Con la “toma” de la tribuna por parte de legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT), la tarde del martes 11 de septiembre de 2018, se aprobó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas a suspender de manera “inmediata e indefinida” la evaluación a maestros.
Irán Santiago Manuel, de Morena, señaló que a raíz de la reforma educativa “los profesores están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas, con una supervisión excesiva y aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, entre otros puntos”.
En septiembre de 2012, la 62 Legislatura federal aprobó la reforma educativa en el centro Banamex, habilitado como sesión alterna de la Cámara de Diputados, ya que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon todos los accesos a San Lázaro, en un intento por evitar la aprobación de lo que entonces calificaron como “reforma laboral” y no cambios que elevaran el nivel educativo.
Santiago Manuel resaltó que, como producto de esa reforma, desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que serán evaluados en su desempeño, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, y el estrés y preocupación que genera perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.
Mientras el diputado denunciaba los efectos nocivos de la reforma, sus compañeros de Morena “tomaron” la tribuna para respaldar desde ahí el punto de acuerdo. Santiago Manuel acusó una “privatización silenciosa” del sistema educativo porque a través de los comités de participación social, abundó, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.
La aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública en diferentes estados del país, añadió.
Sin embargo, sostuvo, no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados unilateralmente de su empleo, aunque se estima que son más de 500 profesores.
El diputado perredista Emmanuel Reyes Carmona, quien respaldó el exhorto, manifestó que la aplicación de la reforma educativa se ha centrado en la evaluación docente, sin implementar políticas que mejoren las condiciones en que se da el proceso de enseñanza.
“Debemos emprender un trabajo legislativo serio y profundo que realmente tome en cuenta el contexto multicultural y económico de nuestro país para que, en lugar de buscar culpables, se asuman responsabilidades y retos y se hagan verdaderas propuestas, a fin de destinar un gasto eficiente y transparente que deje atrás la demagogia para dar paso a una política educativa de altura”, afirmó.
En su oportunidad, la legisladora del PT, Hildelisa González Morales, consideró que los cambios legislativos han sido lesivos, atacan los derechos laborales del magisterio, no impactan en la calidad de la educación, ni generan programas de actualización y formación docente. “Es un medio de control de las autoridades y gobiernos en turno”, dijo.
A su vez, Ricardo de la Peña Marshall (PES) manifestó que la reforma educativa debe ser integral, es decir, debe considerar a los alumnos y los contenidos que se dan en las aulas.
“Tenemos que pensar en una reforma real de los contenidos que se quiere transmitir a los alumnos, qué les vamos a hacer para construir un futuro en sus mentes; hay que descuadrarlas, hay que llevarlos más allá. Que nosotros seamos el peldaño que les permita crecer y no mantenernos en la mediana mediocridad en la que muchos alumnos perviven en el sistema público y privado”.
En descargo de todo lo dicho contra la reforma, la priista Martha Hortensia Garay Cadena calificó el exhorto como un acto de “oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del Sistema Educativo Nacional”.
El panista Alfonso Robledo Leal señaló que lo que se debe seguir observando es el marco normal vigente, es decir, lo que establece la Ley General de Servicio Profesional Docente.
“Estamos a favor de la calidad educativa, de un diálogo que permita situar los problemas educativos en su justa dimensión, mejores maestros, mejorar la infraestructura educativa; de la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos, de ampliar los servicios educativos, los contenidos de los libros de texto, en general estamos a favor de una educación de calidad para todo México”.
Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM, expresó que su bancada no comparte el contenido del punto de acuerdo, ya que “pedir que se suspendan las evaluaciones a los docentes sería mandar un mensaje equivocado al pueblo mexicano, denostando una falta de respecto a las atribuciones que le fueron conferidas al Congreso”.
Agregó: “No podemos permitir que esta Cámara exhorte al Ejecutivo a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático; por el contrario, invitamos a los legisladores a reconsiderar su postura, a fin de no dar una resolución fast track”.
María Chávez Pérez, de Morena, se pronunció por “detener la criminal evaluación al servicio profesional docente”, y destacó la problemática de los profesores cuando han sido cesados sin tener un ingreso económico para sostener a sus familias.
“Así los quisiera ver. Hoy pegamos de gritos cuando decimos que vamos a trabajar en un plan austero y restringido, porque tenemos que darle a la sociedad los derechos que son acreditables. Lo veo injusto que seamos nosotros los que gocemos de privilegios y la inmensa mayoría esté sin un pan”, acotó.
Finalmente, destacó que en los artículos transitorios de la Ley General de Educación “se establecieron plazos que no se cumplieron y fueron una camisa de fuerza. En consecuencia, esta ley se desfasó, es injusta y la tenemos que tirar”.
Fuente: Proceso
