Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora. Foto: Milton Martínez
El titular de esta dependencia, Raúl Navarro, dijo rueda de prensa el 31 de agosto que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.
Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben 9 mil 599 millones de pesos.
En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados suma 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos.
La información del colaborador de Pavlovich difiere con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, a pasado, únicamente reconoce 23 mil 288 millones de pesos de deuda pública sonorense.
Este último saldo validado por la Federación incluye una nota al margen: “Esta información es proporcionada por las entidades federativas a la SHCP sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y algunas otras obligaciones reportadas”.
Y remata: “Las cifras (sólo) pueden variar debido al redondeo”.
Al cabo de 12 meses de gobierno, cumplidos el 13 septiembre pasado, la priista Pavlovich y los integrantes de su gabinete han sido incapaces de precisar el monto quebrantado por la anterior administración.
Los números no le favorecen
En la Cuenta Pública de 2015, paradójicamente entregada en privado a los diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el pasado 30 de agosto –a la que tuvo acceso Apro— se observa que la deuda directa del gobierno del estado es de 17 mil 759 millones de pesos, diferente a lo reportado por el secretario Navarro, que estimó 16 mil 993 millones en este mismo rubro.
Esta omisión permite estimar que la superior jerárquica de Navarro, la gobernadora priista Pavlovich, endeudó a la entidad con 766 millones en los primeros tres meses de trabajo, a un ritmo de 255 millones en octubre, noviembre y diciembre.
A este adeudo, el admitido por su secretario de Hacienda, todavía hay que sumarle los 5 mil millones para reestructuración de la deuda pública estatal, aprobada por los congresistas locales, incluidos los de Acción Nacional, y los 150 millones que podría costar al erario la ineludible estructura jurídico-financiera realizada por un despacho externo para que no haya lagunas al momento de concretarse este crédito.
“Lo tienen que hacer los que saben”, aceptó el tesorero estatal Carlos Galindo a este reportero el martes 6 de septiembre.
Entonces, si se suman los pasivos del último año se contabilizan 5 mil 916 millones, a un ritmo de endeudamiento de 493 millones cada treinta días, más de 16 millones diarios.
De manera inédita, la Cuenta Pública de 2015, el último reporte financiero de Guillermo Padrés, fue entregado a los diputados locales sin la previa convocatoria a los representantes de los medios de comunicación.
Incluso este año, el auditor mayor Eugenio Pablos Antillón, alojado en una oficina lejana del Congreso local, no realizó el trayecto de cada año al palacio legislativo, sino que en esta ocasión ordenó a los legisladores que pasaran hasta donde se encontraba para recoger este documento público.
Sobre esta incongruencia de no convocar a la prensa o a los ciudadanos interesados en este tema fue entrevistado el director de Comunicación Social, Alberto Nevárez, quien justificó que se trató de una orden directa del presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, el diputado Fermín Trujillo, del Panal.
“Era un evento de interés público mas no fue un evento público”, justificó el jefe de prensa con una amplia trayectoria transexenal con gobiernos priistas y panistas.
“Se estimó que se daría a conocer la información a través de un comunicado de prensa”, añadió.
Sin embargo, las palabras de Nevárez fueron desvirtuadas por el recién nombrado subdirector de Comunicación Social, Jorge Angulo, quien dijo que la orden de no convocar a periodistas y ciudadanos interesados en la cuenta pública fue de Pablos Antillón.
“Ellos (los del ISAF) nos dijeron que no convocáramos”, admitió el funcionario.
Lo cierto es que el reporte financiero se entregó de noche, en medio de una lluvia intensa, en una oficina alejada del recinto oficial, a escondidas de quienes deseaban atestiguar este acto público, y a la postre estas acciones secretas despertaron justificadas suspicacias.
El amigo de Padrés
Contrario a las expectativas, en la Cuenta Pública de 2015 sólo se contabilizaron 941 observaciones, una tercera parte de las 2 mil 876 que se encontraron en 2014 o las 2 mil 437 de 2013.
