-Gobernador de Guerrero confirma NEGOCIACION para LIBERAR normalistas.
-Versiones señalan que 22 normalistas podrían estar vivos
En redes sociales se difundió que los jóvenes estarían en poder de una célula de los Guerreros Unidos
-Jesús Zambrano planeó fuga de Abarca: Dolores Padierna
La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores, Dolores Padierna, acusó que Jesús Zambrano, ex dirigente nacional del sol azteca, se reunió con José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, para planear su fuga.
Padierna indicó que el líder perredista debió dar aviso a las autoridades sobre la ubicación del ahora ex alcalde, sin embargo Zambrano ayudó a Abarca para que éste pudiera huir de las autoridades.
“Pasado el secuestro y la desaparición de los estudiantes en Iguala, Jesús Zambrano se reunió con Abarca sabiendo quién era y sabiendo lo que había pasado. Debió haber dado aviso a las autoridades para evitar su fuga, pero al contrario, parece ser que lo que estaban planeando era la fuga”, imputó la legisladora.
Asimismo, Padierna culpó al ex líder nacional del PRD de solapar un acto criminal, al indicar que Zambrano tenía plena conciencia de lo ocurrido, pues dicho encuentro se llevó a cabo un par de días después de ocurridos los hechos violentos donde perdieran la vida 6 personas y desaparecieran 43 normalistas.
“Él sabía lo que ocurrió y aun así no lo entregó, no lo reportó a las autoridades, se reunió con él a platicar, a comer, a conversar, eso no se hace con delincuentes, cuando alguien sabe que es un delincuente no te reúnes con él“, adujo la senadora.
“Ya habían pasado los hechos, ya se sabía de los normalistas y Zambrano sabía lo que había ocurrido con los dirigentes del partido en el 2013, pues eran elementos más que suficientes para no reunirse con él“, concluyó.
-Usuario rocía gas pimienta a menor en el Metro; lo detienen
-Moreno Valle gasta más en fiestas patrias que en universidades
-Hay interés de empresas vascas en proyectos energéticos de México: Urkullu
-Sectur, SCT y CFE se unen para llevar internet a Pueblos Mágicos
Las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y la Comisión Federal de Electricidad, firmaron sendos convenios de colaboración para dotar de cableado subterráneo e internet gratuito a los 83 Pueblos Mágicos y de cableado subterráneo a 44 destinos turísticos prioritarios.
Durante un acto en el Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México y en el marco del arranque del Programa Pueblos Mágicos Mejor Conectados y Más Competitivos, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, destacó que se tiene el propósito de fortalecer la competitividad del sector y aprovechar el potencial turístico.
Acompañada del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila; del subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez y del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, Ruiz Massieu agregó que, además, se tiene el propósito de generar una mayor derrama económica que se traduzca en beneficio para todas las comunidades y destinos turísticos.
Recordó que hace un mes, en el marco del Día Mundial del Turismo, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a SECTUR, SCT y a la CFE a trabajar de manera coordinada para fortalecer la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios.
La titular de la SECTUR detalló que actualmente existen 83 Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas, los cuales concentran 5 millones de personas e impactan directamente a dos millones. En 2013, mencionó, estas localidades recibieron a más de 4 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica superior a los 6 mil millones de pesos.
En tanto, agregó, su oferta hotelera asciende a 868 hoteles con más de 20 mil habitaciones, el gasto diario promedio en los Pueblos Mágicos es de 768 pesos con impacto económico directo en 2 millones de personas.
A su vez, y con la representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que facilitar el acceso a la banda ancha y al internet de alta velocidad a los Pueblos Mágicos significa entrar de lleno a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a fin de incrementar y mejorar la calidad de vida de las familias.
Con la firma de estos convenios, dijo, se da un paso más en el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Acompañado por la Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe Bernal, aseveró que las telecomunicaciones son factor esencial para el crecimiento de la economía, el bienestar social y el ejercicio de las libertades democráticas e instrumentos esenciales para materializar los derechos de libre expresión y de acceso a la información.
En este contexto, el subsecretario Peralta Sánchez recordó que la Reforma Constitucional en la materia prevé una sólida red troncal de fibra óptica que al duplicarla a 70 mil kilómetros en los próximos años acercará los servicios al 98 por ciento de la población del país.
Por su parte, el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, indicó que con el convenio firmado se establecerán redes subterráneas en 44 destinos turísticos y 83 Pueblos Mágicos de todo el país. Esto permitirá tener una red eléctrica más segura, ordenada y confiable, que se traducirá en un servicio eléctrico de mejor calidad para los usuarios.
En el Estado de México, precisó, los proyectos se desarrollarán en los Pueblos Mágicos: El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán y Valle de Bravo.
Destacó que gracias a estas acciones, la CFE cumple 2 claros objetivos: elevar la calidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios y contribuir al desarrollo económico, social y cultural de México.
En su oportunidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, reconoció el apoyo del Gobierno de la Republica para posicionar al Edomex como uno de los destinos más atractivos del país.
Añadió que el turismo debe ir de la mano con las tecnologías del Siglo XXI y que éstas beneficien a las comunidades que viven de esta actividad.
A este acto, asistió el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Héctor Gómez Barraza; la secretaria de Turismo del Estado de México, Rosalinda Elizabeth Benítez González; la presidenta municipal de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, así como la diputada Federal, Laura Barrera Fortoul y el diputado Local, David López Cárdenas.
-Así van las resistencias al gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos
-Piden ONG a ministros de la Corte avalar peticiones sobre consulta energética
-Periodistas agredidos en Cocula desmienten a Segob; sí nos identificamos
-Renuncian tres funcionarios del gabinete de Guerrero
-Reviven proyecto para transformar el Viaducto en corredor peatonal
-Estudiantes exigen dimisión de EPN por caso Iguala
-Protestan contra servicio de taxi solicitado vía "app"
-El tortuoso camino para el “bien morir” en México
-“México nos duele”, dicen intelectuales en Colombia
-Piden normalistas sumarse a comisión especial de diputados
-Ceden politécnicos; aceptan que Peña designe director interino
-Artículo 19 llevará a la CIDH el caso Chalchihuapan
-En caso Ayotzinapa “prefiero la tardanza ligada a la verdad”: Murillo Karam
-Viola derechos impedir a ciudadanos grabar detenciones policiacas: CDHDF
En redes sociales se difundió que los jóvenes estarían en poder de una célula de los Guerreros Unidos
Diversas versiones de periodistas apuntan a que 22 de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, estarían con vida y que el Gobierno federal negocia su liberación con una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos.
De acuerdo con las versiones, los delincuentes exigen una serie de demandas que no especificaron, para devolver a los 22 estudiantes con vida. Y no se menciona nada sobre el paradero de los otros 21 desaparecidos.
Por otro lado, en conferencia de prensa, el Gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, se ofreció como intermediario en la negociación de la posible liberación de normalistas.
Según fuentes de seguridad habría cerca de 22 normalistas vivos, se emprenden acciones para su rescate. #Ayotzinapa
— Luis Cárdenas López (@LuisCardenasMx) octubre 28, 2014
PGR estaría negociando rescate de normalistas vivos, a las 5pm vencería plazo. #Ayotzinapa
— Luis Cárdenas López (@LuisCardenasMx) octubre 28, 2014
Versiones de inteligencia aseguran que habrían sido localizados 22 normalistas vivos. (Hay más información) #Ayotzinapa
— Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) octubre 28, 2014
-Deja CFE sin luz a ocho municipios de Tamaulipas
Una falla que se registró por la mañana en un transformador de la Subestación de Potencia Güémez dejó sin suministro de energía eléctrica a ocho municipios de Tamaulipas, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Abasolo, Jiménez, Soto la Marina, Llera, Casas, Güémez y algunos sectores de Ciudad Victoria fueron los afectados por el apagón.
De acuerdo a la CFE, enviaron personal especializado del área de transmisión, quienes realizan las tareas de reparación del equipo dañado.
“Así mismo el servicio se estará normalizando de manera paulatina en las localidades mencionadas continuando con acciones de mejora en esa Subestación el día de mañana”, apuntó la Comisión.
La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores, Dolores Padierna, acusó que Jesús Zambrano, ex dirigente nacional del sol azteca, se reunió con José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, para planear su fuga.
Padierna indicó que el líder perredista debió dar aviso a las autoridades sobre la ubicación del ahora ex alcalde, sin embargo Zambrano ayudó a Abarca para que éste pudiera huir de las autoridades.
“Pasado el secuestro y la desaparición de los estudiantes en Iguala, Jesús Zambrano se reunió con Abarca sabiendo quién era y sabiendo lo que había pasado. Debió haber dado aviso a las autoridades para evitar su fuga, pero al contrario, parece ser que lo que estaban planeando era la fuga”, imputó la legisladora.
Asimismo, Padierna culpó al ex líder nacional del PRD de solapar un acto criminal, al indicar que Zambrano tenía plena conciencia de lo ocurrido, pues dicho encuentro se llevó a cabo un par de días después de ocurridos los hechos violentos donde perdieran la vida 6 personas y desaparecieran 43 normalistas.
“Él sabía lo que ocurrió y aun así no lo entregó, no lo reportó a las autoridades, se reunió con él a platicar, a comer, a conversar, eso no se hace con delincuentes, cuando alguien sabe que es un delincuente no te reúnes con él“, adujo la senadora.
“Ya habían pasado los hechos, ya se sabía de los normalistas y Zambrano sabía lo que había ocurrido con los dirigentes del partido en el 2013, pues eran elementos más que suficientes para no reunirse con él“, concluyó.
-Usuario rocía gas pimienta a menor en el Metro; lo detienen
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a Víctor Israel "M" por accionar un cilindro de gas pimienta y agredir a un menor de edad en la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que los hechos ocurrieron luego de que Víctor Israel, de 32 años de edad, sostuvo una discusión con Jonathan “N”, de 16, debido a la aglomeración de personas dentro de un vagón del convoy del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
En un comunicado, la dependencia capitalina precisó que en ese momento fue cuando presuntamente Víctor Israel sacó de su bolsillo el gas pimienta y lo roció en la cara del joven.
Por ello, uno de los usuarios accionó la palanca de emergencia y acudieron uniformados de la PBI, asignados a la vigilancia y seguridad de las instalaciones del Metro, quienes detuvieron a Víctor Isrrael y le decomisaron el tubo de aerosol.
A petición del menor, el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Juez Cívico de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7.
La SSPDF refirió que el menor y algunas personas que se encontraban en el lugar presentaron molestias respiratorias por el químico, sin embargo ninguna de ellas requirió ser atendida o trasladada a algún hospital.
PUEBLA, Pue.- El gobierno de Puebla gastó 33 millones 147 mil pesos en la contratación de artistas como Miguel Bosé, Yuri y Eugenia León, entre otros, para las fiestas patrias de este año, que se realizaron del 12 al 16 de septiembre.
En respuesta a una solicitud de información que presentó el portal de noticias e-Consulta, la Secretaría de Educación sólo proporcionó la cifra general que se supone incluye el gasto en contratación de artistas, servicios de instalación, audio y video, logística, contratación de artistas, iluminación y pirotecnia.
La cartelera de este año para las Fiestas del Grito de Independencia incluyó al cantante español Miguel Bosé, Yuri, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Lila Downs, Bobby Pulido, Belanova, Edith Márquez, Adrián Uribe y la Sonora Dinamita.
En los tres años de la administración morenovallista, suman 79.8 millones de pesos los destinados para las festividades de la Independencia.
