jueves, 6 de julio de 2017

Analiza CIDH caso Ayotzinapa

Ciudad de México. El gobierno de la República participa en el 163 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual inició el martes y concluye este sábado. Ahí se analizará el caso Ayotzinapa, entre otros temas.
Las audiencias, que se realizan en Lima, Perú, incluyen en su agenda los derechos humanos de las personas LGBTI, la situación en materia de justicia y combate a la impunidad, así como al seguimiento de las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, lo mismo que a un caso individual relacionado con hechos que tuvieron lugar en la década de los años setenta en México.
Nuestro país compartirá información actualizada sobre los desarrollos en los distintos rubros, así como las acciones para atender adecuadamente los desafíos en la materia, se informa en un comunicado conjunto Gobernación-cancillería.
"La participación permitirá refrendar el compromiso con la CIDH y el apoyo a su papel de promoción, protección y monitoreo de los derechos humanos, tanto en México como en el Continente", dice el boletín gubernamental.
Las audiencias y reuniones de trabajo ofrecerán además un espacio de diálogo y entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y otros actores relevantes, agregó.
La delegación mexicana se integrará por funcionarios de alto nivel de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).


Celulares activos tras desaparición de los 43, confirma gobierno

En la audiencia por el caso Ayotzinapa que se realizó este mediodía, en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del gobierno mexicano revelaron que nueve líneas celulares de los 43 normalistas desaparecidos estuvieron activas después de los hechos. Esto, dijeron representantes de las víctimas, "echa abajo" la llamada "verdad histórica" que argumentaba que los estudiantes fueron calcinados con todo y sus pertenencias entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esta misma sesión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, indicaron que se tiene informes de que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte de dependencias del gobierno mexicano, con el mismo programa Pegasus del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Por ello, los comisionados de esta entidad de la Organización de Estados Americanos y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron una explicación a los funcionarios gubernamentales presentes en la sesión y exigieron una investigación a fondo.
Mario Padrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), cuestionó si el gobierno mexicano "tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo".
Los representantes gubernamentales, encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señalaron que ya se hacen las investigaciones sobre el presunto espionaje, además de que el caso de Ayotzinapa para nada está cerrado y que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las que recomendó el GIEI.
En torno al espionaje, la comisionada presidenta de la CIDH interrogó a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto: "¿Qué autoridades del Estado estuvieron involucradas?", a lo que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se limitó a responder que hay una denuncia abierta "contra quienes resulten responsables".
En tanto, al reclamar sobre la impunidad en la que se encuentra el caso de los normalistas desaparecidos a más de 33 meses de los hechos, uno de los padres de los estudiantes aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados porque a casi tres años no tienen noticia del paradero de sus hijos. 
"Nosotros no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos", enfatizó.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas urgieron al Estado mexicano a ampliar las indagatorias y a agilizar los procesos a fin de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y llegar a la verdad y la justicia.
Fuente: La Jornada