Retratos de los niños fallecidos en la guardería ABC. Foto: Miguel Dimayuga
Al dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 00208616, fechada el 21 de marzo de este año, José David Anaya Cooley, director general del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), argumentó que proporcionar información sobre el siniestro que segó una generación entera de sonorenses “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas”.
Añadió que su publicación “impide las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención de los delitos, la impartición de la justicia y la recaudación de los contribuyentes (sic)”.
Y precisó que estos hechos “se encuentran relacionados o vinculados a investigaciones y procedimientos judiciales en curso, las cuales no serán de versión pública ya que de lo contrario se puede poner en riesgo, impedir u obstruir el desarrollo de las investigaciones”, como lo estipula el artículo 21 en sus fracciones II, III y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
Las autoridades sonorenses se negaron a ofrecer una versión pública de los audios y transcripciones de los llamados ciudadanos que recibieron cada uno de los cuerpos de emergencia -policías, bomberos y rescatistas- que ofrecieron auxilio en el incendio.
Según el oficio CGC-0855/2016 firmado por el titular del C4 este sería el segundo expediente (002/2016) que se ordena reservar en esta mitad de año, justo al cumplirse los primeros nueve meses del gobierno de Pavlovich Arellano, quien paradójicamente en su primer discurso del 13 de septiembre de 2015 dijo a los sonorenses:
“A su confianza habré de responder con total entrega, consciente que la sociedad reclama honestidad, austeridad, transparencia…”.
Defensora de acusados
La negativa del gobierno de Pavlovich de proporcionar información para esclarecer públicamente lo ocurrido aquel trágico día, se recrudece al recordar que en 2009 cuando se desempeñaba como diputada local del distrito 14, Hermosillo Noroeste, envió al Juzgado Primero de Distrito una carta de “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” en recomendación de Gildardo Francisco Urquídez Serrano, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Eduardo Bours y uno de los tantos propietarios firmantes de la guardería ABC.
Entre los otros dueños de la estancia infantil siniestrada se encuentran: Marcia Matilde Alta Gracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial panista y esposa del expresidente Felipe Calderón; Sandra Lucía Téllez, concuña de Urquídez Serrano; Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, compadre del exgobernador Bours (uno de los primeros padrinos políticos de Pavlovich), y José Matiella Urquídez, apoderado legal de la nave industrial donde se encontraba la estancia infantil.
El nudo de amistades y parentescos entre propietarios y administrativos de la guardería ABC ha detenido el ejercicio natural de la justicia a lo largo de siete años. Además permitió el ascenso político de Claudia Pavlovich, pese a que la priista le dio la espalda a los padres de las víctimas y apoyó a sus amigos empresarios.
El 27 de enero de 2015, unas horas después de que Pavlovich fuera electa como la candidata tricolor para contender por la gubernatura sonorense, los familiares y padres de las víctimas dijeron a Apro que esta postulación era una “burla total” a la memoria de los 49 niños fallecidos.
Julio César Márquez, padre de “Yeyé”, uno de los niños que perdió la vida en el incendio, calificó de “terrible” la postulación de Claudia Pavlovich, y aseguró que “dolió tanto como aquel 5 de junio”.
La decisión priista, subrayó, “lastima” la memoria de los 49 niños fallecidos y evidencia la “falta de moral” de los militantes tricolores.
Roberto Zavala, padre del pequeño Santiago de Jesús, aseguró que la entonces recién electa precandidata priista fue “premiada por sus malas acciones”.
“Los políticos nos envían un claro mensaje a todos los mexicanos: No nos interesan ustedes, ni los niños, sólo el beneficio nuestro. Esta es la manera en la que piensan, ajenos a la realidad”, externó hace más de un año.
La protesta
El reclamo de justicia sigue vigente en la sociedad y los padres de las víctimas, por eso, como cada 5 de junio, convocan para el próximo domingo a una marcha que iniciará a las seis de la tarde en las ruinas ahumadas de la otrora guardería ABC y concluirá en las escalinatas de la biblioteca de la Universidad de Sonora.
Patricia Duarte, madre del niño José Alonso, acaecido hace casi siete años, publicó en su cuenta de Facebook:
“¿Por qué marchar a siete años?
“Porque nadie de los responsables está en la cárcel pagando por el crimen de nuestros hijos e hijas”, se responde.
Debido a que la sentencia que dictó el juez es limitada porque dejó el delito como culposo, o sea no grave, y por lo tanto los sentenciados podrán llevar sus siguientes recursos jurídicos fuera de prisión, añade:
“Los altos funcionarios como Eduardo Bours, Daniel Karam, Karla Rochin, Ernesto Gándara Camou, Abel Murrieta y otros no han sido investigados y mucho menos procesados por su responsabilidad”.