El presupuesto gastado este año en el festejo patrio supera el presupuesto anual que tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, la Universidad del Desarrollo, institutos o universidades tecnológicas, la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Poblano de la Mujer, detalla e-Consulta.
En 2012, el gobierno de Moreno Valle gastó 12.2 millones para presentar a Paulina Rubio, Pablo Montero y Fernando de la Mora, entre otros.
En 2013 para la noche del grito el gobierno estatal gastó 34 millones de pesos en la contratación de Pepe Aguilar, Pandora, Emmanuel y Mijares; Sasha, Benny y Erik Rubín; Aleks Syntek; Fey; Panda; Natalia Lafourcade; Kinky; y el Ballet Folclórico de Amalia Hernández.
Los tres años las presentaciones de estos artistas se han realizado en lugares con acceso gratuito al público.
Querétaro, Qro. México ofrece la oportunidad de internacionalización para las compañías vascas, en particular a partir de oportunidades que se generan con la apertura del sector energético, afirmó este martes Íñigo Urkullu Rentería, lehendakari (presidente) del gobierno del País Vasco, una comunidad autónoma del Estado español.
Una cuarta parte del producto interno bruto de Euskadi, el País Vasco, está basado en la actividad industrial, en donde hay sectores pujantes, entre los que se cuenta el de la energía, una actividad que ha despertado mayor interés de las empresas vascas por participar en México, dijo Urkullu Rentería.
México, destacó, ha recibido de 2000 a la fecha inversiones de empresarios vascos por siete mil millones de dólares, lo que ha convertido al país en el segundo socio comercial de esa comunidad autonómica, después de Estados Unidos, añadió.
La relación que establezcan las empresas vascas con México marcará la referencia de lo que pueda ser un proceso de internacionalización del País Vasco y de la economía de esa comunidad autonómica, añadió Urkullu Rentería, durante un encuentro con un grupo de reporteros en el marco del foro “México cumbre de negocios”.
“Nosotros tenemos el objetivo de estar en los primeros diez lugares del mundo en energías renovables, pues tenemos la capacidad de desarrollo tecnológico” en este sector, en donde en México ya participan compañías como Iberdrola, que tiene su sede en el País Vasco.
Hay otras empresas vascas dedicadas a las energías alternativas y es ese un campo “que queremos explorar, tanto en la energía eólica como en la llamada off shore o marítima.
México es un país que ofrece al País Vasco una oportunidad la internacionalización de su economía basada en la internacionalización de sus empresas y con las reformas energéticas ofrece muchas oportunidades, añadió.
En México realizan actividades 130 empresas que tienen su sede corporativa en el País Vasco. El Lehendakari Urkullu Rentería inauguró aquí, en Querétaro, de un centro de la Universidad de Mondragón, un proyecto piloto -explicó- en la Comunidad Autonómica Vasca donde una institución de educación superior se multilocaliza. Ya existe una extensión de esa universidad en Colombia y otra en Arabia Saudí y, la tercera, en México.
“México ofrece interés para lo que es el intercambio, hay oportunidad de globalización de una visión, de una misión y de unos valores que determinan dos proyectos”, dijo.
El presidente vasco participa aquí en la cumbre empresarial y, como parte de su visita, sostendrá encuentros con los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y de Economía, Ildefonso Guajardo.
Las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y la Comisión Federal de Electricidad, firmaron sendos convenios de colaboración para dotar de cableado subterráneo e internet gratuito a los 83 Pueblos Mágicos y de cableado subterráneo a 44 destinos turísticos prioritarios.
Durante un acto en el Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México y en el marco del arranque del Programa Pueblos Mágicos Mejor Conectados y Más Competitivos, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, destacó que se tiene el propósito de fortalecer la competitividad del sector y aprovechar el potencial turístico.
Acompañada del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila; del subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez y del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, Ruiz Massieu agregó que, además, se tiene el propósito de generar una mayor derrama económica que se traduzca en beneficio para todas las comunidades y destinos turísticos.
Recordó que hace un mes, en el marco del Día Mundial del Turismo, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a SECTUR, SCT y a la CFE a trabajar de manera coordinada para fortalecer la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios.
La titular de la SECTUR detalló que actualmente existen 83 Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas, los cuales concentran 5 millones de personas e impactan directamente a dos millones. En 2013, mencionó, estas localidades recibieron a más de 4 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica superior a los 6 mil millones de pesos.
En tanto, agregó, su oferta hotelera asciende a 868 hoteles con más de 20 mil habitaciones, el gasto diario promedio en los Pueblos Mágicos es de 768 pesos con impacto económico directo en 2 millones de personas.
A su vez, y con la representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que facilitar el acceso a la banda ancha y al internet de alta velocidad a los Pueblos Mágicos significa entrar de lleno a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a fin de incrementar y mejorar la calidad de vida de las familias.
Con la firma de estos convenios, dijo, se da un paso más en el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Acompañado por la Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe Bernal, aseveró que las telecomunicaciones son factor esencial para el crecimiento de la economía, el bienestar social y el ejercicio de las libertades democráticas e instrumentos esenciales para materializar los derechos de libre expresión y de acceso a la información.
En este contexto, el subsecretario Peralta Sánchez recordó que la Reforma Constitucional en la materia prevé una sólida red troncal de fibra óptica que al duplicarla a 70 mil kilómetros en los próximos años acercará los servicios al 98 por ciento de la población del país.
Por su parte, el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, indicó que con el convenio firmado se establecerán redes subterráneas en 44 destinos turísticos y 83 Pueblos Mágicos de todo el país. Esto permitirá tener una red eléctrica más segura, ordenada y confiable, que se traducirá en un servicio eléctrico de mejor calidad para los usuarios.
En el Estado de México, precisó, los proyectos se desarrollarán en los Pueblos Mágicos: El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán y Valle de Bravo.
Destacó que gracias a estas acciones, la CFE cumple 2 claros objetivos: elevar la calidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios y contribuir al desarrollo económico, social y cultural de México.
En su oportunidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, reconoció el apoyo del Gobierno de la Republica para posicionar al Edomex como uno de los destinos más atractivos del país.
Añadió que el turismo debe ir de la mano con las tecnologías del Siglo XXI y que éstas beneficien a las comunidades que viven de esta actividad.
A este acto, asistió el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Héctor Gómez Barraza; la secretaria de Turismo del Estado de México, Rosalinda Elizabeth Benítez González; la presidenta municipal de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, así como la diputada Federal, Laura Barrera Fortoul y el diputado Local, David López Cárdenas.
-Así van las resistencias al gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos
En los últimos meses ha sido amplia la serie de agresiones gubernamentales y de la CFE a la población en los tres estados que son amenazados con el despojo de tierras aplicando el derecho de vía o el paso de servidumbre despejado que les abre como posibilidad las reformas a las leyes secundarias. A ello se suma el arrebatar o contaminar el agua en esas regiones y aparejado al despojo, la represión a quienes defiendan sus territorios, incluyendo a los defensores y ambientalistas que se solidarizan con ellos. Esto ha hecho creer a algunos medios y hasta a sectores desinformados de las comunidades amenazadas, el que las obras del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que pretende atravesar tierras de Tlaxcala, Puebla y Morelos, se han restablecido sin oposición, particularmente por los avances que presentan en sitios de Morelos y de Puebla.
En la zona cercana a Santa Isabel Cholula, con la participación de empresa Bonatti SPA, la misma cuyo personal acusó a los ahora presos; así como la empresa Arendal en comunidades como Tecuanipan, Cuexcómac y Papaxtla en la falda poblana del Popocatépetl las obras han intentado avanzar en su procedimiento de roturar y hacer zanjas, ocupar entre 30 a 40 metros de terreno y colocar en el centro tuberías e irlas soldando y empiezan ataparlas en algunos terrenos donde con engaños o amenazas han impuesto su fuerza. Otras empresas más intervienen en Tlaxcala y Morelos.
De modo parecido se ven procesos de obra por tramos en zonas del Estado de Morelos y Tlaxcala.
No obstante, esa situación no es generalizada. Las mismas comunidades señaladas y otras están ávidas de información y cómo el gobierno estatal y municipal respectivo la niegan, las comunidades han tenido que exigir de cara a los empleados de las empresas que ha contratado la CFE para ejecutar su proyecto. No se han dado consultas efectivas ni a los afectados posesionarios de esos terrenos, ni mucho menos a las comunidades que también resultarían dañadas por el avance de ese megaproyecto de “muerte”, como lo llaman los pobladores. Poco a poco surgen comités de defensa comunitaria del territorio, se realizan asambleas informativas y crece la rabia en las asambleas y manifestaciones o en los recorridos de vigilancia y, a la vez, los trabajos de asesoría legal por los sucesos
Organizaciones civiles hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que califiquen como constitucional las solicitudes de consulta popular sobre la reforma energética, como un reconocimiento a “un derecho ciudadano fundamentado en los convenios y tratados internacionales” firmados por México.
Este martes la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) entregó una carta a los 11 ministros de la SCJN en la que refieren que las dos solicitudes de consulta presentadas los partidos Morena y PRD consideran pertinente someter a consideración de los ciudadanos la “posibilidad que se otorguen contratos o concesiones a particulares para la explotación del petróleo, de otros hidrocarburos, del gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, y consecuentemente a la aceptación o no por parte de la ciudadanía de las reformas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28”.
Para las 74 organizaciones civiles agrupadas en la Red TDT las peticiones de consulta energética atienden un tema de “trascendencia nacional, debido a que esta reforma atenta contra la soberanía nacional en tanto que la explotación de los recursos naturales hecha por particulares puede ponerla en riesgo, así como los intereses territoriales de los pueblos indígenas”.
En la misiva, recuerdan a los ministros que tanto el PRD como Morena cumplieron con los requisitos establecidos en el 35 constitucional y en la Ley Federal de Consulta Popular, con más de dos millones de firmas que representan 2% de los inscritos en la lista nominal, acción que ya fue validada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las ONG destacan que “no hay razón para que la materia incluida en ambas solicitudes pudiera ser considerada inconstitucional para efectos de la consulta popular”, debido a que en ningún caso los planteamientos tienen que ver con las excepciones señaladas en el 35 constitucional ni con “las facultades de los órganos del Estado para la obtención de los ingresos y para la decisión de la aplicación del gasto pública, ni con la manera de realizar una y otra de estas facultades”.
Por ello, demandaron continuar con el procedimiento para que en la próxima jornada electoral se lleve a cabo la consulta popular sobre la reforma energética solicitada por millones de ciudadanos.
En seis cuartillas, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez solicitó a los ministros de la SCJN “realizar las modificaciones conducentes a las preguntas incluidas en las dos solicitudes, integrándolas en una sola que derive directamente y que sea congruente con la materia de la consulta, que sea comprensible y que permita una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”.
Para los firmantes una resolución de la constitucionalidad de la consulta popular por parte de la SCJN “ofrecería a la ciudadanía una razón para la credibilidad en la vida legal e institucional de la nación, que mucha falta hace en los tiempos difíciles por los que se atraviesa”.
De negarse el derecho ciudadano a la consulta, apuntan, se “violentaría a tal grado la viabilidad del ejercicio de este derecho que por primera vez se está reclamando en la historia constitucional, legal, política y social de México, que condenaría al derecho mismo a ser percibido como inaccesible e impracticable”.
También advirtieron a los ministros que en apego a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte, se considera un “derecho humano-político el que tienen los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, lo que sin duda se relaciona con el derecho a la consulta popular normado en la Constitución mexicana y en la Ley Federal de Consulta Popular”,
A esa convención internacional los firmantes agregaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana, a los que México se ha adherido, así como jurisprudencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), lo que da sustento a su posición de que “los derechos políticos y sociales de los ciudadanos son considerados como derechos humanos”.