En 2012, el año de la mayor crisis financiera de Padrés debido a que la mayoría priista en el Congreso aprobó el presupuesto hasta agosto, se registraron 2 mil 519 irregularidades y, en 2011, 2 mil 56 inconsistencias.
De acuerdo con el ISAF, el año pasado se iniciaron 180 expedientes ante la Contraloría sonorense por las observaciones encontradas. En 46 casos se dio curso a procesos administrativos, penales y mercantiles.
Entre Padrés y Pavlovich sobreejercieron 8 mil 260 millones debido a que se les autorizó un presupuesto de 45 mil 597 millones para 2015 y devengaron 53 mil 857 millones.
La Secretaría de Hacienda realizó un gasto extraordinario de 3 mil 323 millones 227 mil pesos, debido a que en el ejercicio de 2015 esta dependencia incluyó el pago a la deuda pública, que presentó un incremento de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, tras el pago de documentos a corto plazo.
En tanto la secretarías de Educación y Cultura excedieron sus límites presupuestales en mil 881 millones; la de Salud estatal, 877 millones 846 mil pesos; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en 794 millones.
En Agricultura y Ganadería estatal el desaseo presupuestal fue de 499 millones, dependencia que estuvo a cargo del exsecretario Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, acusado de malversar 117.2 millones y recluido sólo por tres días en el Cefereso Oriente 5 de Villa Aldama, Veracruz, al presentar un amparo que había promovido con anterioridad.
Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Gobierno, donde se sobreejercieron 188 millones, bajo las órdenes del ahora prófugo de la justicia en 132 países y mejor amigo de Padrés, Roberto Romero López.
En la Procuraduría sonorense el monto devengado por encima de lo presupuestado fue de 153 millones; en Desarrollo Social, 129 millones; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), 88 millones.
Finalmente, en la Secretaría de Economía se extralimitaron con 84 millones, y en la oficina de la gobernadora Pavlovich, con 67 millones de pesos.
Según la documentación oficial de 2015, en las observaciones encontradas se sustenta el quebranto de mil 388 millones 982 mil 471 pesos en gastos sin las correspondientes facturas, o dinero tomado de partidas presupuestales incorrectas, condonación de impuestos estatales o la entrega de efectivo de manera discrecional a particulares realizada el 30 de diciembre anterior.
Del monto antes mencionado, 90 millones 680 mil 108 pesos fueron responsabilidad de la gubernatura entrante correspondiente a los tres meses finales de 2015.
Política de opacidad
La Secretaría de Hacienda estatal, encargada de organizar públicamente los ataques contra el sexenio anterior panista, es la dependencia con más expedientes ocultos a la opinión pública.
Según el oficio CEAF-DJL-DPL-2016-1009 firmado por Mónica Morales Machado, titular de la unidad de enlace de Hacienda estatal, la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal ha reservado mil 533 expedientes del 1 de septiembre de 2015 al 3 de junio pasado, más de 170 archivos al mes, para un promedio de seis diarios.
La dependencia argumenta esta decisión con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental, que prevé como información reservada la que “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos”.
Y añade el artículo 14 fracciones II y VI: “También se considerará como información reservada los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal y la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.
Esta información reservada se suma a la publicada por Apro el de 1 de julio en el reportaje “Pavlovich: la opacidad, marca de su gobierno”.
En los primeros nueve meses de la gestión priista se emitieron seis acuerdos de reserva, de los que se desprenden 374 “actas de clasificación” relacionadas con mil 426 expedientes, incluidas quejas y denuncias ciudadanas promovidas contra el exgobernador, el panista Guillermo Padrés, y sus colaboradores.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad para encriptar la información fueron desde que se trata de “investigaciones administrativas” hasta que se encuentran relacionadas con “registros contables” o “estrategias y medidas a tomar” por parte de servidores públicos.
La solicitud de acceso a la información pública 00501916 establece que del 13 de septiembre de 2015 al 29 de junio último las 13 secretarías del gobierno estatal, que engloban a 55 dependencias, deja claro que el gobierno de Pavlovich puso “candados”, sólo el año pasado, a mil 343 expedientes, y en lo que va de 2016 ya suman 83 los expedientes sellados.
