadas, se refleja en denuncias por torturas, homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa de Álvarez Icaza fue turnada a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
MC propone eliminar pensiones a expresidentes
En tanto, la senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al Artículo 83 de la Constitución federal y establecer que los expresidentes sólo gozarán de las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la máxima Carta Magna y en la ley en la materia.
Informó que a los expresidentes de la República se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, el transporte y asesores.
“En este país, los expresidentes nos cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes”, precisó.
La iniciativa para prohibir las pensiones a los expresidentes de la República fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos.
Batres presenta iniciativa para reformar la Ley de Aguas
El senador y presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa para prohibir la privatización del servicio del agua y propuso reformar los artículos 1, 4, 9 y 12 de la Ley de Aguas Nacionales, así como derogar el Capítulo II de este ordenamiento.
La nueva iniciativa de ley establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable”.
“Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios de salud asociados a ésta”, establece la iniciativa que se turnó a las comisiones dictaminadoras.
Fuente: Proceso