Por ello, resaltaron, la SCJN “tiene la responsabilidad jurídica, ética, e incluso histórica, de darle validez práctica a un derecho que está claramente normado en la Constitución y en la ley reglamentaria correspondiente, y está concatenado con el orden jurídico internacional del que México forma parte”.
Entre las organizaciones sociales que suscriben la misiva destacan la Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, entre otros.
Los videoreporteros que fueron agredidos en el municipio de Cocula, Guerrero, la víspera por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) vestidos de civil que viajaban en vehículos sin placas, aseguran que sí se identificaron desde un principio por lo que desmintieron el comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un video subido al perfil la Agencia de Noticias e Información de la Ciudad de México (ANICM), precisan y muestran imágenes que evidencian que desde que llegaron hacia el centro del municipio se identificaron con los agentes, los cuales en varias ocasiones les apuntaron con sus armas y les pedían no grabar.
El comunicado oficial, emitido la noche del lunes, detallaba que cuando los elementos se percataron de que eran seguidos por un auto que no presentaba ningún logotipo que permitiera su identificación descendieron con la intención de impedir que se pusiera en riesgo la operación de traslado de un detenidos presunto responsable en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre en el municipio de Iguala a manos de agentes municipales.
La autoridad precisó que los agentes que agredieron al grupo de periodistas de Televisa, Azteca, Uno TV y Agencia de Noticias e Información de la Ciudad de México (ANICM), no eran ministeriales sino elementos de las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal (PF) en Guerrero que realizaban un operativo que permitió una nueva captura.
En el clip de 3 minutos 06 segundos, publicado en su canal de YouTube, se aprecia que los sujetos armados, quienes se trasladaban en dos camionetas una Express blanca tipo mercantil sin ventanas y una Suburban negra y un automóvil Pontiac gris particular, pero ninguno de ellos con placas, pidieron a los periodistas dejar de grabar desde el momento en que hacían un arresto y trasladaban a esa persona al municipio de Iguala.
Aproximadamente a las 14:00 horas del lunes 27 de octubre, en el Zócalo de Cocula, fue cuando los elementos federales “al ver que los grabábamos y al ver nuestras cámaras y mostrar nuestras identificaciones de periodistas nos pidieron que nos retiráramos del lugar”, señala el narrador en el video.
El video documenta lo narrado la víspera por el periodista Jonathan Ruiz sobre que los agentes incluso amedrentaron a un conductor que circulaba en una camioneta particular a quien obligaron a atravesarla en la vialidad para evitar el avance de los periodistas. “Le quitaron las llaves y las aventaron a un lote baldío”, precisan.
Chilpancingo. Tres secretarios del gobierno de Guerrero renunciaron a sus cargos a dos días de que el Congreso local nombrara a Rogelio Ortega como mandatario interino.
El primero en dimitir fue Alberto López Rosas, quien la mañana del lunes dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Agradeció la oportunidad que le otorgó el gobernador con licencia, Ángel Aguirre, y le deseó suerte a Rogelio Ortega.
En tanto, Beatriz Mojica Morga renunció a la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, quien anunció el domingo 26 de octubre que contendería por la gubernatura en 2015.
El tercer funcionario que dejó su cargo fue Juan Larequi Radilla, quien se desempeñaba como director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Secretaría General de Gobierno.
Un grupo de ciudadanos, expertos en diferentes áreas, propondrá al gobierno federal extender el trazo del Tren Interurbano México-Toluca hasta el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el antiguo Lago de Texcoco, por una ruta subterránea por Viaducto Miguel Alemán y desentubar el Río de la Piedad, que corre a lo largo de esa vía, para hacerlo un corredor peatonal, turístico y comercial.
Para Elías Cattan, arquitecto ambientalista, la planeación de esos dos nuevos megaproyectos urbanos que impactarán directamente en la calidad de vida del Valle de México, es la oportunidad para revivir un viejo proyecto propuesto por él y su equipo de colaboradores para desentubar el Río de la Piedad, así como de regenerar la vocación lacustre e hídrica de la capital.
Cattan y un grupo de arquitectos y ambientalistas presentaron un nuevo colectivo denominado Región 52, el cual abrirá una plataforma digital de participación ciudadana para recabar opiniones, proyectos e ideas de los ciudadanos y grupos interesados en aprovechar la coyuntura de la construcción del tren y el aeropuerto.
Los miembros de Región 52 aclararon que no buscan confrontarse con la autoridad, sino participar de manera activa y propositiva en el rediseño de la ciudad, a partir de la construcción de estos megaproyectos.
El proyecto de recuperación del Río de la Piedad es sólo uno de los que se sumarán a la lista de ideas que será presentada a las autoridades federales en cuanto éstas permitan un acercamiento del grupo. "Que sea cuando ellos quieran, nosotros estamos listos para platicar mañana mismo", afirmó Elías Cattan.
Además del tren subterráneo, también se plantea la posibilidad de que, si de verdad es necesaria su construcción, la autopista urbana de cuota que se planea construir sobre las vías férreas, entre de manera subterránea y llegue al aeropuerto.
" Lo que convendría sería simplemente enterrar el tren, conectar el tren desde Toluca hasta el aeropuerto, pero si es necesario la autopista urbana, también cabe ... tenemos que aprovechar todo lo que se está invirtiendo para la ciudad para poder generar una mejor ciudad, hay alternativas, si lo que quieren es una autopista urbana que conecte con el aeropuerto, entubémosla y que se pague la cuota, va subterránea y encima le regeneramos", dijo Cattan.
Región 52 fue presentado por Elías Cattan, Roberto Remes, experto en movilidad; Arnold Ricalde, experto en gestión de residuos sólidos, y Gustavo Madrid, arquitecto y urbanista, así como de un grupo de comunicadores y personajes de otros ámbitos, interesados en crear una sinergia para presentar un plan sólido de regeneración urbana.
La plataforma creada permitirá que en las próximas semanas, cualquier ciudadano interesado se sume al equipo y presente sus ideas para conformar una general, que estará en crecimiento constante.
El equipo de expertos consideró que al plan del gobierno federal le faltan ángulos por resolver, incluido el de la movilidad, y el de la gestión sustentable del agua de la ciudad, pues la terminal aérea estará construida en el punto más bajo de lo que fue el Lago de Texcoco.
"Creemos que es un proyecto viable, pero le faltan muchas aristas y que si es el proyecto más grande del gobierno federal, tiene que considerar la parte de movilidad, la parte hidráulica y es una buena oportunidad para que integremos todas las visiones ciudadanas, alcancemos un diálogo entre el gobierno y la ciudadanía y alcancemos un trabajo más integral", dijo Arnold Ricalde.
La propuesta de trazar una ruta subterránea de la ampliación del Tren México Toluca, el cual proponen se construya sobre la avenida Constituyentes y no sobre Vasco de Quiroga, daría conectividad con transporte masivo de pasajeros al nuevo aeropuerto y no sólo con vías construidas para automóviles, pues hasta el momento no existen proyectos de transporte público hacia la terminal, por lo que es una preocupación la manera en que los pasajeros de avión llegarán a la zona.
La diputada local Laura Ballesteros ha advertido que el proyecto del NAICM no ha contemplado soluciones de movilidad con base en la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal, por lo que se requieren nuevos proyectos.
Hay también una propuesta, plasmada en el Plan Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de construir una línea de Metro hacia la zona.
Explicaron que las estadísticas indican que sólo el tres por ciento de los automovilistas en la ciudad pagan por usar las autopistas de cuota, por lo que no sería justo construir sólo infraestructura para los autos que pagan, sino que es necesario pensar en todos los ciudadanos.
Estudiantes de la UNAM, UAM, UACM y del IPN se manifestaron esta mañana de forma pacífica en la sede nacional del PRI.
Al dar lectura a un pronunciamiento y a una carta que le entregaron al presidente nacional de ese instituto político, César Camacho; los alumnos señalaron que el régimen y su partido han convertido una buena parte del territorio nacional en una fosa común.
Pedro Luis Cevallos, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, manifestó que la comunidad estudiantil exige la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto, ello con el fin de garantizar que la investigación que se realiza en torno a los estudiantes normalistas, esté apegada a derecho.
"Que Ángel Aguirre, ex gobernador del estado de Guerrero, ha solicitado licencia por su inexorable responsabilidad en los referidos hechos en el municipio de Iguala; fuese por comisión o por la evasión de su esfera de competencia, Enrique Peña Nieto en su carácter de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y por sus flagrantes vínculos con el ex edil José Luis Abarca, debe dimitir a efecto de garantizar un proceso que en apego a derecho, privilegie los principios de objetividad e imparcialidad".
Por su parte, Gerardo González, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas, sostuvo que las declaraciones vertidas por Camacho Quiroz en contra de Andrés Manuel López Obrador, son una muestra de que el PRI busca medrar políticamente con los hechos de Iguala.
"Que las declaraciones emanadas tanto de la dirección de dicho instituto político como por parte de su presidente César Camacho, representan una afrenta política, muestra inequívoca de la insensibilidad e incomprensión de la naturaleza y gravedad de los hechos, pretendiendo verificar del luto nacional, dividendos políticos con miras al proceso electoral del 2015".
Finalmente, los estudiantes manifestaron que el clima de violencia que se registra en el país, es producto de la arcaica corrupción que caracteriza a los gobiernos emanados del Revolucionario Institucional, por lo que llamaron a ese instituto político a no eximir su responsabilidad por la desaparición de los estudiantes normalistas.
Taxistas del Distrito Federal exigieron al gobierno capitalino y a la Secretaría de Movilidad que realicen operativos contra otros servicios de taxi y acaben con las aplicaciones de dispositivos móviles que los fomentan.
Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Taxistas Regulares, que agrupa a 10 mil personas, señaló que a través de las aplicaciones se presta servicio de transporte “ilegal, con unidades que no cuentan con concesión ni tampoco con la cromática oficial”.
Frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, Rodríguez dijo que las empresas que operan con aplicaciones no cumplen las condiciones jurídicas y fiscales en la ciudad y trabajan sin restricción alguna.
“A los taxistas regulares nos hacen operativos todos los días, nos meten al corralón y además nos ponen las multas más altas”, señaló Ignacio Rodríguez.
Aunque no existe un censo oficial, hay estimaciones de que en la ciudad ya hay más de 20 mil taxis que operan, principalmente, con aplicaciones como UBER y Cabify, indicó el líder de los choferes.
Rodríguez informó que exigen que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) y a la Semovi que se actúe contra ellos y no solo contra los que estamos regulares y pagamos impuestos”.
El representante de la asociación dijo que esta semana definirán su plan de acción, el cual contempla marchas y bloqueos en caso de que las autoridades los ignoren.
“Sabes que están apadrinados, lo estamos viendo, porque no es posible que haya 20 mil taxis operando con app y ninguno haya sido remitido al corralón. Muchos de ellos están ligados al PRD y operan como si nada ocurriera”, indicó Rodríguez.
“Supuestamente prestan un servicio seguro, pero ellos no están registrados en el padrón de la Secretaría de Movilidad y nosotros sí”.
Daniel Medina, dirigente de taxistas regulares Génesis, manifestó que las aplicaciones “generan un pirataje abierto y publicitado, lo que impulsa una competencia desleal”.
Además, añadió que es cubierto por las autoridades, debido a que hay vacíos legales en la Ley de Movilidad sobre ese tema.