“Bajo llave” el caso Padrés
La Contraloría General estatal, responsable de transparentar la información oficial, emitió el primer acuerdo de reserva el 17 de septiembre de 2015, sólo cuatro días después de que rindiera protesta el exdirigente estatal priista Miguel Ángel Murillo.
Con este acuerdo el contralor estatal alejó la posibilidad pública de que los sonorenses conocieran las mil 111 quejas y denuncias ciudadanas interpuestas contra Padrés y sus excolaboradores.
“Se restringió el acceso a la información contenida en los expedientes relativos a estas quejas y denuncias hasta en tanto no se haya dictado una resolución administrativa definitiva”, argumentó el contralor Murillo en un escrito.
“Este acuerdo de reserva se encuentra en proceso de desclasificación, en virtud del principio de máxima publicidad contenido en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”, acota en el documento.
Los mil 426 expedientes blindados fueron puestos bajo reserva de manera paulatina los días 18 y 30 de septiembre; el 3, 19, 20 y 27 de noviembre, y el 21 de diciembre de 2015.
Este año la práctica se realizó en dos únicas fechas: el 22 de enero y el 29 de febrero.
A la fecha Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, Gobiernos Abierto y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ha encriptado unos 2 mil 959 expedientes.
Pese a lo anterior, el portal “tuobra.mx” galardonó a la primera gobernadora sonorense con el primer lugar en la categoría estatal del concurso Premio a la Innovación en Transparencia 2016.
Este concurso fue convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencias que sometieron a consideración de un jurado los trabajos participantes.
El jurado estuvo conformado por académicos de universidades nacionales, investigadores, especialistas en transparencia y acceso a la información, derechos humanos y directores de diversas empresas.
Entre sus tareas estuvo analizar los trabajos de 77 concursantes inscritos en las categorías Federal, Estatal, Municipal, Personas Físicas y Organizaciones Civiles.
Pese a ello, la estrategia de la gobernadora priista es clara: mostrar una presunta honestidad al exterior y vituperar públicamente a Padrés, aunque en lo coyuntural protege al panista con información puesta bajo candado hasta el 2026.
Este último saldo validado por la Federación incluye una nota al margen: “Esta información es proporcionada por las entidades federativas a la SHCP sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y algunas otras obligaciones reportadas”.
Y remata: “Las cifras (sólo) pueden variar debido al redondeo”.
Al cabo de 12 meses de gobierno, cumplidos el 13 septiembre pasado, la priista Pavlovich y los integrantes de su gabinete han sido incapaces de precisar el monto quebrantado por la anterior administración.
Los números no le favorecen
En la Cuenta Pública de 2015, paradójicamente entregada en privado a los diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el pasado 30 de agosto –a la que tuvo acceso Apro— se observa que la deuda directa del gobierno del estado es de 17 mil 759 millones de pesos, diferente a lo reportado por el secretario Navarro, que estimó 16 mil 993 millones en este mismo rubro.
Esta omisión permite estimar que la superior jerárquica de Navarro, la gobernadora priista Pavlovich, endeudó a la entidad con 766 millones en los primeros tres meses de trabajo, a un ritmo de 255 millones en octubre, noviembre y diciembre.
A este adeudo, el admitido por su secretario de Hacienda, todavía hay que sumarle los 5 mil millones para reestructuración de la deuda pública estatal, aprobada por los congresistas locales, incluidos los de Acción Nacional, y los 150 millones que podría costar al erario la ineludible estructura jurídico-financiera realizada por un despacho externo para que no haya lagunas al momento de concretarse este crédito.
“Lo tienen que hacer los que saben”, aceptó el tesorero estatal Carlos Galindo a este reportero el martes 6 de septiembre.
Entonces, si se suman los pasivos del último año se contabilizan 5 mil 916 millones, a un ritmo de endeudamiento de 493 millones cada treinta días, más de 16 millones diarios.
De manera inédita, la Cuenta Pública de 2015, el último reporte financiero de Guillermo Padrés, fue entregado a los diputados locales sin la previa convocatoria a los representantes de los medios de comunicación.
