Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Los productos y servicios adquiridos son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor, y se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico. La disputa por la sucesión al interior de las Fuerzas Armadas deja al descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por la inteligencia militar en los últimos dos años de gobierno de Felipe Calderón. Una nueva indagatoria ahora inicia la Policía Militar: busca descubrir quiénes filtraron los documentos.
El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. El motivo: ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados por la dependencia garante de la salvaguarda de la nación con una empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza los 5 mil 628 millones de pesos. Se espera que los restantes 10 contratos, de un total de 18 celebrados para adquirir equipos y servicios de inteligencia entre 2010 y 2012, sean auditados en los próximos días.
Las pesquisas son encabezadas en las oficinas castrenses por los titulares de las dependencias fiscalizadoras, quienes han tenido que despachar en estas semanas desde la Sedena: Rafael Morgan Ríos, de la SFP; Juan Manuel Portal Martínez, de la ASF, y el general de división Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio González Barreda, de la Inspección y Contraloría militar.
Los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones directas –a través de la Dirección General de Administración, a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa– son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.
Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la empresa Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas compañías son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.
El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.
De los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.
El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena.
Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.
En entrevista con Contralínea, el general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social de la dependencia, dice que el equipo adquirido se utilizará contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”. Las otras son, de acuerdo con el artículo 1 de la legislación citada por el general: “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones públicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Señala que el “monitoreo” que realizan “es apegado a derecho, con la autorización de un juez, el cual determina, con base en las pruebas que se le presenten, si se autoriza o no una intervención en las comunicaciones; además, por cuánto tiempo y qué tipo de comunicación. Eso está dentro de lo que la ley nos permite”.
Con respecto del procedimiento con que se firmaron los contratos agrega: “todo está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha sido apegado al procedimiento”.
Sin irregularidades… Hasta el momento
La revisión exhaustiva y expedita, iniciada hace algunas semanas, revistió tal importancia para el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, que solicitó a dos de sus tres subsecretarios lo acompañaran a encabezar las comprobaciones: María Guadalupe Yan Rubio, subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, y Max Kaiser Aranda, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, como informó la columna Oficio de papel
el pasado 1 de julio.
La SFP confirmó a la misma columna la realización de las indagatorias. La dependencia aseguró que los funcionarios de la SFP no observaron irregularidades y, por lo tanto, recomendaron archivar los expedientes.
Fuentes del Órgano Interno de Control de la Sedena señalan a Contralínea que tampoco han encontrado irregularidades.
Quienes no concluyen aún las revisiones son los auditores encabezados por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez. El caso también fue calificado como de primer orden en el máximo órgano de fiscalización del país, por lo que al frente de estas auditorías se encuentra el propio titular de la dependencia. El funcionario, incluso, se ha trasladado a la Sedena para llevar a cabo el escrutinio.
Ahora las tres entidades se aprestan a revisar la totalidad de los 18 contratos firmados por la Sedena en materia de seguridad nacional e inteligencia entre 2010 y 2012.
Mandos superiores: “traiciones”
La columna Oficio de papel dio a conocer el 1 de julio pasado (Contralínea 291) la existencia de una serie de auditorías realizadas a 12 contratos de la Sedena que involucraban más de 600 millones de dólares (alrededor de 8 mil 500 millones de pesos). Informó que la mayoría de esos contratos correspondían al área de inteligencia.
Extractos de cinco de esos contratos fueron publicados por el diario El Universal y por MVS Noticias el 16 de julio pasado. La difusión de los documentos provocó que el alto mando de la Sedena, general de división Diplomado de Estado Mayor Guillermo Galván Galván ordenara una investigación contra quienes resultaran responsables. Y es que en la propia Secretaría de la Defensa no quedó duda de que la filtración proviniera desde los muros verde olivo.
En la disputa por la sucesión en la Sedena no importó a los grupos en pugna revelar las capacidades reales de espionaje del Ejército Mexicano y echar por tierra uno de los proyectos más ambiciosos para su Sección Segunda en los últimos lustros.