“Son autos particulares, entonces a ellos no los paran los del Invea”, comentó Medina.
Los taxis regulares pagan anualmente diversos impuestos como tenencia, revista y verificaciones, dos veces por año. Además deben tener taxímetro, y realizar su verificación.
Mientras, los autos particulares solo pagan tenencia y verificación y no realizan la inspección físico-mecánica de las unidades.
MILENIO dio a conocer en agosto de 2013 el auge de las aplicaciones para solicitar un supuesto “taxi seguro y confiable”.
Para pedir una unidad solo se abre la aplicación, comparten su ubicación y en unos minutos llega la unidad, de la cual inclusive mandan la fotografía del chofer, placas, color y modelo de la unidad.
Inclusive dan la opción de cargar el costo del pasaje a una tarjeta de crédito previamente registrada en el celular.
Además, ofrece la opción de seguir el recorrido de la unidad cuando se aproxima a tu localización.
Entre las aplicaciones más populares están Uber, Clicab, Yaxi, Taxislibres, Taxiaviso y Easytaxi, entre otras, las cuales son gratuitas.
A los usuarios no les cobran las comisiones, pero los prestadores del servicio tienen que pagarla, y van de 5 a 10 pesos dependiendo la aplicación.
En la página de Easy Taxi comparten testimonios de usuarios, como el de Lizeth Jiménez: “No solo llega el taxi rápido, sino que también te envían todos los datos del conductor y una foto para que lo reconozcas”.
Una cadena de deficiencias en el sistema de salud mexicano impide a gran parte de las 300 mil personas que fallecen cada año por enfermedades crónicas –como cáncer, VIH, diabetes o cardiopatías– el tener acceso a cuidados paliativos que alivien dolores físicos y psicológicos al final de su vida.
Debido a que “muchos miles de personas no tienen acceso a ningún tipo de cuidados paliativos ya que el servicio aún no está disponible en la mayor parte del país”, estos pacientes agonizan de manera insoportable e indigna durante la fase terminal de su enfermedad, dio a conocer hoy la organización Human Rights Watch (HRW) en su reporte “Cuidar Cuando No Es Posible Curar”.
La instauración de cuidados paliativos no sólo alivia el dolor en el paciente, sino también reduce los costos del sistema de salud, ya que previene un gran número de hospitalizaciones de emergencia de pacientes, asegura el informe.
Una enmienda a la Ley Federal de Salud aprobada en 2009, obliga a las instancias de salud a ofrecer servicios de cuidados paliativos a las personas con un pronóstico vital de menos de seis meses.
Las modificaciones consagran el derecho de los pacientes a recibir servicios de salud integrales así como atención paliativa en su hogar –que incluye la administración de medicinas para calmar el dolor– y apoyo espiritual para abordar la muerte en condiciones dignas.
Sin embargo, HRW deplora que “la integración real de los cuidados paliativos en la estructura del sistema de salud en todos los niveles de atención aún no ha tenido lugar”, ya que la ley resulta poco clara y la Secretaría de Salud aún no adopta sus normas de aplicación.
Las enfermedades crónicas conllevan varios tipos de sufrimientos, desde los patológicos –como el agudo dolor que provoca la ingestión de comida en el caso de un cáncer del páncreas o del colon–; hasta el padecimiento que provocan los efectos secundarios de los tratamientos, pasando por la angustia y la depresión que genera el miedo a la muerte.
Viajes insoportables
El mayor problema por la falta cuidados paliativos en México reside en el muy escaso número de hospitales que cuentan con una unidad especializada y en el hecho que casi todos se encuentran en las capitales o en las zonas metropolitanas, subraya el informe de HRW.
Peor aún, siete estados todavía no cuentan con un hospital que preste servicios de cuidados paliativos, mientras que 17 más disponen de dichos servicios únicamente en sus capitales.
Según la organización internacional, sólo cinco entidades –Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz– cuentan con este tipo de servicios o bien, clínicas del dolor en más de una ciudad.
La falta de acceso a los cuidados en comunidades cercanas al hogar obliga a las personas gravemente enfermas y lejanas de las mayores urbes a desplazarse largas distancias para acudir a los centros de salud especializados. En varias ocasiones el viaje les exige un esfuerzo inhumano y en condiciones de extrema debilidad.
Según una investigación que realizó HRW en el Instituto Nacional de Cancerología (InCan) de la Ciudad de México, 30% de los pacientes recibidos acudió al servicio una sola vez.
A pesar de que las autoridades les dieron a todos una cita de seguimiento, “una proporción significativa no pudo regresar porque estaban demasiado enfermos para viajar o carecían de los recursos financieros para hacerlo”.
La investigación arrojó que sólo seis hospitales en México disponen de equipos de cuidados paliativos enfocados a los menores, a pesar de que estos “son muy importantes para los niños con enfermedades terminales”, debido a su mayor sensibilidad a los traumas y al sufrimiento que provocan.
La organización tomó el ejemplo del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ahí constató que “no cuenta con una unidad de cuidados paliativos, nadie del personal tiene formación en este tipo de atención y ningún médico tiene licencia para prescribir (morfina) para el dolor crónico”.
Trabas a la morfina
HRW se alarmó ante el “círculo vicioso” que existe en el sistema de salud mexicano que impide el suministro eficiente de morfina, el principal analgésico que permite a los pacientes aguantar el dolor que provocan las enfermedades y sus respectivos tratamientos.
“Esta medicina es la mejor: Buena, bonita, barata y no caduca”, aseveró durante la presentación del informe Alejandro Mohar Betancour, exdirector del InCan y actual miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Recordó que una plaqueta de morfina sólo cuesta tres pesos, contra más de 30 pesos para un opioide menos eficaz aunque menos restringido.
El especialista precisó que cada año se venden 500 toneladas de morfina en el mundo y que existen más de 300 toneladas de reservas del potente analgésico.
Sin embargo, las estrictas regulaciones que impone el gobierno mexicano respecto a la distribución de este medicamento desincentivan a los propios médicos para prescribirla a sus pacientes. Antes de tener la habilidad de recetar morfina, los doctores deben registrarse ante las instancias de salud estatales o en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y esperar varios días de recibir la licencia.
Y no es la única traba. Si bien el trámite debería ser gratuito, varios estados cobran una tasa de solicitud –que va de 63 pesos en Tamaulipas a más de mil 200 pesos en Guerrero–, lamenta HRW.
Además, un médico solo puede prescribir morfina mediante una etiqueta especial en la cual aparece un código de barras. De nuevo, el especialista debe acudir en persona ante la Secretaría de Salud estatal para solicitar un paquete de etiquetas –limitado a un máximo de 50 por galeno–, que recogerá un tiempo después y, en algunos estados, a cambio de un pago.
Y en lo que pareciera el colmo, en el Distrito Federal –cuenta HRW–, la única máquina que imprimía las etiquetas con código de barra se rompió en 2012, por lo que durante cinco meses los médicos no pudieron obtenerlas y, en consecuencia, no recetaron morfina.
Las farmacias también necesitan tener licencia para vender este medicamento que consiguen tras un largo papeleo y un mayor número de controles de las autoridades sanitarias.
De acuerdo con el reporte de HRW, varios dueños de farmacias argumentaron que no solicitaban la licencia pues no existe demanda. “Teniendo en cuenta el pequeño número de médicos que recetan estos medicamentos, especialmente fuera de las grandes ciudades, esto no es sorprendente”, analiza la organización. Añade que los médicos también restringen sus recetas de morfina ya que saben que muy pocas farmacias suministran el analgésico.
Además, algunas farmacias se niegan en surtirlo en el caso de que aparezca cualquier error en la receta –como una escritura poco clara o un error en el deletreo del nombre del paciente–, por temor a las sanciones. Lo anterior obliga el enfermo a volver a su médico para que le otorgue una nueva prescripción.
Las normas actuales prohíben a los médicos llevar morfina consigo durante las visitas a domicilio, señala HRW. De hecho, sólo pueden recetar la medicina a los familiares.
Formación insuficiente
Según el estudio de HRW, en México existe un grave problema en la formación de los estudiantes en medicina hacia los cuidados paliativos.
“Hasta la fecha, los cuidados paliativos aún no han sido integrados en los planes y programas de formación continua para los trabajadores sanitarios”, apunta.
Agrega que sólo seis facultades de medicina –de las 102 que existen en México–, cuatro de enfermería, tres de psicología y dos de trabajo social los incluyen en sus planes de estudio.
Además, en el Seguro Popular hasta este año el catálogo de servicios de salud no incluía los cuidados paliativos, razón por la que los hospitales debían cobrar su aplicación a los pacientes.
El panorama no es positivo: Tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cinco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen áreas dedicadas a este servicio.
Más: Sólo 18 de los 33 centros de cáncer que integran el InCan cuentan con unidades de cuidados paliativos y en los organigramas de los hospitales de México no aparecen los servicios de cuidados paliativos ni las clínicas del dolor.
Según el informe de HRW, “alrededor de 80% de los pacientes con cáncer y SIDA y un 67% de los afectados por enfermedades cardiovasculares o neuropatía obstructiva crónica sufrirán dolores entre moderados y fuertes al final de la vida”.
Diederik Lohman, director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de HRW, precisó que la población de México está envejeciendo debido a que la esperanza de vida se alarga. Por lo tanto, las enfermedades crónicas tomarán una importancia cada vez mayor en la mortalidad de los mexicanos en el futuro.
Afirmó que, “a pesar de las críticas duras” el gobierno mexicano se mostró “abierto” y se comprometió a poner en marcha pronto las medidas necesarias para agilizar el sistema mexicano de salud y permitir la mejor implementación de los cuidados paliativos.
BOGOTÁ.- Un grupo de poetas, intelectuales y organizaciones de víctimas de la violencia de varios países de América Latina expresaron su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre y calificaron el hecho como un “crimen de Estado”.
“México nos duele”, señalaron los firmantes en un comunicado fechado en esta ciudad y divulgado en el marco del Quinto Festival de Literatura de Bogotá, que se prolongará hasta el próximo 8 de noviembre con la participación de poetas y escritores de varias naciones.
Entre los participantes del escrito están los poetas chilenos Soledad Fariña y Raúl Zurita, el intelectual y activista humanitario sudafricano Yazier Henry, el pintor colombiano Juan Manuel Echavarría y organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Fundación Fahrenheit 451, Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad y Nuestra Aparente Rendición.
En el texto, que será entregado a la embajada de México en esta capital, los firmantes aseguraron que ese país “está librando una guerra contra su propia población y la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero; es el último ejemplo de un crimen de Estado que debe ser castigado”.
“Desde Colombia, nos unimos a la exigencia mundial para que estos 43 jóvenes sean presentados con vida y se haga justicia en el caso de sus compañeros y los civiles asesinados el 26 de septiembre pasado”, agregaron.
En México, continuaron, no sólo faltan 43 normalistas sino que “decenas de miles de familias esperan que sus seres queridos regresen a casa y luchan, día con día, para que esto sea posible”. Por ello, exigieron al gobierno de México “que tome como prioridad la búsqueda con vida de los desaparecidos, castigue a los responsables y tome medidas para que estos delitos no se repitan”.
“Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con todos los familiares y amigos de desaparecidos y desaparecidas. Su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha. Sus desaparecidos también nos hacen falta”, añadieron.
El portavoz de Asfaddes, César Augusto Muñoz, dijo a Apro que los firmantes del documento “queremos ir más allá de lo que pasó en Guerrero y plantear que la desaparición de esos muchachos es apenas la punta del iceberg de la violencia que golpea a México y que el asunto es más estructural”.