La ley 5 de junio (Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil) generada de manera reactiva por este crimen -puntualiza- todavía no se aplica completamente en el país, incluso Sonora todavía no tiene su reglamento porque al parecer al ejecutivo, representado por Pavlovich, no le importa.
Al respecto Patricia Duarte advierte: “Desgraciadamente al no aplicarse la ley 5 de junio hay más probabilidades de que haya otra tragedia de igual o mayor magnitud.
“¿Serán motivos suficientes para que dejes el confort de tu hogar y salir a marchar?”, inquiere.
Y responde:
“Mi hijo Andrés Alonso ya murió en una estancia infantil no esperes a que una tragedia similar te toque, yo también me sentía ajena a vivir algo así y hoy me encuentro a casi siete años sufriendo la ausencia de mi hijo y en una lucha incansable por justicia para él y sus compañeros, pero también para garantizar de cierta manera que tú, que me lees no vivas algo similar”.
Acusan a exalcalde perredista de Comalcalco por saqueo de 99.87 mdp
El alcalde de Comalcalco Javier May Rodríguez. Foto: Tomada de Facebook
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Irregularidades por 99.87 millones de pesos es lo que, hasta ahora, ha encontrado el gobierno morenista del municipio de Comalcalco a cinco meses de asumir la presidencia de la localidad.
En ello se encuentra implicado el exalcalde perredista y ahora diputado federal, Héctor Peralta Grappin, y otros exfuncionarios municipales contra quienes se alistan demandas penales.
El alcalde de Morena Javier May Rodríguez dio a conocer un adelanto de las diversas irregularidades detectadas en la auditoría externa que se practica al ayuntamiento de Comalcalco que presidieron de 2013 a 2015 los exediles perredistas Héctor Peralta Grappin y su sucesor, Jesús Romero López, cuando aquél solicitó licencia para contender por la diputación federal.
Anticipó que las irregularidades podrían llegar a los 200 millones de pesos cuando concluya la revisión a la pasada administración perredista.
Citó que, entre las más graves, se encuentran tres adquisiciones de lámparas tipo led por las que el ayuntamiento de Comalcalco debió pagar 16 millones 236 mil 143.35 pesos, sin embargo, erogó 59 millones 579 mil 759.28, un sobre precio de 49 millones 343 mil 615 pesos.
Por si fuera apoco, añadió, esas lámparas entraron de contrabando al país, toda vez que no se cumplieron las disposiciones de la ley aduanera, pues no se encontró el permiso correspondiente mediante el cual se acreditara su estancia legal en el país.
“O sea, operaron como mafia, como cártel para introducir las luminarias al país”, acusó y denunció que “el saqueo” a las arcas de Comalcalco no hubiese sido posible sin la complicidad de los órganos de fiscalización.
Recordó que cuando recibió el ayuntamiento, en enero pasado, notificó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que varias direcciones no hicieron la entrega-recepción ni dejaron documentación, sin embargo, el OSFE los multó porque supuestamente se negaron a entregar información.
“Cuando ellos saben que no obra en nuestro poder y que en el acta de entrega-recepción notariada está que no nos entregaron documentación y que hasta la fecha la dirección de Obras Públicas, Finanzas, Contraloría y DIF no han entregado”, manifestó.
También se han encontrado irregularidades en la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pavimentación de calles, obras que fueron pagadas al 100% y no fueron terminadas.
De acuerdo con las auditorías, en “el saqueo” se encuentra involucrado el exalcalde y diputado federal, Héctor Peralta Grappin y su sucesor, Jesús Romero López.
También la exdirectora de Administración, Sandra Guadalupe Mortera Hernández; los exdirectores de Finanzas, Hegdar Santiago Zambrano y Georgina Olán Canto; los exdirectores de Programación, José Gerardo Mata Bueno y Carlota Romero Rodríguez; el exdirector de Obras, Luis Aguilar Gallardo y los excontralores, Concepción Gallegos Castillo y Esteban Sánchez.
El alcalde May Rodríguez anunció que en el transcurso de esta semana se pondrán denuncias penales en contra de todos ellos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los presuntos delitos de abuso de confianza, ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de pandilla, fraude procesal, falsificación de sellos, administración fraudulenta y los que resulten.
Lo anterior, se sumará a otras cuatro demandas penales que en febrero, marzo y abril se presentaron contra nueve exfuncionarios municipales del anterior gobierno perredista que encabezaron Peralta Grappin y Romero López.
Fuente: Proceso| MILTON MARTÍNEZ| ARMANDO GUZMÁN
