Para indemnizar a los productores dañados por el derrame que provocó la minera Buenavista del Cobre en el río Sonora, las autoridades federales, en lugar de realizar un censo, utilizaron el padrón de Sagarpa donde están incluidos líderes estatales del PRI y PAN, así como ex funcionarios de distintos niveles, algunos de los cuales no fueron afectados por la contaminación
ESPERA. En Ures, todos los días se concentran cientos de personas para poder anotarse y lograr obtener el beneficio que anunció el gobierno federal de 15 mil 350 pesos por toma domiciliaria de agua. (Foto: AMALIA ESCOBAR. EL UNIVERSAL )
Ures.- En lugar de realizar un censo para indemnizar a los productores afectados por el derrame que provocó la minera Buenavista del Cobre el pasado 6 de agosto, la Comisión Presidencial para atender la contingencia utilizó el padrón de Sagarpa, donde están incluidos líderes estatales del PRI y del PAN, así como ex funcionarios de distintos niveles.
De esta manera, agricultores y ganaderos alejados de la cuenca del río Sonora, sólo por estar registrados en los programas de apoyo institucionales Proagro y Progan del gobierno federal, recibieron su pago aun sin estar dentro de los perímetros de la contaminación.
Productores contiguos al río Sonora, que lo perdieron todo, se encuentran inconformes por la forma en que el gobierno federal está repartiendo los recursos del Fideicomiso Río Sonora, de 2 mil millones de pesos para indemnizar a los afectados.
Aseguran que se está beneficiando a quienes no resultaron afectados, incluso, que ni siquiera tuvieron que movilizar su ganado de los márgenes de la cuenca afectada.
El padrón de Sagarpa, cuya copia se encuentra en poder de EL UNIVERSAL, contempla un total de 266 beneficiados, con una indemnización de 34 mil 703 cabezas de ganado, con un monto a pagar de 12 millones 146 mil 50 pesos.
En el listado de beneficiarios se encuentra el dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano, con una indemnización de 105 mil pesos por 300 cabezas de ganado, de un total de 516 que posee, en el rancho La Cieneguita.
El ex alcalde de Hermosillo y aspirante a la gubernatura el estado por el PAN, Javier Gándara Magaña, propietario de rancho La Poza, que se encuentra en el kilómetro 5 de la carretera Ures-Mazocahui —lejos de los márgenes del río Sonora—, también recibirá del fideicomiso 105 mil pesos, por 300 vacas de su propiedad, de un total de 688 registradas a su nombre.
Aparece también el hermano del dirigente del PRI, Alejandro Elías Serrano, con 105 mil pesos. De la misma familia Elías están Alejandro Molina Elías, con 80 mil 150 pesos; Marco Antonio Molina Elías, 105 mil pesos; Octavio Molina Elías, 105 mil pesos; Ernesto Alejandro Yberri González, hermano del ex alcalde de Hermosillo, Guatimoc Yberri González, con 81 mil 200, así como Ricardo Paz Pellat, hermano del ex subsecretario de la Sedesol, de extracción panista, Marco Antonio Paz Pellat, con 113 mil pesos.
LOS EXCLUYEN POR NO ESTAR EN PROGRAMAS
Los pobladores afectados por la contaminación de sulfuro de cobre acidulado expresaron su indignación porque el gobierno federal no realizó un censo real de los afectados, pues propietarios de pequeñas parcelas no fueron contemplados en esta indemnización por no formar parte de algún programa gubernamental.
Debido a esta situación, los alcaldes de los municipios afectados levantaron un censo independiente con los productores que aún no reciben apoyos institucionales y a la fecha llevan ya alrededor de 8 mil registros.
EL UNIVERSAL buscó la posición de la delegación de la Sagarpa en Sonora y, mediante el área de Comunicación Social, se confirmó que esos listados corresponden a los padrones de Progan y Proagro, programas de Procampo, pero se aseguró que todos los afectados por el derrame serán incluidos en el listado.
Sobre el tema, los alcaldes de Aconchi y Ures, Pedro Armando Lugo y José Manuel Valenzuela Salcido, respectivamente, mostraron su descontento porque se está beneficiando a quienes no fueron afectados.
Además, ambos pidieron una revisión a fondo de los listados de beneficiarios. “No se a que estamos jugando”, expresó molesto Valenzuela Salcido, edil de Ures.
EL AGUA, OTRO PROBLEMA
En el museo Jesús Ochoa, ubicado frente a la plaza principal de Ures, todos los días se concentran cientos de personas para poder anotarse y lograr obtener el beneficio que anunció el gobierno federal de 15 mil 350 pesos por toma domiciliaria de agua.
Los pobladores denunciaron inconsistencias en el padrón del organismo operador, pues en su mayoría los propietarios no viven en esa región y rentan la vivienda, o muchas personas ya fallecieron. En algunos domicilios viven más de dos familias, aseguraron.
Están inconformes porque los 25 mil habitantes resultaron afectados, y se pagará la cantidad anunciada al propietario de la toma y a las personas que comprueben que el domicilio pertenece al esposo u otro familiar; para ello, deben llevar documentos como actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, copia de la credencial de elector y el recibo del agua.
“Sólo están favoreciendo a los ricos, la gente está enferma, llena de ronchas, enferma del estómago, hay mucho dengue, abrieron el pozo que está ubicado a menos de 200 metros del río, nos están matando; mi hija está enronchada”, expresó Reyna Encinas.
Enedina Chomina Sánez refiere que el gobierno está usando de una manera muy cómoda los padrones tanto del agua como el de Progan, y con ello se beneficia a personas que no fueron afectadas, como el caso de Pueblo de Álamos y Santa Rosalía, que están lejos del cauce del río Sonora y se les están entregando tinacos, cuando nunca tuvieron suspensión de pozos.
Alfredo Valencia, director de Organismo Operador de Agua Potable (Oomapas), dijo que se tiene un padrón de mil 800 usuarios de agua, pero admite que éste podría presentar hasta 20% de inconsistencias al estar registradas personas fallecidas o que ya no viven en el ayuntamiento
Fuente: Amalia Escobar Corresponsal| El Universal