Es además “un mensaje claro de solidaridad que vamos a traducir en acciones concretas, como asesorar al movimiento mexicano de familiares de víctimas de la violencia porque están muy atomizados y queremos ayudarlos a organizarse”.
“Fue el Estado”, se leía en la gran manta que diputados de PT, PRD y MC colocaron sobre el frente de la máxima tribuna del Poder Legislativo, en alusión a la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, la masacre en Tlatlaya de 22 civiles, la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; el asesinato de un estudiante mexiquense en Atenco; la masacre en Acteal, Chiapas; Agua Blancas, Guerrero; Tlatelolco…
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados arrancó con la revelación de que estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, demandaron su inclusión en la comisión especial de legisladores que indaga el caso.
Roberto López Suárez, del PRD, desde su curul anunció que el lunes 27 recibió a estudiantes, “y nos pidieron que a través de este grupo de diputados solicitáramos al pleno de esta Cámara y de la comisión especial que pudieran ellos incorporarse y coadyuvar a los trabajos de investigación”.
Luego solicitó al presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya, convocar a los dirigentes de la Normal, pues “están en plena disposición de aportar elementos para la investigación… nos solicitaron que fuera urgente porque la comisión que se creó en Guerrero no ha llevado a cabo su cometido, y están seguros de que esta Cámara de Diputados puede darle seguimiento, pero creen fundamental que la participación de ellos en la comisión pudiera ser necesaria”.
Además, pidieron estar en cada una de las reuniones de la comisión, por ser ellos los directamente afectados.
Anaya, quien anticipó que la comisión dará un “preinforme”, respondió que “han tratado de tener un encuentro con las víctimas indirectas, con los alumnos de la escuela, y vamos a tratar de tener ese diálogo lo antes posible”.
De ser cierto ello, los diputados tendrán que recibir a los normalistas esta misma semana, pues este miércoles 29 acudirá a Los Pinos otra comisión de estudiantes y padres de familia, quienes se entrevistarán con el presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, los legisladores de MC respaldaron la inclusión de los normalistas en la comisión especial.
Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de ese partido, pidió también, mediante oficio, sostener un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, debido a que el Batallón 27 del Ejército y que está asentado en Iguala, Guerrero, a unos metros de donde fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas, no quiso brindar ayuda a los estudiantes ese viernes 26 de septiembre.
Mejía Berdeja sostuvo que si “ya cayó” el gobernador Ángel Aguirre, que se vaya a fondo en el fincamiento de responsabilidades.
Además de la gran manta que aludía “al Estado” como responsable de desapariciones y matanzas, los legisladores de PT, MC y PRD fueron colocando sobre el frente de la amplia longitud de la Mesa Directiva la fotografía de los 43 normalistas desaparecidos.
Los diputados de la oposición aprovecharon la inclusión de reservas y la discusión de la nueva Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para hablar del tema y acusar de manera reiterada que en el caso de Ayotzinapa se trató de una “desaparición forzada”, siendo el Estado el responsable; sin embargo, los señalamientos enardecieron a los diputados del PRI.
Luego de demandar el retiro de las fotografías y la manta que incriminan al Estado que encabeza Peña Nieto, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza solicitó aplicar “nuestro reglamento, en especial el artículo octavo, que establece de manera muy clara que aquel material que haya sido utilizado para soporte de cualesquier supuesta argumentación debe ser retirado, más aún que este material obstaculiza el propio escudo nacional”.
Debe retirarse ese material, exigió, pues “se tienen que proteger los símbolos patrios”.
No obstante, aprovechó para relacionar, como desde el domingo lo ha venido haciendo el PRI y sus líderes visibles, la presunta relación de Andrés Manuel López Obrador con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Si quieren debatir si Abarca es o no recomendado de López Obrador, con gusto lo hacemos. ¡Presidente!, hay que ordenar que se retire el material”, expuso.
Le respondió Lilia Aguilar, del PT: “El diputado Gutiérrez de la Garza solicitó retirar los materiales, nosotros no tenemos confusión, este es precisamente el resultado de las políticas públicas de pobreza en este país, este es el resultado de un Estado fallido, y hemos insistido, esta es la realidad que está en las calles.
“Nosotros no estamos en contra de que se señale o se investigue a quien se tenga que investigar. Ése nunca ha sido el tema. El tema es que ni está tapando la bandera, y estos (jóvenes desaparecidos) representan a la patria. Entonces, la patria es la representación no solamente de su bandera, señor presidente y diputados del PRI, sino también de los que somos ciudadanos mexicanos y estamos indignados por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes”.
Enseguida, la diputada perredista Gloria Bautista Cuevas se refirió a la masacre en Tlatlaya, a las desapariciones en Oaxaca, en Guerrero, aunque “es en todo el país, aunque no se diga, aunque no se publique”.
Trajo entonces a la tribuna lo que la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes ha evidenciado: la existencia de fosas clandestinas, el lugar donde finalmente terminan los desparecidos del sexenio pasado y lo que va de éste.
“¿Qué ha pasado?, preguntémonos, quiénes son los que han aparecido en esas fosas donde no están los 43 jóvenes desaparecidos, los 43 que hoy aparecen aquí en esta Cámara y por los que todos deberíamos indignarnos y exigir su aparición.
“Los que están en las fosas tienen familia, tienen padre, tienen hermanos. También por ellos debemos exigir, saber quiénes son y qué pasó con el compañero Michel (diputado federal del PRI levantado y ejecutado el mes pasado), dónde quedó la investigación…”
Ante la embestida de PT, MC y algunos diputados del PRD, el PRI decidió redireccionar el tema de Ayotzinapa y los desaparecidos al supuesto vínculo entre López Obrador y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, colocando una fotografía de ambos. Ante la falta de argumentos para defender “al Estado”, los priistas decidieron utilizar lo que minutos antes recriminaron: usar la tribuna de escenario con la colocación de fotografías.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC y en 2012 coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, subió a tribuna para defender al hoy líder moral de Morena:
“México vive una crisis sistémica. Entiendo el propósito del gobierno, de su partido y de sus aliados por desprestigiar, intentar desprestigiar a uno de los líderes políticos más significativos, más importantes que ha tenido la nación en el México contemporáneo.
“¡Qué miedo le tienen a Andrés Manuel López Obrador! Se aferran a una fotografía para tratar de incriminarlo con los presuntos intelectuales de la barbarie ocurrida en Iguala. Se desgañitan, se desgarran las vestiduras, vociferan, calumnian y no les queda alternativa más que esa opción”, acusó.
Luego calificó de “torpe” la estrategia del gobierno, pues “hasta se equivocaron de los Torquemada” para acusar a López Obrador, en alusión a Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, quienes el domingo pasado –luego de la multitudinaria concentración de seguidores que logró aglutinar el político tabasqueño en el Zócalo capitalino– buscaron vincularlo con el exalcalde de Iguala).
Los acusadores de López Obrador, fustigó Monreal, “son los hombres más corruptos y los hombres más deshonestos de la historia moderna del país”.
También dijo a los priistas que sus acciones son erráticas, pues en lugar de llamar a la unidad nacional, recurren a una estrategia de ruptura institucional. “Prefirieron lo más vil, lo más perverso: culpar a adversarios políticos, desprestigiar a adversarios políticos, repartir culpas para que la sociedad diga: ‘Todos son iguales’”.
“Creo que no midieron las consecuencias, ahora el país se encuentra en una encrucijada, una espiral de violencia, y eso afecta a los que gobiernan, afecta a quienes de manera institucional conducen al Estado nacional”, dijo y recordó que todo es una cortina de humo “para ocultar un probable genocidio y para ocultar lo que se advierte ahora: un golpe certero de este órgano corrupto que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Y preguntó a los priistas: “¿De verás creen que es la mejor estrategia frente a un país convulsionado, desigual, con una violencia impresionante? Espero que la cordura y la serenidad puedan retornar a las mentes más lúcidas en todos los sectores del país”, concluyó Monreal Avila.
Pero el PRI se empecinó en su estrategia y en su defensa envió a uno de los legisladores más señalados de corrupto y arribista, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar Vega.
“Es inconcebible lo que está ocurriendo en esta sesión. Es el mundo al revés. Los grados de hipocresía, los grados de cinismo, la falta de atención a la responsabilidad propia han llegado a niveles monumentales”, enumeró Escobar Vega.
Y siguió: “El presidente municipal de Iguala, el gobernador de Guerrero fueron postulados por el partido político que el orador tuvo a bien presentar. A nosotros no nos sorprende una fotografía. Lo que nos sorprende es la información divulgada por un diputado del PRD que señalaba que el entonces candidato a la Presidencia de la República de la coalición PRD, MC y PT tenía conocimiento pleno de los presuntos nexos con el crimen organizado del candidato a presidente municipal de Iguala.
“Lo que pasó en Iguala no es la fotografía de México. Lo que pasó en Iguala es el crimen en su máxima expresión entre un presidente municipal, un policía y un partido político. Y si me apura tantito presidente, habrá que investigar la posibilidad y vincular de daño moral a los presidentes de los tres partidos políticos, a los delegados de los comités ejecutivos nacionales de esos tres partidos por encubrimiento y por omisión en la desaparición de estos 43 jóvenes. Esa es la realidad”, sostuvo.
Antes, el propio Monreal Ávila cuestionó que se buscara retirar las fotografías y pancartas que aludían al Estado como el culpable de la desaparición de los 43 jóvenes.
“Están aislados de la realidad. Hay dolor en nuestro país, hay heridas abiertas y ustedes chiflando, con actitudes intolerantes, burlándose de los oradores, burlándose de lo que decimos. ¿Para qué, a dónde los lleva esa actitud? Cuando a todos nos debería hacer reflexionar las condiciones en las que el país se está desenvolviendo…
“Aunque la mayoría (de los diputados) quisiera soslayar y repartir culpas, el pueblo sufre y sabe bien lo que está sucediendo en Guerrero, en Tlatlaya, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Puebla, en la mayor parte del país… Por eso no me parece correcto que en esta asamblea se siga actuando de una actitud tan torpe, tan ciega y tan sorda”, dijo Monreal Ávila.
Y después de la discusión política, el dictamen sobre la Ley del Coneval fue aprobada.
A más de un mes de que se declararon en paro, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) flexibilizaron una de sus demandas al aceptar que el presidente Enrique Peña Nieto nombre a un director interino de la institución académica mientras se realiza el Congreso Nacional Politécnico.
“Aceptaremos al nuevo director interino que proponga el presidente de la República Mexicana. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo con ellos y es responsabilidad del presidente de la República poner a una persona que vaya afín a los principios fundamentales del Politécnico”, dijo este martes Alejandro del Carmen, alumno representante en la mesa de diálogo con las autoridades federales.
No obstante, pidió que el próximo director cumpla con los lineamientos de la Ley Orgánica de la institución y aclaró que su gestión durará sólo hasta que concluya el Congreso Nacional Politécnico, una de sus principales demandas.
Abraham de la Cruz, representante de la Escuela Superior de Economía (ESE), agregó que el director designado deberá cumplir con el perfil marcado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de IPN y estar “realmente comprometido” para “escuchar y conciliar” la problemática de la institución.
En la asamblea de este martes, los estudiantes confirmaron que seguirán como colectivo en la Asamblea Interuniversitaria con acciones coordinadas para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. Se prevé que mañana haya movilizaciones para tomar casetas carreteras y televisoras.
En tanto, una comitiva de estudiantes entregó a funcionarios federales la propuesta para realizar una Mesa de Diálogo Público el próximo jueves en las instalaciones del IPN.
