El cerco de 24 horas a las instalaciones de Televisa, convocado por #YoSoy132 y por otras organizaciones integrantes del Movimiento contra la Imposición –el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, entre otros— fue calificado de éxito rotundo por sus organizadores, no sólo por la nutrida convocatoria que se logró a los alrededores de la televisora de Chapultepec y en sus sedes en diversas ciudades del país, sino también por el eco alcanzado a escala internacional y en las redes sociales. Salvo algunos momentos de tensión durante la jornada de protesta, ésta se desarrolló sin incidentes mayores y en medio de un ambiente festivo, marcado por la realización de actividades artísticas y culturales.
Quedó descartado, así, uno de los principales elementos de crítica que surgieron prácticamente desde el momento en que se anunció la movilización referida, de que ésta pudiera ser el marco para la aparición de algún tipo de violencia. Por el contrario: la acción política y social a las afueras de Televisa confirmó que el movimiento estudiantil y juvenil y su entorno social de apoyo han evolucionado mucho en cuestión de semanas en cuanto a capacidad organizativa, deliberativa y de convocatoria, y se han posicionado como actor principalísimo en el ámbito de las resistencias sociales del país, frente a los eventos políticos y electorales de coyuntura pero también, y sobre todo, frente a las problemáticas estructurales que aquejan el desarrollo económico, social y democrático de la nación.
Es importante recordar que el cerco a Televisa tiene su origen en la inconformidad de un sector amplio de la población ante la inequidad con que se condujo la televisora –junto con la mayoría de los medios electrónicos– en las pasadas elecciones en favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto; pero también en la crítica al poder fáctico e indebido que han adquirido los medios de comunicación en las décadas recientes –particularmente en la actual administración– y en el rechazo que genera su obstrucción sistemática a la apertura y democratización del sector telecomunicaciones y su capacidad de presión y chantaje sobre los poderes formales de la República.
Uno y otro aspectos se inscriben, a su vez, en el marco de las definiciones que #YoSoy132 y las organizaciones sindicales, campesinas y sociales que lo acompañan han esbozado ante los rezagos del país en materia democrática; ante los efectos nefastos del modelo económico vigente –particularmente, la acumulación desmedida de poder económico en unas cuantas manos y la desigualdad social– y ante la configuración de un el poder político-mediático-empresarial de características claramente oligárquicas. Frente a tales elementos, las reivindicaciones de quienes convocaron y participaron en la toma simbólica de Televisa adquieren una proyección que va mucho más allá del conflicto poselectoral en curso.
Las consideraciones anteriores resultan pertinentes sobre todo en un momento en que, desde distintos sectores de la clase política, desde los propios medios e incluso desde las propias autoridades políticas y electorales, persisten los intentos por desacreditar al movimiento estudiantil y juvenil y por presentarlo como brazo social de la coalición partidista de izquierda y de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, pese a que es palmariamente claro que una y otra expresiones –más allá de los puntos en común que puedan tener en algunas de sus posturas– son independientes entre sí.
Dado el delicado escenario político y social que vive el país, lo peor que podría hacerse desde la institucionalidad política, pero también desde ese poder mediático y empresarial que ha sido objeto de impugnación en las últimas horas y días, sería menospreciar los distintos descontentos sociales que convergieron en la protesta de ayer y anteayer, regatear los motivos que los originan, minimizar su energía y desvirtuar su carácter genuino, plural y autónomo. A menos, claro, que se quiera profundizar la evidente fractura entre las élites políticas y económicas del país y la ciudadanía.
Fuente: La Jornada
