A Hillary Clinton no le pareció suficiente que Barack Obama hubiera hablado tres semanas y media atrás con Enrique Peña Nieto para reconocer anticipadamente un presunto triunfo electoral que aún está en litigio, así que repitió la receta telefónica este miércoles, como si las circunstancias mexicanas hiciesen necesario apuntalar una estructura o un personaje que, obviamente, necesitaran de tales reiteraciones de apoyo.
Las tareas de salvamento a cargo de la secretaria de Estado del gobierno imperial pretenden dejar claro que los factores del verdadero poder mundial, y sus aliados nativos, han decidido irrevocablemente que el ocupante de Los Pinos será el entrampado destinatario de la llamada, suceda lo que suceda (haiga de ser como haiga de ser: la Haigocracia mexicana sublimada con EPN) en términos jurídicos, políticos y sociales con las cada vez más fundamentadas acusaciones de fraude electoral y con las movilizaciones y protestas contra esa imposición.
El poder estadunidense estimó necesario lanzar un nuevo salvavidas hablado justamente cuando Andrés Manuel López Obrador acababa de dar a conocer nuevas pruebas del delictivo entramado priísta de financiamiento y operación. Aún en el contexto sabido del sometimiento del tribunal electoral federal a las directrices del gobierno calderonista y la banda peñanietista (plenamente amancebadas), las pruebas y evidencias que siguen apareciendo constituyen un reto mayúsculo para la trapacería jurídica institucionalizada, a tal grado que se ha abierto una fisura en el monolito de complicidades que se aferran a defender la cacareada imposibilidad de dar reversa a la imposición, aceptando la invalidez del proceso, pero no puede dejar de reconocer que la turbulencia arrecia, y que un descuido o una acción torpe pueden desencadenar factores latentes que empujarían el presunto vuelo exitoso hacia Los Pinos a zonas de navegación imprevisible.
Esas perturbaciones en las alturas tienen como causas notables dos tipos de activismo en curso: el del propio candidato presidencial directamente afectado por el fraude, Andrés Manuel López Obrador, quien ha debido mantenerse en una desventajosa situación de civilidad para no echarse encima a los medios de comunicación (esencialmente, Televisa) y a los empresarios que le empujaron a firmar un pacto con insistencia envenenada, que desde entonces se adivinaba pero ahora queda confirmada.
Pero, a pesar de moverse en esa camisa de fuerza voluntariamente aceptada, López Obrador ha vuelto a mostrar la sabida tenacidad que tanta ira llega a provocar a sus adversarios y ha ido presentando, siempre en el marco legal, pruebas importantes de la compra priísta de una presidencia. Ayer mismo, en Twitter, el tabasqueño escribió un mensaje de tercas convicciones vueltas a vitaminar que probablemente provocó sofocos en las alturas de tres colores (y en sus inversionistas telefónicos): Tenemos pruebas: EPN utilizó dinero de procedencia ilícita. Ninguna argucia legal podrá impedir que se invalide la elección presidencial.
El otro activismo que genera agitación en los ánimos impositivos proviene de la franja social que, en razón de su origen estudiantil, sigue siendo llamada 132 aunque en ella convergen ciudadanos de diversas edades y ocupaciones. Aún cuando su discurso y acciones han ido más allá de lo que inicialmente podrían haber considerado sus fundadores, el movimiento 132 lucha contra el conjunto de maniobras sucias con que se ha tejido un presunto triunfo priísta pero no se estaciona en ese carril electoral ni se decanta obligatoriamente por el aspirante desplazado.
El 132 va más allá, con la vista puesta en el sistema en su conjunto y con la convicción de que, por más esfuerzos que se realicen en esa arena electoral tramposa, siempre se tendrán resultados parecidos a los de esta ocasión, y que las formas tradicionales de lucha deben ser mejoradas (entre otras cosas, porque suelen acabar convertidas en refuerzo de lo mismo contra lo que se combatía) hasta convertirlas en instrumentos eficaces de transformación.
Una de esas acciones que generan turbulencia en las alturas ha sido acordada en diversas asambleas, a sabiendas de los riesgos de provocación física y manipulación informativa que conlleva: el cerco pacífico de las instalaciones de Televisa en la avenida Chapultepec de la ciudad de México y en las correspondientes a las diversas ciudades donde el movimiento 132 pueda actuar.
Televisa, además de ser la secretaría de pésima educación, incultura y frivolidad nacionales, se ha convertido en un factor fundamental de ejercicio del poder, sometiendo a sus políticas a gobernadores y seudopresidentes de la República, chantajeando los erarios de los estados y el federal, y manejando sus noticieros y espacios de opinión, e incluso los deportivos y de espectáculos, a proyectos facciosos a los que la televisora sirve fabricando percepciones favorables para ciertos candidatos o gobernantes (el ejemplo escandalosamente actual es Peña Nieto, auténtico producto inflado a fuerza de espots) y, al mismo tiempo, impidiendo que la pluralidad política y social se exprese, cerrando espacios a las protestas y la disidencia, no tanto en términos de tiempo de exposición al aire de esos asuntos (aunque sucede con frecuencia esa cerrazón a determinados temas) como en la forma de presentarlos, en la apreciación y el comentario tramposos, en la inducción y la manipulación conceptuales.
Y mientras el gran negocio del sexenio, Aeroméxico, ha ganado tanto (sin Mexicana de Aviación como competencia), que ha hecho un pedido de 100 aviones B737Max, y 10 bimotores B787 Dreamlines a Boeing, por un total de 10 mil 800 millones de dólares (bit.ly/Q4dG5a). Recuérdese que de inmobiliario chihuahuense, José Luis Barraza saltó al Consejo Coordinador Empresarial, que en 2006 enderezó campaña contra AMLO y portentosamente acabó presidiendo el consejo de administración de Aeroméxico (en un Astillero de 2008 se puede leer sobre el tema). ¡Feliz fin de semana, con Felipe Calderón volcado en ejercer de presidente... del PAN