La Asamblea General Politécnica (AGP) presentó a los 21 integrantes de esta mesa. Tres de ellos cursan actualmente un posgrado, el resto son alumnos de vocacionales y de escuelas superiores.
Los estudiantes argumentaron que son alumnos de excelencia y algunos tienen becas para estudiar en el extranjero; agregaron que fueron elegidos con criterios fijados por la misma asamblea, aunque no se detallaron.
La AGP exhortó a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a acudir a este encuentro para avanzar en la toma de decisiones.
Su presencia, dijeron, daría “mayor certeza para poder sacar adelante la solución del pliego petitorio lo más rápido posible en bien de la comunidad estudiantil”.
No obstante, pidieron que de no asistir “envíen funcionarios con personalidad jurídica que nos puedan dar seguimiento a las propuestas y a las peticiones que han presentado”.
Por la mañana, un grupo de estudiantes del IPN identificado como “Poder Guinda y Blanco”, marchó del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir el término del paro estudiantil y la reanudación de las clases para no perder el semestre.
PUEBLA, Pue.- La organización Artículo 19 anunció que presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Chalchihuapan por el acoso y represión que padece el pueblo a manos del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la agrupación internacional, indicó que ese asunto forma parte de tres expedientes que se expondrán el próximo 30 de octubre ante la CIDH, con el objetivo de evidenciar el clima de represión contra las manifestaciones sociales.
Otro caso que se presentará, dijo, es la agresión que sufrieron manifestantes el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, así como la represión del 2 de octubre de 2013 contra participantes en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.
Artículo 19 anunció esa determinación en una rueda de prensa que se realizó en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la Ciudad de México, a la que acudió Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –el niño que perdió la vida tras el operativo policiaco del pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla–, acompañada de las esposas de los pobladores detenidos el sábado 18.
Las mujeres narraron que la madrugada de ese día, elementos policiacos irrumpieron en distintos domicilios de San Bernardino Chalchihuapan, rompieron puertas, amenazaron con armas, golpearon a mujeres, ancianos y niños, y detuvieron a cinco personas sin presentar órdenes de aprehensión.
De acuerdo con Maldonado Gutiérrez, al parecer el gobernador poblano aprovecha que la atención nacional se concentra actualmente en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, para reaprehender a los habitantes de Chalchihuapan por haberlo denunciado públicamente por la represión violenta que sufrieron el 9 de julio.
Lejos de cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, More
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, advirtió hoy que los forenses aún trabajan en la fosa clandestina ubicada en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, por lo que pidió aguardar los resultados y no especular sobre los hallazgos.
En conferencia conjunta realizada en el puerto de Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la PGR se comprometió a capturar al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado como autor intelectual de la agresión a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Al emplazarlo a fijar fechas de ello, Murillo Karam atajó: “Prefiero la tardanza ligada a la verdad”.
También hizo un llamado a esperar los resultados de los análisis forenses practicados a los restos óseos hallados en el predio de Cocula conocido por los lugareños como “Hoyo del Papayo.
“Los peritos están determinando si son fosas o no”, acotó.
Después de una reunión de varias horas entre el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega; Murillo Karam y Osorio Chong, también se confirmó que las autoridades ministeriales tienen declaraciones de que en ese predio de Cocula se concentraron los grupos de sicarios que habrían capturado a los estudiantes.
Sin embargo, acotó Murillo Karam, aún “no podemos hacer nada al respecto mientras no tengamos una evidencia clara y plena de lo que sucedió ahí; en ese sentido es en el que están trabajando los peritos y en el momento en que tengamos resultados se los informaremos inmediatamente”.
La víspera, el funcionario federal resaltó la captura de “cuatro piezas clave del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes revelaron haber recibido a un amplio grupo de personas y saber del destino de ellos”.
Dos de ellos confesaron su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes, precisó. Los otros dos detenidos serían “halcones” de Guerreros Unidos, agregó Murillo Karam.
En tanto, Osorio Chong sostuvo que ya son más de un centenar los sitios en los que se han realizado operativos con el objetivo de encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Más de 100 lugares han sido recorridos en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, resaltó.
Además, precisó que acordaron crear nuevas instituciones de seguridad en 17 municipios de Tierra Caliente.
“Hemos instruido a sostener reuniones con sectores productivos para hacerles saber que necesitamos de su cooperación” en el combate a la inseguridad en Guerrero, abundó.
Por su parte, el gobernador Rogelio Ortega dijo que se debe aprovechar la crisis que se vive en la entidad “para salir fortalecidos”.
Luego del encuentro sostenido esta tarde con parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Ortega Martínez subrayó que la gobernabilidad democrática y la armonía en Guerrero requieren del apoyo de todos para salir con éxito de la actual crisis.
Enseguida, el mandatario guerrerense hizo un reconocimiento al Ejecutivo federal por el apoyo de gran parte del gabinete con “quien me reuní. Es significativa la manera rápida como el presidente ha cumplido su palabra”, destacó.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) por impedir a los ciudadanos grabar con sus teléfonos celulares mientras policías realizan detenciones en la calle o el Metro de la Ciudad de México.
En la Recomendación 11/2014, el organismo documentó seis casos de ocho personas que –entre el 19 de junio de 2013 y el 3 de agosto de 2014– fueron amonestadas, detenidas y algunas hasta encarceladas por ejercer su derecho de expresión y acceso a la información al documentar acciones violentas de los uniformados contra manifestantes, vendedores ambulantes y hasta adultos mayores.
Las seis investigaciones fueron acumuladas en el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389 por tener el mismo común denominador.
El “delito” de grabar
Entre los casos que integran dicha Recomendación se cuenta el de Roberto Hernández, quien el 30 de junio de 2013 grabó con su teléfono móvil el forcejeo entre tres policías –dos hombres y una mujer– para someter a un hombre en aparente estado de ebriedad en la Alameda Central.
El policía auxiliar L. Juárez R. lo cuestionó por la grabación “que no le corresponde” y con el argumento de que “entorpecía” su trabajo lo jaló del brazo y le dijo que lo remitiría al Juzgado Cívico. Cuando el ciudadano alegó que grabarlos no era ningún delito, el uniformado desistió de su amenaza.
El 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, identificado como periodista de Radio Nederland, grababa una manifestación sobre la avenida Juárez, donde hubo encapsulamientos y “acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas” de policías capitalinos.
Al realizar entrevistas con los participantes, observó que algunos uniformados lo señalaban directamente. Minutos después fue pateado por varios policías hasta que se alejó del lugar.
El 19 de febrero de 2014, Luis Méndez Pérez, identificado como reportero del portal Somos el Medio, grabó una manifestación de personas con discapacidad visual en la estación del Metro Pino Suárez. Una policía le pidió dejar de grabar y otro le exigió que entregara las imágenes.
Como se negó a entregar su material, fue remitido, junto con otras 40 personas, a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fue liberado sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local.
El pasado 22 de abril, Andrés Landero, Lilian Hernández y Carlos Barrera participaban en la marcha contra la censura en internet y la llamada Ley Telecom, como integrantes del medio independiente Brigada Informativa Altavoz.
La joven grabó diferentes momentos de confrontación entre policías y manifestantes. Al terminar se fue con Andrés hacia la estación Pino Suárez del Metro, donde fueron agredidos por un hombre y una mujer vestidos con ropa y botas negras. “¿Ustedes sacaron unas imágenes?”, les gritaban.
Pocos minutos después, nueve policías del DF los detuvieron, los sacaron de la estación, los golpearon en la cara y el cuerpo y los subieron a una patrulla, pero nunca los pusieron a disposición de ninguna autoridad, sólo les quitaron las imágenes que grabaron durante la marcha.
El pasado 8 de junio, un hombre tomó fotografías de varios policías auxiliares que intentaban remitir al Juzgado Cívico a un vendedor ambulante en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Una mujer uniformada pidió detener a una ciudadana bajo la acusación de que la había golpeado, pero el hombre –identificado como periodista– negó que existiera tal acción y aceptó ratificar su dicho.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes le pidieron entregar las fotografías que tomó, él se negó y exigió que se le requiriera por escrito. Por su negativa le abrieron una averiguación previa por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Al día siguiente fue consignado ante el juez Séptimo Penal de Delitos no Graves; cuatro días después fue liberado por “falta de elementos para procesar”.
El 14 de marzo de 2013, un hombre comenzó a grabar a dos policías de la Bancaria Industrial que reprimían verbalmente a dos adultos mayores en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo. La gente a su alrededor les decía que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”.
Los policías se acercaron al de la grabación y le ordenaron dejar de hacerlo pues no tenía “su consentimiento”. Sin embargo, la presión de los demás pasajeros obligó a los uniformados a retirarse.
Las medidas
Según la Recomendación 11/2014 de la CDHDF, estas acciones de los policías de la SSP-DF constituyen violaciones a los derechos de libertad y seguridad personales, a la integridad personal –en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes–, y a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por tales razones, el organismo recomendó a la SSP-DF dar vista de los casos mencionados a la Dirección General de Inspección Policial para que investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las denuncias; así como reparar el daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado a las víctimas.
También le solicitó incluir en sus programas de capacitación del personal cursos especializados en materia de libertad de expresión y que el titular –Jesús Rodríguez Almeida– emita una circular entre todos los uniformados en la que enfatice “la obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y se prohíba la obstaculización de los mismos”.
Al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como autoridad colaboradora, la CDHDF recomendó revisar “de manera exhaustiva” y adecuar la normatividad vigente respecto al apoyo que brinda la SSP-DF en sus instalaciones para tener las medidas de control pertinentes que prevengan violaciones a derechos humanos, como las acreditadas en la Recomendación 11/2014.
Además, pidió al titular, Joel Ortega Cuevas, difundir entre el personal de la dependencia una circular que hable de la “obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y de denunciar los abusos de las autoridades cuando limiten el ejercicio de los mismos”.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal /ALDF), la CDHDF pidió hacer del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos dicha recomendación para que discutan sobre el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, sus alcances y el empleo que se le ha dado por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia del DF.
Incluso, pidió que dicha recomendación se difunda entre los diputados que discutirán la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF en la actual legislatura, “toda vez que su contenido debe ser considerado tanto para medidas de protección, como en las políticas públicas que se diseñen en la materia”.
El policía auxiliar L. Juárez R. lo cuestionó por la grabación “que no le corresponde” y con el argumento de que “entorpecía” su trabajo lo jaló del brazo y le dijo que lo remitiría al Juzgado Cívico. Cuando el ciudadano alegó que grabarlos no era ningún delito, el uniformado desistió de su amenaza.
El 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, identificado como periodista de Radio Nederland, grababa una manifestación sobre la avenida Juárez, donde hubo encapsulamientos y “acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas” de policías capitalinos.
Al realizar entrevistas con los participantes, observó que algunos uniformados lo señalaban directamente. Minutos después fue pateado por varios policías hasta que se alejó del lugar.
El 19 de febrero de 2014, Luis Méndez Pérez, identificado como reportero del portal Somos el Medio, grabó una manifestación de personas con discapacidad visual en la estación del Metro Pino Suárez. Una policía le pidió dejar de grabar y otro le exigió que entregara las imágenes.
Como se negó a entregar su material, fue remitido, junto con otras 40 personas, a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fue liberado sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local.
El pasado 22 de abril, Andrés Landero, Lilian Hernández y Carlos Barrera participaban en la marcha contra la censura en internet y la llamada Ley Telecom, como integrantes del medio independiente Brigada Informativa Altavoz.
