Con nueva ley prohibirá a los tres niveles de gobierno –municipio, estado y federación- concesionar infraestructura hidráulica y la prestación de servicios
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzó el proceso legal para revertir la privatización del agua en el País, incluida la concesión que hay en Puebla desde 2012, a través de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que prohíbe a un particular administrar y comercializar con el vital líquido para tener fin de lucro.
Miguel Acundo González diputado federal de Morena, afirmó que de esta forma se regresará al sector público el manejo del agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en Puebla.
Fue durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que el servicio se otorgó por 60 años bajo condiciones poco claras, a la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida por el nombre comercial Agua de Puebla, perteneciente al empresario salinista Juan Diego Gutiérrez Cortina.
Los colectivos ciudadanos denunciaron que con ello se incrementaron las tarifas hasta en 500% y los cortes se servicio se volvieron una herramienta común para presionar a los usuarios a cubrir sus adeudos.
Fue el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, que presentó la semana pasada la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales la semana pasada. Dicho proyecto establece que el Estado garantizará a toda personal el derecho al acceso al saneamiento del agua para el consumo personal y doméstico.
Batres recordó que el artículo 4 de la Constitución del País, señala que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que debe ser prestado por el Estado y no por particulares que buscan lucrar por la explotación administración y comercialización.
Se prohíbe de esta forma a los tres niveles de gobierno, municipio, estado y federación, la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta.
Miguel Acundo explicó que los diputados electos de Morena del Congreso de Puebla, están en condiciones de promover una reforma similar a la Ley de Agua del Estado, la cual se aprobó en 2012 para privatizar en la capital el servicio.
Pese a que el gobierno de Puebla dio a conocer en 2013, que el contrato con Concesiones Integrales, tendría una duración 30 años, la firma White & Case dio a conocer que el plazo real es de 60 años. Lo anterior debido a que el Comité de Transparencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) ha mantenido bajo reserva toda la documentación relacionada con el caso.
Fuente: Sin Embargo