Incluso este año, el auditor mayor Eugenio Pablos Antillón, alojado en una oficina lejana del Congreso local, no realizó el trayecto de cada año al palacio legislativo, sino que en esta ocasión ordenó a los legisladores que pasaran hasta donde se encontraba para recoger este documento público.
Sobre esta incongruencia de no convocar a la prensa o a los ciudadanos interesados en este tema fue entrevistado el director de Comunicación Social, Alberto Nevárez, quien justificó que se trató de una orden directa del presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, el diputado Fermín Trujillo, del Panal.
“Era un evento de interés público mas no fue un evento público”, justificó el jefe de prensa con una amplia trayectoria transexenal con gobiernos priistas y panistas.
“Se estimó que se daría a conocer la información a través de un comunicado de prensa”, añadió.
Sin embargo, las palabras de Nevárez fueron desvirtuadas por el recién nombrado subdirector de Comunicación Social, Jorge Angulo, quien dijo que la orden de no convocar a periodistas y ciudadanos interesados en la cuenta pública fue de Pablos Antillón.
“Ellos (los del ISAF) nos dijeron que no convocáramos”, admitió el funcionario.
Lo cierto es que el reporte financiero se entregó de noche, en medio de una lluvia intensa, en una oficina alejada del recinto oficial, a escondidas de quienes deseaban atestiguar este acto público, y a la postre estas acciones secretas despertaron justificadas suspicacias.
El amigo de Padrés
Contrario a las expectativas, en la Cuenta Pública de 2015 sólo se contabilizaron 941 observaciones, una tercera parte de las 2 mil 876 que se encontraron en 2014 o las 2 mil 437 de 2013.
En 2012, el año de la mayor crisis financiera de Padrés debido a que la mayoría priista en el Congreso aprobó el presupuesto hasta agosto, se registraron 2 mil 519 irregularidades y, en 2011, 2 mil 56 inconsistencias.
De acuerdo con el ISAF, el año pasado se iniciaron 180 expedientes ante la Contraloría sonorense por las observaciones encontradas. En 46 casos se dio curso a procesos administrativos, penales y mercantiles.
Entre Padrés y Pavlovich sobreejercieron 8 mil 260 millones debido a que se les autorizó un presupuesto de 45 mil 597 millones para 2015 y devengaron 53 mil 857 millones.
La Secretaría de Hacienda realizó un gasto extraordinario de 3 mil 323 millones 227 mil pesos, debido a que en el ejercicio de 2015 esta dependencia incluyó el pago a la deuda pública, que presentó un incremento de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, tras el pago de documentos a corto plazo.
En tanto la secretarías de Educación y Cultura excedieron sus límites presupuestales en mil 881 millones; la de Salud estatal, 877 millones 846 mil pesos; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en 794 millones.
En Agricultura y Ganadería estatal el desaseo presupuestal fue de 499 millones, dependencia que estuvo a cargo del exsecretario Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, acusado de malversar 117.2 millones y recluido sólo por tres días en el Cefereso Oriente 5 de Villa Aldama, Veracruz, al presentar un amparo que había promovido con anterioridad.
Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Gobierno, donde se sobreejercieron 188 millones, bajo las órdenes del ahora prófugo de la justicia en 132 países y mejor amigo de Padrés, Roberto Romero López.
En la Procuraduría sonorense el monto devengado por encima de lo presupuestado fue de 153 millones; en Desarrollo Social, 129 millones; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), 88 millones.
Finalmente, en la Secretaría de Economía se extralimitaron con 84 millones, y en la oficina de la gobernadora Pavlovich, con 67 millones de pesos.
Según la documentación oficial de 2015, en las observaciones encontradas se sustenta el quebranto de mil 388 millones 982 mil 471 pesos en gastos sin las correspondientes facturas, o dinero tomado de partidas presupuestales incorrectas, condonación de impuestos estatales o la entrega de efectivo de manera discrecional a particulares realizada el 30 de diciembre anterior.