La joven grabó diferentes momentos de confrontación entre policías y manifestantes. Al terminar se fue con Andrés hacia la estación Pino Suárez del Metro, donde fueron agredidos por un hombre y una mujer vestidos con ropa y botas negras. “¿Ustedes sacaron unas imágenes?”, les gritaban.
Pocos minutos después, nueve policías del DF los detuvieron, los sacaron de la estación, los golpearon en la cara y el cuerpo y los subieron a una patrulla, pero nunca los pusieron a disposición de ninguna autoridad, sólo les quitaron las imágenes que grabaron durante la marcha.
El pasado 8 de junio, un hombre tomó fotografías de varios policías auxiliares que intentaban remitir al Juzgado Cívico a un vendedor ambulante en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Una mujer uniformada pidió detener a una ciudadana bajo la acusación de que la había golpeado, pero el hombre –identificado como periodista– negó que existiera tal acción y aceptó ratificar su dicho.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes le pidieron entregar las fotografías que tomó, él se negó y exigió que se le requiriera por escrito. Por su negativa le abrieron una averiguación previa por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Al día siguiente fue consignado ante el juez Séptimo Penal de Delitos no Graves; cuatro días después fue liberado por “falta de elementos para procesar”.
El 14 de marzo de 2013, un hombre comenzó a grabar a dos policías de la Bancaria Industrial que reprimían verbalmente a dos adultos mayores en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo. La gente a su alrededor les decía que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”.
Los policías se acercaron al de la grabación y le ordenaron dejar de hacerlo pues no tenía “su consentimiento”. Sin embargo, la presión de los demás pasajeros obligó a los uniformados a retirarse.
Las medidas
Según la Recomendación 11/2014 de la CDHDF, estas acciones de los policías de la SSP-DF constituyen violaciones a los derechos de libertad y seguridad personales, a la integridad personal –en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes–, y a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por tales razones, el organismo recomendó a la SSP-DF dar vista de los casos mencionados a la Dirección General de Inspección Policial para que investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las denuncias; así como reparar el daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado a las víctimas.
También le solicitó incluir en sus programas de capacitación del personal cursos especializados en materia de libertad de expresión y que el titular –Jesús Rodríguez Almeida– emita una circular entre todos los uniformados en la que enfatice “la obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y se prohíba la obstaculización de los mismos”.
Al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como autoridad colaboradora, la CDHDF recomendó revisar “de manera exhaustiva” y adecuar la normatividad vigente respecto al apoyo que brinda la SSP-DF en sus instalaciones para tener las medidas de control pertinentes que prevengan violaciones a derechos humanos, como las acreditadas en la Recomendación 11/2014.
Además, pidió al titular, Joel Ortega Cuevas, difundir entre el personal de la dependencia una circular que hable de la “obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y de denunciar los abusos de las autoridades cuando limiten el ejercicio de los mismos”.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal /ALDF), la CDHDF pidió hacer del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos dicha recomendación para que discutan sobre el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, sus alcances y el empleo que se le ha dado por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia del DF.
Incluso, pidió que dicha recomendación se difunda entre los diputados que discutirán la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF en la actual legislatura, “toda vez que su contenido debe ser considerado tanto para medidas de protección, como en las políticas públicas que se diseñen en la materia”.
-Encabeza Fernando Savater “protesta silenciosa” por caso Ayotzinapa
El filósofo y escritor español Fernando Savater encabezó una “protesta cívica silenciosa”, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre.
Ante estudiantes, académicos e investigadores señaló que “realmente parece increíble” que acontecimientos como éstos puedan suceder todavía en el México actual.
Como universitario dijo estar “hondamente preocupado” por la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y lamentó la situación que se vive en México pues –dijo– aparentemente casos como el de Iguala habían quedado en el pasado.
“Creíamos –quienes tenemos vínculos con México– que esos males que sucedieron hace décadas se habían superado y que los procesos políticos habían logrado metabolizarlos, pero vimos que los acontecimientos de hace unas semanas ponen en jaque esas ideas”, apuntó.
Luego, el doctor honoris causa de la UNAM pidió guardar un minuto de silencio en solidaridad con las familias para que los alumnos sean localizados.
No fue el único acto simbólico en apoyo a los familiares de los jóvenes detenidos.
En un festival celebrado en el Gimnasio de Mexicali, Baja California, el cantautor y documentalista vasco, Fermín Muguruza, calificó los hechos registrados en Iguala como “un atentado a la libertad de expresión de un gobierno represivo”.
Frente al micrófono expresó su solidaridad con las protestas por la desaparición de los normalistas e hizo la suya.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” exclamó Muguruza al tiempo que mostró la leyenda de su camiseta: “Ayotzinapa, Todos a la calle”.
El artista independentista vasco que ha participado con Manu Chao, Mano Negra, Banda Bassoti, Amparanoia, Tijuana No!, Desorden Público, Todos Tus Muertos, Mad Professor, Reincidentes y Angelo Moore fue invitado a un festival celebrado en el Gimnasio de Mexicali con las agrupaciones musicales vascas Tania de Sousa y Niña Coyote y Chico Tornado.
Interpretó Sarri, Sarri y La línea del frente, entre otros éxitos de Kortatu, el grupo icono del rock radical vasco de la de las décadas de los 80 y 90s que fundó con sus hermanos, Iñigo y Jabier, e invitó a los asistentes a exigir justicia para los estudiantes guerrerenses.
La presencia en la capital de Baja California del controvertido músico y referente de la izquierda del País Vasco se debió al 37 aniversario del Museo de la Universidad Autónoma de BC.
-Asaltan a dos voluntarios del albergue fundado por el padre Solalinde
OAXACA, Oax.- En menos de 72 horas se registraron dos asaltos a dos voluntarios del albergue “Hermanos en el Camino”.
Alberto Donis Rodríguez, responsable del albergue, denunció que ayer lunes alrededor de las nueve y media de la mañana fue asaltado el francés Mikel Larreguy Sistiaga, quien es voluntario en el albergue “Hermanos en el Camino”. Resultó lesionado de una oreja al ser golpeado con una pistola.
Larreguy Sistiaga hoy salió de Arriaga, Chiapas, rumbo a Chahuites, Oaxaca, y cuando esperaba abordar un transporte público para que lo llevara al comedor de migrantes fue asaltado por dos personas. Sin embargo, al oponer resistencia fue golpeado con la cacha de una pistola.
Logró huir para pedir auxilio a un retén militar que se encuentra cerca, lugar donde los soldados lo auxiliaron, aunque no lograron detener a los delincuentes.
Lo preocupante es que dos días antes, tres individuos asaltaron el autobús donde viajaba el voluntario Irineo Mújica cuando se dirigía de Ixtepec a Chahuites para robarle su teléfono.
Irineo Mújica regresaba de sostener una reunión con el subprocurador de justicia en la región del Istmo para abordar la problemática de los migrantes.
Donis denunció que la Fiscalía de Especializada en Atención al Migrante y las autoridades ministeriales se niegan a recibir las denuncias, a pesar de que el 90 por ciento de los migrantes que pasan por esa zona son asaltados o agredidos.
El albergue Hermanos en el Camino fue fundado por el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien se ha caracterizado por una permanente campaña de defensa de los derechos humanos y, en particular, de los migrantes.
-Vecinos de Xochimilco se organizan contra la delincuencia
Armados con machetes, palos, tubos y rifles calibre .22 un grupo de habitantes de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, realiza rondines de vigilancia en su comunidad. Los recorridos se hacen durante la madrugada y quienes participan en ellos se identifican como Consejo Vecinal del barrio de San José (CVSJ).
Tres presuntos delincuentes aprehendidos -que tras ser maniatados por los pobladores fueron entregados a la policía- y una organización ciudadana que no se limita a las labores de resguardo son parte de los “logros” que aseguran haber alcanzado los integrantes de la agrupación conformada por consenso vecinal.
La existencia del CVSJ, así como las detenciones realizadas, son reconocidas por el coordinador territorial del pueblo, Edgar Camacho.
“La situación, aquí en el sur del Distrito Federal, está difícil: robos a negocios y asaltos, sobre todo a mujeres, nos llevó a organizarnos por nuestra cuenta. En un primer momento recurrimos a la delegación, entregamos escritos, solicitamos mayor vigilancia pero nos sirvió de poco”, explica uno de los coordinadores del consejo vecinal.
Durante los rondines se tocan silbatos y se accionan las 15 alarmas vecinales que han adquirido, a cuenta propia, los pobladores. Los recorridos se limitan a calles del barrio de San José y con ellos “se ha recuperado la tranquilidad” en la comunidad.
“La idea es disuadir a a la delincuencia, no se trata de linchar a alguien, ese no es nuestro papel, tampoco somos policías ni mucho menos. Simplemente queremos que se detengan los robos y creo que lo hemos logrado”, argumentó otro integrante de la agrupación.
Durante un rondin realizado la madrugada del 18 de octubre, se instaló una manta de advertencia a la delincuencia en las calles de Cuauhtémoc y México Oriente.
No es la primera lona que se instala en dicha esquina pero sí se trata de un mensaje más directo: “El consejo de vecinos hacemos responsables al delegado Miguel Ángel Cámara, al jefe de la policía en Xochimilco, José Luis Donato Pérez y al fiscal Luis Eguiarte por cualquier caso de linchamiento de rateros en esta zona. Exigimos su renuncia por sus malos resultados en materia de seguridad”.
La fiesta de San Gregorio se festeja por partida doble: marzo y los primeros días de septiembre.
Días antes de que comenzara la segunda celebración, los vecinos detuvieron a un hombre que supuestamente intentó agredir sexualmente a una mujer.
El sujeto fue atado y trasladado a la plaza cívica del pueblo. Era de madrugada y al lugar arribaron decenas de policías, adscritos no solo a Xochimilco sino también a Milpa Alta y Tláhuac.
El hombre fue entregado a los uniformados y posteriormente liberado por falta de parte acusadora.
Días después, dos sujetos fueron sorprendidos en el momento en que asaltaban a un vecino. Tras ser detenidos, maniatados y “exhibidos” en un terreno baldío, los presuntos asaltantes fueron entregados a las autoridades ante la presencia del coordinador territorial de San Gregorio. Los presuntos delincuentes fueron consignados a un reclusorio.
“La primera (detención ciudadana) fue a las cuatro de la mañana. No tengo fechas exactas pero fue antes del 3 de septiembre pues aún no iniciaba la fiesta de San Gregorio.
“La segunda ocasión fue como por el 7 de septiembre. También eran las tres o cuatro de la mañana, detuvieron a los ladrones pero no se les hizo nada. Yo certifique que no estuvieran golpeados, que no hubieran sido maltratados. Me comunique con el jefe delegacional (Miguel Ángel Cámara) y los detenidos fueron entregados a los policías y posteriormente presentados ante el Ministerio Público”, refirió el representante de la demarcación en San Gregorio.
La madrugada del miércoles 23 se realizó otro “simulacro”. Los integrantes del consejo vecinal se dividieron en grupos y tras finalizar el recorrido se congregaron en la capilla de San José.
Refirieron que además de las labores de resguardo realizan, entre otras acciones, podas de árboles, colocación de focos en las casas que “están a pie de calle” y pintura de banquetas y topes.
“Después de que iniciamos los rondines de vigilancia, enviaron patrullas por un tiempo; mandaron a podar árboles a partir de que nosotros los podamos primero; vinieron a colocar unos señalamientos luego de que nosotros pintamos un tope. Aún no sabemos si hemos encontrando la manera en que (las autoridades) pongan atención a los problemas de la comunidad. Los oficios y las peticiones sirven de poco. A lo mejor no hay que esperar a que ellos vengan, sino hacer lo que nosotros podamos y después que vengan a completar el trabajo”, refirió un integrante del CVSJ, quien durante los rondines porta un rifle al hombro.
