Generar procedimientos especiales iría contra el debido proceso
Remite al TEPJF un informe sobre el avance en las indagatorias
El Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer que acató el plazo de 48 horas fijado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que forman la comisión especial para elaborar el dictamen sobre la elección presidencial– para remitir un informe relacionado con el avance en las indagatorias de las quejas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Progresista sobre el caso del presunto financiamiento irregular del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del Banco Monex.
No obstante, el IFE advierte: En la petición formulada por la coalición Movimiento Progresista, de resolver a la brevedad las inconformidades interpuestas contra la elección para Presidente, el instituto ya realiza en estos momentos, a través de sus órganos correspondientes, las investigaciones de ley, y generar nuevos procedimientos especiales distintos a los previamente establecidos por la norma electoral podría ir contra las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución General y el principio de exhaustividad.
En un comunicado, el IFE informa que se han realizado 844 diligencias para requerir a personas físicas y morales (así como), autoridades federales, a fin de realizar las indagatorias necesarias para determinar la existencia de irregularidades en los aspectos que rigen la aplicación de recursos de los partidos políticos, en su caso, para determinar la fuente de financiamiento y las infracciones cometidas. Sin embargo, el órgano electoral subraya que en las indagatorias es indispensable apegarse al carácter técnico de la fiscalización, el cual exige el cumplimiento de la legalidad a fin de que sus dictámenes sean firmes y reflejen exhaustividad y profesionalismo.
El comunicado señala que el IFE no ha sido omiso en sustanciar los procedimientos de queja involucrados en la excitativa de justicia solicitada por la coalición. Cada diligencia puede abarcar hasta 30 días naturales, más la notificación de la misma. Eso implica más de la mitad del plazo legal de 60 días naturales con que cuenta la autoridad fiscalizadora para poder sustanciar debidamente el citado procedimiento.
Cabe recordar que el emplazamiento de los magistrados al IFE derivó de un oficio dirigido por el Movimiento Progresista al TEPJF para que que se agilizaran las investigaciones en torno a la presunta triangulación financiera entre Monex, el PRI y otras empresas para fondear el costo de parte de la estructura operativa del partido tricolor.
Fuente: La Jornada