Del monto antes mencionado, 90 millones 680 mil 108 pesos fueron responsabilidad de la gubernatura entrante correspondiente a los tres meses finales de 2015.
Política de opacidad
La Secretaría de Hacienda estatal, encargada de organizar públicamente los ataques contra el sexenio anterior panista, es la dependencia con más expedientes ocultos a la opinión pública.
Según el oficio CEAF-DJL-DPL-2016-1009 firmado por Mónica Morales Machado, titular de la unidad de enlace de Hacienda estatal, la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal ha reservado mil 533 expedientes del 1 de septiembre de 2015 al 3 de junio pasado, más de 170 archivos al mes, para un promedio de seis diarios.
La dependencia argumenta esta decisión con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental, que prevé como información reservada la que “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos”.
Y añade el artículo 14 fracciones II y VI: “También se considerará como información reservada los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal y la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.
Esta información reservada se suma a la publicada por Apro el de 1 de julio en el reportaje “Pavlovich: la opacidad, marca de su gobierno”.
En los primeros nueve meses de la gestión priista se emitieron seis acuerdos de reserva, de los que se desprenden 374 “actas de clasificación” relacionadas con mil 426 expedientes, incluidas quejas y denuncias ciudadanas promovidas contra el exgobernador, el panista Guillermo Padrés, y sus colaboradores.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad para encriptar la información fueron desde que se trata de “investigaciones administrativas” hasta que se encuentran relacionadas con “registros contables” o “estrategias y medidas a tomar” por parte de servidores públicos.
La solicitud de acceso a la información pública 00501916 establece que del 13 de septiembre de 2015 al 29 de junio último las 13 secretarías del gobierno estatal, que engloban a 55 dependencias, deja claro que el gobierno de Pavlovich puso “candados”, sólo el año pasado, a mil 343 expedientes, y en lo que va de 2016 ya suman 83 los expedientes sellados.
“Bajo llave” el caso Padrés
La Contraloría General estatal, responsable de transparentar la información oficial, emitió el primer acuerdo de reserva el 17 de septiembre de 2015, sólo cuatro días después de que rindiera protesta el exdirigente estatal priista Miguel Ángel Murillo.
Con este acuerdo el contralor estatal alejó la posibilidad pública de que los sonorenses conocieran las mil 111 quejas y denuncias ciudadanas interpuestas contra Padrés y sus excolaboradores.
“Se restringió el acceso a la información contenida en los expedientes relativos a estas quejas y denuncias hasta en tanto no se haya dictado una resolución administrativa definitiva”, argumentó el contralor Murillo en un escrito.
“Este acuerdo de reserva se encuentra en proceso de desclasificación, en virtud del principio de máxima publicidad contenido en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”, acota en el documento.
Los mil 426 expedientes blindados fueron puestos bajo reserva de manera paulatina los días 18 y 30 de septiembre; el 3, 19, 20 y 27 de noviembre, y el 21 de diciembre de 2015.
Este año la práctica se realizó en dos únicas fechas: el 22 de enero y el 29 de febrero.
A la fecha Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, Gobiernos Abierto y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ha encriptado unos 2 mil 959 expedientes.
Pese a lo anterior, el portal “tuobra.mx” galardonó a la primera gobernadora sonorense con el primer lugar en la categoría estatal del concurso Premio a la Innovación en Transparencia 2016.
Este concurso fue convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencias que sometieron a consideración de un jurado los trabajos participantes.
El jurado estuvo conformado por académicos de universidades nacionales, investigadores, especialistas en transparencia y acceso a la información, derechos humanos y directores de diversas empresas.
Entre sus tareas estuvo analizar los trabajos de 77 concursantes inscritos en las categorías Federal, Estatal, Municipal, Personas Físicas y Organizaciones Civiles.
Pese a ello, la estrategia de la gobernadora priista es clara: mostrar una presunta honestidad al exterior y vituperar públicamente a Padrés, aunque en lo coyuntural protege al panista con información puesta bajo candado hasta el 2026.
Fuente: Proceso| POR MILTON MARTÍNEZ