Y es que, como lo ha documentado Contralínea (edición 288), dos grupos de generales de división buscan colocar a uno de los suyos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en el próximo gobierno federal. Uno de las facciones estaría encabezada por el actual subsecretario, el general de división Diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El otro, por el actual director general de Administración de la Sedena, el también general de división Diplomado de Estado Mayor, Augusto Moisés García Ochoa, quien firma los contratos divulgados por los medios de información en su calidad de representante del secretario ante proveedores de bienes y servicios.
La Sedena considera como delito grave y “traición a la patria” la revelación de información clasificada como de seguridad nacional. De acuerdo con fuentes de la Secretaría, el alto mando ordenó a la Policía Militar iniciar las pesquisas contra quienes “con la filtración han informado ocultamente al narcotráfico” las capacidades tecnológicas para la recolección de información y el procesamiento y almacenamiento de la misma.
Agregan que en caso de encontrar a los responsables de la filtración se les podría acusar de “traición a la patria, por el daño patrimonial causado a las instituciones y por poner en riesgo la vida de quienes integran el servicio de inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea”.
Hasta antes de la divulgación de los contratos, la mayoría de las disputas se ahogaban en los muros de la Sedena. Las propias auditorías realizadas a los ocho contratos iniciaron como parte de los jaloneos por el poder, los cuales han sido más intensos en los últimos meses. En ese contexto, denuncias por supuesta corrupción en el otorgamiento de contratos que firmaba el general García Ochoa fueron reportadas anónimamente a la Secretaría de la Función Pública mediante, al menos, dos comunicaciones de “Registro de casos de corrupción”. Estos reportes justificaron las auditorías de la Secretaría de la Función Pública. En ellos se notifican los supuestos delitos –o “conductas reprochables”, como señalan los documentos de los cuales Contralínea posee copia– de “abuso de funciones de autoridad”; “fraude: malversación de caudales” y “peculado”.
Ambos expedientes fueron abiertos en marzo de 2012 y reportan las supuestas “conductas ilegales” durante 2010 y 2011. El primero señala: “en marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa, adscrito a la Dirección General de Administración de estar coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa.” (sic)
En el documento se señala “como operador principal de esta red de servidores públicos bajo investigación” al capitán piloto aviador Héctor Guerrero Lara y también al general José Luis Castañeda Jiménez. El carácter de la denuncia es “anónimo”.
En el segundo documento se acusa a Héctor Guerrero y a José Luis Castañeda, pero también al director de Administración, García Ochoa, y al teniente coronel Héctor Hernández:
“En marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV, y a la empresa Security Tracking Devices, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa adscritos a la Dirección General de Administración que estaban coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa. Como operador de esta red principal de servidores públicos bajo investigación cuyo lucro rebasa los 600 millones de pesos mexicanos, según estimaciones de la SFP, en base al valor de los contratos, ha sido principalmente señalado el capitán piloto aviador Hector Guerrero Lara, el general José Luis Castañeda Jiménez, subdirector de Adquisiciones, y el general de división DEM Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración, y el teniente coronel de la Fuerza Aérea Héctor Hernández.” (sic)
Fase 1: instalaciones adecuadas
La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática, Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones.
El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.
También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores.
La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.
Segunda fase: integración de la Plataforma Pegasus
La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices.
La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android.
Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones de pesos, se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta antes citada.
Tercera fase: Pegasus, el espionaje total
La adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional está amparada por el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso se explicitan la funciones en el documento que la Sedena firmó con Security Trackin Devices, y del cual posee copia este semanario.
Entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos se encuentra la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone” para (espiar a) 400 usuarios.
Con este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.
Todo podrá ser realizado sin que sea detectado por los usuarios espiados, aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.
El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios de la Secretaría, ascendió a 1 mil millones de pesos.
Más contratos para inteligencia militar
Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros para la Sección Segunda que complementaban proyectos como Plataforma Pegasus.
Todos se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Se trata de cinco convenios para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético, y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. A cada adquisición correspondieron los contratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivamente.
Todos los contratos firmados por la Secretaría de la Defensa con las empresas contienen una cláusula de confidencialidad, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dicen: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…”.
Fuente: Contralínea