-Policía cibernética alerta por posibles fraudes o robo de identidad en el “El buen fin”
Ante la proximidad del programa “El buen fin”, fin de semana en el que los capitalinos realizan compras por los descuentos ofrecidos en los diferentes negocios de la ciudad, la unidad de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), alertó a la población a tener precaución al comprar en línea, a fin de evitar ser víctima de fraudes y robo de identidad.
La Policía Cibernética detalla que al adquirir productos en línea, los compradores exponen información personal y confidencial, la cual es susceptible de ser empleada para cometer actos delictivos.
Por ello, recomendó realizar compras utilizando el equipo de computación personal con antivirus actualizado y evitar el empleo de computadoras de uso público, como las que se utilizan en cafés Internet.
“La alerta señala que es necesario guardar los comprobantes de compra en línea, ya que serán necesarios para cualquier aclaración. Estos son proporcionados por el mismo portal o mediante el empleo de la opción “guardado en pantalla”, agregó la corporación policiaca.
Asimismo, el cliente debe hacer caso omiso de invitaciones recibidas a través de correo electrónico de sitios que no haya solicitado con anterioridad. Además, al realizar el pago en línea, nunca se debe proporcionar el número secreto (NIP).
La ciudadanía debe también verificar los sitios electrónicos oficiales del “Buen Fin 2014” para conocer los establecimientos participantes.
-Navarrete Prida se reúne con afectados por derrame en Sonora
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con pobladores afectados por el derrame tóxico en Sonora, ocurrido en agosto pasado, ante quienes reiteró la disposición del gobierno federal de apoyarlos de manera incluyente e integral.
En su calidad de coordinador presidencial para atender el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi causado por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aseguró que se pondrá énfasis en las inquietudes y sugerencias de los damnificados.
Navarrete Prida recibió a representantes de la asociación “Remediación Pronta y Justa del Río Sonora”, ante quienes señaló que la sociedad civil ha sido y seguirá siendo considerada en las acciones y trabajos para resarcir daños.
Dijo que ejercen en forma puntual y transparente los recursos para la compensación por daños a la salud, afectaciones a productores agrícolas y ganaderos, comercios, operadores de agua potable y población en general.
Así como para la adquisición e instalación de tinacos y supervisión y vigilancia de los sistemas de abasto y distribución de agua potable.
En compañía del subsecretario Rafael Avante Juárez, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que se continuarán impulsando programas federales de apoyo a los habitantes de los municipios afectados, a fin de mejorar su entorno y su calidad de vida.
-Realizan estudiantes del Colmex círculos de reflexión sobre Ayotzinapa
Comunidades eclesiales de base exigieron “la aparición con vida de los 43 estudiantes; la garantía de seguridad para todos los ciudadanos de nuestro país para que no se repitan hechos tan denigrantes como el acontecido; la reparación del daño a los familiares de los jóvenes asesinados y desaparecidos; castigo a los responsables intelectuales y materiales del asesinato y desaparición de los estudiantes y de las víctimas colaterales; protección a familiares y testigos de los hechos, así como una “investigación e identificación de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, que también merecen justicia”.
En el Colegio de México (Colmex), estudiantes realizan desde hoy y hasta el jueves “círculos de reflexión” para exigir la presentación con vida de los estudiantes y denunciar que los hechos de Ayotzinapa son “sólo una muestra más de la violencia que amenaza a todos los habitantes de México”. Anunciaron que habrá todos días un pase de lista de los 43 normalistas, hasta que éstos aparezcan.
Christian Lastire Olmedo, estudiante del Centro de Estudios Económicos del Colmex precisó que el relevó en la gubernatura de Guerrero “ayuda” a las investigaciones porque el gobernador con licencia Ángel Aguirre “había perdido toda la legitimidad, pero no resuelve lo principal” y demandó al los gobiernos estatal y federal “apresurar la búsqueda y centrar atención en buscar y castigar a los responsables”.
Cristianos evangélicos de diversos estados a través de una carta abierta indicaron que “43 familias viven hoy sin poder cobijar a uno de sus hijos, a una escuela le faltan 43 alumnos, y un país sigue sin saber dónde están y pesándose por 43 de los suyos. Nos duele, nos indigna y hacemos ese dolor el nuestro, sus lágrimas las nuestras y sus esperanzas son las mismas de todos nosotros: que los 43 aparezcan vivos”.
Jorge Iván García Gómez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y líder Juvenil del Centro Familiar Emaús indica en la misiva abierta firmada por más de una treintena de cristianos, que no se debe ser “cómplices del peor de los crímenes: el silencio” y añadió que “desafortunadamente, nosotros los cristianos somos muy buenos para darnos a conocer en la vida pública cuando nuestros intereses se ven afectados, como en los temas del aborto, la unión de parejas homosexuales y la prostitución; pero esta situación nos estremece y sin duda rebasa nuestra organización de iglesias, queremos estar aquí para sumar, proponer, amar y bendecir”.
-En 2013, fueron encarcelados unos 5 mil jóvenes por delitos graves
El año pasado 5 mil adolescentes fueron privados de su libertad por haber cometido delitos graves. Aproximadamente 25 por ciento de ellos fueron sicarios o halcones para el crimen organizado, señaló la doctora en antropología social, Elena Azaola, experta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Tras exponer su investigación Delitos Graves Cometidos por Adolescentes en México, la cual realizó este año, durante seis meses en cuatro entidades, la investigadora destacó que las políticas de seguridad que se han instaurado en el país en los últimos sexenios deben ser “repensadas y reorientadas” y subrayó que urge poner especial atención en las estrategias sociales, de empleo, salud y educación dirigidas a niños y adolescentes para que éstos no sean captados por el crimen organizado ante la falta de “oportunidades” y su percepción de que “no tienen ni sueños ni aspiraciones ni futuro”.
En la ponencia Fábricas de Sicarios del seminario Violencia en México que organizó el Colegio de México (Colmex), remarcó que los jóvenes delincuentes son el “producto” de una serie de carencias sociales y económicas, violencia familiar, drogadicción, falta de educación y empleo precoz y precario para contribuir con sus familias.
-Casa Blanca califica de preocupante el caso Iguala
La Casa Blanca calificó de “preocupante” el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
El comentario de la Casa Blanca se da junto un mes y dos días después de los ataques de los policías municipales contra los normalistas en Iguala, Guerrero.
“Obviamente los reportes de esta situación son preocupantes”, respondió Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, cuando se le preguntó si el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama estaba enterado del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.
El pasado 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de México medidas de protección para los 43 normalistas desaparecidos.
La Comisión Interamericana encontró que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables debido a la “falta de conocimiento sobre el paradero o destino de los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas” por sus familiares.
Asimismo esta semana de audiencias la CIDH analizará la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
El pronunciamiento de la Casa Blanca se produce en momentos en que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza un fuerte operativo en el municipio de Cocula para verificar el hallazgo de restos humanos.
Cabe recordar que el pasado 23 de octubre tras la presión el ex gobernador de la entidad, Ángel Aguirre solicitó licencia a su cargo al Congreso de Guerrero.
-Por la crisis de Ayotzinapa cancela Peña viaje a China y Australia
El presidente Enrique Peña Nieto retiró la solicitud al Senado para que esa cámara del Congreso le autorizara ausentarse diez días del país, del 7 al 17 de noviembre, a fin de viajar a China y Australia.
El oficio fue remitido al Senado por el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, el pasado lunes 27. A través del mismo, el presidente Enrique Peña Nieto solicita permiso para salir de territorio nacional, a fin de participar, explica, en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre, en China.
Asimismo, para llevar a cabo una visita de Estado a esa nación el 12 y 13 de noviembre y para asistir asimismo a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, que se llevará a cabo en Australia, el 15 y 16 de ese mes.
El oficio se publicó en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pero en la sesión ya no se le dio trámite, luego de la decisión del ejecutivo federal de retirarla hoy mismo por la mañana.
El vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el perredista Luis Sánchez, comentó que dieron marcha atrás porque “ se percataron que Peña Nieto no podía llevar a cabo ese viaje internacional, teniendo al país convulsionado por la crisis de Ayotzinapa”.
“Yo lo entendí así y la verdad es que me parecía a mí demasiado frívolo que saliera 10 días del país”.
Otras fuentes del Senado señalaron que es probable que Peña Nieto sólo cancele el viaje a Australia y decida ir a China, toda vez que ya no tendría que pedir autorización del Senado, por tratarse de una ausencia no mayor a siete días.
En el artículo 88 Constitucional se establece la obligación del ejecutivo federal de pedir la anuencia de la Cámara de Senadores cuando su ausencia de territorio nacional sea por más de siete días.
Por otra parte, el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, destacó la importancia que reviste el nuevo encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Xi Jinping para el desarrollo de ambos países en materia económica, comercio e inversiones, así como en innovación, ciencia y tecnología.
En conferencia de prensa, adelantó que ambas delegaciones trabajan para plasmar una serie de acuerdos que serán suscritos por los dos mandatarios.
-Comunidad LGBT se une al reclamo por Ayotzinapa
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” fue la exigencia de un sector de asistentes a la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, bisexuales, trans e intersexuales “Colonizando nuestros cuerpos”, que se inauguró esta noche en la ciudad de México.
Al término de los discursos de dos funcionarios federales, se escuchó una voz, entre los asistentes, que cuestionaba “¿Y Ayotzinapa?”, en referencia a los 43 estudiantes de la normal de maestros ubicado en ese municipio guerrerense. Y en seguida, lo que inició como una expresión solidaria, en una mesa compartida por mexicanos y españoles, logró convertirse en coro, en el salón en donde se realiza la 27 conferencia mundial de la ILGA, por sus siglas en inglés.
Minutos antes la directora de quejas del Conapred, Hilda Téllez y el director de políticas públicas de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda había hecho un recuento en torno al desarrollo de las garantías básicas en México, especialmente en el “avance irreversible” de los planes y programas para garantizar la igualdad y la no discriminación.
El funcionario de Gobernación, quien asistió al encuentro en representación del presidente Enrique Peña Nieto, reconoció también los retos de México para garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos e hizo alusión, sin mencionar Ayotzinapa, a la difícil coyuntura.
“Ustedes saben que estos momentos que vive el país suponen graves situaciones que tenemos que enfrentar con el pleno compromiso de hacer de los derechos humanos el eje rector de la política del Estado mexicano”, dijo.
Señaló que son inadmisibles los estereotipos basados en orientación y preferencia sexual.
En su turno, la representante del Conapred mencionó que los pasos que ha dado México en esta materia que hasta hace poco se creían inimaginables, como la prohibición expresa de discriminación por preferencia sexual mediante 28 leyes estatales antidiscriminatorias, y la aprobación de uniones civiles en cinco entidades federativas.
Además la aprobación del matrimonio igualitario en la ciudad de México y en Coahuila, así como la posibilidad de contraerlo en cualquier logar del país mediante el otorgamiento de amparos judiciales, entre otras medidas como la adopción homoparental.
Este cónclave mundial se realizará en la capital mexicana del 27 al 31 de octubre; participan más de 500 personas procedentes de los cinco continentes.
En la ceremonia inaugural estuvo Gloria Careaga; Mariela Castro diputada de la Asamblea Popular de Cuba, y Matilde García, en representación de la cancillería.
